Colombia en medio del Paro Nacional clama por la Paz.

Colombia en medio del Paro Nacional clama por la Paz.

Por: Carlos Orlas, Juanita Peñuela, Carlos Suárez, Mabel Carmona, Daniel Albarracín,Julián Castro, Deyder Henríquez, Susana Cifuentes, y Jorge Andrés Forero González.

“Amamos hondamente a esta patria nuestra y no queremos que nuestra nave victoriosa navegue sobre ríos de sangre. Señor Presidente: No os reclamamos tesis económicas o políticas. Apenas os pedimos que nuestra patria no siga por caminos que nos avergüenzan ante propios y extraños. ¡Os pedimos tesis de piedad y de civilización! Señor Presidente: Os pedimos cosa sencilla para la cual están de más los discursos. Os pedimos que cese la persecución de las autoridades y así os lo pide esta inmensa muchedumbre. Pedimos pequeña cosa y gran cosa: que las luchas políticas se desarrollen por cauces de constitucionalidad” Jorge Eliecer Gaitán, Oración por la Paz, 1948.

En Colombia la promesa de una sociedad en paz ha marcado varias generaciones. El Paro Nacional iniciado el 28 de abril de 2021, que es la continuación del 21N de 2019 y del Paro Agrario de 2013, donde una sociedad colombiana cansada de la narrativa y prácticas de la guerra ha salido a exigir más y mejores derechos, debe celebrarse como una victoria del movimiento social en todas sus expresiones. El Paro Nacional en ciudades y municipios de todo el territorio da cuenta no solo de un acumulado de descontento, sino también de la voluntad social para construir una sociedad en paz y con justicia social. El ímpetu está dado por la juventud que encarna una contracultura política y que salió a las calles decididamente desde la firma del Acuerdo de Paz.

Rechazamos las directrices de la Administración Duque para el tratamiento de la protesta social en marco del Paro Nacional, que en su gran mayoría han sido pacíficas y respetando las instituciones y a quienes no participan. Reconocemos que es común en una democracia manifestar el descontento ante iniciativas legislativas que no promueven la equidad y el desarrollo para las mayorías, como la reforma tributaria, la reforma a la salud y el incumplimiento del Acuerdo de Paz de la Habana.
Se requieren soluciones inmediatas a la difícil situación que vive el país, lo cual no se puede postergar hasta las próximas elecciones legislativas y presidenciales.Es entendible las dificultades que vive el país por la pandemia del coronavirus, pero ello no puede ser excusa para evitar el diálogo social y la negociación con la diversidad de actores que se han movilizado estas semanas.

Por las anteriores razones proponemos:
1. Para que cese la violencia de Estado y para que el presidente Duque, pidiendo perdón y reconociendo su responsabilidad como jefe de Estado y comandante de la Fuerza Pública lidere procesos concretos para avanzar en la reconciliación en Colombia. Estos hechos pasan por dejar los orgullos a un lado y escuchar al pueblo colombiano y su anhelo de paz, justicia social y ambiental.

2. La administración Duque debe ordenar detener la actuación del ejército y policía con el fin de garantizar una protesta social, pacífica, y el derecho de reunión y asociación de los manifestantes; protegida constitucional y jurisprudencialmente.

3. Los diálogos deben ser amplios, por eso alentamos a que la administración Duque corrija su política derivada de las aproximaciones que está haciendo con diferentes sectores de la sociedad hoy movilizada. El diálogo debe ser directo y con el pueblo en las calles atendiendo importantes manifestaciones de descontento como las de Cali, Medellín y Bogotá, las ciudades más grandes de la nación, así como en las ciudades intermedias, pueblos y veredas del país. Las garantías de desmilitarización son fundamentales para avanzar en este aspecto.

4. Se deben esclarecer los hechos de violencia en que haya estado implicada la Fuerza Pública, incluyendo violencia sexual y física, en especial los homicidios que según las cifras de ONGs de importante y reconocida trayectoria en el país, oscila entre 40 y 60 casos. Los casos de vandalismo deben ser investigados individualmente y evitar estigmatizar a la movilización social, como proceso amplio y heterogéneo.

5. Invitamos a seguir en continuo monitoreo y verificación a los graves casos de derechos humanos al Sistema de Naciones Unidas en Colombia, la Unión Europea, el Departamento de Estaso de los Estados Unidos y organizaciones de Derechos Humanos del mundo a seguir su trabajo de denuncia pública ante los graves hechos de violación de los derechos humanos en Colombia.

6. En los límites establecidos en nuestra democracia, si el gobierno Duque y el Comité del Paro no puede lograr un acuerdo de parte y parte, instamos a que en marco de este gran diálogo nacional, encontremos salidas a esta grave crisis institucional y de la democracia en Colombia; con el involucramiento de otros sectores con agendas concretas.

7. Reiteramos a enfocar el debate sobre las causas de la movilización, y evitar acuñar responsabilidades que no tienen que ver con la movilización, como la pérdida del grado de inversión por parte de una calificadoras internacionales.

8. Finalmente felicitaciones a la generación de paz y jóvenes que desde el arte, la cultura y la protesta pacífica han inspirado al pueblo colombiano a fortalecer nuestro sistema político y garantizar un futuro de dignidad para todas y todos los colombianos. Este tipo de actos son muestra de una madurez política.

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Colombia en medio del Paro Nacional clama por la Paz.

No paguemos con democracia la reducción del Congreso: 4 argumentos para oponerse a esta propuesta.

Por: David Méndez 

El pasado 06 de mayo, la bancada del Centro Democrático presentó al Congreso de la República el Proyecto de Acto Legislativo Nº 39 de 2021, el cual tiene como objetivo principal, reducir la cantidad de parlamentarios en la Cámara de Representantes y del Senado de la República. 

La iniciativa presentada por el partido de Gobierno busca modificar los artículos 171 y 176 de la Constitución Política, estableciendo así que el Senado será integrado por 47 Senadores (una reducción de más del 50%), mientras que la Cámara de Representantes sería integrada bajo una fórmula que asigna 02 Representantes por cada millón de habitantes. Esto significaría una reducción de aproximadamente 60 Representantes, reduciendo así la composición de la cámara baja en un 38%. 

De manera ingenua y apresurada, esta iniciativa legislativa puede resultar bien intencionada frente al momento de crisis social y política que vive actualmente el país, derivada en gran medida de una crisis de representación de los partidos políticos y del poder legislativo. 

Igualmente, este Proyecto de Acto Legislativo se enmarca en una visión de austeridad pregonada por la bancada del Centro Democrático desde hace varios años, en donde se han incluido entre otros aspectos, congelar el salario de los Congresistas, gravar el salario de los parlamentarios y reducir costos de operación del poder legislativo con el fin de aumentar los niveles de ahorro y eficiencia en la institución legislativa del país. El Proyecto calcula una cifra cercana a los 300 mm de pesos de darse una reducción de los escaños. 

Ahora bien, aunque la propuesta parezca loable, mas aún en el marco de una conflictividad social no registrada en los últimos 20 años en el país, la misma carece de sustento democrático y atenta directamente contra la participación política de grupos minoritarios, así como afecta de manera frontal la separación de poderes, desvirtuando el sistema de pesos y contrapesos que caracteriza a los sistemas democráticos representativos en la región latinoamericana. 

Teniendo estos argumentos presentados en el Proyecto de Acto Legislativo, a continuación, presentaré 04 aspectos por los cuales considero que esta propuesta impulsada por el Centro Democrático reduciría la calidad de la democracia en el país, teniendo serias repercusiones en la representación (principalmente regional), lo cual podría desbordar una crisis significativamente más grande a la actual. 

 

  • Riesgo de afectar la representación proporcional en el poder legislativo. 

Una de las principales características del actual sistema representativo con el que cuenta Colombia, tiene que ver con el equilibrio y proporcionalidad en materia de ocupación de las curules en el poder legislativo. Así, aunque existen bancadas mayoritarias (Liberal, Centro Democrático, Conservador, Cambio Radical, La U), también existen bancadas con menor número de curules pero que tramitan y gestionan las demandas de los distintos grupos sociales y políticos, los cuales, no se recogen en los grandes partidos que integran la mayor cantidad de los cuerpos legislativos. 

Esta proporcionalidad significa 03 cosas fundamentales en toda democracia de tipo representativa: 1. Control político efectivo al poder Ejecutivo; 2. Sensibilización y trámite de demandas enunciadas por grupos minoritarios históricamente excluidos de los espacios de concertación y decisión. Entre estos grupos se encuentran minorías indígenas, religiosas, sexuales, etc; 3. Efectiva separación de poderes, en donde el sistema de pesos y contrapesos permite descentralizar el poder político, así como evitar una sumisión del Congreso ante el Ejecutivo. 

Así, lo peligroso de reducir el número de curules, tiene que ver directamente con el aumento del costo político y proselitista por parte de los grupos minoritarios para acceder en un futuro, de darse la reforma, a obtener una representación efectiva en el Legislativo. Como lo planteó el politólogo italiano, Giovanni Sartori, es fundamental en un sistema democrático, contar con una competitividad interpartidista, la cual es relevante para la estabilidad institucional y de darse una reducción de las curules en el Congreso, el número de partidos que podrían acceder a la representación sería cada vez menor, impidiendo el disenso y las voces contrarias y minoritarias en el escenario de construcción de leyes. 

 

  • Debilitamiento del control político al poder Ejecutivo. 

En los tipos de sistemas presidencialistas, como el caso colombiano, la separación de poderes públicos se da principalmente para evitar un desequilibrio y la centralización del poder en cabeza del poder ejecutivo (liderado por el presidente de la República). Y aunque politólogos como Juan Linz han criticado fuertemente este tipo de sistema por considerar que ocasiona posibles bloqueos entre el poder legislativo y el ejecutivo cuando los intereses pregonados son diametralmente opuestos, hasta el momento, el poder Legislativo se ha convertido en un guardarril de la democracia en Colombia. 

Esta salvaguarda de la democracia ha sido posible gracias a la principal función del poder legislativo: realizar un juicioso y efectivo control político a las acciones del poder ejecutivo a nivel nacional, en lo que refiere a la ejecución de recursos, programas sociales, entre otros tantos temas que le competen al Gobierno Nacional. Como afirma en su libro ‘Cómo mueren las democracias, Steven Levitsky, la democracia necesita de una fortaleza institucional, representada en los distintos poderes que la integran para perpetuarse en el tiempo. 

Ante la eliminación de casi el 50% de los escaños en el Congreso de la República, las voces de disenso al interior de la corporación, disminuirían significativamente, desbalanceando la capacidad del ejecutivo sobre el legislativo e impidiendo una vigilancia estricta hacia el primero. 

Esta reducción de capacidades se daría principalmente porque al disminuir las bancas en la cámara alta y baja, el umbral para acceder a una curul aumenta superlativamente e impide a grupos que hoy cuentan con una o dos curules, representar a las poblaciones minoritarias que les apoyan y pretenden canalizar sus demandas y necesidades. Ante la ausencia de representación minoritaria, quedarían desamparados en materia de representación grupos religiosos, indígenas, afro, sexuales. Un claro retroceso en materia democrática que podría desembocar en mecanismos de protesta y confrontación social, toda vez que los límites electorales, impedirían una participación de tipo proporcional. De más esta decir que los grandes problemas sociales del siglo XX en el país tuvieron como origen la exclusión de grupos minoritarios en la toma de decisiones. 

 

  • ¿Tenemos realmente un Congreso de excesivo tamaño?  

Algunas de las razones expuestas por parte de quienes impulsan la reforma para reducir el número de escaños en el Congreso, tiene que ver con una aparente ineficiencia y exceso de tamaño en el poder legislativo actualmente. Y aunque el argumento puede tener validez si se revisan el tipo de leyes que expide el Congreso colombiano, no es un argumento suficiente para pretender disminuir el tamaño del órgano que representa a la mayoría de los sectores políticos en el país.

No  es cierto que el Congreso colombiano sea particularmente grande, por el contrario, si se le compara con los países de la región, se puede evidenciar que el legislativo colombiano responde al número de habitantes que integran la nación, así como al tipo de grupos sociales y políticos. 

Así, al revisar casos como el uruguayo (129 parlamentaros para 3,5 millones de habitantes); Chile (193 parlamentarios para 19 millones de habitantes); Argentina (329 parlamentarios para 45 millones de habitantes), podemos constatar que la cantidad de asientos en el poder legislativo en los sistemas democráticos de tipo proporcional y/o mixto, corresponden de manera directa con el número de habitantes que integran una nación, así como su diversidad. 

El caso colombiano resulta particular por la heterogeneidad de visiones y posturas en los distintos territorios que integran al país, por lo cual es perentorio, garantizar una efectiva representación de cuerpos políticos minoritarios, los cuales puedan poner de manifiesto sus inconformidades ante el poder ejecutivo. 

 

  • Trámite legislativo: los tiempos no dan. 

Hay un aspecto fundamental en el trámite de toda reforma de tipo legislativa, el cual termina siendo olvidado frente a la ignorancia y desconocimiento del funcionamiento del poder legislativo. Este aspecto tiene que ver con los tiempos y la cantidad de debates para que un proyecto pueda convertirse en ley de la República. 

Así, para que la reforma presentada el pasado 06 de mayo logre reformar la Constitución Política, requiere de 08 debates en Senado y Cámara de Representantes. Estos 08 debates se deben realizar en un año legislativo. Sin embargo, para que el Acto Legislativo pueda continuar su discusión, deberá surtir sus 04 primeros debates antes del final de la presente legislatura, es decir, el 20 de junio. En esta fecha cierran las sesiones ordinarias del Congreso. 

Si se revisan con cuidado los tiempos de trámite legislativo, el Proyecto deberá tener un debate cada semana, lo cual, virtualmente es imposible. En primer lugar, para que una iniciativa legislativa pueda debatirse, debe contar con ponentes designados y posteriormente, elaborarse un informe de ponencia, el cual será llevado a la Comisión (en este caso la primera por tratarse de asuntos constitucionales) para iniciar su discusión. Actualmente, el Proyecto no cuenta con ponentes, por lo que, en la semana del 10 al 14 de mayo, no tendrá siquiera un primer debate. 

Esto significa que el Proyecto de Acto Legislativo fue radicado con plena conciencia de su inviabilidad en términos de tiempos para ser aprobado por el Congreso de la República, generando un golpe de opinión que al igual que los proyectos previamente presentados por el Centro Democrático en los años 2016 y 2017, no se convertirán en una reforma constitucional que modifique el poder legislativo en el país. 

Decía Isaiah Berlin que las preguntas que suponen sistemas formales, como la lógica y la matemática, aunque también juegos como el ajedrez, se responden revisando las definiciones y reglas del sistema formal en cuestión. Y ante una rápida revisión del sistema de reglas del poder legislativo, podemos concluir que es una reforma que nació, simplemente, muerta. ¿Cuál es su objetivo entonces? 

 

*Miembro Dirección de Constitución y Democracia

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Colombia en medio del Paro Nacional clama por la Paz.

La reactivación del transporte ferroviario bajo riesgo

Por: Ernesto Forero  

La anhelada reactivación del transporte ferroviario en Colombia vuelve a estar en peligro. La operación de los corredores Bogotá-Belencito y La Dorada-Chiriguaná se encuentra suspendida. Según la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), tal paralización corresponde a una “pausa necesaria” para un beneficio mayor, lo cual no convence a nadie. 

La anterior situación tiene todas las características de un manejo improvisado por parte de dicha Entidad que amenaza con borrar los tímidos, pero importantes avances que se habían conseguido en estos últimos dos años, en aras de una reactivación definitiva del transporte ferroviario de carga. 

Veamos. 

Para nadie es un secreto que, salvo por el carbón que es transportado por tren desde las minas ubicadas en el departamento del Cesar hasta los terminales portuarios ubicados en Ciénaga (Magdalena), el transporte de carga por vía ferroviaria en Colombia había entrado en desuso. No volveremos en el presente escrito sobre las causas históricas que llevaron a que este modo cayera en desuso; para ello recomendamos este hilo de Twitter en el que mencionan algunas de esas causas https://twitter.com/marialopezuribe/status/1379619960482316290?s=20 

A partir del año 2013, aproximadamente, y a raíz de los buenos precios que para ese momento tenían commodities como el carbón y el petróleo, el país volvió a hablar del modo ferroviario como una alternativa de transporte de carga por vía terrestre. Llegaron incluso a presentarse ante la ANI varias iniciativas de asociaciones público privadas (APP) con el objeto de mantener y operar tramos de vías existentes, así como para construir y operar nuevos tramos de vías. 

A partir de entonces, particulares interesados en dicho modo de transporte, acudieron al Estado para solicitar que se adelantaran gestiones tendientes a generar condiciones mínimas que permitieran una reactivación del transporte de carga por vía férrea. Algunas de las condiciones mínimas que se identificaron como clave para ello fueron, entre otras: inversiones en rehabilitación de vías y puentes, poner a disposición de privados el material rodante del Estado, disminuir el pago por el uso de la vía, exigir a FENOCO el paso de carga distinta de carbón por el tramo Chiriguaná- Santa Marta, poner a disposición de privados las instalaciones del Estado para realizar la transferencia de carga entre modos. 

Luego de mucho ires y venires, tales gestiones lograron algunos resultados concretos, entre los cuales podemos mencionar: 

  1. Se realizaron varios trenes de prueba para establecer las condiciones de la vía, priorizar inversiones y generar confianza en los potenciales usuarios.
  2. La ANI suscribió contratos sucesivos con los cuales logró reparar y rehabilitar el tramo La Dorada-Chiriguaná, el cual, luego de la temporada invernal de los años 2011 y 2012, había quedado inutilizable.
  3. La ANI suscribió un contrato de contrato de obra, mantenimiento y administración de la vía La Dorada-Chiriguaná con el Consorcio IBINES.
  4. Se le entregó a dicho Consorcio el material rodante del Estado con la obligación de operarlo, así como las instalaciones del Estado en La Dorada para realizar la transferencia de carga.  
  5. FENOCO se comprometió a completar el transporte de la carga que entregara el Consorcio IBINES en Chiriguaná hasta Santa Marta, y así completar la ruta La Dorada – Santa Marta y viceversa.

Estas condiciones, que parecen menores pero que costaron muchos años de gestiones de los particulares, permitieron que a partir del año 2019 se pusiera en funcionamiento un servicio de transporte ferroviario Santa Marta-La Dorada, al cual se le denominó DORASAN y sobre el cual la ANI y el Ministerio de Transporte no ahorraron esfuerzos ni recursos en sacar pecho. 

¡El país volvió a tener una alternativa de transporte terrestre conectando el mar Caribe con el Centro de su territorio, distinta del transporte por camión! 

Este servicio DORASAN tenía una frecuencia semanal; y, aun así, durante el año 2020 y lo que iba del 2021, alcanzó a movilizar 2364 contenedores y 144 plataformas con carga general que antes solo podían movilizarse por camión. Generadores de carga tan importantes como Familia, Teams, Kimberly, D1, Phoenix, Cerámica San Lorenzo, entre otros, empezaron a movilizar su carga por tren. 

El panorama era bueno. Creíamos que el Estado por fin había logrado levantar el transporte ferroviario del sepulcro al que había sido enviado. 

El esquema de gestión que se tenía, en el que el mismo contratista de obra y mantenimiento, realizaba la operación, detentaba la tenencia del material rodante y administraba el centro de transferencia del Estado, debía ser un esquema de transición y no podía ser el definitivo. Sin embargo, como esquema de transición, el esquema que se tenía con el Consorcio IBINES sí demostró ser conveniente para lo que a corto plazo se quería, dado que en efecto logró reactivar el transporte de carga por ferrocarril y lo más importante, logró generar confianza en generadores de carga, así como en potenciales inversionistas interesados en incursionar en el negocio de la operación ferroviaria. 

El reto del Estado consistía (y aun consiste) en lograr pasar de un esquema de transición a un esquema permanente, sin echar a perder lo que se ha logrado hasta la fecha y continuar generando confianza en los generadores de carga. No obstante la claridad e importancia de la tarea, la ANI dejó vencer el plazo del contrato de obra, mantenimiento y administración de la vía La Dorada-Chiriguaná con el Consorcio IBINES, sin tener la alternativa lista, lo cual implicó una suspensión de facto de las operaciones de transporte de carga por ferrocarril. 

¡Las operaciones llevan ya un mes suspendidas! 

Ante la grave situación anterior, la ANI ha argumentado que dicha suspensión corresponde a una “pausa necesaria” para obtener un beneficio mayor, ya que le apostará a un nuevo esquema de gestión, que garantizará inversiones de $1,6 billones. Ojalá logre concretarse tal inversión; sin embargo, el punto no es ese. 

El punto es que por un manejo improvisado de la ANI se suspendió abruptamente el transporte de carga por tren. Lo diligente hubiese sido que el contratista saliente, al término de su contrato, hubiese hecho el empalme con el nuevo concesionario bajo el nuevo esquema de gestión, sin solución de continuidad en la prestación del servicio de operación. Sin embargo, la ANI curiosamente dejó vencer el contrato con el contratista que tenía, para darle la operación del tramo La Dorada-Chiriguaná a FENOCO (de manera transitoria), con quien el Estado ha tenido diferencias relacionadas con la voluntad de éste de permitir el paso a cargas distintas de carbón.

Es decir, el Estado terminó pasando de un esquema transitorio que había logrado reactivar el transporte de carga por ferrocarril, a otro esquema transitorio, suspendiendo de paso las operaciones de transporte de carga por tren. Y, lo peor, sin fecha clara de cuándo entraría en operación ese anunciado nuevo esquema de gestión. 

Este abrupto cambio tendrá sin dudas efectos negativos en el futuro inmediato del transporte de carga por ferrocarril y amenaza con borrar muchos de los logros obtenidos con el esquema vigente hasta el 15 de abril de 2021, especialmente la confianza en la estabilidad del transporte ferroviario. 

Qué le dirán ahora los directores logísticos de esas empresas que se la jugaron con el transporte ferroviario a sus jefes cuando les cuenten que el esquema por el que apostaron y creyeron, se suspendió… indefinidamente.

Preocupante.   

*Director Temático del Magdalena

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El país que queremos los jóvenes: El país que soñamos y podemos lograr

Por: Carlos Suárez 

Los jóvenes en Colombia somos la generación de la PAZ. Durante varias décadas, fueron los vientos de la violencia aquellos que mancharon con sangre el intercambio de ideas y discursos fructíferos hacia la construcción de un país donde las oportunidades de progreso estuvieran al alcance de todos.

Aunque la constituyente de 1991 fue el hito histórico para que nuestra nación marcara su estructura como un Estado Social de Derecho, garante de toda clase de DD. HH y noción de un mínimo vital. En la última semana, nos hemos visto acorralados por un sentimiento de lucha similar al que rodeo aquellos valientes jóvenes de la 7ma papeleta en busca de un cambio social. 

Hemos sido testigos de como las calles se inundaron con nuestros gritos de descontento frente a la latente desigualdad y falta de oportunidades. Según el DANE, el desempleo juvenil oscila en un peligroso 31,5% para la mujeres jóvenes y 18,5% para los hombres jóvenes. Algo que hace una década no se contemplaba en el diseño de políticas públicas o en los pensamientos de un joven recién egresado, con un diploma en la mano pero con un pie izquierdo atrás. Pues el mundo laboral nos ha condenado a un circulo vicioso donde las oportunidades son escasas sin importar la edad.

Los jóvenes en Colombia, hemos sido impulsores de cambios sociales en nuestro país. Por muchos años, contra viento y marea hemos desafiado a los gobiernos de turno con el único propósito de hacer valer nuestra voz en el sector público como privado. Sin embargo, pese a los esfuerzos poco fructíferos de muchos funcionarios públicos y hasta una Consejería Presidencial para la Juventud, no nos hemos visto representados, pues se han de cumplir ocho años de la ley 1622 de 2013 y no se ha podido posicionar o si quiera votar por el primer Consejo de la Juventud.

En este contexto poco alentador pero con una oportunidad legítima para cambiar el país bajo la protesta pacífica. Los jóvenes en Colombia estamos exigiendo no solo un espacio en la representación, sino un cambio en el rumbo que se le esta dando a nuestro país. El hecho que cerca del 84% de nosotros los jóvenes se sienta representado con el paro nacional y que ninguna institución registre una confianza mayor del 27% , según una última encuesta de Cifras y Conceptos, demuestra que nosotros los jóvenes marchamos por que exigimos tener una representación en la toma de decisiones de políticas públicas y en ese sentido, exaltamos la necesidad de que se generen más oportunidades en el ámbito laboral y en el manejo de instituciones del Estado.

Tras los contundentes hechos de violencia que en ocasiones opacaron nuestro sentimiento de lucha y disconformidad con el gobierno, hay que ser muy claros. Lo que los jóvenes en Colombia estamos pidiendo, es una inclusión en el diálogo nacional que no quede solo en palabras y promesas vacías. 

Como uno de los muchos jóvenes que quiere ver un cambio profundo en nuestra sociedad y nuestra patria. Sueño con un país que vaya mas allá de las diferencias políticas y vea realmente una oportunidad de reconciliación frente a las adversidades. Sueño con un país que cuente con mejores gobernantes, sueño con un país que trabaje por la paz

*Miembro Dirección de Construcción de Paz 

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¡Mesa de diálogo! El camino a seguir para construir la Colombia de todos

Por: Pablo Andrés Corredor

Luego del proyecto de reforma tributaria presentado por el Gobierno Nacional, que culminó con la renuncia del Ministro de Hacienda y Crédito Público y ante la inconformidad social que se ha tomado las calles, exigiendo al Presidente Duque una mejor y mayor conexión con las necesidades del país, surge la pregunta: ¿y ahora qué?

Como sociedad que ha sufrido y sigue sufriendo los desmanes de la violencia, debemos hacer un alto en el camino y entender que la violencia, de donde venga, solo genera más violencia y los damnificados de ella somos todos los colombianos. 

Por eso, es clave que en este momento surjan nuevos liderazgos, se creen puentes de diálogo que busquen concertar nuevas políticas, que respondan a esas necesidades que la gente ha expresado en las distintas jornadas de manifestaciones que ha habido en Colombia.

El Estado Social de Derecho se construye todos los días, se forja sobre la base de la participación ciudadana en la construcción de políticas públicas, que respondan a las necesidades del país.

Con esto en mente, es necesario que el Presidente de la República sea el primero en generar esos puentes, instalando una mesa nacional de diálogo, en donde todos los sectores, no solo los partidos políticos, tengan la posibilidad de presentar, de manera respetuosa, sus propuestas. 

Así es, porque es la hora de generar propuestas, de generar iniciativas y llegar a esa mesa nacional con políticas concretas, pero sobretodo viable desde un punto de vista económico y social.

Oponerse, criticar y refutar las propuestas que se presentan desde el Gobierno Nacional, siempre ha sido un camino fácil y muy transitado cuando se trata de ganar adulaciones, pero el verdadero reto es contra argumentar, construir y presentar nuevas propuestas.  

El momento es ahora, para que aquellos que han asumido el liderazgo en este país, se sienten a dialogar y construir, pensando únicamente en el bienestar de la sociedad, sin pretensiones egoístas o protagónicas, populistas o politiqueras, que suelen aparecer a vísperas del inicio de campañas electorales. 

Será indispensable que la sociedad colombiana, en su integridad, se sienta representada en esa mesa nacional de diálogo, por ello se debe velar porque todos los sectores tengan voz y puedan exponer sus ideas. Los gremios, los sindicatos de trabajadores, los partidos políticos, la academia, los líderes del paro, deben estar dispuestos a sentarse y dialogar políticas sensatas, viables y que respondan a lo que el país realmente quiere.  

Sin duda, el llamado principal es a que todos los integrantes respeten y toleren la posición de quienes no piensan igual a ellos, pues de eso se trata una mesa de diálogo, de oír y entender la forma de razonar del otro para que en ese proceso se construyan políticas que respondan a las necesidades de todos. 

La mesa nacional, deberá ser un escenario transparente y público, con una agenda definida por las partes, con un límite temporal claro, pues es evidente que se requieren soluciones de manera inmediata. Para ello, será crucial que quienes participen tengan poder decisorio y representativo, es decir que las decisiones que se adopten en esa mesa si encuentren acogida en el sector que representan.

Así mismo, la mesa deberá ser dinámica, las discusiones deben ser planteadas desde una estrategia de política pública, antes que ideológica. Esta mesa no se debe plantear como un escenario de convencimiento sobre ideas políticas, por el contrario, debe partir desde el reconocimiento del pensamiento diferenciado, para así buscar soluciones integrales.  

Con el fin de obtener de esta mesa una hoja de ruta, se debe empezar por discutir la financiación de programas sociales. En esto hay un camino transitado que debe rescatarse, pues es necesario reconocer que la fallida reforma tributaria tenía una finalidad de financiar políticas sociales que vale la pena mantener, pues sin duda es importante generar y financiar herramientas que permitan superar los estragos que esta pandemia ha generado y seguirá generando y en ese camino el ingreso solidario, la devolución del IVA, la extensión del programa de apoyo al empleo formal y la reducción de impuestos a pequeñas y medianas empresas, son el camino correcto.

El apoyo y acompañamiento de la comunidad internacional es de vital importancia, pues blindará la mesa, les dará confianza a las partes y serán garantes del cumplimiento de los compromisos que de ahí se deriven. 

El primer paso está dado, el Presidente de la República el pasado domingo 2 de mayo, le anunció a los colombianos que retiraba el proyecto de reforma tributaria, así como ha establecido una agenda de encuentros que comenzó con reuniones con instituciones el 5 de mayo, se reunirá con el Comité Nacional del Paro el 10 de mayo, y con estudiantes el 12 del mismo mes, es hora de seguir construyendo, de generar una mayor convocatoria donde se incluya a todos los sectores de la ciudadanía a esta mesa y llegar con la participación de todos a soluciones concretas.

Por lo expuesto anteriormente desde mi postura quiero agradecer a la dirección de Asuntos Públicos y Buen Gobierno de AlCentro por ayudarme en poner este tema en el debate público e invitarlos a todos a entender que el momento de dialogar es YA.

*Miembro Dirección de Asuntos Públicos y Buen Gobierno

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Retorno progresivo, gradual y seguro: ¿Será que estamos preparados?

Por: Doreidys Escorcia

El 13 de abril en las noticias leí como el Ministerio de Educación sigue haciendo sus recorridos por Colombia, con el fin, de verificar como van las instituciones en los procesos para el retorno a la presencialidad y/o alternancia y por supuesto, estoy de acuerdo con lo que la ministra María Victoria Angulo expone: «La escuela es un entorno protector por excelencia por eso, es imperativo avanzar en alternancia y ésta debe iniciar lo más pronto posible en todos los colegios del país. Los estudiantes, necesitan retornar a las aulas por su salud mental y emocional para volver a socializar y avanzar con su proceso educativo”. 

Por su parte, desde los departamentos, los gobernadores han definido en sus decretos disposiciones, teniendo en cuenta, las particularidades de cada ciudad y/o municipios con la finalidad de preservar inicialmente la vida, en Barranquilla por ejemplo, desde la secretaria de Educación realizaron los planes y rutas para un regreso seguro, en los que contemplan cuales son las acciones para que cada institución se acoja y realice sus adecuaciones, en Medellín por su parte sigue con el estudio en casa, sin apartar la revisión de aquellas instituciones que podrían iniciar la presencialidad, en Bogotá, mientras esté la alerta roja se trabaja de manera virtual, al igual que en Cali y en Cartagena.

Ante esto, me surge una duda, ¿Alcanzaremos en el 2021 a retornar por lo menos el 80% de las escuelas?, para solucionar este interrogante, partamos del hecho que la vacunación en Colombia no va como se planteó, donde a nuestros abuelos los devolvieron porque se agotó la segunda dosis, si bien es cierto, no se puede regresar a las aulas si no hay garantías, necesitamos docentes vacunados e inmunizados.

Adicional a esto, se amplio el plazo de inscripción de las instituciones publicas y privadas para inscribir a todo el personal que pertenece a ellas y aun no comprendo como no fue la prioridad para los colegios colombianos este tema, queremos regresar pero tampoco colocamos de nuestra parte. A la luz del día ya todos los colegios, centros infantiles y demás ya debieron registrarse por tanto, el tema ya es esperar nuestro turno y ver como avanzamos en el proceso.

La preocupación viene después, ¿cuándo iniciaremos?, en primera medida regresaremos en un modelo de alternancia, lo que implica muchas cosas para ello, por ejemplo, las instalaciones deben cumplir principalmente con los protocolos de bioseguridad, definir cuantos niños asistirán y cada cuanto, teniendo en cuenta, los espacios y el aforo máximo, revisar la infraestructura física, sensibilizar a padres de familia de la importancia del regreso a las aulas y del cuidado en sus viviendas, diseño del plan de alternancia teniendo en cuenta las necesidades particulares de la institución y planta física, que halla como mínimo en sus servicios agua, entre otras mas.

Pero y entonces como se hará con las instituciones rurales donde no se garantiza este servicio, que pasará con nuestros niños, allí es donde en realidad hay que meter la mano, porque sinceramente no veo como se piensa garantizar en estos lugares los protocolos mínimos de bioseguridad donde la regla No1 es el lavado de manos. Hoy puedo decir con conocimiento de causa, que son estos niños los que más perjudicados se han visto, muy a pesar de que con ellos se aplique la estrategia de “guías de aprendizajes” “talleres” etc., porque con llamadas telefónicas la orientación no se da al 100%, muchos de los padres de niños en la ruralidad son analfabetas y las guías solo sirven para adornar la mesa de comedor, y se que así, muchos niños están quedando sin esa educación de calidad que es de todos.

Ante lo descrito anteriormente, El FOME (Fondo de Mitigación de Emergencias) destinó aproximadamente $92.000 mil millones con el fin de obtener los elementos básicos para los protocolos de las instituciones, no obstante solo el 53% de los colegios podrán cumplir con lo que se exigirá según lo afirma El Primer Estudio Nacional de Salud y Bienestar Escolar, elaborado por Escalando; donde analizaron 915 instituciones educativas en Colombia (oficiales, privados, rurales, urbanos) 28 departamentos y 263 municipios.

Desde esta perspectiva, volvemos nuevamente al inicio e insisto que pasará con el otro 47% de nuestros niños, ¿cómo les aseguramos su derecho por educarse en este caos? 

Al respecto opino, que a pesar de ser una urgencia y que soy de las que pide a gritos que volvamos a las aulas, hay que ser consientes que primero que todo está la vida, e indudablemente  hay que seguir en la tarea como docentes, continuar esforzarnos más por brindar en las actividades de clases espacios diferentes, movilizando saberes, propiciando el aprendizaje significativo, ayudar a fortalecer la salud mental, unión familiar, ofrecer instrumentos para la regulación de la inteligencia emocional de los aprendices, mantener unidad de criterio desde los lineamientos institucionales con el fin de que sea la columna vertebral para el venidero regreso a las aulas 2022.

En conclusión, veo un 2021 nuevamente desde la virtualidad, donde como docentes no debemos bajar la guardia para generar ambientes virtuales excepcionales, cargados de nuevas experiencias, que los padres de familia sigan colaborando en la tarea de enseñar, cuidarse en casa, fortalecer la crianza respetuosa y desde el gobierno seguir exigiendo esa mirada justa hacia los mas vulnerados, cerrando esas brechas digitales, proponiendo que nuestros gobernantes hagan más inversión hacia esa educación tecnológica, con acceso a las nuevas tecnologías de la comunicación y de la información.

 

*Miembro Dirección de Educación 

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