Por: Juan Felipe Grillo

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Aquella frase cliché que a diario escuchamos respecto que ”la educación es un derecho humano, motor del desarrollo y uno de los instrumentos más eficaces para reducir la pobreza” se ha quedado simplemente ahí para los diferentes gobernantes; aun cuando estudios internacionales han demostrado como los niveles de ingresos de las personas, aumentan 9% por cada año adicional de escolarización.

El momento que afronta la ciudad en la construcción de sus planes de desarrollo distrital y local se convierte en factor decisivo y en reto para la nueva Alcaldesa, si se tiene en cuenta que la segunda meta de su Plan de Gobierno, plantea reducir las brechas de desigualdad que crean la discriminación, exclusión y pobreza a través de una educación inclusiva, equitativa y de calidad. Es claro que la formulación y ejecución de políticas públicas en materia de educación tiene como pilar fundamental, satisfacer la demanda potencial del sector educativo y así garantizar el derecho constitucional, de acceder a la educación para las niñas, niños y adolescentes entre los 5 y los 16 años.

Históricamente las diferentes administraciones distritales, han excluido al sector no oficial en los procesos de diseño de una educación de calidad, cuando este sector ha sido fundamental sí se tiene en cuenta que suple más del 40% de la oferta educativa, en localidades como Kennedy, Suba, Ciudad Bolívar, Bosa y Engativá que concentran el 62% de la población en edad escolar (Secretaría de Educación Alcaldía Mayor de Bogotá, 2018).

Hay que resaltar, como a través de la de educación y administración contratada, el Distrito ha logrado reducir el déficit de cupos que se presenta en algunas localidades, proporcionando a los estudiantes la posibilidad de acceder a instituciones con altos estándares en calidad e infraestructura, además es válido evaluar cómo esta opción es costo efectiva para el Distrito, si se tiene en cuenta que en las localidades deficitarias donde se ha acudido a este modelo de servicio, siendo una solución para niños y jóvenes que no requieren ser remitidos a colegios de otras localidades, a través de servicios de rutas escolares, generando costos adicionales no solo monetarios, sino de congestión para la ciudad, siendo más favorable, en términos de comodidad para alumnos y padres.

No menos importante, es el hecho que la actual administración debe llevar a cabo la revisión general del POT, en la que es necesario generar instancias de participación y soluciones de fondo, frente a la armonización del Plan Maestro de Equipamientos Educativos y los procesos de regularización, en el cumplimiento de la norma urbana y la realidad de la ciudad, desde la óptica del diseño y planeación bajo postulados de equidad y desarrollo.

Es importante resaltar como la solución  a las situaciones que se han planteado, se encuentran dentro de la órbita de la gobernanza distrital y no hay excusas como en el caso del desempleo, cuya solución depende de la ejecución de políticas macroeconómicas, por ello es pertinente exhortar al diálogo y la construcción de un futuro en torno a la educación.

*Columnista invitado.

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