Exigimos condena para los maltratadores de los perros en la sede del Sena en Malambo, Atlántico

Exigimos condena para los maltratadores de los perros en la sede del Sena en Malambo, Atlántico

Exigimos condena para los maltratadores de los perros en la sede del Sena en Malambo, Atlántico

Catastro multipropósito: un paso hacia la descentralización

Por: Wynter Díaz y Juan Sebastián Herrera

La política catastral en Colombia se caracteriza por una altísima complejidad normativa, y de estándares técnicos y funciones, que en muchos casos, han hecho difícil el cierre en la brecha de información geográfica y catastral que tiene el país. Iniciando con los primeros cuadros normativos en los años 30, esta herramienta vital para la política económica y social, ha tenido constantes transformaciones, siendo la concepción del término de Catastro con Enfoque Multipropósito uno de los más relevantes. Este último se dio en la Ley 1753 de 2015, y se define como el “sistema que dispone información predial para contribuir a la seguridad jurídica del derecho de propiedad inmueble, al fortalecimiento de los fiscos locales, al ordenamiento territorial y la planeación social y económica”. Sin embargo, es a partir del año 2019 que se materializa esta idea con el CONPES 39585, y posteriormente, con el Plan de Desarrollo del Gobierno del Presidente Iván Duque, donde aparece como uno de los principales proyectos de interés nacional. 

El anterior catastro operante en Colombia era un sistema exclusivamente coordinado y para la gran parte del territorio nacional, implementado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi –IGAC– como autoridad catastral. Este catastro, por su estructura, división de funciones y dispersión en múltiples cuadros normativos, introducía varios problemas estructurales de política pública. Por ejemplo, no permitía la plena identificación de los bienes rurales y urbanos ni su real condición socioeconómica, imposibilitando la caracterización de la dinámica inmobiliaria. Además, debido a que la información de títulos y transacciones reposaba exclusivamente en la Superintendencia de Notariado y Registro –SNR–,  dificultaba el crecimiento de mercados financieros ligados a la tierra, la construcción de infraestructura y la formulación de los Planes de Ordenamiento Territorial y los Planes de Desarrollo.

Estas falencias se evidencian en algunas estadísticas de la situación catastral. Con corte al 1 de enero de 2019, el 66 % del territorio nacional tenía información catastral desactualizada, el 28,32 % no contaba con información catastral (no estaba formado) y solo el 5,68% restante había realizado actualización en los últimos cinco años9. Con el nuevo Catastro con Enfoque Multipropósito, el Gobierno Nacional pretende que de ese 5,68%, se pase al 60% en 2022 y posteriormente, al 100 % de los predios actualizados en 2025. 

Es con estos antecedentes, que el gobierno nacional, a través del documento CONPES 3958 de 2019, propone una estrategia a siete años para la implementación de la política pública de Catastro Multipropósito, que permita contar con un catastro “integral, completo, actualizado, confiable, consistente con el sistema de registro de la propiedad inmueble, digital e interoperable con otros sistemas de información”. Esta estrategia inició con la escogencia de 23 municipios pilotos, financiados por la banca multilateral e implementados técnicamente por instituciones líderes en catastro en el mundo, con el objetivo de construír un punto de partida y referente técnico para el cumplimiento de la meta de gobierno. Entre los municipios escogidos se encuentra Ovejas – Sucre, piloto concluído exitosamente y que permitió entregar 1.058 títulos de propiedad en un evento liderado por el Presidente Iván Duque.

Sin lugar a dudas, de ser implementado satisfactoriamente, todo el país se beneficiará con las bondades del nuevo Catastro Multipropósito. Por un lado, garantizará que los propietarios en todo el país, especialmente en zonas apartadas y rurales puedan tener seguridad jurídica de sus propiedades. Adicionalmente, enmarcado en los acuerdos de paz de la Habana, permitirá la ejecución del banco de tierras y la devolución de miles de hectáreas despojadas durante el conflicto. Y finalmente, dará información actualizada y oportuna, para que estos entes territoriales puedan mejorar sus servicios de salud, ampliar cobertura educativa, hacer mejoramiento urbano y construcción de vivienda social, entre otros.

Dentro del esquema de implementación territorial, los departamentos, municipios y los esquemas asociativos de entidades territoriales (Áreas Metropolitanas, Asociación de departamentos y Asociación de municipios), podrán habilitarse ante el IGAC como gestores catastrales, lo que les permitiría prestar de manera directa el servicio en su municipio. A través de esta delegación de competencias, podrán actualizar la información de los predios que componen su área, lo que les dará mayor control de la información de sus territorios y repercutirá en el fortalecimiento de los presupuestos públicos mediante el recaudo de impuesto predial sobre bases prediales actualizadas. Entre los otros beneficios de contar con información ajustada a la realidad, está poder ejecutar cualquier tipo de programa, proyecto o política pública, además de la estratificación, servicios públicos, nomenclatura y SISBEN, lo que desencadenará en el largo plazo, en mayor autonomía administrativa y fiscal, y competitividad regional.

Transferir el manejo de la política catastral de una entidad reguladora centralizada como el IGAC, a un ente ejecutor descentralizado, constituye una gran oportunidad pero también, una responsabilidad inmensa para las regiones, y principalmente para municipios y distritos pequeños y medianos que decidan convertirse en gestores catastrales. Por ende, es importante que el Gobierno Nacional aproveche la receptividad de los entes territoriales para que además de inyectar recursos para el cumpliemiento de las metas de gobierno, se garantice la consolidación de oficinas municipales con personal técnico y tecnología que permitan mantener la actualización máximo cada cinco años. Aunque usualmente se dice que “el catastro se paga solo”, de nada serviría el cumplimiento de metas de gobierno, si estas no se traducen en un cierre sostenido de las brechas en información catastral que permitan que el servicio de catastro se consolide como uno de los activos más importantes para el desarrollo económico y social de todas las regiones del país. 

Bienvenido el Catastro Multipropósito

 

Referencias:

1 Ley de Catastro

2 estatuto orgánico del catastro

3 de reforma tributaria

4 Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 Todos por un nuevo país.

5 Estrategia para la implementación de la política pública de Catastro Multipropósito

6 El Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, pacto por la equidad

7 Determina quienes pueden ser gestores catastrales y operadores catastrales y ante quien se realiza la solicitud

8 Por el cual se reglamentan parcialmente los artículos 79,80, 81 y 82 de la Ley 1955 de 2019.

9 IGAC (2019). Estadísticas catastrales, corte a 1 de enero de 2019. Bogotá D.C. Colombia: IGAC.

 

 

*Miembro de la Dirección Gestión de Territorios y Director de Tierras y Catastro de AlCentro

 

 

Exigimos condena para los maltratadores de los perros en la sede del Sena en Malambo, Atlántico

Soy profesional, ¡soy mamá y busco trabajo!

Por: Liz Barrera Cárdenas

Para nadie es un secreto la discriminación que se presenta en compañías, tanto públicas como privadas, frente a los beneficios y carga laboral para las mujeres. Tampoco es desconocido el esfuerzo que ha significado para muchas generaciones el querer defender sus derechos, más aún en el campo laboral y la pregunta sería ¿porqué luchan y para qué? Una respuesta es para defenderse de la violencia emocional y física que durante muchos años han tenido que soportar por no ser las proveedoras de dinero en el hogar y tener un “trabajo” que no es remunerado ni reconocido: el hogar y los hijos.

Las mujeres tienen cada vez más preparación académica, son más capaces, y logran ascender profesionalmente. Sin embargo, cuando se convierten en madres, la situación es diferente porque llega la pregunta ¿Quién educará y cuidará de mis hijos en casa? Cuando la mamá decide asumir este rol deja atrás sus sueños profesionales, su educación y experiencia convirtiéndose en dependiente económicamente de la pareja o teniendo que dejar a sus hijos con terceras personas por ser cabezas de familia. 

A raíz de lo anterior hay mamás que buscan conciliar familia y trabajo, para cumplir con sus anhelos de tener hijos educados por ellas con una mejor atención en sus primeros años de vida y que esto se refleje en la salud emocional de todos; y así mismo, ellas poder ser independientes económicamente. En el mercado laboral actual se considera difícil encontrar un trabajo medio tiempo, de horario flexible o virtual, por no decir imposible. 

En ese orden de ideas se puede decir que hay un match donde las mamás profesionales que requieren trabajar de forma remota o tiempo parcial y las empresas que requieren personal profesional que cumpla con lo que realmente necesitan. Mediante la contratación del servicio por labor cumplida, las organizaciones pueden tener un equipo multidisciplinario de alto desempeño que le ayude a ser competitiva internamente para crecer de forma sostenible a costos justos.

Un ejemplo de estos nuevos entornos de trabajo es Manglar by moms, que nace en 2016 de una mamá que entendió la situación y generó una solución tanto para las mamás como para las empresas, y que en 2020 con la nueva normalidad se evidencia una mayor aceptación de esta modalidad laboral. Consiste en trabajo remoto pago por entregables, donde se garantiza que la empresa recibirá lo solicitado y la mamá recibirá el pago justo y legal por su trabajo. La plataforma cuenta con una base de datos de más de 5.000 mamás que se han inscrito y han sido caracterizadas para encontrar el perfil ideal de candidata que la empresa requiere; ofrece una alternativa para la generación de ingresos en un contexto donde la tasa de desempleo en las mujeres fue en agosto de 2020 de 21,7%, mayor en 8,3 p.p. que en los hombres (DANE).

La pandemia ha sido un problema en muchos contextos, para nosotras se ha convertido en una oportunidad, las empresas han dado una apertura al nuevo escenario laboral donde el ejercicio profesional permite mayor flexibilidad.  Así mismo verán el mundo los hijos de esta generación que tendrán mamás presentes en su educación emocional, podrán encontrar oportunidades en los problemas y generar soluciones con un mayor impacto social. 

* Miembro Dirección de Seguimiento a los Objetivos de Desarrollo Sostenible

Exigimos condena para los maltratadores de los perros en la sede del Sena en Malambo, Atlántico

El regreso a clases: entre las deficiencias en infraestructura educativa y los bonos educativos como alternativa.

Por: Liliana María Guaca

El COVID 19 se ha convertido en parte activa de nuestro lenguaje común y ha afectado  muchas de las dimensiones de la vida de los ciudadanos. Una de las aristas de esta crisis que no termina por resolverse, es la que tiene que ver con el regreso de los estudiantes a las clases presenciales.

Los niños y niñas de este país se encuentran en medio de los temores de sus padres, la falta de garantías para que los docentes vuelvan a las instituciones educativas y la normativa gubernamental, que propende por un regreso gradual en atención todas las medidas de bioseguridad, pero que aun está lejos de materializarse en la vida real.

Así, este aparente regreso pone de presente las desigualdades de siempre; mientras que los colegios de estratos altos y medios realizan inversiones, aunque nada fáciles en medio de un periodo de recesión económica para garantizar el regreso de sus estudiantes a clases, la educación pública, siempre rezagada, no cuenta con la infraestructura, ni los recursos suficientes que le permitan echar a andar de nuevo el sistema. A esto se le suman las presiones de los sindicatos como FECODE, que ha puesto de manifiesto que no existen las condiciones mínimas para este regreso.

El Ministerio de Educación Nacional informó a Semana que se han hecho transferencias por el orden de los $92.000.000 a las Secretarías de Educación para realizar adecuaciones que les permitan mejorar los ya identificados problemas de agua potable, deficiencia de aulas, aumento de baterías sanitarias y lavamanos en las instituciones. No obstante, las entidades territoriales manifiestan que los recursos aún son insuficientes. Leyendo este panorama, el regreso no parece ser algo cercano.

La UNESCO y varios expertos en educación alrededor del mundo han puesto de presente los efectos negativos que tiene que los estudiantes no vuelvan a la presencialidad, tales como la afectación de sus procesos de aprendizaje, que según cifras del Banco Mundial, representarían una perdida entre 0.3 y 0.9 años de escolaridad. A esto se le suman las dificultades psicológicas que se están evidenciando; De acuerdo con el Instituto Colombiano de Neurociencia, el 88 % de los estudiantes “están teniendo una afectación en su salud mental por permanecer en sus hogares” debido a largos periodo de confinamiento, sumados a una exposición excesiva a las pantallas y dispositivos electrónicos.

En medio de este difuso escenario de regreso, se plantean alternativas como el de la senadora Paloma Valencia, quien ha propuesto la entrega de bonos escolares a los padres de familia ya que dentro del sistema público no están dadas las condiciones para el retorno. La senadora plantea que estos bonos pueden asimilarse a estrategias de financiamiento similares a las definidas para el programa de Generación E,  así como una oportunidad para que los padres de familia tengan opciones diferentes a la educación pública, respecto de la educación de sus hijos.

Estas declaraciones causaron polémica y muchos de sus detractores manifestaron que avanzar en esta propuesta solo incrementaría las brechas entre el sector público y el privado, sumado a que cuando ésta se lanzo al aire, no se contaba con estudios técnicos que permitieran evaluar la capacidad real de absorción de la población a los privados. Otro elemento importante, es que las éstas trasferencias realizadas a las Secretarías de Educación, son el resultado de ajustes internos del presupuesto general del Ministerio  y solo podrían ir direccionadas a fortalecer el sector que más lo necesita, en este caso las instituciones educativas publicas en cada región.

Si bien nos encontramos en un escenario de incertidumbre, se debe tener presente la responsabilidad del estado como garante de los derechos fundamentales. En este sentido, lo correcto es aunar esfuerzos para aumentar las transferencias a los territorios, que permitan avanzar en las adecuaciones en infraestructura educativa requeridas y promover la apertura gradual del servicio con miras a un 2021 con normalidad.

El COVID surgió como una oportunidad real para que las instituciones educativas percibieran recursos que no se tenían pensados. Lo que quiere decir, que hoy estas transferencias están resolviendo algunas de las demandas de las comunidades educativas y que los sindicatos han puesto de presente por años; falta de aulas y condiciones de infraestructura escolar (sanitarias principalmente) adecuadas con un servicio de calidad, y por su puesto el mejoramiento de las condiciones de ejercicio de la profesión docente. 

Adicionalmente, se deben generar mayores estrategias para ganar la confianza de los padres de familia y hacer visibles y comprensibles para ellos, los efectos nocivos a mediano y largo plazo de no enviar a sus hijos a clase. La presencialidad debe ser el objetivo común como sociedad y gobierno. Lejos de las presiones sociales y políticas de turno, está el bienestar de los niños y niñas que hoy encuentran en la escuela una espacio protector y garante de derechos; más en contextos violentos o en regiones apartadas y excluidas de las oportunidades de desarrollo, este es el único espacio seguro y garante de derechos con el que cuentan.

La educación es un derecho fundamental así como fue ratificado en la carta que 84 académicos y políticos firmaron para exigir el retorno a clases, en donde se presentan también varios factores asociados que complejizan este escenario de confinanamiento, como lo son, el aumento del la violencia sexual, los embarazos en adolescentes, que ha sido uno de los flagelos contra los que el sector ha luchado, así como el efecto negativo de la pandemia sobre la mujer,  con el aumento del desempleo femenino y la sobrecarga de tareas de cuidado en el hogar.

Finalmente, el cupo epidemiológico definido en las ciudades debe privilegiar la asistencia de los estudiantes a las aulas y se deben establecer medidas claras por parte de los gobiernos locales para materializar este regreso cuanto antes.

*Miembro Dirección de Educación

Exigimos condena para los maltratadores de los perros en la sede del Sena en Malambo, Atlántico

No a la subasta en el proceso adjudicación de emisoras comerciales

Por: Juan José Ramírez

El gobierno nacional a través del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones nos animó a todos los que creemos en la radio comercial y su competitividad al solicitar a los interesados manifestaciones de interés para participar en un proceso para adjudicar emisoras comerciales y una vez cerrado esta etapa donde han participado más de 3000 interesados, estamos esperando que la Agencia Nacional del Espectro defina que frecuencias son viables para incluirse.

Sin embargo, mientras esperamos estas decisiones es preciso recordar que la radio comercial ha estado presente en nuestra regulación desde el año 1931, decreto 423, primera norma del servicio que menciona las emisoras comerciales, pero bajo una autorización directa, posición que cambio solo hasta el año 1983.

A partir del decreto-ley 222 de 1983 y la Ley 80 de 1993, se ordenó que la autorización para prestar el servicio comercial solo se podrá efectuar bajo lo estipulado en la ley de contratación pública, al adjudicarse un contrato de concesión.

Bajo estas características de ley, inicio la carrera de los procesos de adjudicación en Colombia de la radio comercial, iniciando en el año 1997, en el cual el Ministerio de Comunicaciones de ese entonces adelantó un proceso de licitación pública, empañándose este proceso por el entonces escándalo del Miti-miti en el que dos ministros de la época negociaron una emisora.

Ahora independiente a los hechos de corrupción efectuados durante el proceso del año 1997, en este se adjudicaron 81 emisoras lo que marco el cambio fundamental en la habilitación del servicio de la radio comercial y su principio de habilitación bajo las leyes de contratación pública, adjudicaciones que continuaron en los años 2008 y 2009.

En el año 2008, se adelantó la licitación pública No.01 de 2008 y en el año 2009, la licitación Pública No.01 de 2009, las cuales fueron un ejemplo que cuando se manejan los recursos del estado de manera transparente y acatando las normas de contratación estatal, los que ganan no son los que tienen más recursos sino al garantizarse la igualdad en las oportunidades de acceso cualquier colombiano o persona jurídica debidamente constituida en Colombia puede acceder a un medio de comunicación masivo como lo son las emisoras comerciales.

Era oportuno conocer los antecedentes de estos procesos ya que de ellos aprendimos regulatoriamente como evitar los errores, por ejemplo del escándalo del Miti-miti a este fantasma no le debemos tener miedo ya que la Ley actual de la radio como la Ley 1341 de 2009 prohíbe que si ocurre una declaratoria de desierta de un proceso no se puede habilitar nunca directamente.

Además, aprendimos de los procesos de los años 2008 y 2009 que debe respetarse a toda costa un mandato constitucional para adjudicar emisoras comerciales como el artículo 20 de nuestra constitución Política de 1991 que ordena: “Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación.”.

Por lo tanto, en la adjudicación de emisoras comerciales, no solo hablamos de un contrato de concesión que contiene el permiso para el uso de la frecuencia para operar sino se adjudica un medio de comunicación lo que configura constitucional y legalmente componentes que el gobierno debe cumplir.

Lo anterior obliga a todo proceso como el que se proyecta abrir no darle prioridad a la maximización de recursos del estado a través de una subasta o que se priorice la más alta oferta económica sino se debe garantizar el acceso equitativo, su uso adecuado, el pluralismo informativo y el cumplimiento de todas las finalidades propias de los medios masivos de comunicación.

Subsiguientemente, la única manera de cumplir con las leyes actuales del servicio de la radio y en especial nuestra constitución política es que se efectué un proceso de licitación pública bajo una modalidad de oferta que igualé o más se aproxime a una oferta eficiente donde lo prioritario no es quien presente una oferta económica más alta; procedimiento que garantizaría que los mejores operadores presten el servicio y en especial que exista igualdad de oportunidades de acceso, principios que deben cumplirse por ser medios de comunicación lo que se adjudica.

De igual manera en el proceso que se aproxima no se pueden limitar derechos como las cesiones de las estaciones o su arrendamiento al permitirse en la ley o establecer pagos adicionales por las concesiones debida a que es un servicio regulado no solo en resoluciones sino en leyes y decretos que establecen estas condiciones, consecuentemente si se pretenden cambiar estas condiciones se requieren modificaciones a la ley y decretos lo que generaría que el proceso no inicie acorde a lo previsto.

Es un momento ideal que a través de este proceso se promulgue es una modernización técnica del servicio que tanto se requiere impulsando nuevas tecnologías como la radio digital, un modelo de calidad del servicio y se proponga la reducción de las distancias de protección para tener más frecuencias disponibles y no vivir en el pasado con fantasmas como el Miti-miti, emisoras de muchos años, cobrar más a los operadores o dominancia de algunas cadenas que en algunos casos se han superado con la regulación sino que incluso ahora son obsoletos frente a los retos de la cuarta revolución industrial y el impacto del internet en el servicio.

*Director Dirección de Tecnologías de la Información

Exigimos condena para los maltratadores de los perros en la sede del Sena en Malambo, Atlántico

Diseñando el trabajo remoto

Por: Carlos Ramírez

Al Centro no ha sido ajeno a los retos del trabajo remoto. El podcast del 12 de Julio pasado trató los 10 desafíos que el teletrabajo implica para empresas, legislación y liderazgo. Un cambio que para un sector de la población llegó para quedarse. Una nueva modalidad siempre en proceso de mejora.

De ahí la importancia de buscar modelos de trabajo eficientes. En su libro The New Corner Office, Laura Vanderkam, explora las estrategias que emplea la gente más exitosa para trabajar desde sus hogares o desde cualquier otro lugar.

Trabajar desde casa implica un cambio de foco. Es clave organizar nuestra jornada no de acuerdo a un horario de oficina sino respecto a las tareas del día y la semana. Las 48 horas del modelo tradicional premian el micromanagement y las horas nalga sobre la productividad real. Para que el modelo basado en tareas sea efectivo, es necesario hacer una lista de los pendientes del día y revisar cuántas de estas se completaron o se van a dejar para el día siguiente.

Después de todo, tan importante como saber a qué hora empezar a trabajar es saber cuándo debemos parar, así lleguen mensajes del jefe a las 10 de la noche. 

Esos usualmente pueden esperar.

Por otro lado, es clave establecer un horario. El trabajo remoto permite una flexibilidad laboral incomparable, pero abusar de esto solo genera estrés y un aumento en las distracciones. Antes, los desplazamientos hacia la oficina demarcaban el comienzo y fin de una jornada. Eliminado este tránsito, crear nuevos rituales (como leer o salir a caminar un rato) puede llenar ese espacio de una forma aún más significativa. 

Al poder disponer de tiempo, cada quien puede detectar las horas de mayor energía para los trabajos más exigentes y emplearse en ello. Todo de acuerdo a la dinámica del equipo.

Algunos escépticos del trabajo remoto aseguran que es imposible generar tejido social laboral sin interacción física. La clave está en generar encuentros virtuales donde la prioridad no sea propiamente el trabajo.

Después de todo, la mejor forma de conocer a las personas a la hora de hacer negocios es hablando de  todo, menos de negocios.

Algo clave es no olvidarnos del mundo exterior y dejar de lado los proyectos más allá del mismo trabajo. La vida no se define en función de este. El trabajo, así como el dinero, es una herramienta para lograr los sueños más allá del contrato. 

Por último, adecuar el espacio de trabajo es clave tanto para la concentración como para evitar la atrofia muscular. No es solo tener un escritorio y sillas adecuados para el trabajo. Es tener desde elementos que ayuden a ejercitar el cuerpo en sesiones cortas, hasta una ambientación adecuada. Elementos que en últimas ayuden a la creatividad y la inspiración laboral desde casa.

El trabajo remoto no solo es una realidad sino una posibilidad altamente rentable para las organizaciones. Permitir que el empleado encuentre su propio ritmo, se conecte por medio de herramientas virtuales con su equipo y enfocarse en tareas, no en horas trabajadas, es todo un cambio de paradigma que puede humanizar las organizaciones, a la vez que como individuos encontramos tiempo y espacios para desarrollarnos, no solo como trabajadores, sino como humanos.

*Miembro Dirección de Emprendimiento