LA PROFESIONALIZACIÓN DEL SERVICIO EXTERIOR EN COLOMBIA: UNA TAREA PENDIENTE

LA PROFESIONALIZACIÓN DEL SERVICIO EXTERIOR EN COLOMBIA: UNA TAREA PENDIENTE

Por: JHOAN CAMILO MÉNDEZ LARA

Colombia cuenta con un servicio exterior que se ha destacado a nivel internacional gracias a la labor de grandes diplomáticos de carrera diplomática y consular, quienes han contribuido significativamente al prestigio del país, aumentando la capacidad de Colombia para influir en asuntos globales a través de la persuasión, la cultura y la diplomacia. Sin embargo, con la regulación actual, la profesionalización del servicio exterior aún es escaza y la dignificación de la carrera diplomática y consular está pendiente.

El Decreto Ley 274 de 2000 es la norma vigente que regula entre otras, la Carrera Diplomática y Consular; un régimen especial y jerarquizado creado precisamente para profesionalizar el servicio exterior del país. Sin embargo, existen diversas discusiones sobre esta norma, principalmente en lo que se refiere a la facultad que se le otorga al Presidente de la República para seleccionar discrecionalmente a quiénes representan al país en el extranjero, ya que se permite que el servicio exterior sea ejercido tanto por funcionarios de carrera; como por funcionarios de libre nombramiento y remoción.

Este polémico punto ha permitido que, desde la implementación del Decreto, la Cancillería se haya utilizado, en cierta medida, como una especie de “caja menor” para el pago de favores políticos a cambio de cargos públicos en planta interna o externa, principalmente embajadas y consulados. Uno de los casos más recientes y famosos, es el de Moisés Ninco Daza, quien fue nombrado por el presidente Gustavo Petro como embajador de Colombia en México sin contar con algún título universitario o experiencia en la materia, pero su paso por la Unidad de Trabajo Legislativo del exsenador Gustavo Bolívar y su activismo durante la campaña presidencial del Pacto Histórico a la presidencia, le fue suficiente para ser nombrado en tan importante cargo. Sin embargo, luego de 9 meses de estar ejerciendo el cargo, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca declararó nulo el Decreto que lo nombraba como embajador, por la expedición irregular de este acto administrativo.

Para entender lo grave que esto significa es muy importante contextualizar qué conlleva realmente la Carrera Diplomática y Consular. Los diplomáticos que forman parte de esta carrera en Colombia son profesionales que para ingresar debieron aprobar el concurso de selección y cursar satisfactoriamente el curso impartido en la Academia Diplomática Augusto Ramírez Ocampo. Además, su ascenso y permanencia se basan en el mérito y en pruebas relacionadas con sus funciones. Estos preceptos garantizan que quienes forman parte de este régimen cuenten con grandes conocimientos en la materia, y que al ascender de rango, lo hagan por su desempeño y experiencia.

Lo anterior es muy importante, ya que el mérito asegura que solo los profesionales más capacitados tengan la oportunidad de acceder y ascender en la carrera, impactando positivamente en el servicio exterior del país. Para ejemplificar esto, un diplomático de carrera debe contar con al menos 25 años de experiencia en la carrera para alcanzar el rango de embajador, que es el rango más alto de los siete que existen. Sin embargo, un funcionario de libre nombramiento y remoción puede ser designado para ocupar el cargo de embajador en una misión en el exterior directamente por Decreto Presidencial, sin cumplir con este tiempo de experiencia. Esta comparación demuestra una clara desigualdad en papel de los requisitos que tienen que cumplir cada una de las dos categorías, para ocupar estos cargos. Una desigualdad sin ninguna justificación razonable.

Pero ¿Qué beneficios conllevaría la profesionalización del servicio exterior? Para empezar, se tendría la certeza de que los funcionarios que ocupen las plazas disponibles, están capacitados y tienen los conocimientos necesarios en la materia a tratar. Adicionalmente, a pesar de la alternancia que deben cumplir los diplomáticos de carrera entre planta interna y externa, se presentaría una continuidad y consistencia en una política exterior de Estado, dejando de lado la volatilidad que se presenta en el sistema actual, en el cual la política exterior depende de los intereses y el sesgo ideológico del gobierno de turno.

Aunque a partir de lo anterior se pensaría que lo ideal es que el 100% de los funcionarios que sirven en el servicio exterior colombiano sean diplomáticos de carrera, la verdad es que la evidencia nos demuestra que esto tampoco es muy beneficioso. Según David Greiffenstein, “La profesionalización del servicio exterior impacta de manera positiva al desempeño de la política exterior hasta que llega a un punto de utilidad máxima” (Greiffenstein, 2021). A este punto de utilidad máxima se llega cuando la mayoría de diplomáticos son de carrera, pero también existe un cierto porcentaje mínimo de diplomáticos políticos de libre nombramiento y remoción. En este punto se logra una sinergia entre la búsqueda de intereses cercanos al Gobierno de turno, representado con diplomáticos de libre nombramiento y remoción, y enfoques en materia de política exterior estatal que logren perdurar en el tiempo, a partir de los diplomáticos de carrera.

Empero, si bien debe existir un número de funcionarios de carácter político en el servicio exterior colombiano, es menester que estos mismos estén calificados con al menos algunos de los requisitos que se deben tener para aspirar a la Carrera Diplomática y Consular; como un título universitario certificado y conocer además del español, un idioma de uso diplomático. Esto permitiría que los intereses y objetivos políticos, diplomáticos y técnicos se logren con mayor eficiencia y eficacia, evitando a su vez que se nombren personas sin experiencia o capacidad sólo por cumplir un favor político o por nepotismo, quienes al final no aportan mucho o nada al servicio del país.

Es a través de la consolidación de esta profesionalización, que el servicio exterior colombiano podrá continuar desempeñando un papel destacado en la promoción de los intereses del país en el ámbito internacional y en la construcción de relaciones internacionales sólidas, además de dignificar y recompensar aún más a aquellos diplomáticos de carrera que se han formado y han dado su vida al servicio exterior del país. Solo el tiempo dirá si será la voluntad política de un gobierno de turno quien logre esta necesaria profesionalización del servicio exterior o si solo será posible mediante una futura reforma al Decreto Ley.

REFERENCIAS:

Greiffenstein, D. (2021). La carrera y los políticos. Profesionalización del servicio exterior y política exterior en Suramérica: los casos de Venezuela, Colombia y Perú. Pontificia Universidad Javeriana. Disponible en https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/58940/Tesis%20David%20Greiffenstein.pdf?sequence=1&isAllowed=y

UN SALTO A LA CONECTIVIDAD

Por: Diana M. Pérez Forero
Abogada y Miembro Fundador Alcentro

Bill Gates dijo: “ Internet facilita la información adecuada, en el momento adecuado, para el propósito adecuado”, y tenía razón, pues la dependencia tecnológica es una realidad mundial. ¿Se imaginan la vida sin tecnología?

Después de más de dos años de pandemia, donde el mundo debió volcarse al internet, muchos países lograron demostrar su capacidad para conectar entre sí a las personas, las empresas y los gobiernos. En el caso de Colombia, la política de estado que en su momento se ejecutó y que gracias a la infraestructura instalada permitió pasar de 300 mil teletrabajadores a casi 15 millones y de 300 mil estudiantes a casi 9 millones, la brecha de acceso a internet sigue estando por debajo del promedio mundial; y aunque los indicadores de conectividad han mejorado, aún falta mucho camino por recorrer.

De acuerdo con el boletín correspondiente al segundo trimestre de 2022*, en Colombia, el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones asegura que, el acceso fijo a internet alcanzó los 8.37 millones, algo más de 70 mil nuevos accesos comparados con el mismo trimestre del año inmediatamente anterior.

Adicionalmente, las principales tecnologías de acceso fijo a Internet, en cuanto a valores absolutos fueron: Cable, con 4,8 millones de accesos; fibra óptica, con 2,2 millones de accesos; xDSL, con 0,9 millones de accesos y otras tecnologías, con cerca de 400 mil accesos fijos a Internet.

En referencia a internet móvil, al término del segundo trimestre de 2022, el total de accesos en Colombia alcanzó los 37,9 millones, esto es, 4,1 millones más que los registrados en el mismo trimestre del año inmediatamente anterior. La principal tecnología de acceso a internet móvil fue 4G con 31,5 millones de accesos; seguida por la tecnología 3G, con 5,5 millones y la tecnología 2G, con 900 mil.

Las cifras hablan por sí solas, y demuestran que tenemos un compromiso para conectar más y mejor. Si bien la conectividad debería ser uno de los pilares más importantes en el país para este 2023, no significa que sólo con cobertura se logra el objetivo, se requiere entre otros, de interoperabilidad, infraestructura, innovación, inversión, cultura y alfabetización digital, identificar donde hay ausencia de capacidad de pago para subsidiar muchas de las tarifas como se venía haciendo para garantizar el derecho al acceso a las tecnologías de la información y disminuir esa brecha que bloquea el crecimiento de nuestro país.

El reto es grande, sin embargo, como la productividad, el crecimiento y desarrollo económico están ligados a las tecnologías se requiere un esfuerzo público-privado para que la conectividad llegue a todos los rincones del territorio. Acciones como la política de Gobierno Digital, la cual fue implementada mediante el Manual de Gobierno Digital para que las entidades públicas puedan transformarse digitalmente, o la expedición del Conpes de comercio electrónico, que evidenció las brechas digitales durante la pandemia y se enfocó en cerrar las mismas; sumado a esto, el plan de subasta 5G que se encuentra en proceso o el Conpes para la implementación de acceso a internet en la Orinoquia y Amazonía, son algunos de los ejemplos que demuestran un compromiso real, más no suficiente para avanzar en el plan de conectar al país.

Por esta razón, el llamado a este Gobierno es apostarle de manera fehaciente a mejorar esos indicadores publicados por el MinTic y de la mano con la empresa privada, especialmente las que tienen presencia local y las cuales pueden llegar a los lugares más recónditos del país, aunar esfuerzos reales que impacten a toda la cadena productiva de las regiones más apartadas, como el agro colombiano que está en mora de beneficiarse con las tecnologías, a los pequeños empresarios que apenas se están adentrando en las TIC o a nuestros niños que, siendo nativos digitales muchos de ellos carecen de un computador, lo cual genera pérdida de oportunidades de formación desde la primera infancia.

En el mismo sentido, invitar al sector privado a priorizar recursos para innovar sus negocios y mejorar la calidad de vida de sus colaboradores y a nosotros como ciudadanos, prepararnos para usar de manera responsable las TIC para lograr una verdadera transformación como sociedad.

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La piedra en el zapato: el personalismo en Colombia

La piedra en el zapato: el personalismo en Colombia

Por: David Méndez

La historia política de Colombia ha tenido un común denominador que ha impedido el desarrollo de estructuras partidistas sólidas y con vocación de efectiva representación. Este elemento es el personalismo que ha acompañado la competencia política en el país, definiendo el tipo de relación que los políticos tienen con sus electores. Y ante el lanzamiento de las campañas presidenciales a través de firmas y sus controversiales eventos de inauguración, nos queda preguntarnos, ¿por qué el personalismo se apodera y deja las ideas en segundo plano del debate democrático en Colombia?

En efecto, parte de las discusiones en materia política se ha sintetizado en grandes nombres, y figuras que movilizan masas cuyo discurso parece contener la solución a los problemas sociales, económicos y políticos. El carácter mesiánico ha venido acompañando el ejercicio político en Colombia —para pesar de muchos— por encima de las ideas y contenidos programáticos que deberían ser el leitmotiv de toda discusión política y social.

Esa misma línea de personalismo promete definir la carrera electoral en 2022, toda vez que el arranque de las campañas políticas para la Presidencia ha estado definido por dos factores: por un lado, los partidos políticos se han hecho a un lado ante su imagen desprestigiada, dando paso a que los actores políticos, a nombre propio, busquen posicionarse; por el otro, las campañas que se han lanzado hasta el momento evidencian que, en su discurso, los políticos parecen tener soluciones inmediatas a problemas estructurales y complejos.

Parafraseando a los profesores Steven Levitsky y Daniel Ziblat (2018), las democracias siempre corren riesgos en tiempos de crisis económicas. El contexto colombiano no escapa de ello, pues los actores que traen consigo en su discurso soluciones mágicas no suelen contener en sus prácticas un respeto irrestricto por la democracia.

Por ello, el tono con el que se han dado los lanzamientos de las campañas presidenciales en Colombia, de manera prematura, nos recuerda a la campaña de Newt Gringrich en Estados Unidos, en 1978, que, de manera ferviente y ante un grupo de estudiantes universitarios afirmó:

‘Estáis luchando una guerra, una guerra por el poder. Este partido no necesita otra generación de aspirantes a líderes cautelosos, prudentes, cuidadosos, anodinos e irrelevantes. Lo que de verdad necesitamos son personas dispuestas a librar un combate acalorado. ¿Cuál es el objetivo principal de un líder político? Construir una mayoría’ (Gringrich, 1978). 

Sin embargo, el problema del personalismo en nuestro país no obedece únicamente a la manera en que los actores políticos desarrollan sus proyectos y campañas, sino que también responden a incentivos dentro de lo que el marco normativo les permite, así como la legitimidad que desde la ciudadanía se les da a estas prácticas.

En este texto busco elaborar algunas respuestas acerca del continúo personalismo que impide el avance y fortalecimiento de la representación política en Colombia, la cual debería estar basada en ideas y contenidos programáticos y no en líderes que movilizan masas sin un contenido claro ni capacidad real de ejecutar lo que pregonan en sus discursos acalorados y provocadores.

Para tal fin, desarrollo dos elementos integradores y creadores del dicho personalismo. El primero, el diseño institucional y el tipo de sistema mediante los cuales los actores políticos se desenvuelven; el segundo, la denominada paradoja de la tolerancia mutua según la cual deberían existir comportamientos y prácticas que legitimen el actuar de los actores contrincantes, evitando considerarlos como enemigos que no deben existir.

Diseño institucional: el presidencialismo como el origen de prácticas personalistas

Para el profesor Juan Linz (1993), en su texto sobre los peligros del presidencialismo, este tipo de sistemas suelen tener el común denominador de un tinte personalista, producto de la composición y el diseño institucional de los mismos. En ese sentido, ante la presencia de un actor con amplias capacidades en el ejercicio del poder, los sistemas presidencialistas suelen generar y/o crear tipos de liderazgos centrados en la figura de un líder particular.

El presidencialismo lo podemos entender entonces en el aspecto de la lógica de un ganador único a través de las elecciones presidenciales y el de la centralización de las decisiones políticas en la cabeza de un jefe de Estado.

Como el presidencialismo se caracteriza por la existencia de un jefe de Estado que detenta el poder, la dirección de un país inevitablemente estará regida por la personalización de su hacer ante las capacidades y herramientas que el presidente puede tener en un país como Colombia. El diseño institucional genera incentivos para que los actores políticos busquen que su imagen crezca lo suficiente como para poder representar una porción de la ciudadanía a nombre propio. Esto se refleja en el arranque de las campañas políticas a la Presidencia: rostros, iniciales y figuras por encima de cualquier idea que pueda comunicarse.

Este diseño institucional lleva, en palabras de Walter Bagehot (1872), a crear un aura de autoimagen y expectativas populares en época de campaña muy alejadas de las posibilidades reales de ejecución. Pero, principalmente, impulsa un sentido de poder-misión en los políticos a quienes brinda los incentivos suficientes para adquirir un carácter mesiánico ante los problemas que prometen y pretenden resolver en caso de ser elegidos.

De esta manera, podemos afirmar que los actores políticos se mueven y manejan a través de un ecosistema normativo e institucional que les brinda los límites mediante los cuales se dirigen ante la ciudadanía, generan vínculos de representación y conforman sus estrategias políticas. Sin embargo, un sistema que privilegia la personalización del poder solo permitirá que los líderes políticos adopten un carácter de salvador y de omnipotencia en sus promesas de campaña y en la ejecución de sus gobiernos.

Tolerancia mutua, gran ausente en Colombia

En su libro ¿Cómo mueren las democracias?, los profesores Levitsky y Ziblat (2018) introducen el concepto de tolerancia mutua como una forma de salvaguardar y proteger los regímenes democráticos. Dicha estrategia tiene que ver con un aspecto más cultural que institucional. Este aspecto se recoge básicamente en la posibilidad y garantía de que existan contendores de todas las orillas políticas e ideológicas, sin que ello implique amenazas a su integridad y/o buen nombre. En esencia, las ideas y argumentos deben ir por delante de los adjetivos.

Y es que al revisar y hacer seguimiento a las más de 52 precandidaturas que hasta la fecha han manifestado su intención de participar en los comicios, así como del comportamiento político cotidiano en el país, podemos evidenciar niveles asombrosamente bajos de legitimidad y respeto a las ideas de los actores contrarios. Esto no solo se refleja en los políticos, sino en ciudadanos y miembros de distintas colectividades.

Sin duda, los acuerdos mínimos sobre cómo debería desarrollarse el ejercicio político no han sido una costumbre en nuestro país, lo cual históricamente ha permitido que el todo vale se posicione como el elemento cohesionador de las prácticas electorales. Desde el uso de adjetivos descalificadores y la judicialización de la política hasta el actuar violento son constantes en el panorama comicial colombiano. Esto refleja, entonces, que no depende únicamente del diseño institucional la posibilidad de evitar que los actores políticos se comporten como salvadores gracias a los cuales las respuestas a las problemáticas sociales y políticas están resueltas.

Los elementos de cultura política juegan un papel tan o más importante que el diseño institucional, y deberán ser revisados en el desarrollo de la campaña electoral en curso, así como en el futuro, en procura de mejorar los mecanismos de representación del poder y con el fin de evitar el mesianismo y el posicionamiento de iniciales y rostros por encima de ideas y elementos conciliadores. Esto engrandecería el ejercicio político basado en el diálogo y las ideas, catalizadoras de una visión estable a largo plazo de país.

Las prácticas en exceso personalistas responden, pues, a las demandas de una población que las legitima y busca porque termina dándole un lugar y un sentido de existencia frente a los problemas con los que convive a diario y los cuales no tienen soluciones inmediatas, pero que, ante un discurso atractivo que parece contener los outputs que reclama, no tiene otra opción además que la del culto a la personalidad. En otras palabras, se fomenta la creencia de que el rumbo de un país descansa en una persona.

Ante el origen del carácter personalista de las campañas presidenciales y el ejercicio de la política que he pretendido explicar en estas líneas, solo nos queda reflexionar acerca del lugar que hemos brindado a los grandes personajes y sus ideas, aparentemente, siempre renovadoras. 

Y será aún más relevante, como ciudadanía, pensarse el rumbo del país que se espera y el norte que se pretende diseñar, con el fin de evitar que, a través del personalismo arraigado en Colombia, no se patee el tablero cada cuatro años, esperando construir en un periodo de tiempo la nación que se desea.

Referencias y bibliografía 

Bagehot, W. (1872). The English Constitution: By Walter Bahegot. Dubleday. 

Linz, J. J. (1993). Los peligros del presidencialismo.

Levitsky, S., & Ziblatt, D. (2018). Cómo mueren las democracias (Vol. 1). Barcelona: Ariel.

Gringrich, N. (1978, 24, 06). College Republicans at the Atlanta Airport Holiday Inn. Link: https://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/newt/newt78speech.html  


*Miembro Dirección de C

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La piedra en el zapato: el personalismo en Colombia

La seguridad nos está matando

Por: Freddy Osorio

Ni con la pandemia, ni con los falsos positivos aprendimos la lección. Hoy, igual que a principio de milenio, las políticas de seguridad en Colombia están premiando la muerte y no la solución a los problemas reales. Por ejemplo, con la extorsión.
Según cifras de la policía, entre el 1 de enero y el 31 de agosto de 2021 se han registrado 4.448 casos de extorsión. La extorsión por llamadas telefónicas, sigue siendo la más frecuente, representando el 43% de las extorsiones que se han hecho en el año 2021. La extorsión usando redes sociales el 25%

Fuente: Policía Nacional – grupo de información de criminalidad. Período enero 1 a 31 de agosto 2021

Piénsenlo: hasta el 31 de agosto del 2021, 4.448 colombianos fueron víctimas de extorsión. Sin embargo, las cifras sobre combatir el crimen organizado demuestran que el gobierno del Presidente Iván Duque está priorizando las muertes en operaciones.

Número de miembros del crímen organizado muertos a agosto 2021. Fuente: Ministerio de Defensa (página 39)

Además, hoy nos enfrentamos a un segundo escándalo, tras las denuncias sobre el posible bombardeo a un presunto campamento del ELN, sin distinción entre menores (víctimas) y combatientes (victimarios). Todo esto no sólo va en contravía de la constitución, que no permite la pena de muerte, sino que va contra la evidencia histórica de lecciones que debimos aprender. ¡Segundo bombardeo a campamentos sin distinción de menores en un mismo gobierno!
Qué fácil y barato es el discurso de “dar de baja” a los delincuentes, pero qué difícil es que el estado organice y estructure políticas para solucionar los problemas reales. Proteger la vida debería ser la prioridad. Y eso se hace imposible, si seguimos estructurando políticas sin aprender de los errores. Necesitamos una mejor política de seguridad, que se enfoque en desarticular el crimen organizado, y no en tratar de matar hasta que los problemas se vayan.

*Miembro Fundador

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La piedra en el zapato: el personalismo en Colombia

IVA a las bebidas azucaradas sí, pero no así.

Por: Dixon Carrascal

A toda marcha el legislativo discutió la nueva reforma tributaria que en medio de su trámite pasó de 35 a 65 artículos y más de 150 proposiciones. Si bien este nuevo proyecto calmó los ánimos agitados que exacerbó el proyecto de Ley anterior, quedaron muchos aspectos pendientes para lograr una justicia tributaria acorde a las desigualdades y necesidades del país. Sin embargo, hay un aspecto a considerar entre las iniciativas legislativas presentadas y que se hundieron en medio de la pequeña discusión que tuvo esta nueva Ley; la que pretendía gravar con IVA a las bebidas azucaradas, la cual no es tan buena idea, por las siguientes razones (la primera técnica y la segunda empírica): 

En primer lugar, hay que tener claro que los impuestos gravan la capacidad económica y la capacidad contributiva desde dos vertientes: la producción y el consumo, este último mediante distintas modalidades de impuesto sobre las ventas, siendo el IVA el impuesto predilecto, toda vez que ofrece ventajas por su gran recaudo y facilidad de gestión (según datos de la DIAN el recaudo de IVA para 2020 fue de 32 billones de pesos que corresponden al 22% del ingreso tributario nacional). No obstante, presenta considerables desventajas como efectos nocivos en la equidad, que se evidencia con mayor intensidad en la distribución de la renta de los países con una desigual composición económica, porque este impuesto no consulta la capacidad del contribuyente de manera directa. 

 

En consecuencia, el IVA es un impuesto a la parte de la renta que las personas destinan al gasto o consumo y que, por lo tanto, tiene que soportarlo quien compra el bien o servicio (en este caso la bebida azucarada), más que las empresas, que son solo intermediarias, en vista que estas declaran el IVA y se descuentan el gravamen pagado en la producción del producto. Dicho de otra manera, no son las empresas sino los consumidores los que pagan el impuesto, así que, la persona que se gana un salario mínimo paga el mismo IVA, por el mismo producto, que quien se gana treinta salarios mínimos.

 

Ahora bien, el problema suscita en que, en economías precarias como la colombiana, con tan limitadas posibilidades de consumo, la política tributaria debe ser cautelosa en el impacto que pueda causar en la población de bajos ingresos, (según el DANE son más de 21 millones de personas las que subsisten con menos de 331 mil pesos mensuales) toda vez que este es el sector social más perjudicado cuando el legislador decide gravar con IVA productos que se encuentran en el listado de exentos y excluidos.

En segundo lugar, esta iniciativa es similar a la propuesta hecha por el candidato presidencial Gustavo Petro de suspender de un día para otro la producción petrolera, en la medida que ambas carecen de método, porque si bien se debe buscar depender menos de las industrias extractivas y de consumir menos bebidas azucaradas, hay que establecer un método para ello, dado que no es plausible de un día para otro prohibir las industrias extractivas o gravar los productos ultraprocesados sin un modo ordenado y sistemático que conduzca a ese resultado o fin determinado.

De ahí que, para poder gravar las bebidas altas en azucar a fin de desincentivar su consumo, por un lado, es indispensable buscar fortalecer los ingresos de la población que vive en pobreza y, por otro lado, crear políticas públicas y estrategias encaminadas a mejorar en los consumidores de bajos ingresos los hábitos alimenticios, porque no se discute el daño que causa el consumo de productos ultraprocesados, como las bebidas azucaradas, que en efecto son una de las principales causas de obesidad y sobrepeso, sino lo que se discute es que imponer un gravamen únicamente para desincentivar su consumo no es un método en si mismo.  

Finalmente, teniendo en cuenta el contexto colombiano (alta desigualdad económica y baja capacidad de consumo), crear imprevistamente, y sin metodo previo, un impuesto a las bebidas azucaradas o imponer a la población de bajos ingresos a consumir productos sin azúcar, bajo en calorías, libre de gluten o grasas trans, mientras persistan más de 21 millones de personas que tratan de sobrevivir con menos de 331 mil pesos mensuales, será reducir la capacidad de compra a quienes mayor protección requieren del Estado. 

 

*Miembro Dirección de Gobernanza Metropolitana

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La piedra en el zapato: el personalismo en Colombia

Los números lo confirman: el comercio electrónico en Colombia mantiene su impulso

Por: María Fernanda Quiñones 

El comercio electrónico constituye hoy un importante motor de crecimiento económico, especialmente para los países en vía de desarrollo como Colombia. Desde el punto de vista de los consumidores, incrementa el bienestar de los individuos en tanto permite el acceso a más y diversos bienes y servicios. Respecto de las empresas, el eCommerce amplía los mercados, reduce la intermediación, disminuye costos operativos y barreras de entrada, e incrementa la competitividad y la eficiencia empresarial.

A lo largo de 2020 tanto empresas como consumidores pudieron experimentar estos beneficios del canal digital y su consolidación como dinamizador de la economía nacional, rol que el sector continúa desempeñando en el proceso de reactivación económica actual. Según el más reciente informe del comportamiento del comercio electrónico en Colombia durante el segundo trimestre de 2021, que realizamos en la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (CCCE), el sector en el país mantiene su impulso y la tendencia de crecimiento observada en el primer trimestre del año.

Entre las cifras analizadas, se destaca el aumento en el total de ventas en línea realizadas en abril, mayo y junio de 2021, que alcanzaron los COP 9.95 billones, es decir, se presentó un incremento de 54.9% respecto al mismo trimestre de 2020. 

Al comparar este dato con el del primer trimestre de 2021, podemos identificar un aumento de 16% en las ventas hechas a través de eCommerce, resultado del traslado de las transacciones del canal físico al digital por cuenta de los cierres ocasionados por el paro nacional, el desarrollo de jornadas de ventas en línea como HotSale® y Cyberlunes®, y la recuperación de varios sectores.

Durante el segundo trimestre del año, observamos que las categorías de servicios financieros, otros servicios y tecnología presentaron variaciones positivas en comercio electrónico. Como también lo hizo el sector del turismo, que pasó de tener una participación de 3.4% en enero de 2021 a 6.9% en el mes de junio. Por otro lado, el sector del entretenimiento contribuyó al buen desarrollo de la industria con una variación de 206.4% en junio de 2021, gracias a la reapertura de cines, teatros y otros espacios culturales. 

De igual modo, atribuimos la dinámica creciente en el valor de las ventas en línea a las jornadas de descuentos online que desde la CCCE y con El Tiempo Casa Editorial llevamos a cabo en marzo y junio de 2021. Por una parte, HotSale® alcanzó ventas en línea cercanas a los $368.9 mil millones de pesos del 24 al 26 de marzo, en tanto Cyberlunes® logró ventas por medio de eCommerce de aproximadamente $457.9 mil millones de pesos del 21 al 23 de junio. 

Otro de los hallazgos que vale la pena mencionar es el ticket promedio del segundo trimestre del año, que se situó en COP 109.306, una cifra 8% menor a la de enero de 2021, momento en el que el indicador fue de COP 122.820. Esto significa que los colombianos han cambiado sus preferencias desde la pandemia de Covid-19, dejando de lado los bienes suntuosos para comprar cada vez más productos de menor valor a través de Internet. 

El comercio electrónico, sector que promete crecer 16% en 2021 según estimaciones que realizamos en la CCCE, ha venido a establecerse como un dinamizador de los intercambios económicos cotidianos de las personas. Para favorecer esta tendencia y contribuir con la reactivación económica después de la crisis sanitaria, es necesario trabajar en la inclusión financiera, la digitalización y la confianza del consumidor en las transacciones digitales. Solo de este modo, la industria del eCommerce continuará capitalizándose en el país y aportando al desarrollo de Colombia.

*Columnista Initada – presidente ejecutiva de la CCCE.

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