COLOMBIA EN CONTRAVÍA DE LA COMPETITIVIDAD TRIBUTARIA

Por: Dixon Ricardo Carrascal

En diferentes escenarios la reconocida economista Mariana Mazzucato, directora del Instituto para Innovación y Propósito Público de la University College London (UCL), y por quien este gobierno siente especial admiración, ha manifestado: “Si no creamos riqueza no hay qué redistribuir”.

Sin embargo, lo anterior no fue la intención de la última reforma tributaria (Ley 2277 de 2022), que el mes pasado cumplió su primer año, en el sentido que esta no se alineó con los requerimientos del sector productivo del país, en especial, con la necesidad de disminuir la tarifa general del impuesto de renta para las personas jurídicas, dado que únicamente se limitó a aumentar el recaudo, sin analizar y priorizar el contexto internacional de competitividad que demanda el sector empresarial colombiano para fortalecerse y crear riqueza, y ahí sí, posteriormente, redistribuir vía impuestos.

Los sistemas tributarios no son únicamente herramientas para la redistribución del ingreso o para la financiación del gasto público (como desafortunadamente lo ve el actual gobierno), sino que son un factor de competitividad internacional, toda vez que los sistemas de información permiten comparar en tiempo real las condiciones de mercado en que se encuentra cada país, al igual que las cargas impositivas. Ahora que, en pleno siglo XXI es posible producir el mismo bien o prestar el mismo servicio desde cualquier país, los inversionistas evalúan este factor para tomar su decisión, en consecuencia, la competitividad tributaria juega un papel preponderante.

Si bien en Colombia la utilidad antes de impuestos puede ser atractiva para las inversiones de capital extranjero por factores como talento humano, ubicación geográfica, estabilidad económica, entre otros, en el ejercicio de la rentabilidad neta la situación cambia, en la medida que la tarifa del impuesto de renta es la más alta de los países de la OCDE (35%). Y no se debe ir muy lejos para comparar esta tarifa, países de la región como Perú (29.5%), Panamá (25%), Ecuador (25%), Chile (10%), Paraguay (10%) tienen tarifas más interesantes para el mercado.

Hay sectores económicos que por sus características son adaptables en múltiples países, como es el caso de los servicios financieros y empresariales, industrias manufactureras, comercio, hoteles, restaurantes, comunicaciones y servicios. Estos sectores, según datos suministrados por el Banco de la República, en la última década han representado el 55% del total de las inversiones de capital extranjero, esto es, un promedio de 7.500 millones de dólares anuales que se encuentran en riesgo de no ingresar a la economía del país debido a que el sistema tributario de Colombia no es competitivo a nivel internacional, ni regional.

A propósito, los dos últimos informes nacionales del Consejo Privado de Competitividad concluyen que el escenario para los próximos años no será positivo, el mundo ha entrado en un proceso de desaceleración económica en medio de un brote inflacionario que muy poco está cediendo, por lo menos en Colombia, y que además se llega a este entorno hostil con los llamados déficits gemelos, refiriéndose al fiscal y al de cuenta corriente, lo cual se traduce en una gran vulnerabilidad por depender de fuentes importantes de financiación, por lo que mantener el acceso a los mercados internacionales y proteger los flujos de inversión hacia Colombia es fundamental para lograr una desaceleración suave que no descarrile hacia una crisis que eleve drásticamente el desempleo, la informalidad y la pobreza.

Así que, y volviendo a la reforma tributaria, a cambio de nada Colombia perdió nuevamente la oportunidad para reformar su sistema tributario por uno competitivo. Cabe recordar que se esperaba para el año 2023 un recaudo adicional de 20 billones de pesos, sin embargo, la Corte Constitucional declaró inexequible el parágrafo que establecía que las regalías por la explotación de recursos naturales no renovables no serían deducibles del impuesto sobre la renta ni podrían tratarse como un costo o gasto, al igual que declaró inexequible los topes y tarifas aplicables a los grupos 4 y 5 del régimen simple de tributación. Lo anterior, significa que en cada vigencia fiscal la estimación del recaudo estará entre 3.5 y 4 billones por debajo de lo esperado.

Finalmente, frente a este panorama económico, y dado que está sonando una segunda reforma tributaria de este gobierno, es esencial que el ejecutivo presente iniciativas para que Colombia y el sector productivo tengan niveles competitivos en materia tributaria a nivel internacional, o por lo menos a nivel regional, en especial para que las cargas impositivas sean atractivas para la inversión, que estimule la reinversión de utilidades y que no se fuguen los capitales.

Una petición de año nuevo.

UNA PETICIÓN DE AÑO NUEVO

Por: Natalia Rivera

Los bogotanos esperamos cuatro años a que la administración de la alcaldesa Claudia López se tomara en serio la recuperación y apropiación del espacio público. No existió liderazgo ni voluntad para devolverle a Bogotá un espacio público digno, seguro y limpio. Es por ello, que esto se convirtió en una deuda por pagar, que se le dejó a la nueva administración.  

La gobernanza responsable del espacio público que logró la administración de Enrique Peñalosa, se acabó, producto de una serie de decisiones descoordinadas y a menudo contradictorias entre entidades de la ‘Bogotá ciudadora’. La falta de una visión unificada ha permitido que intereses particulares prevalecieran sobre el bien común, resultando en la proliferación de construcciones informales y  ocupaciones ilegales que dificultan el acceso y disfrute del espacio público por parte de la ciudadanía.

Más del 42% del espacio público efectivo de la ciudad se encuentra en pésimas  condiciones  y no es solo una cuestión  de infraestructura, sino que es una situación que involucra, uso, pertenencia y garantías de derechos. Basuras, personas en situación de calle, consumo de sustancias e inseguridad (solo por nombrar algunos)  son las situaciones que cada día contribuyen al deterioro de Bogotá y que requieren de acciones integrales con enfoque de derechos humanos. 

Es  Imperativo que  la administración entrante en cabeza del alcalde Carlos Fernando Galan, fortalezca las políticas de preservación y protección de las zonas comunes de la ciudad. A su vez, las alcaldías locales juegan un papel muy importante en la planificación y gestión del espacio público, papel que lamentablemente no han logrado articular ni  ejecutar con rigor. Para no ir muy lejos, Kennedy, Bosa, Santafé, La Candelaria y Chapinero son algunas de las localidades con una deficiente (por no decir nula) gestión y preservación del espacio público. 

Por otro lado, el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público (DADEP), que debería liderar la defensa, inspección, vigilancia, regulación y control del espacio público, se ha convertido en una entidad inocua, que basó su política de recuperación de espacio público en perseguir a propiedades horizontales organizadas y en buscar el aprovechamiento económico del uso de diferentes zonas públicas de la ciudad. Esta entidad  debe ser sometida a una reestructuración profunda y enfocar su misionalidad en la verdadera defensa del espacio, que le pertenece a los bogotanos. 

Culmino advirtiendo sobre el tremendo riesgo que es para los bogotanos no contar con un espacio público seguro, digno, caminable y limpio. Solo a través de un liderazgo comprometido y visionario se podrá transformar el espacio público en un verdadero motor de desarrollo para el turismo, para la cultura y sobre todo, para la convivencia y bienestar de todos. Mi deseo de año nuevo para la nueva administración, que toma el timón el primero de enero, es entendimiento y sobre todo sensatez para liderar las transformaciones que necesita la ciudad.

El elogio de la calle: Las calles y sus aceras, los principales lugares públicos de una ciudad, son sus órganos más vitales ¿Qué es lo primero que nos viene a la mente al pensar en ciudad? Sus calles. Cuando las calles de una ciudad ofrecen interés, la ciudad entera ofrece interés ; cuando presentan un aspecto triste, toda la ciudad parece triste” Jane Jacobs. 

 

«Datos recopilados por Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), Inventario de Espacio Publico.(https://geoportal-idu.hub.arcgis.com/maps/17eb09365e0245e6a7d6dfdbdc0474eb/about, 2023).»

A UN CLIC DE REGULARIZAR

A UN CLIC DE LA REGULARIZAR

Por: Sebastián Guzmán Muñoz

Vivimos en una era donde todo lo tenemos a un clic; desde ver videos, interactuar con distintas personas en tiempo real, hacer compras o incluso trabajar de forma remota. Hoy la tecnología hace parte de la realidad de Colombia y del mundo, por eso, para apuntar a un verdadero progreso en el país, se requiere que la tecnología haga parte de la agenda social, política y económica.

Actualmente, se encuentra en trámite un nuevo articulado de proyecto de reforma laboral (Proyecto de Ley 166 de 2023 Cámara), que pone nuevamente de presente el debate sobre la regulación de las plataformas digitales, y su importancia en la expansión de la economía colaborativa en Colombia.

De acuerdo con un informe de Fedesarrollo, la participación de las plataformas en la economía colombiana sería cercana al 0,2% del PIB. Además, este mismo estudio señala que si estas no existieran, 39% de los repartidores quedarían desempleados, un 15% estaría inactivo en términos laborales, 26% tendría un trabajo independiente y 20% un trabajo asalariado.

Las plataformas son importantes para el país, por lo que querer eliminarlas no es una opción, ya que se han ganado su espacio en la economía colombiana. Diferentes aplicaciones de transporte, mensajería, domicilios y movilidad están aportando a los ingresos de la nación, además de generar nuevos empleos e ingresos de capital de inversión a través de startups.

Esta industria ha tenido un importante crecimiento, entre otras cosas, como consecuencia de la pandemia, ya que muchos empresarios y emprendedores tuvieron que innovar usando la tecnología como su mejor herramienta de desarrollo. Sin embargo, debemos comprender que el rápido crecimiento de estas plataformas ha generado fuertes preocupaciones en torno a la seguridad laboral, los derechos de los trabajadores y la equidad económica. Luego de un fallido intento del presidente de la República, Gustavo Petro de proponer la reforma laboral unos meses atrás, el gobierno se sentó a concertar, logrando un nuevo texto que presenta una propuesta distinta y un acuerdo histórico.

Uno de los problemas más apremiantes ha sido cómo clasificar adecuadamente a los trabajadores de estas plataformas. Actualmente estas personas, que se calculan en 200.000, son independientes y pueden operar bajo su propio ritmo y horario. Por ejemplo, si el día de mañana usted se queda sin trabajo o decide dedicar más tiempo a su hogar, tendría la posibilidad de vincularse de manera inmediata a alguna de estas plataformas, sin que esto requiera que se presente a una entrevista de trabajo o cumpla horarios fijos. Sin embargo, esto acarrea algunas dificultades jurídicas, pues al operar de esta forma, no se pueden garantizar los mismos derechos y beneficios que debe tener un trabajador, según nuestro Código Sustantivo del Trabajo. La batalla que ha querido dar el gobierno nacional en este ámbito, ha sido la de la formalización, no obstante, esto requiere la creación de una figura especial que contemple la realidad de estos colaboradores. De lo contrario, podría ser algo forzoso el imponer horarios, sueldos y cargas extras a las empresas.

En conversación con José Daniel López, director ejecutivo de Alianza In, la Alianza de empresas de aplicaciones e innovaciones en Colombia, se destacó que el mayor problema radica en cómo clasificar a los repartidores. Se aclaró que, para la reforma, los conductores de plataformas como Uber, Didi, Cabify, entre otros, no están incluidos, debido a que esa actividad no ha sido regulada. Esto conllevaría a una contradicción, ya que estos conductores tendrían una regulación, pero al mismo tiempo seguirían siendo perseguidos por las autoridades de tránsito.

En primer lugar, hay que entender que la gran mayoría, más no todos, trabajan a su ritmo, son un part-timer o trabajadores de tiempo parcial, y a partir de ello buscaron concertar con el Ministerio del Trabajo. De ahí nace un acuerdo histórico, según José Daniel, sería el primer país en el mundo en el que el gobierno y las plataformas logran llegar a un consenso. En esta oportunidad, se logró que el tipo de vinculación lo pactan las partes; la empresa y el trabajador, y se puede dar en calidad de dependiente y subordinado, es decir asalariado, o como independiente y autónomo, con ciertos beneficios que no desnaturalizarían tal condición.

Ahora bien, en lo que respecta al pago de aporte a seguridad social y afiliación a riesgos laborales (ARL), encontramos avances que resaltar. Para los trabajadores dependientes y subordinados, la empresa deberá realizar los pagos conforme a la normativa vigente. Caso distinto a quien se encuentre bajo la modalidad de independiente y autónomo, ya que la empresa le deberá pagar el 60% de la cotización en salud y pensión, y el 40% restante lo debe asumir el trabajador con base en la totalidad de ingresos que reciba (esto se cotiza sobre el número de horas, días y meses que opere cada uno).

Por otro lado, recordemos que la política fiscal de las plataformas se encuentra hoy regulada. Desde el 2017 las empresas ya pagan un IVA del 19%. A su vez, a partir del 1 de enero de 2024, estas empresas tendrán que tributar: las empresas que residen en Colombia declararán renta; y las que residen fiscalmente en el exterior, se les hará un cobro sobre el 3% del ingreso bruto, que sería lo equivalente a un impuesto de renta, de acuerdo con lo acordado en la pasada reforma tributaria.

En conclusión, la nueva reforma laboral apunta a abordar la clasificación laboral y garantizar derechos básicos. Es la oportunidad de dejar un precedente en la forma en la que vemos la tecnología.

El director de Alianza In manifestó en la conversación que sostuvimos que tiene la esperanza de que en el Congreso de la República el arreglo propuesto tenga un buen ambiente y se apruebe, ya que es un acuerdo muy bueno producto de la concertación de ambas partes. Estamos a un clic de poder cambiar la historia y cumplirle al país, apostando a un cambio importante en la regulación de las plataformas que llegaron para quedarse. La Ley deberá adaptarse a esa realidad, no al revés.

REFERENCIAS:

LA PROFESIONALIZACIÓN DEL SERVICIO EXTERIOR EN COLOMBIA: UNA TAREA PENDIENTE

LA PROFESIONALIZACIÓN DEL SERVICIO EXTERIOR EN COLOMBIA: UNA TAREA PENDIENTE

Por: JHOAN CAMILO MÉNDEZ LARA

Colombia cuenta con un servicio exterior que se ha destacado a nivel internacional gracias a la labor de grandes diplomáticos de carrera diplomática y consular, quienes han contribuido significativamente al prestigio del país, aumentando la capacidad de Colombia para influir en asuntos globales a través de la persuasión, la cultura y la diplomacia. Sin embargo, con la regulación actual, la profesionalización del servicio exterior aún es escaza y la dignificación de la carrera diplomática y consular está pendiente.

El Decreto Ley 274 de 2000 es la norma vigente que regula entre otras, la Carrera Diplomática y Consular; un régimen especial y jerarquizado creado precisamente para profesionalizar el servicio exterior del país. Sin embargo, existen diversas discusiones sobre esta norma, principalmente en lo que se refiere a la facultad que se le otorga al Presidente de la República para seleccionar discrecionalmente a quiénes representan al país en el extranjero, ya que se permite que el servicio exterior sea ejercido tanto por funcionarios de carrera; como por funcionarios de libre nombramiento y remoción.

Este polémico punto ha permitido que, desde la implementación del Decreto, la Cancillería se haya utilizado, en cierta medida, como una especie de “caja menor” para el pago de favores políticos a cambio de cargos públicos en planta interna o externa, principalmente embajadas y consulados. Uno de los casos más recientes y famosos, es el de Moisés Ninco Daza, quien fue nombrado por el presidente Gustavo Petro como embajador de Colombia en México sin contar con algún título universitario o experiencia en la materia, pero su paso por la Unidad de Trabajo Legislativo del exsenador Gustavo Bolívar y su activismo durante la campaña presidencial del Pacto Histórico a la presidencia, le fue suficiente para ser nombrado en tan importante cargo. Sin embargo, luego de 9 meses de estar ejerciendo el cargo, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca declararó nulo el Decreto que lo nombraba como embajador, por la expedición irregular de este acto administrativo.

Para entender lo grave que esto significa es muy importante contextualizar qué conlleva realmente la Carrera Diplomática y Consular. Los diplomáticos que forman parte de esta carrera en Colombia son profesionales que para ingresar debieron aprobar el concurso de selección y cursar satisfactoriamente el curso impartido en la Academia Diplomática Augusto Ramírez Ocampo. Además, su ascenso y permanencia se basan en el mérito y en pruebas relacionadas con sus funciones. Estos preceptos garantizan que quienes forman parte de este régimen cuenten con grandes conocimientos en la materia, y que al ascender de rango, lo hagan por su desempeño y experiencia.

Lo anterior es muy importante, ya que el mérito asegura que solo los profesionales más capacitados tengan la oportunidad de acceder y ascender en la carrera, impactando positivamente en el servicio exterior del país. Para ejemplificar esto, un diplomático de carrera debe contar con al menos 25 años de experiencia en la carrera para alcanzar el rango de embajador, que es el rango más alto de los siete que existen. Sin embargo, un funcionario de libre nombramiento y remoción puede ser designado para ocupar el cargo de embajador en una misión en el exterior directamente por Decreto Presidencial, sin cumplir con este tiempo de experiencia. Esta comparación demuestra una clara desigualdad en papel de los requisitos que tienen que cumplir cada una de las dos categorías, para ocupar estos cargos. Una desigualdad sin ninguna justificación razonable.

Pero ¿Qué beneficios conllevaría la profesionalización del servicio exterior? Para empezar, se tendría la certeza de que los funcionarios que ocupen las plazas disponibles, están capacitados y tienen los conocimientos necesarios en la materia a tratar. Adicionalmente, a pesar de la alternancia que deben cumplir los diplomáticos de carrera entre planta interna y externa, se presentaría una continuidad y consistencia en una política exterior de Estado, dejando de lado la volatilidad que se presenta en el sistema actual, en el cual la política exterior depende de los intereses y el sesgo ideológico del gobierno de turno.

Aunque a partir de lo anterior se pensaría que lo ideal es que el 100% de los funcionarios que sirven en el servicio exterior colombiano sean diplomáticos de carrera, la verdad es que la evidencia nos demuestra que esto tampoco es muy beneficioso. Según David Greiffenstein, “La profesionalización del servicio exterior impacta de manera positiva al desempeño de la política exterior hasta que llega a un punto de utilidad máxima” (Greiffenstein, 2021). A este punto de utilidad máxima se llega cuando la mayoría de diplomáticos son de carrera, pero también existe un cierto porcentaje mínimo de diplomáticos políticos de libre nombramiento y remoción. En este punto se logra una sinergia entre la búsqueda de intereses cercanos al Gobierno de turno, representado con diplomáticos de libre nombramiento y remoción, y enfoques en materia de política exterior estatal que logren perdurar en el tiempo, a partir de los diplomáticos de carrera.

Empero, si bien debe existir un número de funcionarios de carácter político en el servicio exterior colombiano, es menester que estos mismos estén calificados con al menos algunos de los requisitos que se deben tener para aspirar a la Carrera Diplomática y Consular; como un título universitario certificado y conocer además del español, un idioma de uso diplomático. Esto permitiría que los intereses y objetivos políticos, diplomáticos y técnicos se logren con mayor eficiencia y eficacia, evitando a su vez que se nombren personas sin experiencia o capacidad sólo por cumplir un favor político o por nepotismo, quienes al final no aportan mucho o nada al servicio del país.

Es a través de la consolidación de esta profesionalización, que el servicio exterior colombiano podrá continuar desempeñando un papel destacado en la promoción de los intereses del país en el ámbito internacional y en la construcción de relaciones internacionales sólidas, además de dignificar y recompensar aún más a aquellos diplomáticos de carrera que se han formado y han dado su vida al servicio exterior del país. Solo el tiempo dirá si será la voluntad política de un gobierno de turno quien logre esta necesaria profesionalización del servicio exterior o si solo será posible mediante una futura reforma al Decreto Ley.

REFERENCIAS:

Greiffenstein, D. (2021). La carrera y los políticos. Profesionalización del servicio exterior y política exterior en Suramérica: los casos de Venezuela, Colombia y Perú. Pontificia Universidad Javeriana. Disponible en https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/58940/Tesis%20David%20Greiffenstein.pdf?sequence=1&isAllowed=y

UN SALTO A LA CONECTIVIDAD

Por: Diana M. Pérez Forero
Abogada y Miembro Fundador Alcentro

Bill Gates dijo: “ Internet facilita la información adecuada, en el momento adecuado, para el propósito adecuado”, y tenía razón, pues la dependencia tecnológica es una realidad mundial. ¿Se imaginan la vida sin tecnología?

Después de más de dos años de pandemia, donde el mundo debió volcarse al internet, muchos países lograron demostrar su capacidad para conectar entre sí a las personas, las empresas y los gobiernos. En el caso de Colombia, la política de estado que en su momento se ejecutó y que gracias a la infraestructura instalada permitió pasar de 300 mil teletrabajadores a casi 15 millones y de 300 mil estudiantes a casi 9 millones, la brecha de acceso a internet sigue estando por debajo del promedio mundial; y aunque los indicadores de conectividad han mejorado, aún falta mucho camino por recorrer.

De acuerdo con el boletín correspondiente al segundo trimestre de 2022*, en Colombia, el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones asegura que, el acceso fijo a internet alcanzó los 8.37 millones, algo más de 70 mil nuevos accesos comparados con el mismo trimestre del año inmediatamente anterior.

Adicionalmente, las principales tecnologías de acceso fijo a Internet, en cuanto a valores absolutos fueron: Cable, con 4,8 millones de accesos; fibra óptica, con 2,2 millones de accesos; xDSL, con 0,9 millones de accesos y otras tecnologías, con cerca de 400 mil accesos fijos a Internet.

En referencia a internet móvil, al término del segundo trimestre de 2022, el total de accesos en Colombia alcanzó los 37,9 millones, esto es, 4,1 millones más que los registrados en el mismo trimestre del año inmediatamente anterior. La principal tecnología de acceso a internet móvil fue 4G con 31,5 millones de accesos; seguida por la tecnología 3G, con 5,5 millones y la tecnología 2G, con 900 mil.

Las cifras hablan por sí solas, y demuestran que tenemos un compromiso para conectar más y mejor. Si bien la conectividad debería ser uno de los pilares más importantes en el país para este 2023, no significa que sólo con cobertura se logra el objetivo, se requiere entre otros, de interoperabilidad, infraestructura, innovación, inversión, cultura y alfabetización digital, identificar donde hay ausencia de capacidad de pago para subsidiar muchas de las tarifas como se venía haciendo para garantizar el derecho al acceso a las tecnologías de la información y disminuir esa brecha que bloquea el crecimiento de nuestro país.

El reto es grande, sin embargo, como la productividad, el crecimiento y desarrollo económico están ligados a las tecnologías se requiere un esfuerzo público-privado para que la conectividad llegue a todos los rincones del territorio. Acciones como la política de Gobierno Digital, la cual fue implementada mediante el Manual de Gobierno Digital para que las entidades públicas puedan transformarse digitalmente, o la expedición del Conpes de comercio electrónico, que evidenció las brechas digitales durante la pandemia y se enfocó en cerrar las mismas; sumado a esto, el plan de subasta 5G que se encuentra en proceso o el Conpes para la implementación de acceso a internet en la Orinoquia y Amazonía, son algunos de los ejemplos que demuestran un compromiso real, más no suficiente para avanzar en el plan de conectar al país.

Por esta razón, el llamado a este Gobierno es apostarle de manera fehaciente a mejorar esos indicadores publicados por el MinTic y de la mano con la empresa privada, especialmente las que tienen presencia local y las cuales pueden llegar a los lugares más recónditos del país, aunar esfuerzos reales que impacten a toda la cadena productiva de las regiones más apartadas, como el agro colombiano que está en mora de beneficiarse con las tecnologías, a los pequeños empresarios que apenas se están adentrando en las TIC o a nuestros niños que, siendo nativos digitales muchos de ellos carecen de un computador, lo cual genera pérdida de oportunidades de formación desde la primera infancia.

En el mismo sentido, invitar al sector privado a priorizar recursos para innovar sus negocios y mejorar la calidad de vida de sus colaboradores y a nosotros como ciudadanos, prepararnos para usar de manera responsable las TIC para lograr una verdadera transformación como sociedad.

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La piedra en el zapato: el personalismo en Colombia

La piedra en el zapato: el personalismo en Colombia

Por: David Méndez

La historia política de Colombia ha tenido un común denominador que ha impedido el desarrollo de estructuras partidistas sólidas y con vocación de efectiva representación. Este elemento es el personalismo que ha acompañado la competencia política en el país, definiendo el tipo de relación que los políticos tienen con sus electores. Y ante el lanzamiento de las campañas presidenciales a través de firmas y sus controversiales eventos de inauguración, nos queda preguntarnos, ¿por qué el personalismo se apodera y deja las ideas en segundo plano del debate democrático en Colombia?

En efecto, parte de las discusiones en materia política se ha sintetizado en grandes nombres, y figuras que movilizan masas cuyo discurso parece contener la solución a los problemas sociales, económicos y políticos. El carácter mesiánico ha venido acompañando el ejercicio político en Colombia —para pesar de muchos— por encima de las ideas y contenidos programáticos que deberían ser el leitmotiv de toda discusión política y social.

Esa misma línea de personalismo promete definir la carrera electoral en 2022, toda vez que el arranque de las campañas políticas para la Presidencia ha estado definido por dos factores: por un lado, los partidos políticos se han hecho a un lado ante su imagen desprestigiada, dando paso a que los actores políticos, a nombre propio, busquen posicionarse; por el otro, las campañas que se han lanzado hasta el momento evidencian que, en su discurso, los políticos parecen tener soluciones inmediatas a problemas estructurales y complejos.

Parafraseando a los profesores Steven Levitsky y Daniel Ziblat (2018), las democracias siempre corren riesgos en tiempos de crisis económicas. El contexto colombiano no escapa de ello, pues los actores que traen consigo en su discurso soluciones mágicas no suelen contener en sus prácticas un respeto irrestricto por la democracia.

Por ello, el tono con el que se han dado los lanzamientos de las campañas presidenciales en Colombia, de manera prematura, nos recuerda a la campaña de Newt Gringrich en Estados Unidos, en 1978, que, de manera ferviente y ante un grupo de estudiantes universitarios afirmó:

‘Estáis luchando una guerra, una guerra por el poder. Este partido no necesita otra generación de aspirantes a líderes cautelosos, prudentes, cuidadosos, anodinos e irrelevantes. Lo que de verdad necesitamos son personas dispuestas a librar un combate acalorado. ¿Cuál es el objetivo principal de un líder político? Construir una mayoría’ (Gringrich, 1978). 

Sin embargo, el problema del personalismo en nuestro país no obedece únicamente a la manera en que los actores políticos desarrollan sus proyectos y campañas, sino que también responden a incentivos dentro de lo que el marco normativo les permite, así como la legitimidad que desde la ciudadanía se les da a estas prácticas.

En este texto busco elaborar algunas respuestas acerca del continúo personalismo que impide el avance y fortalecimiento de la representación política en Colombia, la cual debería estar basada en ideas y contenidos programáticos y no en líderes que movilizan masas sin un contenido claro ni capacidad real de ejecutar lo que pregonan en sus discursos acalorados y provocadores.

Para tal fin, desarrollo dos elementos integradores y creadores del dicho personalismo. El primero, el diseño institucional y el tipo de sistema mediante los cuales los actores políticos se desenvuelven; el segundo, la denominada paradoja de la tolerancia mutua según la cual deberían existir comportamientos y prácticas que legitimen el actuar de los actores contrincantes, evitando considerarlos como enemigos que no deben existir.

Diseño institucional: el presidencialismo como el origen de prácticas personalistas

Para el profesor Juan Linz (1993), en su texto sobre los peligros del presidencialismo, este tipo de sistemas suelen tener el común denominador de un tinte personalista, producto de la composición y el diseño institucional de los mismos. En ese sentido, ante la presencia de un actor con amplias capacidades en el ejercicio del poder, los sistemas presidencialistas suelen generar y/o crear tipos de liderazgos centrados en la figura de un líder particular.

El presidencialismo lo podemos entender entonces en el aspecto de la lógica de un ganador único a través de las elecciones presidenciales y el de la centralización de las decisiones políticas en la cabeza de un jefe de Estado.

Como el presidencialismo se caracteriza por la existencia de un jefe de Estado que detenta el poder, la dirección de un país inevitablemente estará regida por la personalización de su hacer ante las capacidades y herramientas que el presidente puede tener en un país como Colombia. El diseño institucional genera incentivos para que los actores políticos busquen que su imagen crezca lo suficiente como para poder representar una porción de la ciudadanía a nombre propio. Esto se refleja en el arranque de las campañas políticas a la Presidencia: rostros, iniciales y figuras por encima de cualquier idea que pueda comunicarse.

Este diseño institucional lleva, en palabras de Walter Bagehot (1872), a crear un aura de autoimagen y expectativas populares en época de campaña muy alejadas de las posibilidades reales de ejecución. Pero, principalmente, impulsa un sentido de poder-misión en los políticos a quienes brinda los incentivos suficientes para adquirir un carácter mesiánico ante los problemas que prometen y pretenden resolver en caso de ser elegidos.

De esta manera, podemos afirmar que los actores políticos se mueven y manejan a través de un ecosistema normativo e institucional que les brinda los límites mediante los cuales se dirigen ante la ciudadanía, generan vínculos de representación y conforman sus estrategias políticas. Sin embargo, un sistema que privilegia la personalización del poder solo permitirá que los líderes políticos adopten un carácter de salvador y de omnipotencia en sus promesas de campaña y en la ejecución de sus gobiernos.

Tolerancia mutua, gran ausente en Colombia

En su libro ¿Cómo mueren las democracias?, los profesores Levitsky y Ziblat (2018) introducen el concepto de tolerancia mutua como una forma de salvaguardar y proteger los regímenes democráticos. Dicha estrategia tiene que ver con un aspecto más cultural que institucional. Este aspecto se recoge básicamente en la posibilidad y garantía de que existan contendores de todas las orillas políticas e ideológicas, sin que ello implique amenazas a su integridad y/o buen nombre. En esencia, las ideas y argumentos deben ir por delante de los adjetivos.

Y es que al revisar y hacer seguimiento a las más de 52 precandidaturas que hasta la fecha han manifestado su intención de participar en los comicios, así como del comportamiento político cotidiano en el país, podemos evidenciar niveles asombrosamente bajos de legitimidad y respeto a las ideas de los actores contrarios. Esto no solo se refleja en los políticos, sino en ciudadanos y miembros de distintas colectividades.

Sin duda, los acuerdos mínimos sobre cómo debería desarrollarse el ejercicio político no han sido una costumbre en nuestro país, lo cual históricamente ha permitido que el todo vale se posicione como el elemento cohesionador de las prácticas electorales. Desde el uso de adjetivos descalificadores y la judicialización de la política hasta el actuar violento son constantes en el panorama comicial colombiano. Esto refleja, entonces, que no depende únicamente del diseño institucional la posibilidad de evitar que los actores políticos se comporten como salvadores gracias a los cuales las respuestas a las problemáticas sociales y políticas están resueltas.

Los elementos de cultura política juegan un papel tan o más importante que el diseño institucional, y deberán ser revisados en el desarrollo de la campaña electoral en curso, así como en el futuro, en procura de mejorar los mecanismos de representación del poder y con el fin de evitar el mesianismo y el posicionamiento de iniciales y rostros por encima de ideas y elementos conciliadores. Esto engrandecería el ejercicio político basado en el diálogo y las ideas, catalizadoras de una visión estable a largo plazo de país.

Las prácticas en exceso personalistas responden, pues, a las demandas de una población que las legitima y busca porque termina dándole un lugar y un sentido de existencia frente a los problemas con los que convive a diario y los cuales no tienen soluciones inmediatas, pero que, ante un discurso atractivo que parece contener los outputs que reclama, no tiene otra opción además que la del culto a la personalidad. En otras palabras, se fomenta la creencia de que el rumbo de un país descansa en una persona.

Ante el origen del carácter personalista de las campañas presidenciales y el ejercicio de la política que he pretendido explicar en estas líneas, solo nos queda reflexionar acerca del lugar que hemos brindado a los grandes personajes y sus ideas, aparentemente, siempre renovadoras. 

Y será aún más relevante, como ciudadanía, pensarse el rumbo del país que se espera y el norte que se pretende diseñar, con el fin de evitar que, a través del personalismo arraigado en Colombia, no se patee el tablero cada cuatro años, esperando construir en un periodo de tiempo la nación que se desea.

Referencias y bibliografía 

Bagehot, W. (1872). The English Constitution: By Walter Bahegot. Dubleday. 

Linz, J. J. (1993). Los peligros del presidencialismo.

Levitsky, S., & Ziblatt, D. (2018). Cómo mueren las democracias (Vol. 1). Barcelona: Ariel.

Gringrich, N. (1978, 24, 06). College Republicans at the Atlanta Airport Holiday Inn. Link: https://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/newt/newt78speech.html  


*Miembro Dirección de C

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