La piedra en el zapato: el personalismo en Colombia

La piedra en el zapato: el personalismo en Colombia

Por: David Méndez

La historia política de Colombia ha tenido un común denominador que ha impedido el desarrollo de estructuras partidistas sólidas y con vocación de efectiva representación. Este elemento es el personalismo que ha acompañado la competencia política en el país, definiendo el tipo de relación que los políticos tienen con sus electores. Y ante el lanzamiento de las campañas presidenciales a través de firmas y sus controversiales eventos de inauguración, nos queda preguntarnos, ¿por qué el personalismo se apodera y deja las ideas en segundo plano del debate democrático en Colombia?

En efecto, parte de las discusiones en materia política se ha sintetizado en grandes nombres, y figuras que movilizan masas cuyo discurso parece contener la solución a los problemas sociales, económicos y políticos. El carácter mesiánico ha venido acompañando el ejercicio político en Colombia —para pesar de muchos— por encima de las ideas y contenidos programáticos que deberían ser el leitmotiv de toda discusión política y social.

Esa misma línea de personalismo promete definir la carrera electoral en 2022, toda vez que el arranque de las campañas políticas para la Presidencia ha estado definido por dos factores: por un lado, los partidos políticos se han hecho a un lado ante su imagen desprestigiada, dando paso a que los actores políticos, a nombre propio, busquen posicionarse; por el otro, las campañas que se han lanzado hasta el momento evidencian que, en su discurso, los políticos parecen tener soluciones inmediatas a problemas estructurales y complejos.

Parafraseando a los profesores Steven Levitsky y Daniel Ziblat (2018), las democracias siempre corren riesgos en tiempos de crisis económicas. El contexto colombiano no escapa de ello, pues los actores que traen consigo en su discurso soluciones mágicas no suelen contener en sus prácticas un respeto irrestricto por la democracia.

Por ello, el tono con el que se han dado los lanzamientos de las campañas presidenciales en Colombia, de manera prematura, nos recuerda a la campaña de Newt Gringrich en Estados Unidos, en 1978, que, de manera ferviente y ante un grupo de estudiantes universitarios afirmó:

‘Estáis luchando una guerra, una guerra por el poder. Este partido no necesita otra generación de aspirantes a líderes cautelosos, prudentes, cuidadosos, anodinos e irrelevantes. Lo que de verdad necesitamos son personas dispuestas a librar un combate acalorado. ¿Cuál es el objetivo principal de un líder político? Construir una mayoría’ (Gringrich, 1978). 

Sin embargo, el problema del personalismo en nuestro país no obedece únicamente a la manera en que los actores políticos desarrollan sus proyectos y campañas, sino que también responden a incentivos dentro de lo que el marco normativo les permite, así como la legitimidad que desde la ciudadanía se les da a estas prácticas.

En este texto busco elaborar algunas respuestas acerca del continúo personalismo que impide el avance y fortalecimiento de la representación política en Colombia, la cual debería estar basada en ideas y contenidos programáticos y no en líderes que movilizan masas sin un contenido claro ni capacidad real de ejecutar lo que pregonan en sus discursos acalorados y provocadores.

Para tal fin, desarrollo dos elementos integradores y creadores del dicho personalismo. El primero, el diseño institucional y el tipo de sistema mediante los cuales los actores políticos se desenvuelven; el segundo, la denominada paradoja de la tolerancia mutua según la cual deberían existir comportamientos y prácticas que legitimen el actuar de los actores contrincantes, evitando considerarlos como enemigos que no deben existir.

Diseño institucional: el presidencialismo como el origen de prácticas personalistas

Para el profesor Juan Linz (1993), en su texto sobre los peligros del presidencialismo, este tipo de sistemas suelen tener el común denominador de un tinte personalista, producto de la composición y el diseño institucional de los mismos. En ese sentido, ante la presencia de un actor con amplias capacidades en el ejercicio del poder, los sistemas presidencialistas suelen generar y/o crear tipos de liderazgos centrados en la figura de un líder particular.

El presidencialismo lo podemos entender entonces en el aspecto de la lógica de un ganador único a través de las elecciones presidenciales y el de la centralización de las decisiones políticas en la cabeza de un jefe de Estado.

Como el presidencialismo se caracteriza por la existencia de un jefe de Estado que detenta el poder, la dirección de un país inevitablemente estará regida por la personalización de su hacer ante las capacidades y herramientas que el presidente puede tener en un país como Colombia. El diseño institucional genera incentivos para que los actores políticos busquen que su imagen crezca lo suficiente como para poder representar una porción de la ciudadanía a nombre propio. Esto se refleja en el arranque de las campañas políticas a la Presidencia: rostros, iniciales y figuras por encima de cualquier idea que pueda comunicarse.

Este diseño institucional lleva, en palabras de Walter Bagehot (1872), a crear un aura de autoimagen y expectativas populares en época de campaña muy alejadas de las posibilidades reales de ejecución. Pero, principalmente, impulsa un sentido de poder-misión en los políticos a quienes brinda los incentivos suficientes para adquirir un carácter mesiánico ante los problemas que prometen y pretenden resolver en caso de ser elegidos.

De esta manera, podemos afirmar que los actores políticos se mueven y manejan a través de un ecosistema normativo e institucional que les brinda los límites mediante los cuales se dirigen ante la ciudadanía, generan vínculos de representación y conforman sus estrategias políticas. Sin embargo, un sistema que privilegia la personalización del poder solo permitirá que los líderes políticos adopten un carácter de salvador y de omnipotencia en sus promesas de campaña y en la ejecución de sus gobiernos.

Tolerancia mutua, gran ausente en Colombia

En su libro ¿Cómo mueren las democracias?, los profesores Levitsky y Ziblat (2018) introducen el concepto de tolerancia mutua como una forma de salvaguardar y proteger los regímenes democráticos. Dicha estrategia tiene que ver con un aspecto más cultural que institucional. Este aspecto se recoge básicamente en la posibilidad y garantía de que existan contendores de todas las orillas políticas e ideológicas, sin que ello implique amenazas a su integridad y/o buen nombre. En esencia, las ideas y argumentos deben ir por delante de los adjetivos.

Y es que al revisar y hacer seguimiento a las más de 52 precandidaturas que hasta la fecha han manifestado su intención de participar en los comicios, así como del comportamiento político cotidiano en el país, podemos evidenciar niveles asombrosamente bajos de legitimidad y respeto a las ideas de los actores contrarios. Esto no solo se refleja en los políticos, sino en ciudadanos y miembros de distintas colectividades.

Sin duda, los acuerdos mínimos sobre cómo debería desarrollarse el ejercicio político no han sido una costumbre en nuestro país, lo cual históricamente ha permitido que el todo vale se posicione como el elemento cohesionador de las prácticas electorales. Desde el uso de adjetivos descalificadores y la judicialización de la política hasta el actuar violento son constantes en el panorama comicial colombiano. Esto refleja, entonces, que no depende únicamente del diseño institucional la posibilidad de evitar que los actores políticos se comporten como salvadores gracias a los cuales las respuestas a las problemáticas sociales y políticas están resueltas.

Los elementos de cultura política juegan un papel tan o más importante que el diseño institucional, y deberán ser revisados en el desarrollo de la campaña electoral en curso, así como en el futuro, en procura de mejorar los mecanismos de representación del poder y con el fin de evitar el mesianismo y el posicionamiento de iniciales y rostros por encima de ideas y elementos conciliadores. Esto engrandecería el ejercicio político basado en el diálogo y las ideas, catalizadoras de una visión estable a largo plazo de país.

Las prácticas en exceso personalistas responden, pues, a las demandas de una población que las legitima y busca porque termina dándole un lugar y un sentido de existencia frente a los problemas con los que convive a diario y los cuales no tienen soluciones inmediatas, pero que, ante un discurso atractivo que parece contener los outputs que reclama, no tiene otra opción además que la del culto a la personalidad. En otras palabras, se fomenta la creencia de que el rumbo de un país descansa en una persona.

Ante el origen del carácter personalista de las campañas presidenciales y el ejercicio de la política que he pretendido explicar en estas líneas, solo nos queda reflexionar acerca del lugar que hemos brindado a los grandes personajes y sus ideas, aparentemente, siempre renovadoras. 

Y será aún más relevante, como ciudadanía, pensarse el rumbo del país que se espera y el norte que se pretende diseñar, con el fin de evitar que, a través del personalismo arraigado en Colombia, no se patee el tablero cada cuatro años, esperando construir en un periodo de tiempo la nación que se desea.

Referencias y bibliografía 

Bagehot, W. (1872). The English Constitution: By Walter Bahegot. Dubleday. 

Linz, J. J. (1993). Los peligros del presidencialismo.

Levitsky, S., & Ziblatt, D. (2018). Cómo mueren las democracias (Vol. 1). Barcelona: Ariel.

Gringrich, N. (1978, 24, 06). College Republicans at the Atlanta Airport Holiday Inn. Link: https://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/newt/newt78speech.html  


*Miembro Dirección de C

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La piedra en el zapato: el personalismo en Colombia

La seguridad nos está matando

Por: Freddy Osorio

Ni con la pandemia, ni con los falsos positivos aprendimos la lección. Hoy, igual que a principio de milenio, las políticas de seguridad en Colombia están premiando la muerte y no la solución a los problemas reales. Por ejemplo, con la extorsión.
Según cifras de la policía, entre el 1 de enero y el 31 de agosto de 2021 se han registrado 4.448 casos de extorsión. La extorsión por llamadas telefónicas, sigue siendo la más frecuente, representando el 43% de las extorsiones que se han hecho en el año 2021. La extorsión usando redes sociales el 25%

Fuente: Policía Nacional – grupo de información de criminalidad. Período enero 1 a 31 de agosto 2021

Piénsenlo: hasta el 31 de agosto del 2021, 4.448 colombianos fueron víctimas de extorsión. Sin embargo, las cifras sobre combatir el crimen organizado demuestran que el gobierno del Presidente Iván Duque está priorizando las muertes en operaciones.

Número de miembros del crímen organizado muertos a agosto 2021. Fuente: Ministerio de Defensa (página 39)

Además, hoy nos enfrentamos a un segundo escándalo, tras las denuncias sobre el posible bombardeo a un presunto campamento del ELN, sin distinción entre menores (víctimas) y combatientes (victimarios). Todo esto no sólo va en contravía de la constitución, que no permite la pena de muerte, sino que va contra la evidencia histórica de lecciones que debimos aprender. ¡Segundo bombardeo a campamentos sin distinción de menores en un mismo gobierno!
Qué fácil y barato es el discurso de “dar de baja” a los delincuentes, pero qué difícil es que el estado organice y estructure políticas para solucionar los problemas reales. Proteger la vida debería ser la prioridad. Y eso se hace imposible, si seguimos estructurando políticas sin aprender de los errores. Necesitamos una mejor política de seguridad, que se enfoque en desarticular el crimen organizado, y no en tratar de matar hasta que los problemas se vayan.

*Miembro Fundador

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IVA a las bebidas azucaradas sí, pero no así.

Por: Dixon Carrascal

A toda marcha el legislativo discutió la nueva reforma tributaria que en medio de su trámite pasó de 35 a 65 artículos y más de 150 proposiciones. Si bien este nuevo proyecto calmó los ánimos agitados que exacerbó el proyecto de Ley anterior, quedaron muchos aspectos pendientes para lograr una justicia tributaria acorde a las desigualdades y necesidades del país. Sin embargo, hay un aspecto a considerar entre las iniciativas legislativas presentadas y que se hundieron en medio de la pequeña discusión que tuvo esta nueva Ley; la que pretendía gravar con IVA a las bebidas azucaradas, la cual no es tan buena idea, por las siguientes razones (la primera técnica y la segunda empírica): 

En primer lugar, hay que tener claro que los impuestos gravan la capacidad económica y la capacidad contributiva desde dos vertientes: la producción y el consumo, este último mediante distintas modalidades de impuesto sobre las ventas, siendo el IVA el impuesto predilecto, toda vez que ofrece ventajas por su gran recaudo y facilidad de gestión (según datos de la DIAN el recaudo de IVA para 2020 fue de 32 billones de pesos que corresponden al 22% del ingreso tributario nacional). No obstante, presenta considerables desventajas como efectos nocivos en la equidad, que se evidencia con mayor intensidad en la distribución de la renta de los países con una desigual composición económica, porque este impuesto no consulta la capacidad del contribuyente de manera directa. 

 

En consecuencia, el IVA es un impuesto a la parte de la renta que las personas destinan al gasto o consumo y que, por lo tanto, tiene que soportarlo quien compra el bien o servicio (en este caso la bebida azucarada), más que las empresas, que son solo intermediarias, en vista que estas declaran el IVA y se descuentan el gravamen pagado en la producción del producto. Dicho de otra manera, no son las empresas sino los consumidores los que pagan el impuesto, así que, la persona que se gana un salario mínimo paga el mismo IVA, por el mismo producto, que quien se gana treinta salarios mínimos.

 

Ahora bien, el problema suscita en que, en economías precarias como la colombiana, con tan limitadas posibilidades de consumo, la política tributaria debe ser cautelosa en el impacto que pueda causar en la población de bajos ingresos, (según el DANE son más de 21 millones de personas las que subsisten con menos de 331 mil pesos mensuales) toda vez que este es el sector social más perjudicado cuando el legislador decide gravar con IVA productos que se encuentran en el listado de exentos y excluidos.

En segundo lugar, esta iniciativa es similar a la propuesta hecha por el candidato presidencial Gustavo Petro de suspender de un día para otro la producción petrolera, en la medida que ambas carecen de método, porque si bien se debe buscar depender menos de las industrias extractivas y de consumir menos bebidas azucaradas, hay que establecer un método para ello, dado que no es plausible de un día para otro prohibir las industrias extractivas o gravar los productos ultraprocesados sin un modo ordenado y sistemático que conduzca a ese resultado o fin determinado.

De ahí que, para poder gravar las bebidas altas en azucar a fin de desincentivar su consumo, por un lado, es indispensable buscar fortalecer los ingresos de la población que vive en pobreza y, por otro lado, crear políticas públicas y estrategias encaminadas a mejorar en los consumidores de bajos ingresos los hábitos alimenticios, porque no se discute el daño que causa el consumo de productos ultraprocesados, como las bebidas azucaradas, que en efecto son una de las principales causas de obesidad y sobrepeso, sino lo que se discute es que imponer un gravamen únicamente para desincentivar su consumo no es un método en si mismo.  

Finalmente, teniendo en cuenta el contexto colombiano (alta desigualdad económica y baja capacidad de consumo), crear imprevistamente, y sin metodo previo, un impuesto a las bebidas azucaradas o imponer a la población de bajos ingresos a consumir productos sin azúcar, bajo en calorías, libre de gluten o grasas trans, mientras persistan más de 21 millones de personas que tratan de sobrevivir con menos de 331 mil pesos mensuales, será reducir la capacidad de compra a quienes mayor protección requieren del Estado. 

 

*Miembro Dirección de Gobernanza Metropolitana

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La piedra en el zapato: el personalismo en Colombia

Los números lo confirman: el comercio electrónico en Colombia mantiene su impulso

Por: María Fernanda Quiñones 

El comercio electrónico constituye hoy un importante motor de crecimiento económico, especialmente para los países en vía de desarrollo como Colombia. Desde el punto de vista de los consumidores, incrementa el bienestar de los individuos en tanto permite el acceso a más y diversos bienes y servicios. Respecto de las empresas, el eCommerce amplía los mercados, reduce la intermediación, disminuye costos operativos y barreras de entrada, e incrementa la competitividad y la eficiencia empresarial.

A lo largo de 2020 tanto empresas como consumidores pudieron experimentar estos beneficios del canal digital y su consolidación como dinamizador de la economía nacional, rol que el sector continúa desempeñando en el proceso de reactivación económica actual. Según el más reciente informe del comportamiento del comercio electrónico en Colombia durante el segundo trimestre de 2021, que realizamos en la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (CCCE), el sector en el país mantiene su impulso y la tendencia de crecimiento observada en el primer trimestre del año.

Entre las cifras analizadas, se destaca el aumento en el total de ventas en línea realizadas en abril, mayo y junio de 2021, que alcanzaron los COP 9.95 billones, es decir, se presentó un incremento de 54.9% respecto al mismo trimestre de 2020. 

Al comparar este dato con el del primer trimestre de 2021, podemos identificar un aumento de 16% en las ventas hechas a través de eCommerce, resultado del traslado de las transacciones del canal físico al digital por cuenta de los cierres ocasionados por el paro nacional, el desarrollo de jornadas de ventas en línea como HotSale® y Cyberlunes®, y la recuperación de varios sectores.

Durante el segundo trimestre del año, observamos que las categorías de servicios financieros, otros servicios y tecnología presentaron variaciones positivas en comercio electrónico. Como también lo hizo el sector del turismo, que pasó de tener una participación de 3.4% en enero de 2021 a 6.9% en el mes de junio. Por otro lado, el sector del entretenimiento contribuyó al buen desarrollo de la industria con una variación de 206.4% en junio de 2021, gracias a la reapertura de cines, teatros y otros espacios culturales. 

De igual modo, atribuimos la dinámica creciente en el valor de las ventas en línea a las jornadas de descuentos online que desde la CCCE y con El Tiempo Casa Editorial llevamos a cabo en marzo y junio de 2021. Por una parte, HotSale® alcanzó ventas en línea cercanas a los $368.9 mil millones de pesos del 24 al 26 de marzo, en tanto Cyberlunes® logró ventas por medio de eCommerce de aproximadamente $457.9 mil millones de pesos del 21 al 23 de junio. 

Otro de los hallazgos que vale la pena mencionar es el ticket promedio del segundo trimestre del año, que se situó en COP 109.306, una cifra 8% menor a la de enero de 2021, momento en el que el indicador fue de COP 122.820. Esto significa que los colombianos han cambiado sus preferencias desde la pandemia de Covid-19, dejando de lado los bienes suntuosos para comprar cada vez más productos de menor valor a través de Internet. 

El comercio electrónico, sector que promete crecer 16% en 2021 según estimaciones que realizamos en la CCCE, ha venido a establecerse como un dinamizador de los intercambios económicos cotidianos de las personas. Para favorecer esta tendencia y contribuir con la reactivación económica después de la crisis sanitaria, es necesario trabajar en la inclusión financiera, la digitalización y la confianza del consumidor en las transacciones digitales. Solo de este modo, la industria del eCommerce continuará capitalizándose en el país y aportando al desarrollo de Colombia.

*Columnista Initada – presidente ejecutiva de la CCCE.

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Nuestra Historia: Esperanza de Futuro. – 7 DE AGOSTO DE 2021

Por: Julian Roberto

Transcurridos más de 200 años después de la batalla victoriosa con la que el ejército libertador sellaba nuestra independencia, nos encontramos hoy en un momento donde nuestro futuro parece incierto, pero donde la historia nos brinda inspiración para cambiar.

     Después de más de 70 días de campaña militar, el ejército libertador comandado por Simón Bolívar, daba la batalla final con la que se lograría la tan anhelada independencia. Barreiro con misión de detener el avance de Bolívar hacia Santa Fe, se ve obligado a cambiar de planes. 

Luego de la gran victoria del Libertador en el Pantano de Vargas, el Ejército Realista decide huir a Santa Fe, para rearmarse y abastecerse con más soldados. Es en ese momento en el que se cambian los papeles, ahora es Bolívar quien intenta impedir que Barreiro llegue a Santa Fe. 

Para esto, Bolívar decide posicionar estratégicamente su ejército en el Puente de Boyacá, donde a las dos de la tarde – según narra en el boletín de batalla del jefe del Estado Mayor del Ejercito Carlos Soublette – llegaba la primera división enemiga, que, desestimando el número de la caballería del ejército libertador, atacó con cazadores para alejarlos del camino. 

Sin embargo, es en ese momento cuando las divisiones del ejército libertador sorprendieron al enemigo, y luego de una ardua batalla, “El héroe de Boyacá” como fue llamado Francisco de Paula Santander, logró la rendición del Ejército Realista. 2000 republicanos derrotaron 3000 realistas. Barreiro despavorido salió huyendo a ocultarse en las rocas cerca al río.  Sin embargo, allí lo encontró un niño boyacense de tan sólo 12 años de edad, el soldado de “Rifles”, Pedro Pascasio Martínez, que con gran valentía rechazó las monedas que le ofrecía el Realista a cambio de su libertad, y heroicamente lo llevó preso. Este niño boyacense se convirtió así en uno de los más grandes patriotas, y hoy cuando conmemoramos su heroísmo y valentía, nos da ejemplo e inspira a nuestra generación en busca de un mejor futuro. 

Es por ello que debemos enfocarnos hoy, no en cómo nuestra bandera debe ser izada, sino en las soluciones fundamentales que requiere y necesita nuestro país. Nuestra democracia desde sus comienzos persiste en la cuerda floja. En una disputa interminable entre 2 bandos extremos: entre centralistas y federalistas, entre rojos y azules, entre godos y cachiporros, entre derechas e izquierdas. 

A pesar de ello, inspirados en nuestra historia de independencia, aún tenemos esperanza que desde la diferencia podamos encontrar los puntos medios centrales, que nos permitan avanzar como sociedad y país; esperanza en que las nuevas generaciones no heredemos las disputas de los politiqueros viejos, y que por el contrario nos concentremos en dar la lucha contra la corrupción, la politiquería y la polarización extrema. Esperanza de trabajar por lo fundamental, por la paz, la Justicia, la democracia, y los derechos de nuestro pueblo. Si hacemos esto, no dudemos que hay esperanza de un mejor futuro. 

Todos tenemos visiones de país diferentes, pero debemos entender que nuestro propósito no es el de atacar al otro por pensar diferente, sino que nuestro propósito es mucho mayor, es el de unirnos y construir un mejor país para las futuras generaciones, como lo hicieron nuestros libertadores hace 200 años. Es nuestro deber dejar un país mejor al que nos encontramos

*Director Temático de Boyacá

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Con el próximo POT, Bogotá se debe poner las pilas con la plusvalía.

Por: Dixon Carrascal

El segundo semestre de este año será crucial para el futuro de Bogotá porque se discutirá para su concertación el proyecto de Plan de Ordenamiento Territorial – POT 2022 – 2035, y posterior debate por parte del cabildo Distrital. Este próximo POT será el modelo de ruta que tomará la ciudad en la próxima década y definirá temas de vital importancia para los ciudadanos como movilidad, reorganización de localidades, sostenibilidad ambiental, preservación del patrimonio, entre otros. Sin embargo, es pertinente ocuparse de un aspecto intrínseco de todo Plan de Ordenamiento Territorial: la contribución por plusvalía. 

Es inevitable pensar en Karl Marx cuando se menciona la palabra plusvalía, pues este economista formó la famosa tesis que expone la existencia de un valor no pagado del trabajo del obrero que crea un plusproducto “del cual se apodera el empresario”, por lo tanto, bajo este concepto de Marx, se estableció la plusvalía como contribución especial con fines urbanísticos, a esto se debe que el titular de un inmueble que se beneficie de actos administrativos que incrementen el valor del bien, sea por el cambio de uso o mayor edificabilidad, deberá contribuir al Distrito o Municipio hasta el 50% de este incremento.   

Recordemos que en la tipología de los tributos existen tasas, impuestos y contribuciones, pues entonces, la plusvalía ha sido desarrollada, tanto por la doctrina como por la jurisprudencia, como una contribución, toda vez que hay un beneficio directo y perceptible por parte del titular del inmueble que se beneficia por el hecho generador del tributo, este es el acto administrativo mediante el cual se potencializó el uso de suelo o edificabilidad.  

La plusvalía presenta dificultades en cuanto a su causación y exigibilidad, dado que la contribución se causa inmediatamente queda en firme el Plan de Ordenamiento Territorial, no obstante, únicamente será exigible en dos momentos: en la solicitud de licencia de construcción (propietario se beneficia de la potencialización por mayor edificabilidad) o en la enajenación del inmueble (propietario se beneficia por el mayor valor del suelo). Ahora bien, el problema reside en la falta de prontitud del procedimiento administrativo de determinación y liquidación, ya que este proceso culmina con la inscripción del gravamen en el folio de matrícula inmobiliaria; sin lo anterior el curador o notario no podrá exigir el pago. 

Si bien es cierto que la normatividad establece unos términos perentorios para que la Secretaria Distrital de Planeación y Catastro Distrital realice el procedimiento de determinación y liquidación, en la práctica estas entidades tardan más de lo previsto (hasta más de un año), beneficiándose así el constructor o vendedor. En la medida que las curadurías expiden la licencia de construcción en aproximadamente cuatro meses o el trámite de enajenación en notaría puede durar un par de días, así que la eficiencia del proceso de determinación y liquidación es crucial para un mayor recaudo por esta contribución que puede significar cientos de miles de millones de pesos al Distrito. 

Asimismo, es determinante que las entidades de control y el Concejo de Bogotá realicen la vigilancia correspondiente a fin de que no se presente lo ocurrido en el 2016, año en el que la Administración Distrital excluyó predios que se beneficiaron con el hecho generador del Decreto 562 de 2014 y que, siendo susceptibles del pago de la participación en plusvalía, posteriormente fueron recalculados y excluidos por la expedición de la Resolución 1154 de 2016 y la aplicación de normas posteriores a la radicación de las licencias de construcción en legal y debida forma, generando un detrimento patrimonial en cuantía de más de treinta mil millones de pesos (lo anterior se encuentra en el informe de auditoria 72 de 2018 de la Contraloría de Bogotá).  

Así, teniendo en cuenta que Bogotá actualizará su Ordenamiento Territorial y que este Plan será objeto de hechos generadores del tributo, por un lado es indispensable que tanto la administración Distrital como el Concejo de Bogotá aprovechen y maximicen esta herramienta de financiación tributaria con destinación especifica al desarrollo de la infraestructura y de servicios públicos de Bogotá; y por otro, que exista agilidad y control político para que se realice el proceso de determinación y liquidación de manera ágil sin que se presenten hechos como los ocurridos en el año 2016. 

Finalmente, y ahora que ha sido tan sonado el déficit fiscal que atraviesa la nación y ciertos municipios del país a raíz de la pandemia por Covid-19, la invitación es a que los alcaldes se atrevan a utilizar o maximizar otro mecanismo de financiación de obras públicas diferente a los impuestos: la plusvalía. 

 

*Miembro Dirección de Emprendimiento

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