Una nueva apuesta para la educación superior en la ciudad: Los nuevos retos del sistema universitario.

Una nueva apuesta para la educación superior en la ciudad: Los nuevos retos del sistema universitario.

Por: Liliana María Guaca

Las universidades durante la pandemia se enfrentaron al reto de transformar sus procesos académicos y administrativos para lograr mantener no solo la matrícula sino también, poder generar procesos pedagógicos acordes a la nueva realidad. 

De lo anterior, se desprende la discusión sobre la pertinencia de los contenidos de cara a los cambios tecnológicos actuales, en ese sentido, ¿los estudiantes están preparados para ellos? ¿estamos formando a nuestros estudiantes en habilidades y capacidades para enfrentar estos desafíos y los que se desprenden de un futuro laboral cada vez más automatizado?

Según una encuesta realizada por WorkUniversity dirigida a 1.257 estudiantes universitarios, 160 tecnólogos y 82 jóvenes en formación, la deserción para el segundo semestre  del 2020 fue entre el 24 % y el 50% a pesar de los alivios en matrícula y diferentes estrategias de retención que han venido desarrollando las diferentes universidades. 

Según la citada encuesta los principales factores de retiro del sistema universitario obedecen a dificultades económicas (62,5%), lo complejo que supone mantener las clases virtuales (20,80%), no contar con suficiente Internet ni medios, como un computador (12,50%) o no tener una práctica universitaria (4,20%). A estos elementos se suma que el 58% de la población desertora, fueron estudiantes de los primeros semestres.

Esta cifras ponen de presente, la fragilidad económica en la que se encuentran nuestros estudiantes universitarios. Desertar del sistema para aquel que se encuentra en situación de vulnerabilidad, puede tener un costo mayor que para el que cuenta con el capital, económico, social y cultural para retornar. Lo anterior, debido a factores asociados como ser cabeza de familia,  tener hermanos o adultos mayores a cargo o ser el principal miembro proovedor de la unidad familiar a la que pertenece. 

Adicionalmente, la alta deserción en los primeros semestres puede obedecer a otros adicionales, como errada orientación vocacional en la educación media que los lleva a transitar por espacios de formación alejados de sus verdaderos intereses y que terminan en un proyecto de vida que no es consistente con su espectativas, con lo que aprendieron y lo que requiere el mercado laboral. 

La deserción observada agrava más la situación si tenemos en cuenta el antecedente de la baja absorción de egresados en las universidades que según cifras del Ministerio de Educación para 2018, evidencia que solo el 48,5 % de los estudiantes de colegios oficiales y privados aparecen en los registros de absorción a la educación superior. Esto quiere decir que de 100 estudiantes que finalizaron grado 11, solo 48 ingresaron a la educación superior el año inmediatamente siguiente a la culminación de sus estudios de bachiller y de esos 48, la mitad desertaron en los primeros semestres.

Desde esa perspectiva, la educación superior tiene 2 grandes desafíos: en primer lugar, definir estrategias de orientación, acceso y  permanencia articuladas entre niveles, que permitan retener a los estudiantes de manera satisfactoria en cada una de sus etapas y asi lograr la culminación de sus estudios; en segundo lugar, presentar una oferta pertinente, que cumpla con los fines misionales de las universidades en términos de la formación integral pero que también se corresponda con las necesidades laborales del mercado y de la sociedad.

El distrito capital con apoyo de la UNESCO, el PNUD y la OIT hoy se están pensando estos desafios en conjunto con las universidades a través de una propuesta de modelo de acceso, permanencia y graduación de la educación post-media. Allí se  plantea un escenario formativo a traves de las construcción de rutas de aprendizaje diseñadas por los mismos estudiantes, de conformidad  con la oferta que actualmente han venido planteando las universidades que decidieron participar de la estrategia Reto A la U, que se desprende de este modelo y que actualmente es desarrollada por la Secretaría de Educación del Distrito.

Esta innovadora propuesta, busca que tanto las universidad públicas como privadas hagan parte de un gran ecosistema de formación que le permita al estudiante, contar con una oferta diversa y pertinente que no se limite a universidad especifica, sino que sea el resultado de las elecciones e intereses del estudiante; un sistema que acompaña la construcción de su proyecto de vida y que como resultado de dicha experiencia, pueda contar al final con los conocimientos, capacidades y habilidades necesarias para insertarse satisfactoriamente en el mercado laboral; desarrollando de conformidad con sus elecciones un proyecto de vida más promisorio.

Lo anterior, supone como sistema educativo en conjunto, un gran compromiso por el desarrollo educativo en la ciudad, a través de:

  1.  El desarrollo de estrategias que permitan mayores oportunidades de acceso, permanencia y de calidad en los aprendizajes entre niveles.
  2. La generación de un camino que le permita a los estudiantes navegar en este escenario a través de créditos, que en palabras mas técnicas representa la construcción y concertación de  rutas de homologación conjuntas entre las universidades que hacen parte del sistema.
  3. Si bien las universidades seguiran siendo generadoras claves del conocimiento cientifico, deben lograr ampliar su mirada sobre lo que hoy representa el mercado y las demandas que este tiene.
  4. La clara necesidad de actualizacion curricular y de innovacion educativa en el que tendran que entrar las universidades, ya que en este modelo no se está hablando solo de conocientos académicos sino tambien de habilidades para el trabajo. 
  5. Los procesos de  acreditación y de mejoramiento institucional serán claves para lograr avanzar en esta dirección y las consecuente alienación que se proyecta entre los diferentes ciclos de formación (universitaria, tecnológica y para el trabajo y desarrollo humano) que toma vida a través de este modelo y que vuelve a traer al estudiante como centro del proceso de formación.
  6. El rol esencial de regulación y el financiamiento que cumplirá la naciente Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología creada en noviembre del 2020 y su relación o vinculación con la Secretaría de Educación Distrital y con otras entidades distritales.

Para finalizar es importante tener en cuenta que para llevar a feliz término la materializacion de este modelo, el sector productivo tendra que tener un papel más protagónico no solo en lo que tiene que ver con acercar sus necesidades de formación a los curriculos, sino tambión en plantear articulaciones hacia el empleo más concretas adicionales a una mera práctica profesional.

Sobre este punto, la Ley del primer empleo y la Ley de pasantías son fundamentales Esta ultima liderada por el representante a la Cámara Jose Daniel Lopez y sancionada recientemente por el Presidente de la Republica,  busca romper el cuello de botella que muchos jovenes tenian al no contar con experiencia laboral certificada para presentarse a convocatoria laborales. 

Lo anterior, le da posibilidades mayores a los jóvenes universitarios que se les sea renocida esta experiencia y que junto con ésta estrategia de formación propuesta por la Secretaría de Educación, se logre un efecto directo y sistematico sobre el mejoramiento del empleo y la empleabilidad, así como de lucha contra la informalidad y la pobreza en la ciudad.

*Miembro Dirección de Educación

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Una nueva apuesta para la educación superior en la ciudad: Los nuevos retos del sistema universitario.

Energía verde, nuestro café del siglo XXI

Por: Juan José Angulo

 

La transición energética llegó para quedarse pero depende de nosotros mismos que produzca resultados óptimos para nuestro país. Este espacio de opinion procura acercar a los colombianos al contexto energético formulando preguntas que nos ayuden a comprender la electricidad en nuestras vidas de una forma tangible. Comencé con un interrogante ambicioso: ¿qué deberíamos saber todos sobre el servicio de electricidad? planteando la necesidad de estar informados sobre (i) la relación entre electricidad y mejor calidad vida; (ii) el funcionamiento del mercado de energía cuyos costos siempre son trasladados a los hogares colombianos; (iii) los cambios a nivel mundial en cuanto a las formas de producir y consumir energía; y (iv) el potencial con que cuenta Colombia para producir energía en contraste con nuestra realidad actual. En la primera columna expuse algunas ideas sobre los tres primeros aspectos, dejando el último para ser abordado en esta oportunidad.

 

Como colombianos nos corresponde saber que nuestro territorio cuenta con aproximadamente nueve recursos diferentes para producir energía eléctrica y que actualmente solo utilizamos dos e importamos uno. El sol, el viento, los residuos orgánicos y vegetales, el calor del subsuelo y las corrientes marinas, son recursos renovables no convencionales para producir electricidad sin emisiones contaminantes, a precios competitivos, y reduciendo nuestra exposición al Fenómeno del Niño. También nos permiten compensar la contaminación de otras actividades. Según los datos oficiales más recientes (XM, 2021), los recursos empleados hoy en Colombia para producir energía se ordenan de la siguiente manera: 80% agua, 11% carbón, 6% gas natural, 2% gasolina u otros combustibles líquidos, y 1% biomasa de bagazo de caña. De los tres más usados, la disponibilidad del agua es amenazada permanentemente por las cada vez más frecuentes épocas de sequía, el carbón es una fuente contaminante, y la incertidumbre de gas natural es tal que desde el año 2016 importamos gas natural licuado (LNG) llegando a representar alrededor del 71% del gas usado por las termoeléctricas que emplean este recurso (Portafolio, 2020). En síntesis, el 86% de la capacidad para producir energía en Colombia hoy depende de recursos cuya disponibilidad es incierta y requiere importación y un 11% emplea una fuente contaminante. La capacidad de generación renovable no convencional actual, ronda el 0,02%.

 

Fuente: XM 2021

 

Los colombianos también debemos saber que desde el año 2001 el Congreso de la República y los gobiernos de turno han expedido leyes y señales de política pública para incentivar el uso de fuentes no contaminantes, encontrando mayor acogida en solares y eólicos que al 31 de diciembre de 2020 suman aproximadamente 160 MW en operación; y que en el 2019 se realizaron dos subastas para ayudar a viabilizar alrededor de 1.600 MW verdes que deberían comenzar a funcionar el 1 de enero de 2022. En resumen, cuando los proyectos renovables en desarrollo se materialicen, Colombia habrá logrado incrementar su capacidad de energía verde aproximadamente al 13%. Un aumento significativo, a la expectativa de que los proyectos logren su construcción y operación comercial para lo cual se están haciendo todos los esfuerzos posibles. 

 

 

 

Ahora bien, percibir los mejores beneficios de la transición energética requiere analizar la dinámica de este nuevo mercado energético con detalle y tomar decisiones que trasciendan la premura de objetivos de corto plazo y sofismas de distracción. Por ejemplo, la inclusión efectiva y decidida de energía verde en la agenda pública tuvo una estrecha relación con la situación del proyecto Hidroituango. Las Resoluciones 40790 y 40791 del 31 de julio de 2018, mediante las cuales el Ministerio de Minas y Energía aprobó algunas obras que estaban pendiente hace años para transportar energía en la Guajira y definió los detalles de la subasta de renovables, fueron expedidas tres meses después de que se hiciera pública la contingencia del proyecto hidroeléctrico el 28 de abril de 2018, con el objetivo explícito de suplir el faltante de energía de la mega obra. Antes de ello, la aplicación de la Ley 697 de 2001 fue prácticamente nula y la de la Ley 1715 de 2014 tuvo un despegue ralentizado por voces que aun predican como perjudicial incrementar la oferta de energía verde del país. También es muy ilustrativo analizar la estructura de costos y las diferentes posibilides de ingresos que ofrece un proyecto de energía renovable. Las rentas directas que estos proyectos pueden ofrecer a las familias colombianas a título de empleo y adquisición de bienes y servicios, se concentran en la etapa de construcción y previa a esta. Sin embargo, aproximadamente el 70% del costo total está representado en equipos que no se producen en el país; son importados, y, por lo tanto, los recursos que se destinan a su adquisición no se percibirán en Colombia hasta que no participemos de manera directa en este segmento productivo. En la etapa operativa se producen ingresos por venta de energía, ahorros y compensaciones ambientales que son monetizables para inversionistas, y los impuestos, regalías y contribuciones que son ingresos del Estado. Uno de los mayores beneficios de la bonanza cafetera fue generar ingresos directos para millones de familias y uno de los mayores aprendizajes de las industrias extractivas es su impacto en los ingresos fiscales. La energía verde nos ofrece a los colombianos la posibilidad de percibir beneficios en todos los segmentos (como proveedores de bienes y servicios, como inversionistas, a través del Estado y como consumidores) pero de nosotros depende que podamos multiplicar nuestro tejido empresarial, balancear el estatal y sofisticar nuestro consumo. Otro aspecto que debemos analizar en la transición energética es la transferencia de conocimiento. La construcción de proyectos renovables se suele tercerizar mediante contratos conocidos como EPC (Engeneering, Procurement and Construction) cuya naturaleza jurídica no está llamada a transferir conocimiento. Los colombianos necesitamos incrementar nuestro “know-how” y “cacharrear” el estado del arte en materia de renovables para desarrollar ventajas competitivas a partir de los recursos de nuestro territorio, donde una nueva minería colombiana será esencial en el contexto de transición energética. En el país también contamos con los minerales del futuro (ACGGP, 2020).

 

 

 

Desarrollo y medioambiente dejaron de ser palabras separadas para convertirse en el eje de nuestras sociedades modernas; y aunque tensiones permanentes entre estos conceptos parezcan excluirlos mutuamente, nuestra sostenibilidad depende de que la fusión se mantenga. La electricidad es un buen adhesivo entre ambos. En el caso colombiano, al rededor de la energía eléctrica podríamos desarrollar capacidades colectivas que permitan a las familias de Colombia ofrecer productos y servicios a un mundo que demanda energía confiable, eficiente y, sobre todo, sostenible. Iniciemos el nuevo año con la idea de que la energía verde puede ser nuestro café del siglo XXI.

 

 

*Director de Transición Electrónica

 

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Industria del Cannabis: Un ejemplo de resiliencia y adaptabilidad en medio de la pandemia.

Por: Juan Camilo Vargas

Es apasionante observar cómo los diferentes países que han dado la apuesta por el cannabis trabajan incansablemente en medio de una pandemia global por avanzar hacia una industria regulada, controlada, con aporte económico, pero sobre todo con impacto significativo en la vida de las personas. 

Es ahí donde debemos centrar toda nuestra atención, en la posibilidad que ofrece el cannabis para mejorar considerablemente la calidad de vida de las personas, resaltando que en plena pandemia, los diferentes gobiernos reconocieron el efecto terapéutico de la planta y le otorgaron estatus de industria esencial – a la par de los alimentos -, gracias a su potencial efecto contra la ansiedad causada por el confinamiento.

Este año que culmina tuve el inmenso privilegio de ser invitado como conferencista a diferentes eventos nacionales e internacionales de la industria del cannabis, algunos de ellos fueron el Prohibition Partners Live, el Global Cannabis Intelligence Summit; fui también invitado al evento anual del Canadian Council for the Americas de Alberta y al Diálogo Canadá Colombia organizado por la Cámara de Comercio Colombo Canadiense, entre otros.

Debo decir que quedé gratamente sorprendido del nivel de calidad con el que fueron organizadas estas conferencias debido a las limitaciones generadas por la pandemia y en este sentido quisiera compartir con ustedes algunos hitos importantes en el ámbito global y local:

  • MORE (Marijuana Opportunity Reinvestment and Expungement Act): La Cámara de Representantes de los Estados Unidos pasó una ley que busca poner fin a la prohibición federal de la marihuana en el país del norte. Una prohibición que, de ser levantada, aliviaría gran parte de los problemas que la industria vive hoy día como lo es la apertura del canal cambiario.

Aunque podría decirse que es un acto simbólico hasta tanto no se dé un voto conjunto con el Senado, – controlado mayoritariamente por los Republicanos – no deja de ser un hito y un argumento más para que el Gobierno Norteamericano avance hacia el anhelado sueño de tener una legalización federal, más ahora que el líder demócrata Joe Biden llega al poder y ha mostrado junto con Kamala Harris un apoyo decidido a esta industria. 

De igual forma, las elecciones presidenciales de noviembre dejan una industria más parada con la aprobación de la marihuana recreativa o medicinal en 5 nuevos estados (AZ, MS, SD, MT, NJ). 

  • Naciones Unidas (ONU): En una votación reñida, La Comisión de Estupefacientes de Naciones Unidas atendió las recomendaciones de la OMS (Organización Mundial de la Salud) y eliminó el cannabis de la lista IV, reconociendo su “potencial” terapéutico en la salud humana. 

En otras palabras, esta recomendación allana un camino para la investigación y la evidencia científica del cannabis con fines medicinales, lo que sin duda es un respaldo significativo que permitirá tener un soporte legal para continuar con la investigación de la planta que les permita a los gobiernos tener más argumentos para su legalización.

  • Inversión en crecimiento y nuevos jugadores en LATAM: De acuerdo con Prohibition Partners, Latinoamérica y el Caribe pasó de recibir USD 400 millones en capital de riesgo en 2016, a más de USD 4.000 millones en el 2019. 

Seguramente en 2020 veremos un retroceso en los flujos de capital, pero con otras formas de inversión vía fusiones y adquisiciones en 2021; sin embargo, no deja de ser llamativo que nuevos actores como Perú, Ecuador, Argentina y Costa Rica quieran entrar a competir en un sector que fue considerado esencial en la mayoría de los países en medio de la pandemia. De igual forma, México y Brasil estarían cerca de pasar regulaciones claves que aumentarían significamente el tamaño de mercado regional tanto en oferta como en demanda. 

Con relación al cannabis y su reconocimiento como sector esencial en medio de la pandemia, queda el reto adicional de que las compañías exitosas tengan la capacidad de integrarse en cadenas globales de abastecimiento sin pretender controlar todo el proceso con una sola empresa, sino por el contrario enfocarse en sus propias capacidades y hacer uso de las alianzas estratégicas.

  • Efecto anticipado del COVID: Nuevas e innovadoras formas de acceder a productos a base de cannabis siempre fueron necesarias, sin embargo, el COVID anticipó este proceso aceleradamente. 

En este sentido, el acceso al cannabis y sus derivados de manera remota debe ser ágil, seguro y controlado y es aquí donde la tecnología entró a jugar un papel determinante para que los usuarios con el menor contacto posible, pudiera acceder al cannabis y así mismo para que las empresas estén en la misma capacidad de mantener su cadena de producción y abastecimiento con el menor contacto posible y sin demoras.

El uso de la tecnología de manera remota no solo aplica para la venta per se, aplica incluso desde el mismo el cultivo. Por ejemplo, en Colombia la empresa Sierra Genetics, junto con un aliado estratégico, están haciendo seguimiento genético mediante un panel de marcadores específicos desarrollados mediante códigos de barras individuales para permitir la trazabilidad y autenticidad de los cultivares de cannabis en tiempo real. Este tipo de variables son las que los inversionistas empezarán a ver con mayor atención en 2021.

  • Más y nuevos usos del cannabis: Durante este año particularmente se empezó a hablar con gran entusiasmo de otros cannabinoides como el CBG y CBN que, aunque gozan de menos popularidad, también tienen propiedades para el manejo de diferentes patologías. 

Si bien debemos culminar con éxito la consolidación del mercado del CBD y sobre todo del THC, es importante considerar nuevos beneficios de la planta que permitan diversificar el portafolio de negocios en tanto que muchas empresas se están enfocando en lo mismo.

Similar sucede con la promisoria industria de alimentos y bebidas y su potencial con el cannabis como materia prima o ingrediente. Nuevas experiencias y formas de consumo serán los determinantes en el cliente, en donde nuevamente la integración de cadenas de valor es indispensable. Canadá es un buen ejemplo de esto en donde gran parte de las cervecerías locales han incursionado en la industria del cannabis a través de diferentes licenciatarios.

En lo que respecta a Colombia, el reto principal sigue siendo el acceso a mercado atado a la imperiosa necesidad de monetizar inversiones realizadas hace más de 4 años. Involuntariamente el mercado local se ha ido volcando hacia el CBD por tener menor restricciones en su manejo y comercialización y es así como también han proliferado empresas de cosméticos en donde también existe la necesidad de educar al consumidor y hacerle entender cuál es el verdadero valor de sus “claims”, de lo contrario habrán perdido su apuesta por este nicho de mercado.

De otro lado, sigo creyendo que el verdadero lucro de esta industria estará en dos nichos de mercado: el primero, los medicamentos con concentraciones de THC superiores al 1 % ya que es ahí donde Colombia puede añadir valor y reclamar la tan anhelada industria farmacéutica que inspira la Ley 1787, y segundo, en el cannabis de uso adulto o recreativo, debate que aún no arranca con firmeza en el país y que tardará un tiempo para que se dé, hasta tanto no haya un consenso político alrededor del consumo.

Hoy con más de 1.000 licenciatarios, y solamente 22 compañías con cultivares registrados, sigo creyendo que a diferencia de las clásicas industrias emergentes, la industria del cannabis requiere la inversión de capital considerable desde el momento cero, lo cual pone a la delantera a las empresas que tienen orientación de mercado mediante sellos y certificaciones donde obligatoriamente deben verse como empresas farmacéuticas no meramente agrícolas.

Y aquí es importante mencionar la necesidad de las empresas por mostrar facturación que les genere caja para solventar las operaciones en cultivo. Sin entrar en asuntos políticos, si Colombia como país tomó la decisión de llevar la delantera en esta industria, debe continuar desarrollando con innovación una regulación acorde a los cambios constantes y drásticos que se ven en el ámbito mundial, de lo contrario nos habremos quedado únicamente con proyecciones económicas que nunca llegarán a tener impacto.

En línea con lo anterior, quiero dejar tres retos importantes para solucionar en esta industria en el corto plazo: Primero, la obligatoriedad de flexibilizar la reglamentación y adaptarla al ritmo de lo que sucede en el mundo y sobre todo en la región con nuestros competidores; dos, continuar los esfuerzos de educación mediante una estrategia conjunta de la industria, gobierno y academia; y tercero; la creación de una hoja de ruta para la apertura de mercados internacionales vía aprovechamiento de TLC´s.

Finalmente, quiero resaltar con entusiasmo la creación de la asociación Procanacol en cabeza de Juan Manuel Galán, al tener un enfoque holístico hacia la industria del cannabis y así acompañar su implementación y desarrollo desde las diferentes perspectivas como la política, social, cultural y sobre todo la científica.

Bienvenido 2021.

*Columnista Invitado – Socio en VT Investors.

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El reto del bilingüismo

Por: Julián Gutiérrez

El artículo 10 de la constitución de 1991 que reconoce la diversidad lingüística de Colombia también abrió la puerta para el desarrollo de modelos educativos bilingües basados en la lengua española y cualquiera de las mas de sesenta lenguas indígenas que se hablan en el territorio nacional. En este sentido los procesos de etnoeducación desarrollados hasta entonces representan una tradición importante de la educación bilingüe en el sector oficial en Colombia. Tomando eso en cuenta, resulta pertinente plantear la pregunta sobre el estado de cosas en lo que tiene que ver con la situación de la educación bilingüe en lengua extranjera en el sector oficial y los retos que enfrenta.

Es importante partir del punto de que ya no tiene sentido seguir haciendo la pregunta por la viabilidad de esta educación en tanto la evidencia apunta tanto a su viabilidad como a su utilidad para resolver brechas de acceso, aprendizaje y calidad educativa en la población. En primer lugar, es importante tener en cuenta que ya existe una masa crítica de experiencias exitosas a nivel nacional con instituciones en Barranquilla y Bogotá que han construido e implementado con éxito modelos educativos bilingües producto del trabajo de sus áreas de lengua inglesa y el acompañamiento por parte de instituciones de educación superior y organismos multilaterales, junto con los avances a nivel de escuelas normales superiores que han desarrollado planes de acción para la implementación de modelos educativos bilingües en horizontes de tiempo de 3, 5 y 8 años. 

El trabajo de estas instituciones educativas es a su vez un contraargumento claro y efectivo a la narrativa que sugiere que un modelo educativo bilingüe compromete el desarrollo de las competencias en primera lengua. La evidencia de investigaciones relacionadas con la transferencia de las competencias lectoras y escritoras muestra como los estudiantes aprenden las habilidades de lectura crítica y escritura en su primera lengua para posteriormente transferirlas a la lengua extranjera a medida que su competencia en esta avanza. En segundo lugar, la evidencia también apunta a que el aprendizaje de una lengua extranjera y el aprendizaje a través de esta les permite a los estudiantes desarrollar habilidades metacognitivas, es decir, pueden reflexionar sobre su aprendizaje de tal manera que este sea mas efectivo a medida que pasa el tiempo. Finalmente, la apertura de oportunidades asociada al dominio de una lengua extranjera y la mejora en el nivel de vida que estas pueden representar es una poderosa razón para avanzar sobre lo que se ha construido en los últimos diez años.

Esta exploración general del estado de cosas de la educación bilingüe en lengua extranjera dentro del sector oficial hace necesario pasar a los retos que esta tiene en el momento, identificados gracias al trabajo pionero de las instituciones que han realizado esta apuesta y que cabe anotar, están interrelacionados. En primer lugar y subrayando algo mencionado previamente, es necesario abordar a los procesos de educación bilingüe como procesos de largo plazo a realizar en horizontes de tiempo que pueden ir hasta los diez años. Hablar de un modelo educativo bilingüe va mas allá de definir materias y currículos. Es un proceso que pasa por la selección de contenidos para la construcción de syllabus, la selección de recursos a utilizar y la articulación de ambos con los referentes existentes a nivel nacional (Como por ejemplo el currículo sugerido que ha construido el MEN). Sobre todo, pasa por la construcción de un ambiente bilingüe dentro de cada institución que les muestre a todos los miembros de la comunidad las posibilidades asociadas al uso de una lengua extranjera y que la saquen del aula. Esto mismo apunta al segundo reto: la concepción del bilingüismo como una apuesta institucional en la cual todos los miembros de la comunidad educativa tienen un aporte que hacer, una responsabilidad al respecto y se ven beneficiados por todo el proceso, lo que a su vez implica otro reto: la construcción de un liderazgo por parte de directivos y docentes el cual logre llevar a cabo este movimiento institucional a través del convencimiento del resto de actores en la comunidad educativa (docentes de otras áreas, estudiantes, padres de familia, equipo administrativo) e incluso, actores a nivel territorial y regional (p. ej, secretarías de educación) las cuales pueden apoyar el desarrollo de los modelos educativos bilingües a partir de, por ejemplo, la atención de necesidades específicas y la articulación con otras iniciativas de naturaleza similar. 

De esta manera, la construcción e implementación de un modelo educativo bilingüe para el sector oficial termina convirtiéndose en el laboratorio para políticas educativas de largo aliento que puedan trascender consideraciones administrativas y le den un nuevo enfoque a la formulación de estas por parte de actores gubernamentales. 

*Miembro Dirección de Educación

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Los sistemas impositivos y su incapacidad para garantizar la anhelada progresividad fiscal

Por: Ernesto Forero

Desde hace unos años se han empezado a escuchar voces en distintos idiomas que demandan la revisión y el ajuste del “contrato social” actual, tema sobre lo cual tuvimos oportunidad de referirnos en este mismo espacio el 14 de enero de 2020, antes de que el Covid-19 se convirtiera en pandemia. Durante el Covid-19, estas demandas revisionistas se han exacerbado, pues los efectos de la pandemia desvelaron la fragilidad de los sistemas de salud, la falta de conectividad de las personas, y en general, evidenciaron desigualdades entre la población.   

Quienes demandan la revisión del modelo político, económico y social actual (todo lo cual resumen con el término “contrato social”) coinciden, de manera consciente o inconsciente, en los siguientes tres puntos que resumimos a continuación: una mayor intervención de los Estados en las economías, mayores exigencias a los particulares (especialmente las empresas) para redistribuir los beneficios obtenidos por virtud del modelo actual y un respeto por los límites del planeta. Estos tres elementos parecen ser, hasta el momento, los pilares que determinarán los contornos del nuevo “contrato social”. 

Pese a lo interesante del tema, en esta oportunidad no nos referiremos a los reparos y exigencias de la población al contrato social actual, sino a cómo esas exigencias, todas las cuales conllevan un incremento de las erogaciones estatales (para funcionamiento, inversión y/o gasto social), podrán hacerse realidad. Es decir, no nos enfocaremos en lo que los contadores denominan “los usos” (educación gratuita, salud gratuita, ingreso básico universal, etc.) sino en sus “fuentes”. 

La fuente que se menciona de manera más recurrente, aunque con poca profundidad son los impuestos “a los más ricos”. Sin embargo, pretender obtener los recursos suficientes para atender las exigencias de la población a través de impuestos, con base en los sistemas impositivos actuales, es una fantasía. Ojo. No queremos dejar la sensación de que la idea de apalancar mayores inversiones o gasto social con impuestos progresivos sea mala, lo que queremos señalar es que no es una idea realista con los sistemas impositivos actuales. 

Los sistemas impositivos actuales tienen, en nuestro concepto, dos tipos de problemas que no permiten que sea razonable esperar la concreción de la anhelada progresividad fiscal. En primer lugar, se encuentran los problemas “de forma”, que se relacionan con la eficiencia de los sistemas impositivos, y que hacen referencia a las plataformas tecnológicas que utilizan los Estados para el funcionamiento de sus respectivos sistemas impositivos. Es impostergable que los sistemas impositivos funcionen sobre plataformas tecnológicas dinámicas, fáciles y modernas. En relación con este tipo de problema, Colombia parecer estar dando los pasos correctos pues la ley aprobatoria del Plan Nacional de Desarrollo (Ley 1955 de 2019) creó el denominado “Fondo DIAN para Colombia”, el cual será un patrimonio autónomo que se encargará de administrar los recursos para la modernización tecnológica de dicha entidad. 

En segundo lugar, están los problemas “de fondo”, que se relacionan con la eficacia de los sistemas impositivos, y que hacen referencia a que tales sistemas tengan como sujetos pasivos a quienes tienen mayores capacidades y como objeto de tributación a las operaciones generadoras de ingreso y riqueza. Los problemas que podrían incluirse bajo esta descripción son muchísimos; sin embargo, en esta oportunidad nos referiremos a aquellos problemas “nuevos” que han surgidos por la incapacidad de los sistemas impositivos de entender e interiorizar el impacto de la revolución tecnológica en la realidad actual, lo cual ha traído como consecuencia el otorgamiento de exenciones de facto. Ahí estamos grave. Mencionaremos a continuación solo un par de ejemplos que nos servirán para ilustrar el punto.

En la actualidad la información es el commodity más valioso. La tecnología ha permitido a las empresas generar ingresos a partir de la recolección, administración y procesamiento de nuestra información, haciéndonos más propensos a consumir, consumir, consumir. Sin embargo, ninguna de estas actividades ha sido incorporada como hecho gravable en los sistemas impositivos actuales. 

Con el ánimo de ilustrar aún más este punto, vale la pena preguntarse qué resulta más valioso (en el sentido de su capacidad de generar riqueza), digamos, para Google, ¿una base de datos con la información de nuestros gustos o una isla en el Caribe? La respuesta, claramente, es la información. Sin embargo, los sistemas impositivos actuales no han asimilado el surgimiento y el valor de la información, por lo cual solo hacen objeto de tributación a la propiedad en el Caribe. 

Un ejemplo más son los negocios basados en nuevas tecnologías. Muchos Estados han preferido cerrar sus ojos y sus sistemas legales ante las nuevas formas de hacer negocios con base en nuevas tecnologías. Colombia es un buen ejemplo; suspendió los servicios de Uber, sancionó a Rappi, prohibió las criptomonedas (las cuales están en máximos históricos), etc. Este negacionismo no impide, de ninguna manera, que las nuevas formas de hacer negocios se sigan desarrollando, lo que sí logra es que las nuevas formas de hacer los negocios pasen a ser ilegales y no puedan ser objeto de tributación. 

Como era de esperarse (y no es una crítica), el Gobierno ha empezado a anunciar una nueva reforma tributaria. Ojalá se aproveche esta oportunidad, post Covid-19, para realizar una verdadera reforma estructural que presente soluciones definitivas a los problemas de forma y de fondo de nuestro sistema impositivo actual, en lugar de estar improvisando propuestas que no logran más que exprimir la misma base y a los mismos sujetos de tributación de siempre, manteniendo nuestro sistema ajeno a las nuevas realidades.

El Covid-19 ha dejado en evidencia la necesidad de tener Estados más presentes, más eficientes y mejor administrados, por lo cual, el replanteamiento y modernización de los sistemas impositivos con base en los cuales se puedan obtener los recursos necesarios para atender las exigencias actuales de la población, es una necesidad urgente e impostergable.   

 

*Director Temático del Departamento del Magdalena

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Una única fuente de verdad con múltiples interpretaciones

Por: German Arias

Existen 2 conceptos que debemos entender cuando queremos implantar un proyecto de Business Intelligence, “única Fuente de Verdad” y “múltiples versiones de la verdad” (SSOT y MVOT por sus siglas en ingles), lo que significa de una manera básica que en una organización cada dato debe tener una única fuente, sin embargo, cada área podrá interpretar este mismo dato de distinta forma dependiendo de sus objetivos e intereses, pero en un ambiente coordinado a través de un gobierno de datos transversal.

Dentro de una organización siempre han existido conflictos internos relacionados con el uso que cada área hace de la información, especialmente porque al momento de analizar los resultados, es común encontrar conclusiones contradictorias, por ejemplo entre el área de mercado y el área de finanzas cuando muestran el indicador de ingresos por usuario, donde seguramente para finanzas estará por debajo del valor que le asigne mercadeo.

Esta situación tiene 2 causas, o no existe una única fuente verdad de los datos de usuario e ingresos, o la interpretación que hace cada área de esta “verdad” es distinta. Es posible que a mercadeo solo le interese la facturación por usuario, mientras que a finanzas solo le interesan los ingresos realmente recibidos, lo que al final produce dos informes distintos a pesar de usar las mismas fuentes de información.

Ahora bien, si pudiéramos entender nuestra sociedad como una organización democrática, donde participan empresas, entidades de gobierno, partidos políticos, agremiaciones y ciudadanos (por nombrar solo algunos de los individuos que de manera colectiva o particular forman parte de ésta) encontraríamos que al igual que en cualquier organización, existen conflictos en la manera en que cada participante interpreta la información, o mejor, los datos que convierte en información, lo cual podría ser normal y hasta lógico.

Esta situación no sería grave si pudiéramos contar con única fuente de verdad de cada dato, y entender que cada uno puede usar ese dato de distintas maneras, pero como esto no es factible, muchos de los protagonistas de nuestras política nacional manipulan los datos para “demostrar” su propia verdad, respondiendo solo a sus intereses y no a los intereses de toda la organización, en este caso, de toda la sociedad, aprovechándose de que no todos sus miembros, en especial los ciudadanos, tienen la capacidad de identificar esa “única fuente de verdad”.

Esos políticos, en especial de corte mesiánico y autoritario, quieren hacer valer su verdad a toda costa, pues consideran que su interpretación de la realidad es siempre correcta e irrefutable, por lo tanto siempre encontrarán la manera de interpretar los datos a su favor,  protegiendo sus propios intereses y no los de la sociedad en su conjunto.

Creo que es aquí donde radica uno de los más grandes desafíos de nuestra sociedad, de nuestros lideres, y de nosotros como ciudadanos, y es como lograr que esa interpretación de la realidad no solo tenga una única fuente de verdad, sino que responda a los intereses de la organización democrática. 

Y esto no significa que exista una única interpretación de la realidad, de hecho la democracia se sustenta en la diferencia, en la existencia de distintos enfoques económicos y de política social, que dan como resultado diferentes tendencias ideológicas. El problema radica en pretender que solo exista una única opción, que es precisamente lo que nos quieren hacer creer quienes defienden los extremos como la salida a los problemas que nos aquejan, una única verdad, o mejor, una única interpretación de la verdad.

Con respecto a este punto, valga decir que el acceso a la información ha fortalecido hasta cierto punto los procesos democráticos en la medida que todos los ciudadanos, independientemente de nuestra situación socioeconómica o tendencia política, tenemos acceso a ella en tiempo real. El problema es que es tal el volumen de información, o mejor, de datos, que terminamos ahogados en un mar de poca profundidad, cuestión que como mencioné anteriormente, es aprovechada para “ganar votos”.

Colombia como organización democrática tiene fracturas profundas, resultado de años de división y polarización que seguramente cada uno interpretará desde su extremo y hará responsable al otro de todos sus males, y es precisamente en este punto donde encontrar esa única fuente de verdad es tan relevante, dado que es la única forma de dar las discusiones necesarias, donde sin sacrificar nuestra ideología, podemos construir desde los argumentos, con información confiable, con la verdad.

Construir una verdadera democracia en el mundo de las redes sociales es una tarea compleja que debe empezar con el compromiso de no manipular la información por parte de todos aquellos que pretendan gobernarnos. Es claro que el anonimato que puebla las redes facilita la violencia verbal, y pretender revertirlo es poco realista, pero lo que si es realista es que los políticos que si tienen cara no caigan en el peligroso facilismo de sustentar sus campañas en ese anonimato, en ese poder dañino de las redes sociales mal usadas.

La verdad es una sola, y puede tener múltiples interpretaciones, por lo tanto es nuestro deber como sociedad buscar su mejor versión para construir una mejor organización democrática y una sociedad más justa.

 

*Miembro Dirección de Tecnologías de la Información

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