La piedra en el zapato: el personalismo en Colombia

La piedra en el zapato: el personalismo en Colombia

Por: David Méndez

La historia política de Colombia ha tenido un común denominador que ha impedido el desarrollo de estructuras partidistas sólidas y con vocación de efectiva representación. Este elemento es el personalismo que ha acompañado la competencia política en el país, definiendo el tipo de relación que los políticos tienen con sus electores. Y ante el lanzamiento de las campañas presidenciales a través de firmas y sus controversiales eventos de inauguración, nos queda preguntarnos, ¿por qué el personalismo se apodera y deja las ideas en segundo plano del debate democrático en Colombia?

En efecto, parte de las discusiones en materia política se ha sintetizado en grandes nombres, y figuras que movilizan masas cuyo discurso parece contener la solución a los problemas sociales, económicos y políticos. El carácter mesiánico ha venido acompañando el ejercicio político en Colombia —para pesar de muchos— por encima de las ideas y contenidos programáticos que deberían ser el leitmotiv de toda discusión política y social.

Esa misma línea de personalismo promete definir la carrera electoral en 2022, toda vez que el arranque de las campañas políticas para la Presidencia ha estado definido por dos factores: por un lado, los partidos políticos se han hecho a un lado ante su imagen desprestigiada, dando paso a que los actores políticos, a nombre propio, busquen posicionarse; por el otro, las campañas que se han lanzado hasta el momento evidencian que, en su discurso, los políticos parecen tener soluciones inmediatas a problemas estructurales y complejos.

Parafraseando a los profesores Steven Levitsky y Daniel Ziblat (2018), las democracias siempre corren riesgos en tiempos de crisis económicas. El contexto colombiano no escapa de ello, pues los actores que traen consigo en su discurso soluciones mágicas no suelen contener en sus prácticas un respeto irrestricto por la democracia.

Por ello, el tono con el que se han dado los lanzamientos de las campañas presidenciales en Colombia, de manera prematura, nos recuerda a la campaña de Newt Gringrich en Estados Unidos, en 1978, que, de manera ferviente y ante un grupo de estudiantes universitarios afirmó:

‘Estáis luchando una guerra, una guerra por el poder. Este partido no necesita otra generación de aspirantes a líderes cautelosos, prudentes, cuidadosos, anodinos e irrelevantes. Lo que de verdad necesitamos son personas dispuestas a librar un combate acalorado. ¿Cuál es el objetivo principal de un líder político? Construir una mayoría’ (Gringrich, 1978). 

Sin embargo, el problema del personalismo en nuestro país no obedece únicamente a la manera en que los actores políticos desarrollan sus proyectos y campañas, sino que también responden a incentivos dentro de lo que el marco normativo les permite, así como la legitimidad que desde la ciudadanía se les da a estas prácticas.

En este texto busco elaborar algunas respuestas acerca del continúo personalismo que impide el avance y fortalecimiento de la representación política en Colombia, la cual debería estar basada en ideas y contenidos programáticos y no en líderes que movilizan masas sin un contenido claro ni capacidad real de ejecutar lo que pregonan en sus discursos acalorados y provocadores.

Para tal fin, desarrollo dos elementos integradores y creadores del dicho personalismo. El primero, el diseño institucional y el tipo de sistema mediante los cuales los actores políticos se desenvuelven; el segundo, la denominada paradoja de la tolerancia mutua según la cual deberían existir comportamientos y prácticas que legitimen el actuar de los actores contrincantes, evitando considerarlos como enemigos que no deben existir.

Diseño institucional: el presidencialismo como el origen de prácticas personalistas

Para el profesor Juan Linz (1993), en su texto sobre los peligros del presidencialismo, este tipo de sistemas suelen tener el común denominador de un tinte personalista, producto de la composición y el diseño institucional de los mismos. En ese sentido, ante la presencia de un actor con amplias capacidades en el ejercicio del poder, los sistemas presidencialistas suelen generar y/o crear tipos de liderazgos centrados en la figura de un líder particular.

El presidencialismo lo podemos entender entonces en el aspecto de la lógica de un ganador único a través de las elecciones presidenciales y el de la centralización de las decisiones políticas en la cabeza de un jefe de Estado.

Como el presidencialismo se caracteriza por la existencia de un jefe de Estado que detenta el poder, la dirección de un país inevitablemente estará regida por la personalización de su hacer ante las capacidades y herramientas que el presidente puede tener en un país como Colombia. El diseño institucional genera incentivos para que los actores políticos busquen que su imagen crezca lo suficiente como para poder representar una porción de la ciudadanía a nombre propio. Esto se refleja en el arranque de las campañas políticas a la Presidencia: rostros, iniciales y figuras por encima de cualquier idea que pueda comunicarse.

Este diseño institucional lleva, en palabras de Walter Bagehot (1872), a crear un aura de autoimagen y expectativas populares en época de campaña muy alejadas de las posibilidades reales de ejecución. Pero, principalmente, impulsa un sentido de poder-misión en los políticos a quienes brinda los incentivos suficientes para adquirir un carácter mesiánico ante los problemas que prometen y pretenden resolver en caso de ser elegidos.

De esta manera, podemos afirmar que los actores políticos se mueven y manejan a través de un ecosistema normativo e institucional que les brinda los límites mediante los cuales se dirigen ante la ciudadanía, generan vínculos de representación y conforman sus estrategias políticas. Sin embargo, un sistema que privilegia la personalización del poder solo permitirá que los líderes políticos adopten un carácter de salvador y de omnipotencia en sus promesas de campaña y en la ejecución de sus gobiernos.

Tolerancia mutua, gran ausente en Colombia

En su libro ¿Cómo mueren las democracias?, los profesores Levitsky y Ziblat (2018) introducen el concepto de tolerancia mutua como una forma de salvaguardar y proteger los regímenes democráticos. Dicha estrategia tiene que ver con un aspecto más cultural que institucional. Este aspecto se recoge básicamente en la posibilidad y garantía de que existan contendores de todas las orillas políticas e ideológicas, sin que ello implique amenazas a su integridad y/o buen nombre. En esencia, las ideas y argumentos deben ir por delante de los adjetivos.

Y es que al revisar y hacer seguimiento a las más de 52 precandidaturas que hasta la fecha han manifestado su intención de participar en los comicios, así como del comportamiento político cotidiano en el país, podemos evidenciar niveles asombrosamente bajos de legitimidad y respeto a las ideas de los actores contrarios. Esto no solo se refleja en los políticos, sino en ciudadanos y miembros de distintas colectividades.

Sin duda, los acuerdos mínimos sobre cómo debería desarrollarse el ejercicio político no han sido una costumbre en nuestro país, lo cual históricamente ha permitido que el todo vale se posicione como el elemento cohesionador de las prácticas electorales. Desde el uso de adjetivos descalificadores y la judicialización de la política hasta el actuar violento son constantes en el panorama comicial colombiano. Esto refleja, entonces, que no depende únicamente del diseño institucional la posibilidad de evitar que los actores políticos se comporten como salvadores gracias a los cuales las respuestas a las problemáticas sociales y políticas están resueltas.

Los elementos de cultura política juegan un papel tan o más importante que el diseño institucional, y deberán ser revisados en el desarrollo de la campaña electoral en curso, así como en el futuro, en procura de mejorar los mecanismos de representación del poder y con el fin de evitar el mesianismo y el posicionamiento de iniciales y rostros por encima de ideas y elementos conciliadores. Esto engrandecería el ejercicio político basado en el diálogo y las ideas, catalizadoras de una visión estable a largo plazo de país.

Las prácticas en exceso personalistas responden, pues, a las demandas de una población que las legitima y busca porque termina dándole un lugar y un sentido de existencia frente a los problemas con los que convive a diario y los cuales no tienen soluciones inmediatas, pero que, ante un discurso atractivo que parece contener los outputs que reclama, no tiene otra opción además que la del culto a la personalidad. En otras palabras, se fomenta la creencia de que el rumbo de un país descansa en una persona.

Ante el origen del carácter personalista de las campañas presidenciales y el ejercicio de la política que he pretendido explicar en estas líneas, solo nos queda reflexionar acerca del lugar que hemos brindado a los grandes personajes y sus ideas, aparentemente, siempre renovadoras. 

Y será aún más relevante, como ciudadanía, pensarse el rumbo del país que se espera y el norte que se pretende diseñar, con el fin de evitar que, a través del personalismo arraigado en Colombia, no se patee el tablero cada cuatro años, esperando construir en un periodo de tiempo la nación que se desea.

Referencias y bibliografía 

Bagehot, W. (1872). The English Constitution: By Walter Bahegot. Dubleday. 

Linz, J. J. (1993). Los peligros del presidencialismo.

Levitsky, S., & Ziblatt, D. (2018). Cómo mueren las democracias (Vol. 1). Barcelona: Ariel.

Gringrich, N. (1978, 24, 06). College Republicans at the Atlanta Airport Holiday Inn. Link: https://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/newt/newt78speech.html  


*Miembro Dirección de C

La piedra en el zapato: el personalismo en Colombia

No paguemos con democracia la reducción del Congreso: 4 argumentos para oponerse a esta propuesta.

Por: David Méndez 

El pasado 06 de mayo, la bancada del Centro Democrático presentó al Congreso de la República el Proyecto de Acto Legislativo Nº 39 de 2021, el cual tiene como objetivo principal, reducir la cantidad de parlamentarios en la Cámara de Representantes y del Senado de la República. 

La iniciativa presentada por el partido de Gobierno busca modificar los artículos 171 y 176 de la Constitución Política, estableciendo así que el Senado será integrado por 47 Senadores (una reducción de más del 50%), mientras que la Cámara de Representantes sería integrada bajo una fórmula que asigna 02 Representantes por cada millón de habitantes. Esto significaría una reducción de aproximadamente 60 Representantes, reduciendo así la composición de la cámara baja en un 38%. 

De manera ingenua y apresurada, esta iniciativa legislativa puede resultar bien intencionada frente al momento de crisis social y política que vive actualmente el país, derivada en gran medida de una crisis de representación de los partidos políticos y del poder legislativo. 

Igualmente, este Proyecto de Acto Legislativo se enmarca en una visión de austeridad pregonada por la bancada del Centro Democrático desde hace varios años, en donde se han incluido entre otros aspectos, congelar el salario de los Congresistas, gravar el salario de los parlamentarios y reducir costos de operación del poder legislativo con el fin de aumentar los niveles de ahorro y eficiencia en la institución legislativa del país. El Proyecto calcula una cifra cercana a los 300 mm de pesos de darse una reducción de los escaños. 

Ahora bien, aunque la propuesta parezca loable, mas aún en el marco de una conflictividad social no registrada en los últimos 20 años en el país, la misma carece de sustento democrático y atenta directamente contra la participación política de grupos minoritarios, así como afecta de manera frontal la separación de poderes, desvirtuando el sistema de pesos y contrapesos que caracteriza a los sistemas democráticos representativos en la región latinoamericana. 

Teniendo estos argumentos presentados en el Proyecto de Acto Legislativo, a continuación, presentaré 04 aspectos por los cuales considero que esta propuesta impulsada por el Centro Democrático reduciría la calidad de la democracia en el país, teniendo serias repercusiones en la representación (principalmente regional), lo cual podría desbordar una crisis significativamente más grande a la actual. 

 

  • Riesgo de afectar la representación proporcional en el poder legislativo. 

Una de las principales características del actual sistema representativo con el que cuenta Colombia, tiene que ver con el equilibrio y proporcionalidad en materia de ocupación de las curules en el poder legislativo. Así, aunque existen bancadas mayoritarias (Liberal, Centro Democrático, Conservador, Cambio Radical, La U), también existen bancadas con menor número de curules pero que tramitan y gestionan las demandas de los distintos grupos sociales y políticos, los cuales, no se recogen en los grandes partidos que integran la mayor cantidad de los cuerpos legislativos. 

Esta proporcionalidad significa 03 cosas fundamentales en toda democracia de tipo representativa: 1. Control político efectivo al poder Ejecutivo; 2. Sensibilización y trámite de demandas enunciadas por grupos minoritarios históricamente excluidos de los espacios de concertación y decisión. Entre estos grupos se encuentran minorías indígenas, religiosas, sexuales, etc; 3. Efectiva separación de poderes, en donde el sistema de pesos y contrapesos permite descentralizar el poder político, así como evitar una sumisión del Congreso ante el Ejecutivo. 

Así, lo peligroso de reducir el número de curules, tiene que ver directamente con el aumento del costo político y proselitista por parte de los grupos minoritarios para acceder en un futuro, de darse la reforma, a obtener una representación efectiva en el Legislativo. Como lo planteó el politólogo italiano, Giovanni Sartori, es fundamental en un sistema democrático, contar con una competitividad interpartidista, la cual es relevante para la estabilidad institucional y de darse una reducción de las curules en el Congreso, el número de partidos que podrían acceder a la representación sería cada vez menor, impidiendo el disenso y las voces contrarias y minoritarias en el escenario de construcción de leyes. 

 

  • Debilitamiento del control político al poder Ejecutivo. 

En los tipos de sistemas presidencialistas, como el caso colombiano, la separación de poderes públicos se da principalmente para evitar un desequilibrio y la centralización del poder en cabeza del poder ejecutivo (liderado por el presidente de la República). Y aunque politólogos como Juan Linz han criticado fuertemente este tipo de sistema por considerar que ocasiona posibles bloqueos entre el poder legislativo y el ejecutivo cuando los intereses pregonados son diametralmente opuestos, hasta el momento, el poder Legislativo se ha convertido en un guardarril de la democracia en Colombia. 

Esta salvaguarda de la democracia ha sido posible gracias a la principal función del poder legislativo: realizar un juicioso y efectivo control político a las acciones del poder ejecutivo a nivel nacional, en lo que refiere a la ejecución de recursos, programas sociales, entre otros tantos temas que le competen al Gobierno Nacional. Como afirma en su libro ‘Cómo mueren las democracias, Steven Levitsky, la democracia necesita de una fortaleza institucional, representada en los distintos poderes que la integran para perpetuarse en el tiempo. 

Ante la eliminación de casi el 50% de los escaños en el Congreso de la República, las voces de disenso al interior de la corporación, disminuirían significativamente, desbalanceando la capacidad del ejecutivo sobre el legislativo e impidiendo una vigilancia estricta hacia el primero. 

Esta reducción de capacidades se daría principalmente porque al disminuir las bancas en la cámara alta y baja, el umbral para acceder a una curul aumenta superlativamente e impide a grupos que hoy cuentan con una o dos curules, representar a las poblaciones minoritarias que les apoyan y pretenden canalizar sus demandas y necesidades. Ante la ausencia de representación minoritaria, quedarían desamparados en materia de representación grupos religiosos, indígenas, afro, sexuales. Un claro retroceso en materia democrática que podría desembocar en mecanismos de protesta y confrontación social, toda vez que los límites electorales, impedirían una participación de tipo proporcional. De más esta decir que los grandes problemas sociales del siglo XX en el país tuvieron como origen la exclusión de grupos minoritarios en la toma de decisiones. 

 

  • ¿Tenemos realmente un Congreso de excesivo tamaño?  

Algunas de las razones expuestas por parte de quienes impulsan la reforma para reducir el número de escaños en el Congreso, tiene que ver con una aparente ineficiencia y exceso de tamaño en el poder legislativo actualmente. Y aunque el argumento puede tener validez si se revisan el tipo de leyes que expide el Congreso colombiano, no es un argumento suficiente para pretender disminuir el tamaño del órgano que representa a la mayoría de los sectores políticos en el país.

No  es cierto que el Congreso colombiano sea particularmente grande, por el contrario, si se le compara con los países de la región, se puede evidenciar que el legislativo colombiano responde al número de habitantes que integran la nación, así como al tipo de grupos sociales y políticos. 

Así, al revisar casos como el uruguayo (129 parlamentaros para 3,5 millones de habitantes); Chile (193 parlamentarios para 19 millones de habitantes); Argentina (329 parlamentarios para 45 millones de habitantes), podemos constatar que la cantidad de asientos en el poder legislativo en los sistemas democráticos de tipo proporcional y/o mixto, corresponden de manera directa con el número de habitantes que integran una nación, así como su diversidad. 

El caso colombiano resulta particular por la heterogeneidad de visiones y posturas en los distintos territorios que integran al país, por lo cual es perentorio, garantizar una efectiva representación de cuerpos políticos minoritarios, los cuales puedan poner de manifiesto sus inconformidades ante el poder ejecutivo. 

 

  • Trámite legislativo: los tiempos no dan. 

Hay un aspecto fundamental en el trámite de toda reforma de tipo legislativa, el cual termina siendo olvidado frente a la ignorancia y desconocimiento del funcionamiento del poder legislativo. Este aspecto tiene que ver con los tiempos y la cantidad de debates para que un proyecto pueda convertirse en ley de la República. 

Así, para que la reforma presentada el pasado 06 de mayo logre reformar la Constitución Política, requiere de 08 debates en Senado y Cámara de Representantes. Estos 08 debates se deben realizar en un año legislativo. Sin embargo, para que el Acto Legislativo pueda continuar su discusión, deberá surtir sus 04 primeros debates antes del final de la presente legislatura, es decir, el 20 de junio. En esta fecha cierran las sesiones ordinarias del Congreso. 

Si se revisan con cuidado los tiempos de trámite legislativo, el Proyecto deberá tener un debate cada semana, lo cual, virtualmente es imposible. En primer lugar, para que una iniciativa legislativa pueda debatirse, debe contar con ponentes designados y posteriormente, elaborarse un informe de ponencia, el cual será llevado a la Comisión (en este caso la primera por tratarse de asuntos constitucionales) para iniciar su discusión. Actualmente, el Proyecto no cuenta con ponentes, por lo que, en la semana del 10 al 14 de mayo, no tendrá siquiera un primer debate. 

Esto significa que el Proyecto de Acto Legislativo fue radicado con plena conciencia de su inviabilidad en términos de tiempos para ser aprobado por el Congreso de la República, generando un golpe de opinión que al igual que los proyectos previamente presentados por el Centro Democrático en los años 2016 y 2017, no se convertirán en una reforma constitucional que modifique el poder legislativo en el país. 

Decía Isaiah Berlin que las preguntas que suponen sistemas formales, como la lógica y la matemática, aunque también juegos como el ajedrez, se responden revisando las definiciones y reglas del sistema formal en cuestión. Y ante una rápida revisión del sistema de reglas del poder legislativo, podemos concluir que es una reforma que nació, simplemente, muerta. ¿Cuál es su objetivo entonces? 

 

*Miembro Dirección de Constitución y Democracia