Con el próximo POT, Bogotá se debe poner las pilas con la plusvalía.

Con el próximo POT, Bogotá se debe poner las pilas con la plusvalía.

Por: Dixon Carrascal

El segundo semestre de este año será crucial para el futuro de Bogotá porque se discutirá para su concertación el proyecto de Plan de Ordenamiento Territorial – POT 2022 – 2035, y posterior debate por parte del cabildo Distrital. Este próximo POT será el modelo de ruta que tomará la ciudad en la próxima década y definirá temas de vital importancia para los ciudadanos como movilidad, reorganización de localidades, sostenibilidad ambiental, preservación del patrimonio, entre otros. Sin embargo, es pertinente ocuparse de un aspecto intrínseco de todo Plan de Ordenamiento Territorial: la contribución por plusvalía. 

Es inevitable pensar en Karl Marx cuando se menciona la palabra plusvalía, pues este economista formó la famosa tesis que expone la existencia de un valor no pagado del trabajo del obrero que crea un plusproducto “del cual se apodera el empresario”, por lo tanto, bajo este concepto de Marx, se estableció la plusvalía como contribución especial con fines urbanísticos, a esto se debe que el titular de un inmueble que se beneficie de actos administrativos que incrementen el valor del bien, sea por el cambio de uso o mayor edificabilidad, deberá contribuir al Distrito o Municipio hasta el 50% de este incremento.   

Recordemos que en la tipología de los tributos existen tasas, impuestos y contribuciones, pues entonces, la plusvalía ha sido desarrollada, tanto por la doctrina como por la jurisprudencia, como una contribución, toda vez que hay un beneficio directo y perceptible por parte del titular del inmueble que se beneficia por el hecho generador del tributo, este es el acto administrativo mediante el cual se potencializó el uso de suelo o edificabilidad.  

La plusvalía presenta dificultades en cuanto a su causación y exigibilidad, dado que la contribución se causa inmediatamente queda en firme el Plan de Ordenamiento Territorial, no obstante, únicamente será exigible en dos momentos: en la solicitud de licencia de construcción (propietario se beneficia de la potencialización por mayor edificabilidad) o en la enajenación del inmueble (propietario se beneficia por el mayor valor del suelo). Ahora bien, el problema reside en la falta de prontitud del procedimiento administrativo de determinación y liquidación, ya que este proceso culmina con la inscripción del gravamen en el folio de matrícula inmobiliaria; sin lo anterior el curador o notario no podrá exigir el pago. 

Si bien es cierto que la normatividad establece unos términos perentorios para que la Secretaria Distrital de Planeación y Catastro Distrital realice el procedimiento de determinación y liquidación, en la práctica estas entidades tardan más de lo previsto (hasta más de un año), beneficiándose así el constructor o vendedor. En la medida que las curadurías expiden la licencia de construcción en aproximadamente cuatro meses o el trámite de enajenación en notaría puede durar un par de días, así que la eficiencia del proceso de determinación y liquidación es crucial para un mayor recaudo por esta contribución que puede significar cientos de miles de millones de pesos al Distrito. 

Asimismo, es determinante que las entidades de control y el Concejo de Bogotá realicen la vigilancia correspondiente a fin de que no se presente lo ocurrido en el 2016, año en el que la Administración Distrital excluyó predios que se beneficiaron con el hecho generador del Decreto 562 de 2014 y que, siendo susceptibles del pago de la participación en plusvalía, posteriormente fueron recalculados y excluidos por la expedición de la Resolución 1154 de 2016 y la aplicación de normas posteriores a la radicación de las licencias de construcción en legal y debida forma, generando un detrimento patrimonial en cuantía de más de treinta mil millones de pesos (lo anterior se encuentra en el informe de auditoria 72 de 2018 de la Contraloría de Bogotá).  

Así, teniendo en cuenta que Bogotá actualizará su Ordenamiento Territorial y que este Plan será objeto de hechos generadores del tributo, por un lado es indispensable que tanto la administración Distrital como el Concejo de Bogotá aprovechen y maximicen esta herramienta de financiación tributaria con destinación especifica al desarrollo de la infraestructura y de servicios públicos de Bogotá; y por otro, que exista agilidad y control político para que se realice el proceso de determinación y liquidación de manera ágil sin que se presenten hechos como los ocurridos en el año 2016. 

Finalmente, y ahora que ha sido tan sonado el déficit fiscal que atraviesa la nación y ciertos municipios del país a raíz de la pandemia por Covid-19, la invitación es a que los alcaldes se atrevan a utilizar o maximizar otro mecanismo de financiación de obras públicas diferente a los impuestos: la plusvalía. 

 

*Miembro Dirección de Emprendimiento

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Con el próximo POT, Bogotá se debe poner las pilas con la plusvalía.

La importancia de la analítica en el eCommerce

Por: María Fernanda Quiñones 

La analítica cobra especial relevancia en la industria del comercio electrónico gracias a su pertinencia para identificar las tendencias y los cambios en el comportamiento de los consumidores. Lo que permite a su vez, adoptar estrategias para aumentar el rendimiento de las ventas en línea.

Previo al inicio de 2021 se predecía que la analítica sería una de las tendencias del comercio electrónico para el año. El pronóstico ha sido acertado. La analítica se ha convertido en una herramienta cada vez más importante para las empresas y marcas con presencia en Internet, debido a su potencial para comprender los hábitos de compra de los internautas y facilitar la toma de decisiones basadas en datos.

De acuerdo con eMarketer, empresa de investigación de mercado, aunque los consumidores son cada vez más entusiastas al realizar sus compras en línea, el sector presentará un desaceleramiento sustancial en 2021 a causa del regreso paulatino al comercio físico. Según cifras de su reporte “Global Ecommerce Update 2021”, el comercio electrónico mundial se acercará a los $5 billones este año. En Colombia, el crecimiento anual será de 16% comparado con 2020, según estimaciones que realizamos desde la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (CCCE).

Para mantener estas perspectivas de crecimiento, la analítica es fundamental. Estas son algunas de las maneras en las que puede impactar al sector del comercio electrónico:

Facilita el conocer al cliente: Los datos capturados permiten conocer quiénes son los clientes, cuáles son sus hábitos de consumo, entender qué desean, los productos que les interesan, sus búsquedas en Internet y cómo conectar con ellos, información de valor en las estrategias de comercialización y comunicación.

Mejorar la experiencia del cliente: A través de la medición y el análisis de los patrones en los datos es posible detectar brechas en las etapas del proceso de compra (descubrimiento, adquisición, conversión y retención) para solucionar los inconvenientes.
Ofrecer experiencias de compra personalizadas: La información obtenida a través de la analítica brinda a las empresas una visión del comportamiento histórico de cada uno de sus clientes. Estos datos favorecen la personalización a escala del proceso de compra, una estrategia que aumenta de 10% a 30% los ingresos y satisface al cliente a largo plazo de acuerdo con una investigación de la consultora en gestión estratégica, McKinsey & Company.

Evaluar los índices de satisfacción del usuario: Tras la implementación de diferentes estrategias, la analítica posibilita entender el nivel de complacencia del cliente con los cambios y adaptar las tácticas en pro de una mayor satisfacción.

Realizar ofertas diferenciadas: Basados en algoritmos predictivos, las empresas pueden recomendar productos y contenidos de valor para cada usuario, mejorando su “engagement” con la marca, en lugar de saturarlos con mensajes y ofertas poco relevantes.

Gestionar eficientemente la cadena de suministro: Predecir la demanda de productos es otra de las ventajas que ofrece la analítica. Analizar los datos demográficos, los patrones de compra e, incluso, las fechas especiales para el comercio es esencial para planificar y administrar el inventario eficientemente, cumpliendo con las expectativas del cliente.

El comercio electrónico es una industria que evoluciona rápidamente con los cambios en los comportamientos de los consumidores y las tecnologías emergentes. Es por ello que la analítica se convierte en un elemento indispensable para reunir datos en tiempo real que favorecen la toma de decisiones en las diferentes etapas del proceso de compra.
Debemos entender la analítica como un aliado para el sector, que transforma el modo en el que opera el comercio electrónico y le ayuda a definir estrategias inteligentes según los cambios del mercado y los nuevos hábitos de consumo.

*Columnista Invitada – Presidente ejecutiva de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico

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Con el próximo POT, Bogotá se debe poner las pilas con la plusvalía.

Colombia en medio del Paro Nacional clama por la Paz.

Por: Carlos Orlas, Juanita Peñuela, Carlos Suárez, Mabel Carmona, Daniel Albarracín,Julián Castro, Deyder Henríquez, Susana Cifuentes, y Jorge Andrés Forero González.

“Amamos hondamente a esta patria nuestra y no queremos que nuestra nave victoriosa navegue sobre ríos de sangre. Señor Presidente: No os reclamamos tesis económicas o políticas. Apenas os pedimos que nuestra patria no siga por caminos que nos avergüenzan ante propios y extraños. ¡Os pedimos tesis de piedad y de civilización! Señor Presidente: Os pedimos cosa sencilla para la cual están de más los discursos. Os pedimos que cese la persecución de las autoridades y así os lo pide esta inmensa muchedumbre. Pedimos pequeña cosa y gran cosa: que las luchas políticas se desarrollen por cauces de constitucionalidad” Jorge Eliecer Gaitán, Oración por la Paz, 1948.

En Colombia la promesa de una sociedad en paz ha marcado varias generaciones. El Paro Nacional iniciado el 28 de abril de 2021, que es la continuación del 21N de 2019 y del Paro Agrario de 2013, donde una sociedad colombiana cansada de la narrativa y prácticas de la guerra ha salido a exigir más y mejores derechos, debe celebrarse como una victoria del movimiento social en todas sus expresiones. El Paro Nacional en ciudades y municipios de todo el territorio da cuenta no solo de un acumulado de descontento, sino también de la voluntad social para construir una sociedad en paz y con justicia social. El ímpetu está dado por la juventud que encarna una contracultura política y que salió a las calles decididamente desde la firma del Acuerdo de Paz.

Rechazamos las directrices de la Administración Duque para el tratamiento de la protesta social en marco del Paro Nacional, que en su gran mayoría han sido pacíficas y respetando las instituciones y a quienes no participan. Reconocemos que es común en una democracia manifestar el descontento ante iniciativas legislativas que no promueven la equidad y el desarrollo para las mayorías, como la reforma tributaria, la reforma a la salud y el incumplimiento del Acuerdo de Paz de la Habana.
Se requieren soluciones inmediatas a la difícil situación que vive el país, lo cual no se puede postergar hasta las próximas elecciones legislativas y presidenciales.Es entendible las dificultades que vive el país por la pandemia del coronavirus, pero ello no puede ser excusa para evitar el diálogo social y la negociación con la diversidad de actores que se han movilizado estas semanas.

Por las anteriores razones proponemos:
1. Para que cese la violencia de Estado y para que el presidente Duque, pidiendo perdón y reconociendo su responsabilidad como jefe de Estado y comandante de la Fuerza Pública lidere procesos concretos para avanzar en la reconciliación en Colombia. Estos hechos pasan por dejar los orgullos a un lado y escuchar al pueblo colombiano y su anhelo de paz, justicia social y ambiental.

2. La administración Duque debe ordenar detener la actuación del ejército y policía con el fin de garantizar una protesta social, pacífica, y el derecho de reunión y asociación de los manifestantes; protegida constitucional y jurisprudencialmente.

3. Los diálogos deben ser amplios, por eso alentamos a que la administración Duque corrija su política derivada de las aproximaciones que está haciendo con diferentes sectores de la sociedad hoy movilizada. El diálogo debe ser directo y con el pueblo en las calles atendiendo importantes manifestaciones de descontento como las de Cali, Medellín y Bogotá, las ciudades más grandes de la nación, así como en las ciudades intermedias, pueblos y veredas del país. Las garantías de desmilitarización son fundamentales para avanzar en este aspecto.

4. Se deben esclarecer los hechos de violencia en que haya estado implicada la Fuerza Pública, incluyendo violencia sexual y física, en especial los homicidios que según las cifras de ONGs de importante y reconocida trayectoria en el país, oscila entre 40 y 60 casos. Los casos de vandalismo deben ser investigados individualmente y evitar estigmatizar a la movilización social, como proceso amplio y heterogéneo.

5. Invitamos a seguir en continuo monitoreo y verificación a los graves casos de derechos humanos al Sistema de Naciones Unidas en Colombia, la Unión Europea, el Departamento de Estaso de los Estados Unidos y organizaciones de Derechos Humanos del mundo a seguir su trabajo de denuncia pública ante los graves hechos de violación de los derechos humanos en Colombia.

6. En los límites establecidos en nuestra democracia, si el gobierno Duque y el Comité del Paro no puede lograr un acuerdo de parte y parte, instamos a que en marco de este gran diálogo nacional, encontremos salidas a esta grave crisis institucional y de la democracia en Colombia; con el involucramiento de otros sectores con agendas concretas.

7. Reiteramos a enfocar el debate sobre las causas de la movilización, y evitar acuñar responsabilidades que no tienen que ver con la movilización, como la pérdida del grado de inversión por parte de una calificadoras internacionales.

8. Finalmente felicitaciones a la generación de paz y jóvenes que desde el arte, la cultura y la protesta pacífica han inspirado al pueblo colombiano a fortalecer nuestro sistema político y garantizar un futuro de dignidad para todas y todos los colombianos. Este tipo de actos son muestra de una madurez política.

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Con el próximo POT, Bogotá se debe poner las pilas con la plusvalía.

No paguemos con democracia la reducción del Congreso: 4 argumentos para oponerse a esta propuesta.

Por: David Méndez 

El pasado 06 de mayo, la bancada del Centro Democrático presentó al Congreso de la República el Proyecto de Acto Legislativo Nº 39 de 2021, el cual tiene como objetivo principal, reducir la cantidad de parlamentarios en la Cámara de Representantes y del Senado de la República. 

La iniciativa presentada por el partido de Gobierno busca modificar los artículos 171 y 176 de la Constitución Política, estableciendo así que el Senado será integrado por 47 Senadores (una reducción de más del 50%), mientras que la Cámara de Representantes sería integrada bajo una fórmula que asigna 02 Representantes por cada millón de habitantes. Esto significaría una reducción de aproximadamente 60 Representantes, reduciendo así la composición de la cámara baja en un 38%. 

De manera ingenua y apresurada, esta iniciativa legislativa puede resultar bien intencionada frente al momento de crisis social y política que vive actualmente el país, derivada en gran medida de una crisis de representación de los partidos políticos y del poder legislativo. 

Igualmente, este Proyecto de Acto Legislativo se enmarca en una visión de austeridad pregonada por la bancada del Centro Democrático desde hace varios años, en donde se han incluido entre otros aspectos, congelar el salario de los Congresistas, gravar el salario de los parlamentarios y reducir costos de operación del poder legislativo con el fin de aumentar los niveles de ahorro y eficiencia en la institución legislativa del país. El Proyecto calcula una cifra cercana a los 300 mm de pesos de darse una reducción de los escaños. 

Ahora bien, aunque la propuesta parezca loable, mas aún en el marco de una conflictividad social no registrada en los últimos 20 años en el país, la misma carece de sustento democrático y atenta directamente contra la participación política de grupos minoritarios, así como afecta de manera frontal la separación de poderes, desvirtuando el sistema de pesos y contrapesos que caracteriza a los sistemas democráticos representativos en la región latinoamericana. 

Teniendo estos argumentos presentados en el Proyecto de Acto Legislativo, a continuación, presentaré 04 aspectos por los cuales considero que esta propuesta impulsada por el Centro Democrático reduciría la calidad de la democracia en el país, teniendo serias repercusiones en la representación (principalmente regional), lo cual podría desbordar una crisis significativamente más grande a la actual. 

 

  • Riesgo de afectar la representación proporcional en el poder legislativo. 

Una de las principales características del actual sistema representativo con el que cuenta Colombia, tiene que ver con el equilibrio y proporcionalidad en materia de ocupación de las curules en el poder legislativo. Así, aunque existen bancadas mayoritarias (Liberal, Centro Democrático, Conservador, Cambio Radical, La U), también existen bancadas con menor número de curules pero que tramitan y gestionan las demandas de los distintos grupos sociales y políticos, los cuales, no se recogen en los grandes partidos que integran la mayor cantidad de los cuerpos legislativos. 

Esta proporcionalidad significa 03 cosas fundamentales en toda democracia de tipo representativa: 1. Control político efectivo al poder Ejecutivo; 2. Sensibilización y trámite de demandas enunciadas por grupos minoritarios históricamente excluidos de los espacios de concertación y decisión. Entre estos grupos se encuentran minorías indígenas, religiosas, sexuales, etc; 3. Efectiva separación de poderes, en donde el sistema de pesos y contrapesos permite descentralizar el poder político, así como evitar una sumisión del Congreso ante el Ejecutivo. 

Así, lo peligroso de reducir el número de curules, tiene que ver directamente con el aumento del costo político y proselitista por parte de los grupos minoritarios para acceder en un futuro, de darse la reforma, a obtener una representación efectiva en el Legislativo. Como lo planteó el politólogo italiano, Giovanni Sartori, es fundamental en un sistema democrático, contar con una competitividad interpartidista, la cual es relevante para la estabilidad institucional y de darse una reducción de las curules en el Congreso, el número de partidos que podrían acceder a la representación sería cada vez menor, impidiendo el disenso y las voces contrarias y minoritarias en el escenario de construcción de leyes. 

 

  • Debilitamiento del control político al poder Ejecutivo. 

En los tipos de sistemas presidencialistas, como el caso colombiano, la separación de poderes públicos se da principalmente para evitar un desequilibrio y la centralización del poder en cabeza del poder ejecutivo (liderado por el presidente de la República). Y aunque politólogos como Juan Linz han criticado fuertemente este tipo de sistema por considerar que ocasiona posibles bloqueos entre el poder legislativo y el ejecutivo cuando los intereses pregonados son diametralmente opuestos, hasta el momento, el poder Legislativo se ha convertido en un guardarril de la democracia en Colombia. 

Esta salvaguarda de la democracia ha sido posible gracias a la principal función del poder legislativo: realizar un juicioso y efectivo control político a las acciones del poder ejecutivo a nivel nacional, en lo que refiere a la ejecución de recursos, programas sociales, entre otros tantos temas que le competen al Gobierno Nacional. Como afirma en su libro ‘Cómo mueren las democracias, Steven Levitsky, la democracia necesita de una fortaleza institucional, representada en los distintos poderes que la integran para perpetuarse en el tiempo. 

Ante la eliminación de casi el 50% de los escaños en el Congreso de la República, las voces de disenso al interior de la corporación, disminuirían significativamente, desbalanceando la capacidad del ejecutivo sobre el legislativo e impidiendo una vigilancia estricta hacia el primero. 

Esta reducción de capacidades se daría principalmente porque al disminuir las bancas en la cámara alta y baja, el umbral para acceder a una curul aumenta superlativamente e impide a grupos que hoy cuentan con una o dos curules, representar a las poblaciones minoritarias que les apoyan y pretenden canalizar sus demandas y necesidades. Ante la ausencia de representación minoritaria, quedarían desamparados en materia de representación grupos religiosos, indígenas, afro, sexuales. Un claro retroceso en materia democrática que podría desembocar en mecanismos de protesta y confrontación social, toda vez que los límites electorales, impedirían una participación de tipo proporcional. De más esta decir que los grandes problemas sociales del siglo XX en el país tuvieron como origen la exclusión de grupos minoritarios en la toma de decisiones. 

 

  • ¿Tenemos realmente un Congreso de excesivo tamaño?  

Algunas de las razones expuestas por parte de quienes impulsan la reforma para reducir el número de escaños en el Congreso, tiene que ver con una aparente ineficiencia y exceso de tamaño en el poder legislativo actualmente. Y aunque el argumento puede tener validez si se revisan el tipo de leyes que expide el Congreso colombiano, no es un argumento suficiente para pretender disminuir el tamaño del órgano que representa a la mayoría de los sectores políticos en el país.

No  es cierto que el Congreso colombiano sea particularmente grande, por el contrario, si se le compara con los países de la región, se puede evidenciar que el legislativo colombiano responde al número de habitantes que integran la nación, así como al tipo de grupos sociales y políticos. 

Así, al revisar casos como el uruguayo (129 parlamentaros para 3,5 millones de habitantes); Chile (193 parlamentarios para 19 millones de habitantes); Argentina (329 parlamentarios para 45 millones de habitantes), podemos constatar que la cantidad de asientos en el poder legislativo en los sistemas democráticos de tipo proporcional y/o mixto, corresponden de manera directa con el número de habitantes que integran una nación, así como su diversidad. 

El caso colombiano resulta particular por la heterogeneidad de visiones y posturas en los distintos territorios que integran al país, por lo cual es perentorio, garantizar una efectiva representación de cuerpos políticos minoritarios, los cuales puedan poner de manifiesto sus inconformidades ante el poder ejecutivo. 

 

  • Trámite legislativo: los tiempos no dan. 

Hay un aspecto fundamental en el trámite de toda reforma de tipo legislativa, el cual termina siendo olvidado frente a la ignorancia y desconocimiento del funcionamiento del poder legislativo. Este aspecto tiene que ver con los tiempos y la cantidad de debates para que un proyecto pueda convertirse en ley de la República. 

Así, para que la reforma presentada el pasado 06 de mayo logre reformar la Constitución Política, requiere de 08 debates en Senado y Cámara de Representantes. Estos 08 debates se deben realizar en un año legislativo. Sin embargo, para que el Acto Legislativo pueda continuar su discusión, deberá surtir sus 04 primeros debates antes del final de la presente legislatura, es decir, el 20 de junio. En esta fecha cierran las sesiones ordinarias del Congreso. 

Si se revisan con cuidado los tiempos de trámite legislativo, el Proyecto deberá tener un debate cada semana, lo cual, virtualmente es imposible. En primer lugar, para que una iniciativa legislativa pueda debatirse, debe contar con ponentes designados y posteriormente, elaborarse un informe de ponencia, el cual será llevado a la Comisión (en este caso la primera por tratarse de asuntos constitucionales) para iniciar su discusión. Actualmente, el Proyecto no cuenta con ponentes, por lo que, en la semana del 10 al 14 de mayo, no tendrá siquiera un primer debate. 

Esto significa que el Proyecto de Acto Legislativo fue radicado con plena conciencia de su inviabilidad en términos de tiempos para ser aprobado por el Congreso de la República, generando un golpe de opinión que al igual que los proyectos previamente presentados por el Centro Democrático en los años 2016 y 2017, no se convertirán en una reforma constitucional que modifique el poder legislativo en el país. 

Decía Isaiah Berlin que las preguntas que suponen sistemas formales, como la lógica y la matemática, aunque también juegos como el ajedrez, se responden revisando las definiciones y reglas del sistema formal en cuestión. Y ante una rápida revisión del sistema de reglas del poder legislativo, podemos concluir que es una reforma que nació, simplemente, muerta. ¿Cuál es su objetivo entonces? 

 

*Miembro Dirección de Constitución y Democracia

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La reactivación del transporte ferroviario bajo riesgo

Por: Ernesto Forero  

La anhelada reactivación del transporte ferroviario en Colombia vuelve a estar en peligro. La operación de los corredores Bogotá-Belencito y La Dorada-Chiriguaná se encuentra suspendida. Según la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), tal paralización corresponde a una “pausa necesaria” para un beneficio mayor, lo cual no convence a nadie. 

La anterior situación tiene todas las características de un manejo improvisado por parte de dicha Entidad que amenaza con borrar los tímidos, pero importantes avances que se habían conseguido en estos últimos dos años, en aras de una reactivación definitiva del transporte ferroviario de carga. 

Veamos. 

Para nadie es un secreto que, salvo por el carbón que es transportado por tren desde las minas ubicadas en el departamento del Cesar hasta los terminales portuarios ubicados en Ciénaga (Magdalena), el transporte de carga por vía ferroviaria en Colombia había entrado en desuso. No volveremos en el presente escrito sobre las causas históricas que llevaron a que este modo cayera en desuso; para ello recomendamos este hilo de Twitter en el que mencionan algunas de esas causas https://twitter.com/marialopezuribe/status/1379619960482316290?s=20 

A partir del año 2013, aproximadamente, y a raíz de los buenos precios que para ese momento tenían commodities como el carbón y el petróleo, el país volvió a hablar del modo ferroviario como una alternativa de transporte de carga por vía terrestre. Llegaron incluso a presentarse ante la ANI varias iniciativas de asociaciones público privadas (APP) con el objeto de mantener y operar tramos de vías existentes, así como para construir y operar nuevos tramos de vías. 

A partir de entonces, particulares interesados en dicho modo de transporte, acudieron al Estado para solicitar que se adelantaran gestiones tendientes a generar condiciones mínimas que permitieran una reactivación del transporte de carga por vía férrea. Algunas de las condiciones mínimas que se identificaron como clave para ello fueron, entre otras: inversiones en rehabilitación de vías y puentes, poner a disposición de privados el material rodante del Estado, disminuir el pago por el uso de la vía, exigir a FENOCO el paso de carga distinta de carbón por el tramo Chiriguaná- Santa Marta, poner a disposición de privados las instalaciones del Estado para realizar la transferencia de carga entre modos. 

Luego de mucho ires y venires, tales gestiones lograron algunos resultados concretos, entre los cuales podemos mencionar: 

  1. Se realizaron varios trenes de prueba para establecer las condiciones de la vía, priorizar inversiones y generar confianza en los potenciales usuarios.
  2. La ANI suscribió contratos sucesivos con los cuales logró reparar y rehabilitar el tramo La Dorada-Chiriguaná, el cual, luego de la temporada invernal de los años 2011 y 2012, había quedado inutilizable.
  3. La ANI suscribió un contrato de contrato de obra, mantenimiento y administración de la vía La Dorada-Chiriguaná con el Consorcio IBINES.
  4. Se le entregó a dicho Consorcio el material rodante del Estado con la obligación de operarlo, así como las instalaciones del Estado en La Dorada para realizar la transferencia de carga.  
  5. FENOCO se comprometió a completar el transporte de la carga que entregara el Consorcio IBINES en Chiriguaná hasta Santa Marta, y así completar la ruta La Dorada – Santa Marta y viceversa.

Estas condiciones, que parecen menores pero que costaron muchos años de gestiones de los particulares, permitieron que a partir del año 2019 se pusiera en funcionamiento un servicio de transporte ferroviario Santa Marta-La Dorada, al cual se le denominó DORASAN y sobre el cual la ANI y el Ministerio de Transporte no ahorraron esfuerzos ni recursos en sacar pecho. 

¡El país volvió a tener una alternativa de transporte terrestre conectando el mar Caribe con el Centro de su territorio, distinta del transporte por camión! 

Este servicio DORASAN tenía una frecuencia semanal; y, aun así, durante el año 2020 y lo que iba del 2021, alcanzó a movilizar 2364 contenedores y 144 plataformas con carga general que antes solo podían movilizarse por camión. Generadores de carga tan importantes como Familia, Teams, Kimberly, D1, Phoenix, Cerámica San Lorenzo, entre otros, empezaron a movilizar su carga por tren. 

El panorama era bueno. Creíamos que el Estado por fin había logrado levantar el transporte ferroviario del sepulcro al que había sido enviado. 

El esquema de gestión que se tenía, en el que el mismo contratista de obra y mantenimiento, realizaba la operación, detentaba la tenencia del material rodante y administraba el centro de transferencia del Estado, debía ser un esquema de transición y no podía ser el definitivo. Sin embargo, como esquema de transición, el esquema que se tenía con el Consorcio IBINES sí demostró ser conveniente para lo que a corto plazo se quería, dado que en efecto logró reactivar el transporte de carga por ferrocarril y lo más importante, logró generar confianza en generadores de carga, así como en potenciales inversionistas interesados en incursionar en el negocio de la operación ferroviaria. 

El reto del Estado consistía (y aun consiste) en lograr pasar de un esquema de transición a un esquema permanente, sin echar a perder lo que se ha logrado hasta la fecha y continuar generando confianza en los generadores de carga. No obstante la claridad e importancia de la tarea, la ANI dejó vencer el plazo del contrato de obra, mantenimiento y administración de la vía La Dorada-Chiriguaná con el Consorcio IBINES, sin tener la alternativa lista, lo cual implicó una suspensión de facto de las operaciones de transporte de carga por ferrocarril. 

¡Las operaciones llevan ya un mes suspendidas! 

Ante la grave situación anterior, la ANI ha argumentado que dicha suspensión corresponde a una “pausa necesaria” para obtener un beneficio mayor, ya que le apostará a un nuevo esquema de gestión, que garantizará inversiones de $1,6 billones. Ojalá logre concretarse tal inversión; sin embargo, el punto no es ese. 

El punto es que por un manejo improvisado de la ANI se suspendió abruptamente el transporte de carga por tren. Lo diligente hubiese sido que el contratista saliente, al término de su contrato, hubiese hecho el empalme con el nuevo concesionario bajo el nuevo esquema de gestión, sin solución de continuidad en la prestación del servicio de operación. Sin embargo, la ANI curiosamente dejó vencer el contrato con el contratista que tenía, para darle la operación del tramo La Dorada-Chiriguaná a FENOCO (de manera transitoria), con quien el Estado ha tenido diferencias relacionadas con la voluntad de éste de permitir el paso a cargas distintas de carbón.

Es decir, el Estado terminó pasando de un esquema transitorio que había logrado reactivar el transporte de carga por ferrocarril, a otro esquema transitorio, suspendiendo de paso las operaciones de transporte de carga por tren. Y, lo peor, sin fecha clara de cuándo entraría en operación ese anunciado nuevo esquema de gestión. 

Este abrupto cambio tendrá sin dudas efectos negativos en el futuro inmediato del transporte de carga por ferrocarril y amenaza con borrar muchos de los logros obtenidos con el esquema vigente hasta el 15 de abril de 2021, especialmente la confianza en la estabilidad del transporte ferroviario. 

Qué le dirán ahora los directores logísticos de esas empresas que se la jugaron con el transporte ferroviario a sus jefes cuando les cuenten que el esquema por el que apostaron y creyeron, se suspendió… indefinidamente.

Preocupante.   

*Director Temático del Magdalena

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El país que queremos los jóvenes: El país que soñamos y podemos lograr

Por: Carlos Suárez 

Los jóvenes en Colombia somos la generación de la PAZ. Durante varias décadas, fueron los vientos de la violencia aquellos que mancharon con sangre el intercambio de ideas y discursos fructíferos hacia la construcción de un país donde las oportunidades de progreso estuvieran al alcance de todos.

Aunque la constituyente de 1991 fue el hito histórico para que nuestra nación marcara su estructura como un Estado Social de Derecho, garante de toda clase de DD. HH y noción de un mínimo vital. En la última semana, nos hemos visto acorralados por un sentimiento de lucha similar al que rodeo aquellos valientes jóvenes de la 7ma papeleta en busca de un cambio social. 

Hemos sido testigos de como las calles se inundaron con nuestros gritos de descontento frente a la latente desigualdad y falta de oportunidades. Según el DANE, el desempleo juvenil oscila en un peligroso 31,5% para la mujeres jóvenes y 18,5% para los hombres jóvenes. Algo que hace una década no se contemplaba en el diseño de políticas públicas o en los pensamientos de un joven recién egresado, con un diploma en la mano pero con un pie izquierdo atrás. Pues el mundo laboral nos ha condenado a un circulo vicioso donde las oportunidades son escasas sin importar la edad.

Los jóvenes en Colombia, hemos sido impulsores de cambios sociales en nuestro país. Por muchos años, contra viento y marea hemos desafiado a los gobiernos de turno con el único propósito de hacer valer nuestra voz en el sector público como privado. Sin embargo, pese a los esfuerzos poco fructíferos de muchos funcionarios públicos y hasta una Consejería Presidencial para la Juventud, no nos hemos visto representados, pues se han de cumplir ocho años de la ley 1622 de 2013 y no se ha podido posicionar o si quiera votar por el primer Consejo de la Juventud.

En este contexto poco alentador pero con una oportunidad legítima para cambiar el país bajo la protesta pacífica. Los jóvenes en Colombia estamos exigiendo no solo un espacio en la representación, sino un cambio en el rumbo que se le esta dando a nuestro país. El hecho que cerca del 84% de nosotros los jóvenes se sienta representado con el paro nacional y que ninguna institución registre una confianza mayor del 27% , según una última encuesta de Cifras y Conceptos, demuestra que nosotros los jóvenes marchamos por que exigimos tener una representación en la toma de decisiones de políticas públicas y en ese sentido, exaltamos la necesidad de que se generen más oportunidades en el ámbito laboral y en el manejo de instituciones del Estado.

Tras los contundentes hechos de violencia que en ocasiones opacaron nuestro sentimiento de lucha y disconformidad con el gobierno, hay que ser muy claros. Lo que los jóvenes en Colombia estamos pidiendo, es una inclusión en el diálogo nacional que no quede solo en palabras y promesas vacías. 

Como uno de los muchos jóvenes que quiere ver un cambio profundo en nuestra sociedad y nuestra patria. Sueño con un país que vaya mas allá de las diferencias políticas y vea realmente una oportunidad de reconciliación frente a las adversidades. Sueño con un país que cuente con mejores gobernantes, sueño con un país que trabaje por la paz

*Miembro Dirección de Construcción de Paz 

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