Por: Camilo A Díaz Crispín.
Quizás tengamos más respuestas al preguntar cómo llegar de la estación de Paiba hasta el terminal del ferrocarril en el antiguo tranvía, que si indagamos a los bogotanos sobre qué es y para qué sirve la veeduría ciudadana. Esta figura obsoleta que muchos hemos dejado olvidada en el baúl de los recuerdos, la desempolvó un pequeño grupo de ciudadanos en la localidad de Fontibón.
Liderados por el presidente de la junta de acción comunal, la comunidad inició una cruzada contra lo que consideraban un atropello, ya que aunque la Administración Distrital y el Departamento Administrativo de la Defensa del Espacio Público (DADEP) conocen el caso, hasta el día de hoy no han planteado ninguna solución a pesar de las constantes denuncias de miembros de la comunidad que se han visto afectados.
Bajo una de las tantas modalidades de contratación directa el distrito le otorgó a la Corporación Afrocolombiana Lazos de Progreso (COALAPRO) un contrato de concesión que tenía como objeto la administración y mantenimiento de un parque ubicado en el barrio Villemar. Esta fue sin duda alguna, una iniciativa que parecía aceptable de no ser porque el contratista, como ya es usual en Bogotá, lo único que buscaba era el lucro personal y no el bien de la comunidad.
El parque, que colinda con el colegio Villemar el Carmen y que era el sitio donde los niños salían a disfrutar su recreo, se tornó poco a poco en un predio dedicado únicamente a complacer los caprichos y el afán de lucro de un selecto grupo de amigos del contratista. Con el paso del tiempo, el sitio donde los niños soñaban con meter goles como James o Falcao, terminó siendo un campo de entrenamiento de rugby donde entrenaban personajes nunca antes vistos en la comunidad. Paso de ser el lugar donde la comunidad disfrutaba de las famosas copas navideñas de fútbol, para convertirse en un negocio redondo gracias a que el contratista lo alquila a precios astronómicos. De aquel oasis verde, donde los domingos se podía ir a comer helados, hoy sólo queda un tierrero donde los amigos importados hacen touchdowns y gritan palabras como hut –hut o hike.
Y esto no s´´olo pasa en los parques de Fontibón sino en muchos centros recreativos de la ciudad. Todavía cuesta creer que los bogotanos tengamos que pagar por las canchas públicas administradas por el Instituto de Recreación y Deporte, que además, no son propiamente un estadio europeo. El uso de estas canchas debería ser gratuito y se deben hacer inversiones para mantenerlas en las mejores condiciones. Incluso, debería pensarse en una solución a largo plazo como es la grama sintética, que reducirá costos de mantenimiento y garantizará que la cancha se mantenga en buen estado por más mucho tiempo, aún en los períodos de invierno.
Volviendo a nuestra denuncia, el DADEP expidió un acto administrativo que facultó al contratista para convertir un pedazo de el parque en el botadero de escombros de otro contratista que iniciaba una obra de reparación de una vía cercana. Según lo manifestó un funcionario de DADEP, “esto se hizo porque el bien común debe primar sobre el bien individual”. Bien común donde los beneficiados son los contratistas quienes por un lado se ahorran los gastos de transporte y por el otro disfrutan del beneficio económico de alquilar un espacio ajeno.
Ante tamaña ironía, y viendo como claramente se estaban vulnerando derechos como el de la recreación de los niños y el de la salud, la comunidad de Villemar decidió buscar en el baúl de los recuerdos y desempolvar la valiosa pero olvidada figura de la veeduría ciudadana. Fue en ese momento cuando decidieron emprender una cruzada heroica en contra de una alcaldía ineficiente, y así luchar por este espacio que años atrás podían disfrutar junto a sus familias.
Después de radicar incontables derechos de petición, de instaurar más de un centenar quejas y de oír una sarta de promesas incumplidas en varias reuniones a puerta cerrada en la alcaldía local, por fin se logró que el pasado jueves 16 de octubre se convocara una reunión en el salón comunal del barrio Villemar, a la cual asistieron miembros de la comunidad, el contratista, el Departamento Administrativo de la Defensa del Espacio Público y la Alcaldía Local de Fontibón. En dicha reunión y después de escuchar varios argumentos que se caían de su peso como que “el bien común prima sobre el bien individual”, la comunidad de Villemar tomó la vocería y exigió que se cumpliera el articulo 23 del contrato de concesión que en su inciso sexto define como una causal de terminación anticipada del contrato la siguiente situación: “Cuando el nivel de conflictividad entre el contratista y la comunidad impida el desarrollo normal del proyecto”, ante lo cual , la Alcaldesa Local de Fontibón Andrea Castro Latorre no tuvo más remedio que anunciar que se le va a solicitar al DADEP la terminación anticipada del contrato de concesión.
Sin embargo, y a pesar de este triunfo momentáneo, la comunidad de Villemar está convencida que no puede quedarse con los brazos cruzados, y seguirán luchando hasta que no se declare la caducidad del contrato. Es por esta razón, que quiero pedirles a todos los lectores, que apoyemos esta causa, que entendamos que la veeduría ciudadana es una herramienta vital que poco utilizamos los bogotanos para defender nuestros derechos y que difundamos este artículo que le exige a la Alcaldesa Local de Fontibón solicitar la caducidad del contrato de inmediato. Con esta pequeña acción, cada uno de ustedes no solo estará aportándole a esta noble causa, sino también estará ejerciendo un derecho ciudadano que sin duda alguna los bogotanos olvidamos, así como olvidamos que un día Bogotá fue una ciudad limpia y segura en donde la gente era feliz porque si y no porque lo decía una encuesta.