Por: Paulius Yamin*
@Pauliusyamin

  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
  • Gmail

En Junio del 2017, dos noticias fueron difundidas en los principales medios de comunicación de Colombia: el Director Nacional Anti-Corrupción de la Fiscalía había sido capturado por acusaciones de corrupción, y el Secretario de Seguridad de Medellín había sido capturado por acusaciones de hacer pactos con bandas criminales para capturar otros criminales.

Estas noticias fueron apliamente difundidas por los medios en Colombia (y varios internacionales) como pocas veces ha sido noticia el trabajo de cientos de miles de servidores públicos que todos los días trabajan en hospitales, escuelas, cuarteles y oficinas para hacer nuestra vida mejor. Pero por más desalentadoras que puedan parecer, también muestran por qué la importancia de la integridad pública va mucho más allá de la pérdida de dinero. La integridad pública es esencial porque está ligada con un factor que puede tener un impacto incluso mayor en el funcionamiento de la democracia: la confianza en el Estado.

La integridad pública, según la OCDE, es seguir valores y normas éticas que privilegian el bien público por encima de los intereses privados. Aumentar la integridad pública y la confianza en el Estado es uno de los desafíos más importantes que enfrenta Colombia hoy en día. De hecho, el 94% de la población considera que la corrupción en el Gobierno es uno de los problemas más graves del país, mientras que en 2018 Colombia ocupó su peor puesto en la historia en el Índice de Percepción de Corrupción (99 entre 180 países). Además, más de la mitad de personas creen que la corrupción ha aumentado en el ultimo año y que el Gobierno no está haciendo un buen trabajo al respecto. Para la muestra la consulta anticorrupción del 2018 que, a pesar de no haber alcanzado el umbral requerido, obtuvo el apoyo de más de 11 millones de ciudadanos, más de los que ese mismo año eligieron a Iván Duque como Presidente. Un año después de la votación, mientras conocemos los detalles de la red de sobornos más grande de la que se tenga noticia en Latinoamércia con los escándalos de Odebrecht, solamente uno de sus 7 puntos ha sido aprobado, mientras que varios no han tenido ni su primer debate.

Las percepciones que las personas tienen sobre elementos clave de la integridad pública como la ineficiencia (despilfarro de recursos públicos), la corrupción (robo de recursos públicos) y la calidad de los servicios que los ciudadanos reciben están estrechamente relacionadas con los niveles de confianza en el Estado. En nuestro país, el 72% de la población dice tener poca o ninguna confianza en el Gobierno Nacional, mientras que el 81% siente lo mismo sobre los jueces, el 87% sobre el Congreso y el 88% sobre los servidores públicos en general.

Fomentar la integridad pública y la confianza en el Estado no sólo es bueno en teoría: también es una buena inversión. Sin ellas, cualquier meta que el Gobierno alcance será eclipsada por el daño social a largo plazo que crean la corrupción y la falta de confianza en el Estado. Aparte de los efectos directos que la corrupción tiene en los derechos humanos de los ciudadanos, estudios han mostrado que los niveles de confianza en el Estado están relacionados con los niveles de pago de impuestos, con las percepciones sobre qué tan justo es el sistema tributario y la legitimidad de las acciones del Estado, con el comportamiento de los mercados económicos y con la eficacia de las políticas públicas (especialmente las que requieren participación y cumplimiento por parte de los ciudadanos).

Pero a pesar de lo que los casos de corrupción publicitados en los medios parecen sugerir, el comportamiento poco ético no es cometido por personas que son intrínsecamente malas o que solamente le temen a fuertes multas o a la cárcel. Investigaciones psicológicas han mostrado que, de hecho, la gran mayoría de personas nos consideramos honestas y buenas en general, pero también usamos frecuentemente justificaciones para romper las reglas y obtener un beneficio (piense en frases como «no tenía otra opción», «lo hice por mis hijos» o «todo el mundo lo hace»). Y como Antanas Mockus ha investigado, las emociones, los principios morales y el deseo de mantener la imagen positiva que los demás tienen de nosotros también importan mucho en nuestro comportamiento, a veces incluso más que el miedo a las multas o a la cárcel.

Por eso, aunque las medidas tradicionales de control y castigo son necesarias, no son suficientes. Como los que hemos trabajado en el servicio público en Colombia (y sospecho que en muchos otros países) reconocemos fácilmente, tener buenas leyes, instrumentos técnicos y sanciones es necesario, pero no siempre garantiza transformaciones reales en las creencias y comportamientos cotidianos de los servidores públicos y los ciudadanos.  

Pero si estas medidas no siempre son suficientes, ¿qué más podemos hacer? Varias experiencias prácticas en Colombia y el mundo han comprendido que los cambios sostenibles se crean a partir de movimientos colectivos y no de mandatos impuestos desde arriba, y están tratando de aprovechar los hallazgos de las ciencias psicológicas y del comportamiento para transformar las creencias y compotamientos de los servidores públicos y ciudadanos. Uno de los puntos clave en este sentido es generar transformaciones en los ámbitos en los que los ciudadanos más se relacionan con el Estado, empezando por la forma en que reportamos las actuaciones de los políticos y servidores públicos (que conocemos sobre todo a través de escándalos en los medios de comunicación) y la calidad de los trámites y servicios que reciben los ciudadanos.

Cambiar creencias y comportamientos no es fácil. Pero como mostré en mi anterior columna, tampoco es imposible. Pequeñas iniciativas que no requieren muchos recursos pueden tener un gran impacto, y muchas veces basta con un grupo pequeño de personas que se comprometan con el cambio y con inspirar a otros a que cambien también. En la siguiente entrega de esta columna, presentaré 3 iniciativas locales en las que he trabajado en los últimos años y que a pesar de su escala limitada, muestran ejemplos concretos de cómo instituciones, servidores públicos y ciudadanos pueden generar procesos de acción colectiva para aumentar la integridad pública y la confianza en el Estado en sus ámbitos cotidianos.

*Director de Cultura Ciudadana del Tanque de Pensamiento Al Centro. Investigación de contexto realizada por Lara Geermann .

Pin It on Pinterest

Share This