Por: Sofía Salas*
@sofiasalasu

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Una vez más, el debate sobre el aborto está en la agenda pública. En las últimas semanas, decenas de columnas, noticias y programas de radio han revivido debates sobre este tema, que, sin duda, toca fibras sensibles de una sociedad. Estamos llevando a la picota pública decisiones que deberían poder tomarse en la intimidad. Celebro la ponencia del Magistrado Linares de la Corte, le doy la bienvenida al debate, pero me genera aún inquietud que se esté generando una sensación de polarización frente al tema y que esto esté perpetuando barreras y estigmas. 

La Corte no puede retroceder sobre aquello que ya ha garantizado. Si partimos de esta base, a grandes rasgos, había tres opciones reales sobre la mesa: la primera es mantener la despenalización de las tres causales -peligro para la salud de la madre, malformaciones que inviabilizan la vida del feto y violencia sexual- contempladas en la Sentencia 355 de 2006, la segunda es despenalizarlo completamente, y la tercera es implementar una restricción de tiempo con o sin las causales. La ponencia de Linares reconoce que las mujeres enfrentan aún muchas barreras y propone es una cobinación de la segunda y la tercera: propone despenalizarlo completamente hasta la semana 16 y aplicar las tres causales de ahí en adelante.

Sin embargo, más allá de la discusión sobre la necesidad de un aborto libre y seguro que ya han abordado con gran pertinencia personas como  Mónica Roa y Vanessa Daza, la sola existencia de las demandas enciende varias alarmas. Esta no es la primera vez que los opositores del aborto intentan llevar a la Corte a recular sobre lo que logró en 2006. En 2018, la Magistrada Cristina Pardo trató de limitar el tiempo en el que se permite un aborto a 24 semanas. En ese momento, la Corte no admitió el límite y, además, reiteró que las barreras que las mujeres enfrentan para acceder a abortos seguros constituyen actos de violencia con las mujeres. 

Ahora una ciudadana insistió nuevamente en pedirle a la Corte que se retracte. Me atrevo a pensar que Natalia Bernal, la abogada y doctora en Derecho Constitucional que presentó la demanda, tiene claro que la Corte no puede retroceder sobre lo que ya ha determinado, sin presentar nuevos argumentos.  Sin embargo, poner el debate nuevamente en la agenda puede ser un mecanismo para intentar estigmatizar el aborto ante el público. La opinión pública colombiana apoya mayoritariamente el aborto legal. No obstante, la discusión en torno a la prohibición ha generado condiciones para, primero, crear la sensación de que el país está polarizado alrededor de este tema; segundo, darle plataforma a voces radicales que pretenden plantear un debate en clave de héroes y villanos como lo hizo el senador Álvaro Uribe en Twitter; y tercero, perpetuar las barreras sociales y los estigmas a los que se enfrentan mujeres que están considerando la posibilidad de abortar.  

Aunque el contexto legal y político de Estados Unidos es muy diferente al colombiano y la historia del derecho al aborto se basa en otro tipo de argumentos, lo que ha ocurrido recientemente en este país debe servir de alarma. En 2013, el estado de Texas restringió fuertemente el aborto, lo que resultó en un incremento en las barreras de acceso. El años pasado, varios estados pasaron legislaciones que pretenden limitar o prohibir el acceso al aborto.  Si bien la mayoría de estas legislaciones fueron bloqueadas en el nivel nacional, más estados han intentado prohibir parcial o totalmente el aborto. Esto ha tenido, al menos, dos consecuencias: primero, los movimientos antiaborto han ido ganando espacio para revivir debates sobre derechos que ya habían sido garantizados y segundo, ha generado rumores sobre la imposibilidad de abortar, creando así confusión entre el público. Además, ha creado espacio para discursos radicales alrededor del aborto, como el que dio Donald Trump en el Estado de al Union.

La ponencia del Magistrado Linares generará con seguridad  un debate álgido. La tarea ahora es enfocarnos en resolver los obstáculos y desigualdades más apremiantes que aún enfrentan miles de mujeres en el país, en vez de seguir invirtiendo tiempo y energía en defender lo que ya se ha defendido. Esa energía colectiva podemos invertirla en pensar cómo reducir los 400.000 abortos clandestinos anuales o evitar las 70 muertes anuales por estos procedimientos; podemos invertirla en imaginar una educación sexual de calidad para los niños y niñas de todos los rincones del país; podemos invertirla en lograr que más del 10% de los hombres hablen sobre anticoncepción con un profesional de la salud; podemos invertirla en eliminar las barreras sociales y culturales que persisten para que las mujeres  accedan a procedimientos oportunos; podríamos invertirlas en reducir las enormes brechas de desigualdad que hacen que el aborto en Colombia siga siendo un privilegio de clase.

Sin duda, ante un tema que toca fibras tan sensibles, el debate es necesario y bienvenido, siempre y cuando no perpetúe barreras sociales, prácticas y legales. Empieza ahora una nueva batalla para seguir derribando estigmas y eliminando barreras, para que así, de una vez por todas, las mujeres podamos decidir con autonomía, libertad y seguridad.

*Directora de Género e Igualdad de Alcentro.

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