Por: Gabriel Cifuentes

  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
  • Gmail

En días pasados la ministra de justicia Margarita Cabello dio a conocer ante la opinión pública el borrador del proyecto de reforma a la justicia. Aunque éste se compone de un acto legislativo y de otras reformas ordinarias, la impresión que deja es que la iniciativa no será estructural y tampoco resolverá de fondo los problemas del sistema.

Es imposible negar la buena voluntad de la ministra y de su equipo de trabajo, pero el país está esperando una transformación radical de la rama judicial. Es insostenible mantener un estado de cosas como el actual, donde las decisiones tardan años y donde los ciudadanos han perdido por completo la esperanza de ver resueltas sus necesidades jurídicas ante un órgano que parece haber sido cooptado por la corrupción y la ineficiencia. Baste ver la imposibilidad que ha mostrado la misma Corte Suprema en llenar sus vacantes, resultado de las pugnas políticas que se gestan al interior de dicha corporación.  

El acto legislativo es tibio, por decir lo menos y, en muchos de sus artículos, parece más responder a una coyuntura política que a los verdaderos problemas del sistema. En el proyecto se incluye una norma para evitar que los jefes de los órganos de control puedan aspirar a la presidencia apenas dejen su cargo. Esta es una iniciativa loable, pero de prosperar en el Congreso, parece ser más una zancadilla para las aspiraciones de Fernando Carrillo, quien ha resultado incómodo para el establecimiento en los últimos meses. Asimismo, el acto legislativo pretende avanzar de manera tímida en la consolidación de un sistema de precedentes. Sin duda, esta es una necesidad que se viene clamando a gritos desde hace ya tiempo en aras de garantizar la seguridad jurídica de los ciudadanos y empresas. Habrá que ver si esta iniciativa prospera, teniendo en cuenta que ya ha sido tachada de inconstitucional en anteriores oportunidades.  

El proyecto también avanza en la modificación de la elección de los magistrados de la Corte Suprema y del Consejo de Estado, el aumento de la edad en sus términos que pasaría de 8 a 12 años y una propuesta por aumentar el presupuesto de la rama con base en reglas aún poco claras. Quizás lo que más llama la atención es la cosmética reforma al Consejo Superior de la Judicatura que, en vez de desaparecer, atornillará a sus magistrados; ahora se llamarán consejeros.

Sumado al acto legislativo, la ministra ha dicho que se está avanzando en la reforma de los consultorios jurídicos, agilización y ampliación de las funciones de los centros de conciliación y una reforma a la justicia agraria. Estas reformas se están adelantando a través de proyectos de ley ordinarios dado que no exigen cambios en la constitución. Al ser tramitados separadamente, el riesgo de que sólo uno de ellos sea enterrado en el trámite legislativo, rompería la coherencia de la propuesta del ministerio y volveríamos a tener reformas aisladas con un impacto mínimo en la estructura judicial.  

Ese Frankenstein que se están inventando desde el gobierno recoge algunas cosas que sí resultan importantes en cualquier conato de reforma a la justicia. Sin embargo, son del todo insuficientes de cara a los enormes retos del sistema. No se habla, por ejemplo, de la especialización de jueces o de creación de unidades especiales de coordinación con la fiscalía y los grupos de investigación judicial; se dejan por fuera propuestas por avanzar en la implementación de nuevas tecnologías, minería de datos, justicia inteligente y predictiva; tampoco se le hecha mano a los procesos y procedimientos, a la formación de los jueces o a la implementación del modelo de carrera judicial. No se aborda en ningún momento una estrategia para aumentar la eficiencia de la rama, combatir la corrupción, eliminar funciones nominadoras y la despolitización del sistema. Se quedaron por fuera temas tan importantes como el acercamiento al ciudadano, pedagogía de los derechos de acceso a la justicia, los modelos de justicia rural o incluso la desjudicialización de la litigiosidad en nuestro país.

En fin, son innumerables los problemas de la rama y son contadas con los dedos las propuestas presentadas por el gobierno. A todos nos conviene la reforma del sistema judicial, en particular a los ciudadanos más humildes que únicamente pueden acceder a sus derechos mediante acciones judiciales. Sin una justicia eficiente, transparente y oportuna, es difícil consolidar el Estado de Derecho que proclama nuestra constitución. Sin un modelo de justicia fuerte y que le responda a la ciudadanía para resolver sus necesidades lo que está en riesgo es el mismo sistema democrático colombiano.

Se necesita una reforma a la justicia y se necesita ya. Desafortunadamente lo que está en curso parece más una colcha de retazos que le sirva al gobierno para decir que, a diferencia de sus antecesores, logró finalmente avanzar en el mejoramiento del sistema judicial. Mucho, nos hace falta todavía mucho para que eso sea una realidad. 

*Director Dirección Justicia y Seguridad

Pin It on Pinterest

Share This