Valentina Montoya y José Segundo López

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Nancy* se despierta en la mañana y prende su radio en el que oye la noticia: hay protesta. De nuevo, ese día no podrá ir a trabajar en una de las casas en el norte de Bogotá porque Transmilenio “está muy complicado”. Dado que es una trabajadora doméstica por días y que recibe su salario por día trabajado, este mes la plata no le alcanza.

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Ha dejado de trabajar ya varios días porque las estaciones están cerradas, pero aún tiene que pagar las cuentas de su casa y ayudarle a comprar los medicamentos a su hija que acaba de dar a luz. Le preocupa la protesta porque, aunque está de acuerdo con algunas de las cosas que ha oído sobre la marcha, no puede darse el lujo de protestar ni mucho menos de dejar de trabajar. 

La historia de Nancy* es la misma de las cientos de miles de trabajadoras domésticas que por estos días ven seriamente limitada su economía familiar porque los buses no han estado funcionando como de costumbre.

Pero, además, esta historia se parece a la que cuenta la señora que trabaja en un salón de belleza en el norte de la ciudad, que sí fue a trabajar y ahora no sabe cómo volver a su casa, en el suroccidente de la ciudad, porque cerraron el sistema. Está muy preocupada porque tiene que ir a recoger a su niño de la guardería y no sabe quién lo hará en su lugar. Ya sea porque los vándalos lo hayan atacado y destruido en algunos sectores, porque los manifestantes lo hayan obstaculizado, o porque el gobierno local haya decidido suspenderlo, el punto es que el transporte público en la ciudad se ha visto fuertemente afectado durante los días de protesta.

La protesta es un derecho constitucional que debe protegerse. Miles de personas de diferentes sectores sociales y en múltiples ciudades del país han hecho oír sus voces de inconformidad. Han salido con música y baile, han meditado en las calles, y hasta han dejado oír el fuerte ruido de sus cacerolas de manera pacífica. Pero ¿qué hacemos con tantas mujeres de estratos socio-económicos bajos que, aún con motivos, no pueden darse el lujo de protestar, sino que tienen que seguir trabajando? 

Precisamente, como en casi todo, los bloqueos del transporte afectan de manera desproporcionada a las mujeres de bajos ingresos. Primero, porque un amplio porcentaje trabaja de manera informal –datos del Ministerio de Salud y Protección Social revelan que en el trabajo doméstico la informalidad ronda el 80%- , lo cual hace que muchas no reciban un salario estable y las prestaciones debidas, sino que tengan que ganarse el sustento día tras día. Segundo, porque son las mayores usuarias del transporte público. Incluso, lo usan más que los hombres de escasos recursos, que pueden usar más la bicicleta, o la motocicleta, por ejemplo. Esto se muestra en las figuras a continuación. 

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Figura 1. Distribución modal de viajes de trabajo de mujeres p or estrato del hogar (día típico 2015). Fuente: Elaboración de las autoras con datos de la encuesta de movilidad para Bogotá 2015.

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Figura 2. Distribución modal de viajes de trabajo de hombres por estrato del hogar (día típico 2015). Fuente: Elaboración de las autoras con datos de la encuesta de movilidad para Bogotá 2015.

Además, en un día típico en Bogotá, según la Encuesta de Movilidad de 2015, las mujeres se demoran un 11% más de tiempo promedio en los viajes de trabajo que los hombres. Un bloqueo al transporte público hace que esta diferencia aumente exponencialmente, lo cual para muchas hace imposible siquiera viajar. 

Cuando cualquiera de los actores involucrados limitan la conectividad a través del bloqueo del transporte público afectan a los ciudadanos y ciudadanas que la protesta trata de defender. Cuando los vándalos destruyen estaciones, queman y roban buses del SITP, incomodan primero a los funcionarios que trabajan en el tema de movilidad. Pero, sobre todo, limitan el ingreso e, incluso, impiden el acceso de miles de personas –sobre todo mujeres- de bajos recursos que son quienes mayoritariamente usan el transporte público en Bogotá. 

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Figura 3. Densidad de destinos de viajes en la hora pico de la tarde (hacia donde la gente va en la tarde). Transmilenio arriba a la izquierda, bus arriba a la derecha, estratos socioeconómicos abajo a la izquieda y carro abajo a la derecha.

El derecho a la protesta, que el Estado debe garantizar y los ciudadanos pueden ejercer, debe considerar las dificultades diarias de trabajadoras y trabajadores que se ganan el sustento por día trabajado.  No deja de ser irónico que ese derecho afecte a una gran masa de la población para la cual no existe empleo ni ingresos sin un transporte público que los lleve hasta sus trabajos. Reconocer las dificultades de este sector de la población y permitirles moverse es vital para su subsistencia. Garantizar su acceso al empleo empieza por permitir que el sistema de transporte público opere con regularidad y normalidad aún en medio de las protestas.

*Columnistas invitados del Tanque de Pensamiento Al Centro.

Valentina es Candidata a SJD en Derecho de la Universidad de Harvard José Segundo es Investigador de Worls Resources Institute.

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