Por: David Luna
dluna@mit.edu

Estos son los cinco principios sobre los que he ejercido mi carrera pública durante 20 años y que les he mencionado en mis anteriores columnas: el servicio público es el arte de servir a los demás y no la actividad para servirse a uno mismo, en la política se debe construir sobre lo construido, quienes ejerzan un cargo público deben entender que su único jefe es el ciudadano, se debe hacer oposición, pero no llevarla contraria y uno más, que menciono de último no por ser el menos importante, sino porque quiero profundizar un poco más: los recursos públicos son sagrados.

El 64% del Estado se financia gracias a los impuestos que pagan los ciudadanos y las empresas colombianas. Los impuestos para muchos son una carga, un colombiano paga en impuestos entre 15% y 20% de lo que ganó al año. Cuando tributamos estamos haciendo un aporte que, la mayoría de las veces, significa un gran esfuerzo para el bolsillo y un sacrificio personal. Los colombianos nos dejamos de dar gustos por pagar impuestos. Cumplir con la obligación de tributar es nuestro deber, pero el buen manejo y las buenas inversiones de estos es una responsabilidad de nuestros dirigentes.

En mi casa me enseñaron que lo ajeno se respeta. También me enseñaron que el que se apropia de las cosas que no son suyas no tiene otro nombre más que ladrón. Lo que no es de propiedad de uno merece un cuidado y un trato especial, y los recursos públicos se elevan incluso a un nivel superior: son sagrados.

Lastimosamente en Colombia la corrupción nos ha quitado años de desarrollo y oportunidades. Incluso, nos ha quitado vidas. Hay que decir que no son todos los servidores públicos, que la mayoría de quienes trabajan para el Estado son gente honesta, trabajadora y decente, pero como en todo, siempre hay manzanas podridas.

En la última encuesta Invamer, para los colombianos la corrupción dejó de ser el principal problema que tiene Colombia. Pero ojo, aún nos falta mucho para enviar al segundo lugar de prioridades este punto. Con los corruptos no hay que tener ningún tipo de consideración. Además de las sanciones penales que deberían ser ejemplarizantes, tenemos que aplicarles castigos sociales para que sientan vergüenza de lo que hacen. A los corruptos deberíamos cerrarles las puertas en muchos aspectos sociales. Duele ver que en muchas regiones del país persiste la pobreza y el atraso, porque sus dirigentes “canallamente” desviaron los recursos. Da vergüenza cómo un alcalde de Bogotá junto con su pandilla se robó la ciudad y nos dejó en la quiebra; aplaudo que la justicia haya condenado a Samuel Moreno, es un avance, pero aún da ira ver como otros personajes no pagan ni la mitad de lo que se robaron y por el contrario se les otorgan beneficios, esto último fue una burla a todos los bogotanos.

Hemos logrado avances en esta batalla, la tecnología ha sido una gran aliada en la lucha anticorrupción, ha acercado el Estado al ciudadano y gracias a los datos abiertos es mucho más fácil hacer veeduría. Sin embargo, aún nos falta seguir pedaleando para cambiar el chip de algunos -mal llamados- servidores del Estado, porque los recursos de los colombianos se cuidan como lo más sagrado. El que vino a la política para hacerse rico se equivocó de oficio.

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