Por: Juan Carlos Losada Vargas*.
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Existen momentos en la vida de una persona que marcan definitivamente su destino; el mío fue cuando descubrí, a través de la filosofía, la meditación y el yoga, que la razón de mi existencia estaba en servir y luchar por aquellas causas que defendieran todas las formas de vida, el ambiente y los animales.

Por esta razón decidí asumir un liderazgo social; primero, dando cursos de yoga y meditación, luego, generando conciencia ciudadana con el movimiento “misión respira planeta” y posteriormente incursionando en la política.

Desde este último escenario, he llegado al Congreso de la República de Colombia en dos ocasiones como Representante a la Cámara por la circunscripción de Bogotá D.C., abanderando sin temor estas causas de vida e impulsando iniciativas reales que contribuyan a cambiar nuestros viejos paradigmas frente a la forma de ver y relacionarnos con ese otro ser vivo, que nos rodea y con quien convivimos, pero que tradicionalmente invisibilizamos, utilizamos, explotamos y extinguimos, sin ningún tipo de consideración, pues hemos creído que nos pertenecen y existen exclusivamente para satisfacer nuestras necesidades.

Por ello mi primer proyecto, que hoy es la Ley 1774 de 2016, fue para cambiar la condición de los animales en el Código Civil, de cosas a seres sintientes, y para penalizar los actos de maltrato cometidos en su contra. Esta reciente norma ha logrado, poco a poco, desestimular el maltrato animal en el territorio nacional e instaurar una cultura de protección y bienestar que llevó incluso a que la Fiscalía General de la Nación creara un grupo especial para judicializar de forma efectiva los actos crueles en contra de los animales.

De igual forma soy autor de sendas iniciativas legales que cursan actualmente en el Congreso que buscan prohibir en Colombia las corridas de toros, los plásticos de un solo uso, el testeo en animales para fines cosméticos, así como del primer Código Nacional de Protección y Bienestar Animal en Colombia -el más avanzado de Iberoamérica- y una reforma integral al capítulo de delitos ambientales del Código Penal colombiano, amén de un proyecto de reforma constitucional tendiente a reconocer a la naturaleza y a los animales como verdaderos sujetos de derechos.

Como bien se puede evidenciar, hemos avanzado a través de una acción integral, coherente y armónica para enfrentar los diferentes frentes y grupos de interés que defienden una visión antropocéntrica de la vida y un statu quo que genera incalculables beneficios económicos sin importar las consecuencias y daños causados, ni mucho menos pensar en las próximas generaciones.
Esta causa, que ya no es simplemente local, sino mundial, que propende construir una sociedad que respete todas las formas de vida, es como luchar contra la corriente, pues quienes deberían ser coequiperos a veces se tornan en los mayores obstáculos.

Un reciente ejemplo de ello se aprecia en el contenido y alcance de la Resolución 00350 de 2019 del Ministerio de Agricultura colombiano “por la cual se establecen las cuotas globales de pesca de las diferentes especies bajo aprovechamiento para el año 2020”, iniciativa a todas luces en contravía de los postulados de protección ambiental y animal, pues pretende hacer ver como normal el mantenimiento de cuotas permitidas para pesca artesanal de tiburón y de aletas de tiburón y, además de la autorización de pesca de especies amenazadas como el Carcharhinus falcimformis, el Sphyrna spp y del Sphyrna corona, especie de la que ni siquiera se tienen datos certeros sobre su población mundial.

Según la FAO, el comercio de Tiburón se enfoca en su carne, la piel, el cartílago, el hígado y, el producto más preciado, las aletas. En Asia la sopa de aleta de tiburón tiene un costo de aproximadamente de 1600 yuanes (aproximadamente 200 euros), negocio altamente lucrativo que ha fomentado la implementación de una de las prácticas más crueles: el aleteo.

No podemos olvidar que el aleteo básicamente consiste en la mutilación de las aletas de los tiburones y la devolución del torso del animal, aún vivo, al mar. Sin aletas el tiburón no puede movilizarse y muere desangrado y ahogado en el fondo del océano. Esta práctica que es a todas luces una muestra de la barbarie humana busca evitar la carga del cuerpo completo del animal con el fin de disminuir peso y espacio en las embarcaciones y de obtener el mayor provecho comercial de estos seres vivos que se ven indefensos frente a la maldad de algunos pescadores.

Aunque los ministros de Agricultura y Ambiente colombianos han pretendido desmentir los perversos alcances de la Resolución referida, aún es incomprensible que desde el año 2010 el gobierno nacional no se haya comprometido con disminuir las cuotas autorizadas de pesca de tiburón en aplicación del principio de progresividad. También es inadmisible que en esta nueva resolución se permita expresamente la pesca de especies en posible riesgo de extinción identificadas en el apéndice II de CITES y que, además, se incluya una cuota de pesca permitida para aletas de forma exclusiva.

Lo que se esperaría es que el gobierno colombiano junto con otros del hemisferio implementase medidas tendientes a instaurar modelos de desarrollo económico basados en la protección y conservación de nuestros recursos, dejando de lado, de una vez por todas, los modelos de explotación en los que arrasamos con las especies y sus ecosistemas. Debemos suspender de forma inmediata el ejercicio de prácticas crueles con otros seres vivos en las que solo ratificamos nuestra decadencia como especie y nuestra falta de empatía. Tenemos que asumir nuestro papel como guardianes del planeta en el que vivimos, dejando de lado el papel de destructores que hemos adoptado en el último siglo.
Proteger los mares, los bosques, la selva y el agua es una tarea que nos compete a todos y que requiere nuestro compromiso permanente. Debemos asumir su defensa y luchar porque las personas que alcanzan los puestos de poder en nuestros países tengan el mismo compromiso, de otra manera seremos cómplices de la masacre ambiental que estamos enfrentando y de la debacle que nos espera en cuestión de años en los que estaremos preguntándonos por qué no actuamos distinto cuando aún podíamos hacerlo.

Por ello, sacar adelante los proyectos de ley del Código Nacional de Protección y Bienestar Animal y la reforma integral al capítulo de delitos ambientales del Código Penal colombiano, son una prioridad inaplazable. No tenemos mucho tiempo para salvarnos de nuestra propia extinción.

*Columnista Invitado del Tanque de Pensamiento Al Centro y Representante a la Cámara del Congreso de Colombia.

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