Por: Andrés Camilo Rodríguez

 

Andrés Rodríguez
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El Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y Construcción de una paz estable y Duradera logrado entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC-EP permitió configurar una serie de tensiones y rupturas históricas provenientes del tránsito político que fue emergiendo en la última década y que se manifiesta en el ascenso de los sectores alternativos, el surgimiento de nuevos actores en la vida nacional, en una actuación disímil en el bloque de poder hegemónico, en una convulsión social producto de las recientes movilizaciones y en una creciente ola de violencia política en el territorio nacional.

A pesar de que existió una estructura fundamental en la solución política representada en cinco grandes dimensiones del conflicto armado y social como lo fueron los asuntos del campo, la participación política, el fin del conflicto, las drogas y el narcotráfico, y, una ruta de implementación, verificación y refrendación, en la actualidad no se han recreado las condiciones adecuadas para una puesta en marcha pertinente que contribuya a emprender las transformaciones que hoy requiere el país de manera más eficiente.

El difícil contexto en el proceso de implementación del Acuerdo de Paz se debe adjudicar principalmente a la situación de inestabilidad política que gira en el entorno del presidente Iván Duque; su falta de liderazgo, los cambios en el gabinete, la relación regional a partir de la crisis venezolana, la falta de consenso con el Congreso de la República, el impulso de las reformas tributaria, pensional y laboral, las tensiones con sus copartidarios como el Centro Democrático, Cambio Radical y Partido Liberal, los recientes escándalos de quienes lo rodean sobre corrupción, crímenes y mafias regionales, la situación de violencia contra líderes sociales y excombatientes, y, las movilizaciones, son los aspectos más relevantes, que sumados todos juntos, conjugan una manifiesta falta de voluntad del gobierno actual por el cumplimiento de los puntos del acuerdo, el desarrollo normativo y el diálogo político con otros actores armados como el ELN, entre otros; así las cosas, encontramos un estancamiento global en la consolidación de la paz que evidencia una tendencia en la actitud permanente en lo que resta en el tiempo del actual periodo presidencial.

Alrededor de los elementos señalados con anterioridad, encontramos escenarios regionales y locales, que evidencian un comportamiento diferente, por un lado, se encuentran algunos territorios que han apostado por darle continuidad desde una dinámica local al proceso de implementación y reconstrucción del tejido social a pesar de las adversidades, a su vez, la nueva reconfiguración de los gobiernos departamentales y municipales a partir de los resultados de las elecciones de octubre de 2019, evidencian una clara apuesta por programas y gestiones permanentes que se encaminan hacia nuevos relatos de democracia, justicia social, defensa de la vida, generación de productividad y paz (DLP, 2020).

Hoy encontramos fenómenos importantes que tienden a reconfigurar los escenarios políticos en las regiones del país y que provienen de los resultados de las ultimas elecciones del 2019, pero también, de experiencias que anteceden los comicios pasados que vienen desde el plebiscito por la paz en el 2016, las elecciones a cámara y senado, las elecciones presidenciales y la consulta anticorrupción del 2018; por ejemplo, en las gobernaciones y ciudades capitales, hubo una preponderancia en la participación y victorias mediadas por coaliciones y grupos significativos, desplazando con un margen relevante las formas de participación tradicional que se daban de forma directa por parte de los partidos; junto con el aumento significativo de jóvenes, las dinámicas particulares de los Planes de Desarrollo con enfoque Territorial (PDTS), la participación de mujeres y la proyección de programas coherentes con el contexto de paz, son elementos que permiten hacer énfasis en las nuevas realidades que comienzan a emprender rutas posibles de consolidación de la paz desde una perspectiva fundamentalmente local (MOE, 2019).

Allí, las capitales también juegan un papel relevante, casos como el de Daniel Quintero en Medellín, Jorge Ospina en Cali y Claudia López, por señalar solo algunos casos, han permitido establecer rumbos diferentes y abrir un campo de oportunidades para el desarrollo de las ciudades y su comprensión de la mano de sectores alternativos y emergentes.

El anterior contexto permite afirmar que hoy la construcción de paz en el país no permite avanzar con el deseo ideal de eficacia en la implementación a nivel nacional, pero que sí, posibilita trazar caminos en el marco de las oportunidades que genera la reconfiguración sociopolítica que se viene gestando en varias de las regiones y territorios significativos que han estado marcados por la violencia política y la intensidad de la guerra entre diferentes actores ilegales y armados.

En este sentido, se han posibilitado un conjunto de herramientas que brindan un marco lógico a este esfuerzo que se ha señalado y que los nuevos gobiernos municipales y departamentales pueden adaptar a partir de la formulación de sus planes de desarrollo y programas de gestión gubernamental en la medida en que el Acuerdo Final se ha venido incorporando progresivamente en el marco jurídico-constitucional del país y que por lo tanto, merece de total vinculación a las responsabilidades departamentales, municipales y locales; sobre el particular, es importante tener como marco de referencia nacional el Acto Legislativo 02 de 2017, la Sentencia C-630/17, el CONPES 3932, el Plan Nacional de Desarrollo 2019 – 2022 y la Regionalización del presupuesto de inversión vigencia 2020; cada uno de estos componentes establecen entre sí, la obligatoriedad, los instrumentos de planificación, la presupuestación, el seguimiento y demás disposiciones vinculantes al orden nacional y territorial para la consolidación de la paz estable y duradera como principio esencial (DLP, 2020).

En relación con Bogotá y el nuevo gobierno de Claudia López, es importante señalar que ha sido uno de los acontecimientos más importantes en el país por la generación de rupturas políticas, culturales y económicas a partir de los acuerdos que le permitieron llegar a la Alcaldía Mayor, hoy esta experiencia que inicia, representa formas significativas de entendimiento sobre el devenir para la ciudad en el próximo cuatrienio.

Por un lado, existe un especial énfasis por mantener una conciliación con el modelo económico y la defensa de la institucionalidad bajo un relato de la transparencia y oportunidades, y por otro, una agenda social que ha iniciado con una apertura de campos posibles para incentivar procesos de ejecución y programas de gobierno que contribuyan a la superación de la desigualdad social y la consolidación de la paz en la ciudad. Así las cosas, la administración Distrital hoy se viene integrando bajo una visión de estabilidad política rodeada por diferentes sectores, que, por lo pronto, tienen la tarea de avanzar en el proceso de armonización administrativa, la construcción del Plan de Desarrollo Distrital, el diálogo con el nuevo Concejo y afianzar el equipo se secretarios(as), subdirectores (as) y prestadores de servicios en los próximos años.

El Programa de Gobierno de Claudia López y 5 dimensiones para la paz.

Desde la campaña, la actual alcaldesa ha sido enfática en posibilitar todos los mecanismos posibles para que la ciudad pueda dar cumplimiento a las metas que ella trazó en su programa en el marco de la actuación estratégica de diez puntos, los cuales refieren a la atención de la corrupción, el diálogo, el construir sobre lo construido y destruido, la cultura ciudadana, la defensa de lo público, la reducción de las brechas de desigualdad, la equidad de género, la defensa de la estructura ecológica, el ordenamiento territorial democrático y la reconciliación (López, 2019); a partir de estas dimensiones estructurantes de lo que se prevé será la actuación del gobierno distrital, junto con las cuatro metas-plan que orientan ejecutivamente la ciudad como lo son Vivir sin miedo, Tiempo para la familia y el desarrollo, Reverdecer Bogotá y Unidos como el mejor hogar se pueden ubicar cinco dimensiones provechosas para la consolidación de la paz en la ciudad de Bogotá.

1. Participación y diálogo: debe ser entendida como la principal apertura de la ciudad después de cuatro años donde se restringió la vinculación de la ciudadanía en los asuntos públicos, ahora, es un reto reabrir los diferentes canales de diálogo mediante una participación activa y directa desde las localidades, las expresiones sectoriales y distritales.

2. La exaltación de una generación: el relato por la incidencia permanente y continua de los jóvenes, las mujeres y buenos profesionales es un estímulo a la generación que ha transitado por la defensa de la paz en los últimos años en el país, ésta se encuentra emergiendo aún, pero constituye un esfuerzo por la renovación de la actividad política y gobernabilidad con un sentido de respuesta a una época situada en la paz.

3. Cultura y reconciliación: la acción colectiva entre la administración y la ciudadanía en su conjunto, permite llevar a la ciudad a ubicarse como el epicentro de la paz y la reconciliación, el reconocimiento sobre las identidades, proyectos diversos y actuaciones plurales, debe garantizar canalizar a los diferentes actores sociales que convergen en Bogotá en una relación dialógica que experimente la paz con profundidad.

4. La cuestión de lo público: la política como asunto común fortalece los diferentes escenarios de democracia y participación; la transparencia y la lucha contra la corrupción, son expresiones que cada vez más, están dirigidas hacia la construcción de nuevas formas de convivir, dialogar y decidir.

5. Sostenibilidad urbana: la interpretación adecuada de los retos globales entorno a la ecología, el cambio climático, la tecnología, la vida y la democracia, nos debe llevar a tejer progresivamente una ciudad en clave de desarrollo continuo y universal, coherente con la contemporaneidad que asalta a la humanidad.

Éstas cinco dimensiones deben ser transversales y ser comprendidas como oportunidades que posibilitan la construcción de paz en la ciudad; los primeros seis meses de gobierno son una ruta común que implican la vinculación del conjunto de los habitantes de Bogotá, por esta razón, la existencia de una sinergia entre lo público y la ciudadanía en un primer momento, debe dirigirse hacia los escenarios de participación local que hoy están a disposición de la construcción del Plan de Desarrollo Distrital y los Planes de Desarrollo Locales; en este sentido, las localidades cuentan con los Consejo Locales de Participación, los Encuentros Ciudadanos y la apertura de diferentes instancias de participación sectorial en el marco del Sistema Distrital que deben ponerse en sintonía de la paz. En un segundo nivel, éstas cinco dimensiones deben integrarse a la incidencia por medio del fortalecimiento participativo con escenarios de formación ciudadana y hacia generación de diálogos que contribuyan a intercambiar entre el conjunto de actores implicados en la consolidación de paz Bogotá como lo son el Concejo, el Movimiento Social, las Víctimas, la población Excombatiente, las Organizaciones Sin Ánimo de Lucro, la institucionalidad y las iniciativas particulares sobre reconciliación, paz y Derechos Humanos.

Posibilidades de implementación del acuerdo de paz en Bogotá.

La gestión de políticas sobre la paz está condicionada no sólo por variables del entorno, sino también por las “reglas del juego” y los intereses de los actores en cualquier proceso; los movimientos tácticos y estratégicos que los actores juegan en el proceso de implementación dan lugar a la estructuración de tipos de acción a partir de las cuales éstos desarrollan sus discursos y prácticas que configuran iniciativas que son el resultado de un proceso altamente complejo de interacción estratégica entre quienes ponen en marcha las políticas y sus respectivas adaptaciones. Este punto es particularmente relevante, ya que los tipos de acción que se pretendan realizar sobre la paz y el Acuerdo Final posibilita la estructuración de relatos comunes y prácticas facilitadoras por parte de los actores e impactan sobre la decisión de política pública en el distrito.

Por lo anterior, en la ciudad y las más de 43 políticas públicas con las que hoy cuenta, debe concebir la paz como un elemento transversal para su proceso de implementación, éstas deben implicar la gestión de los sectores del gobierno distrital articuladamente, junto con las posibilidades locales y territoriales de los espacios de participación e incidencia ciudadana. La transversalidad debe ser diseñada a partir de la construcción del Plan de Desarrollo y de la voluntad de los sectores políticos y las disposiciones que orienta el marco normativo general a partir del Acto Legislativo 02 de 2017.

A continuación, se señalan algunas de las posibilidades centrales para la construcción de paz en la ciudad en el marco del Acuerdo Final.

1. Adecuación de la Política Pública de DDHH: ésta fue formulada y aprobada en el año 2019, fue producto de un esfuerzo principal por parte de la administración de Enrique Peñalosa, sin embargo, las limitaciones actuales obedecen al alcance del enfoque de paz y el fortalecimiento de su gestión, implementación y seguimiento de manera integral con las instancias de participación, organizaciones sociales, sectores políticos y acción local; de tal manera que, los ejes de Igualdad y no discriminación, Construcción de paz, Derechos civiles y políticos, Derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA) y el Acceso a la justicia que están consignados en ésta, deben permitir brindar una orientación clara para garantizar el objetivo de convertirse en una política amplia e incluyente que logre transversalizar planes, programas y proyectos de todos los sectores para la incorporación y garantía de los derechos humanos en el distrito capital.

2. Estatuto de la oposición: la nueva conformación del concejo de Bogotá y dinámicas actuales de movilización social en la ciudad deben propender por ejercer un desarrollo dialógico acorde al marco jurídico que se viene consolidando como ley 1909 de 2018, resoluciones 3085 y 3134 de 2018, y 3941 de 2019, que establecen específicamente los derechos adquiridos por ser oposición; éstas garantías políticas y de seguridad no solo son parte de una visión centrada en la acción partidaria de quienes se declaran bajo esta figura, sino también, se debe exaltar el reconocimiento de los escenarios de las organizaciones y movimientos sociales, garantías para la protesta, acceso a medios de comunicación y escenarios de interlocución y convivencia permanentes.

3. Participación ciudadana y fortalecimiento democrático: el Acuerdo Final establece “contribuir a avanzar en la construcción de una cultura de reconciliación, convivencia, tolerancia y no estigmatización, lo que implica un lenguaje y comportamiento de respeto y dignidad en el ejercicio de la política y la movilización social, y generar las condiciones para fortalecer el reconocimiento y la defensa de los derechos consagrados constitucionalmente.” (Acuerdo Final de Paz, 2016, pág. 46)., la Constitución Política de Colombia, artículos 339 y 340, el Sistema Nacional de Planeación, y el desarrollo de un enfoque transversal de una participación activa en la ciudad también puede fortalecerse por medio de la Ley 152 de 1994, la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo y ley 388 de 1997 (Consejos Nacional y Territoriales de Planeación), Ley 134 de 1994, los mecanismos de participación ciudadana como el Decreto Ley 1088 de 1993, el Decreto 1953 de 2014, la Ley 70 de 1993, la Ley 338 de 1997 y Ley 1454 de 2011 Planes de Ordenamiento Territorial y consultas ciudadanas, la Ley 850 de 2003, la Ley 1757 de 2015 y la Promoción y protección del derecho a la participación democrática y dinamismo del Sistema Distrital de Participación,

4. Protesta social: establecer unas formas de incidencia conjunta entre las instituciones y la ciudadanía para la revisión del marco normativo respecto a la movilización y la protesta; garantizar la atención temprana de peticiones y propuestas ciudadanas a las autoridades y promover la creación de garantías para el diálogo como respuesta estatal a la movilización y la protesta, debe ser armonizado principalmente en la ciudad con el protocolo impulsado por la Alcaldía Mayor que aún no cuenta con resorte normativo, el decreto 563 del 2015 que fue formulado y aprobado por diferentes sectores de la sociedad civil y la reactivación inmediata de la Mesa Distrital de Derechos Humanos son herramientas de diálogo social e interlocución permanente para blindar la protesta social y que se haga un adecuado seguimiento al proceso de vulneraciones contra los Derechos Humanos en relación con los actores vinculados directamente a los ejercicios de movilización social.

5. Enfoque de género: de la mano del fortalecimiento institucional de la Secretaria para la Mujer debe liderarse integralmente la implementación de la transversalidad del género y participación de las mujeres, garantizando su seguridad y construcción de una política de solución y cultura hacia los problemas de género, la atención y oportunidades para la población LGBTI y demás identidades sexuales. Hay un robusto marco normativo que contribuye al estímulo de decisiones eficaces sobre el tema y que lo podemos ver recogido en el CONPES 3932/2018 –PM, el Decreto 1418/2018, el Decreto Ley 2017/2016 sobre el Consejo Nacional de Reincorporación, el Decreto 896/2017, Decreto 893/2017 y el Plan Nacional de Desarrollo 2019 – 202 referente al “Pacto por Colombia. Pacto por la Equidad”.

Sin ser éstas las únicas posibilidades de implementación del Acuerdo Final y construcción de paz en la capital, son unos instrumentos centrales que se pueden ubicar en el momento particular de la alcaldía mayor y la construcción ciudadana que implica el primer y segundo semestre del año en curso teniendo en cuenta el periodo de armonización y construcción del Plan de Desarrollo Distrital. Así como existen estas herramientas, también podemos ubicar los PDTS para la región del Sumapaz, la activación del cuerpo especial policivo para la desarticulación de grupos criminales y pos-desmovilización del paramilitarismo, el fortalecimiento de la política distrital de víctimas, el estímulo a programas de prevención y atención integral al problema de las drogas, entre otros instrumentos que deben garantizarse que estén consignados directamente en la formulación del PDD.

La ciudad de Bogotá debe sufrir de un entendimiento común entorno a los principios generales del proceso de implementación y construcción de paz a partir del Acuerdo Final; el territorio urbano como centro económico, realidades de desigualdad social, convergencia de identidades culturales diversas y como espacio central de la política, hoy se constituye como un potencial para las transformaciones que requiere el país en sintonía con un sentido de época para la paz mediante la consolidación de una nueva generación capaz de liderar las transformaciones requeridas en los espacios de incidencia bajo un enfoque de derechos, integración e inclusión territorial, fortalecimiento institucional, priorización, transparencia y el sentido de lo público, armonizado esto, en el marco de un principio dialectico entre el respeto a la vida, la construcción democrática y la justicia social.

Referencias: Defendamos La Paz, Viva la Ciudadanía, Común Acuerdo. (2020). Caja de herramientas para la formulación de planes de desarrollo para la construcción de Paz Territorial. Recuperado de: Versión Digital. Misión de Observación Electoral. (2019). Panorama político, tercer informe de resultados elecciones de autoridades locales 2019. Recuperado de: https://moe.org.co/panorama-electoral-2019/ López, C. (2019). Programa de Gobierno Claudia Alcaldesa 2020 – 2023. Recuperado de: https://bogota.gov.co/miciudad/administracion-distrital/programa-de-gobierno-de-claudia-lopez Centro de Estudios Territorio y Ciudad. (2017). 122 acciones del movimiento social y popular en la ciudad para implementar los acuerdos. Bogotá, Colombia: CETC. Gobierno Nacional de Colombia & FARC-EP. (24 de agosto de 2016). Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera. Recuperado de: http://www.urnadecristal.gov.co/sites/default/files/acuerdo-finalhabana.pdf

*Miembro número de la Dirección de Construcción de Paz

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