Por: Laura Torres
@Batilaurita
Recientemente la alcaldesa electa de Bogotá realizó su primer anuncio en asuntos relacionados con animales: no habrá más perros en el servicio de vigilancia privada que se presta en el sistema Transmilenio. Aunque tal decisión se reflejaría en la próxima licitación que abra el Distrito para contratar la prestación de este servicio, el anuncio puede interpretarse como una respuesta al creciente interés de la ciudadanía por el bienestar y la protección de los animales con los que a diario convivimos.
Dentro de las campañas políticas que tuvieron lugar este 2019 a raíz de las elecciones territoriales, hubo numerosas propuestas relacionadas con animales. Candidatos a alcaldías, gobernaciones, asambleas departamentales y concejos municipales y distritales consideraron en sus programas asuntos atinentes al bienestar animal, enfocados principalmente en animales de compañía, así como también a animales usados en producción de alimentos, animales silvestres, animales de trabajo y animales usados en espectáculos.
Varias de estas agendas políticas que tienen en cuenta los animales lograron obtener altas votaciones en las principales ciudades del país. Bogotá, Medellín, Cali, Cúcuta, Manizales, Pasto, Popayán, Tunja y Armenia eligieron concejales con reconocida trayectoria animalista. En lo relacionado con las alcaldías, en el caso de Bogotá y Medellín los elegidos para el período 2020-2023 expresamente manifestaron su interés en la protección animal, e incluso en la capital del país la alcaldesa electa firmó un pacto por el trato digno de los animales silvestres y domésticos, que contiene 9 puntos que plasman su compromiso para mejorar las condiciones de los animales que habitan el territorio distrital.
Dado que es la primera vez que los animales han tenido tanta relevancia en las campañas políticas y en los resultados electorales, es inevitable preguntarse si esto se debe a un interés genuino por su bienestar o a la necesidad de atraer nuevos electores que ante el desolador panorama de la política tradicional, optan por nuevas alternativas que atiendan sus intereses y las nuevas realidades a las que el mundo hoy se enfrenta. Ojalá la respuesta a este interrogante al cabo de los próximos 4 años nos deje más satisfacciones que preocupaciones.
Lo anterior, si se tiene en cuenta especialmente que la década que está por terminar fue la que más avances presentó en materia animal en el país. En estos 10 años pasaron cosas tan importantes como la eliminación del uso de animales en circos, la penalización del maltrato animal, el reconocimiento de los animales como seres sintientes, la inclusión de mandatos en dos Planes Nacionales de Desarrollo en torno a la creación de una política nacional de bienestar animal, la creación de centros e instituciones locales enfocadas en la protección animal, la generación de políticas públicas territoriales sobre bienestar animal y la reciente creación del Grupo Especial para la Lucha Contra el Maltrato Animal en la Fiscalía General de la Nación. Asimismo, en esta década las altas cortes han tenido dentro de sus discusiones en repetidas ocasiones asuntos, tan icónicos como problemáticos en la cuestión animal, como las corridas de toros y el reconocimiento de derechos para los animales.
Esto implica entonces un reto para los elegidos por sus propuestas animalistas, ya que por un lado, existe un marco normativo e institucional más consolidado al que deben ceñirse para tomar las decisiones que afecten a los animales, y por otro lado, deben estar al tanto de los pronunciamientos que sobre esta cuestión hagan las altas cortes en casos que actualmente se encuentran pendientes de decisión como el del oso Chucho, para adelantar las acciones que les correspondan en el marco de sus competencias.
A esto se suman otros desafíos tal vez más complejos. En primer lugar la discusión política que deberá tener lugar en concejos y asambleas, que enfrentará las ya conocidas posiciones ideológicas, institucionales y económicas en torno a los animales. En segundo lugar, el presupuesto con el que deberán contar para cumplir sus propuestas de campaña, pues de eso depende que estas puedan o no materializarse. Y en tercer lugar, las capacidades humanas y tecnológicas de sus territorios, pues para llevar a cabo acciones a favor de los animales se requiere gente capacitada en distintas disciplinas y ayudas tecnológicas que permitan optimizar ciertos procesos que los involucran.
No obstante, para los electores también hay una tarea a realizar y es la de ejercer veeduría ciudadana al cumplimiento de los programas de aquellos a quienes elegimos para que desarrollen acciones a favor de los animales. Podemos incidir en que ellos “se pongan las pilas” y cumplan con la responsabilidad política del elegido con sus electores, máxime cuando se trata de asuntos que están empezando a tener relevancia en la política pública y que deberían tener vocación de continuidad y no depender del gobierno de turno. Y especialmente, debemos vigilar que los intereses que primen en estas discusiones y decisiones sean principalmente los de los animales, de quienes somos su voz.
*Columnista invitada del Tanque de Pensamiento AlCentro.
Laura Patricia Torres es abogada de la Universidad de los Andes, Especialista en Gestión Pública, Magíster en Derecho Público de la misma Universidad, y Magíster en Derecho Animal y Sociedad de la Universidad Autónoma de Barcelona.