Por: Sadi Contreras Fuset*
@Sadi_CF

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Toda una polvareda levantó Uber con su anuncio de abandonar la prestación del servicio de transporte en Colombia, decisión que tiene una historia de confrontación entre esta empresa y diferentes Estados en el mundo.

La quinta generación móvil y el surgimiento de nuevas herramientas con aprendizaje automático han transformado el panorama de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) determinando el crecimiento de un país mucho más allá del ámbito de las simples “comunicaciones” para convertirse en la base fundamental de todos los sectores económicos y sociales.

Los Estados en general han venido reconociendo la necesidad de regular la prestación de servicios que explotan las plataformas con base en la manera disruptiva en que han ido instalándose en los mercados de consumo, teniendo en cuenta que son las empresas formales las que se enmarcan en la legalidad y sostienen las economías estatales. El esquema de colaborativas no puede ser óbice para que plataformas presten servicios por fuera de la legalidad, es necesario equilibrar las cargas, responsabilidades, obligaciones y tributos a todas las empresas virtuales o no virtuales para que compitan en igualdad de condiciones de cara al mercado, garantizando de esta manera los derechos al consumidor y al trabajador.

Disrupción en el mundo

El solo hecho de pensar en regular un modelo de negocio específico o un sector de la economía en particular sería el principio del fin en el ordenamiento jurídico y su aplicación por parte de los jueces. Las demás plataformas prestadoras de servicios (Ej: Rappi, Netflix, etc.) que tienen características comunes a la regulada (En este caso uber o sector transporte), se acogerían a la norma regulatoria que más le convenga para evadir las obligaciones que ésta genere. La mezcla de la normatividad vigente hoy con la nueva, dirigida a un solo sector, crearía un caos jurídico al tratar de impartir justicia para el juez de turno.

La regulación que se haga debe ser necesariamente una regulación estándar para todas las plataformas prestadoras de servicios y, a partir de ella, cada sector debería regular de manera específica los modelos de negocio en particular.

Al Gobierno anterior le llegó toda esta nueva ola de modelos para prestar servicios disruptivos y ni usuarios, ni reguladores, ni empresas formales, estábamos preparados para afrontar los cambios que en materia de servicios crecerían en consumo vertiginosamente. El primer paso para ejercer un control tributario lo dio el Ministro de las TIC de la época, David Luna, quien asumió dos posiciones estrictas frente al debate nacional del crecimiento de plataformas prestadoras de servicios:

  1. Deben cancelar el impuesto de I.V.A. (Reforma tributaria 2.016)
  2. Plataformas no se pueden bloquear ni suspender por neutralidad en la red, y porque son parte del desarrollo tecnológico en el mundo interconectado en beneficio de los ciudadanos.

En el plano internacional Ciudades como Barcelona y Londres, países como Alemania (en el 90%), Dinamarca, Hungría y Bulgaria, tienen prohibida la prestación del servicio de transporte por medio de la plataforma Uber. En Francia se sancionó nueva ley que introduce el impuesto de 3 por ciento sobre las ventas de GAFA (Google, Apple, Facebook, Amazon) y otras empresas multinacionales, generando la inmediata reacción del Presidente Trump por ser en su mayoría empresas que tributan en los EEUU. La Comisión Australiana de la Competencia y del Consumidor determinó que las principales plataformas digitales, como Facebook y Google, tienen efectos adversos en la competencia y hacia la protección de los consumidores, por lo que recomendó aplicar una serie de medidas para regularlas. El Senado de California aprobó un proyecto de ley que exige a las empresas de economía compartida, como Uber y Lyft, reclasificar a sus trabajadores como empleados, en lugar de considerarlos contratistas independientes.

Al final del año 2.019 en Estados Unidos un Tribunal de apelaciones del Distrito de Columbia respaldó a la FCC en anulación de la neutralidad de la red, pero advirtió que cada estado puede tener su regulación.

Posteriormente la Ocde propuso que las grandes empresas digitales, así como las que ofrecen servicios finales (Plataformas prestadoras de servicios como uber), paguen una parte de sus impuestos en los países donde estén sus usuarios, aunque no tengan presencia física en ellos.

Todo lo anterior sumado a las negativas de empresas como Uber de acompañar los procesos de diseño y aprobación de regulaciones en los diferentes países, hacen de la relación Estados – Plataformas prestadoras de servicios, una relación llena de sinsabores, nada colaborativa y con chispazos de insinuaciones que podrían rayar con el chantaje a los gobiernos, del retiro de inversiones prometidas o la no continuidad con la prestación del servicio de transporte en el país respectivo.

Al igual que Uber, empresas como Rappy, Beat, Netflix, google, etc. han comenzado a tener roces con los gobiernos en el mundo porque se evidencia cada vez más que el interés de las plataformas es vivir flotando en la informalidad e ilegalidad furtiva, más que en el marco de una regulación justa y en igualdad de condiciones con las demás empresas virtuales y no virtuales. Así mismo ha habido legisladores que por intereses electorales han evitado regular para un equivocado beneficio del sector tradicional. Ni lo uno ni lo otro le hace bien al país.

Regular

La solución inmediata y urgente es regular, y regular no como respuesta popular al grito ciudadano y empresarial, regular con objetividad y coherencia fáctica. Entender que se debe aprobar una normatividad estándar para todas las plataformas prestadoras de servicios y, a partir de esta, diseñar un esquema regulatorio para cada modelo de negocio o sector de la economía en particular.

El balón lo tiene el Gobierno como promotor de la política pública, pero más aún el Congreso de la República como vocero del ciudadano y órgano legislador que tiene la directa responsabilidad en sacarlo adelante. Es una tarea que no da margen de espera y requiere el acompañamiento de todos los sectores que entienden que el desarrollo y crecimiento de la nueva economía no se detiene.

Esa normatividad que regule plataformas no puede obedecer a presiones o chantajes, ni de empresas formalmente constituidas ni de las APP. Tienen que ser resultante del consenso de todos y en virtud a la aceptación que el beneficiario protegido debe ser el consumidor final y el trabajador colombiano, una competencia leal en igualdad de condiciones y un servicio con calidad.

*Columnista invitado del Tanque de Pensamiento Al Centro.

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