Desigualdad y exclusión educativa en la Pandemia: ¿Qué tanto se ven afectados los niños y niñas rurales en Colombia?

Desigualdad y exclusión educativa en la Pandemia: ¿Qué tanto se ven afectados los niños y niñas rurales en Colombia?

Por: Liliana María Guaca

Frente a la situación de aislamiento social y cierre temporal de las escuelas, se ha definido desde el Gobierno Nacional estrategias de acompañamiento escolar a los niños y niñas desde el hogar, a través de la mediación tecnológica. En las zonas urbanas, estas medidas se han logrado desarrollar debido al acceso a bienes y servicios que garantizan condiciones mínimas para el desarrollo de la actividad académica. No obstante, en las zonas periféricas y rurales donde las oportunidades no son las mismas, que para las familias urbanas de mayores ingresos, la situación es totalmente opuesta.

Es así, que la pandemia ha puesto de relieve la desigualdad entre los estudiantes rurales y urbanos en el sistema educativo. En este caso, la pobreza, la discapacidad, la etnia, y la dispersión geográfica son factores asociados que agudizan la situación y ponen evidencia el alto riesgo de deserción escolar al que se enfrentan hoy las instituciones educativas rurales.

Las dificultades en el acceso a los medios tecnológicos como tablets o computadores, sumado al factor conectividad, se convierten en los principales factores de exclusión, ya que es a través de las plataformas virtuales, que se procura mantener el proceso de escolarización.

Según un estudio de la Universidad Javeriana, el 96% de los municipios del país no desarrollan el proceso escolar de manera virtual porque más del 50% de los estudiantes de grado 11º de las escuelas rurales no tienen computador ni acceso a internet, sumado a que en caso de contar con algunos equipos, estos no son modernos y no permiten desarrollar un proceso educativo de calidad.

Respecto del acceso y la conectividad, el Censo DANE (2018) reveló que solo el 16.2% de las zonas rurales tienen acceso a internet. De los 32 departamentos, 22 tienen menos del 30% de viviendas conectadas y La Guajiara, Chocó, Caquetá y Vaupés, encabezan la lista de los que tienen la más baja conectividad del pais, siendo este último el más bajo con un 4%.

El cuarto informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo 2020: Inclusión y educación – Todos, sin excepción de la UNESCO aplicado a 209 países   “Identifica una exacerbación de la exclusión durante la pandemia del COVID-19 y se estima que alrededor del 40% de los países de ingresos bajos y medios- bajos, no han prestado apoyo a los alumnos desfavorecidos durante el cierre temporal de las escuelas”. Con este panorama los desafios de la educación rural en Colombia son titánicos, y se deben plantear escenarios posibles para lograr mantener a estos niños y niñas dentro del sistema educativo y así no perpetuar los circulos intergeneracionales de la pobreza.

En medios nacionales, algunos docentes rurales frente a esta situación han desarrollado alternativas para mantener a sus estudiantes escolarizados, optando por visitar en moto u otro medio alternativo, vereda a vereda para poder llevar el conocimiento a sus estudiantes, hasta familias que frente a la falta de conectividad y medios tecnológicos, han tenido que viajar hasta las cabeceras municipales o capitales de departamento para encontrar las guias de trabajo para sus hijos o un servicio de internet para conectarse con el sistema.

En este escenario tan complejo, se vislumbran algunas alternativas de cómo se puede avanzar en el mejoramiento de las condiciones de prestación del servicio educativo rural. Recientemente se sancionó una ley en el congreso liderada por la Representante a la Cámara por Bogotá, Juanita Goebertus del Partido Verde, que permite la flexibilización del transporte escolar en la ruralidad, en donde no aplica es bus amarillo y con cinturones de seguridad, ya que no existen operadores que presten los servicios o  las condiciones de vias de acceso terrestres son limitadas.

Si bien se abre la posibilidad a los territorios que se reglamenten otro tipo de trasportes alternativos que permitan pensarse un sistema multimodolal que beneficie a los territorios, estos deben garantizar las medidas de seguridad del caso y desde el gobiierno nacional se deben fortalecer el acompañamiento, especialmente a las regiones en su reglamentación con prontitud. Esta ley combate las brechas entre lo urbano y lo rural al proveer a los niños y niñas oportundidades de movilizarse hasta sus escuelas  de manera altenativa y garantizar así el acceso a la educación.

Finalmente, se espera de parte de los gobiernos locales que una vez los estudiantes vuelvan a las aulas, se desarrollen programas de refuerzo, acompañamiento y nivelación, y se definan acciones claras de  seguimiento a la efectiva adquisición y evaluacion de  los aprendizajes en la ruralidad, y que no resulte siendo un proceso que en apariencia garantiza la escolaridad pero que en el fondo, acrecenta las brechas y la exclusion educativa de aquellos que más lo necesitan.

 

*Miembro Dirección de Educación

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La importancia de la Contratación Estatal para la reactivación económica.

Por: María Camila Herrera 

La crisis sanitaria generada por el COVID 19 ha traído tanto consecuencias negativas para la salud como nefastos efectos en la economía generando la necesidad de iniciar una extensa lluvia de ideas para reactivar la producción, además de aquellas que ya han sido propuestas por el gobierno. Para esto serán esenciales iniciativas de todos los sectores de la sociedad, y el actor llamado a dar ejemplo en esta oportunidad, si no en todas, debe ser el Estado. Este debe realzar su liderazgo ahora más que nunca y proponer una agenda de políticas públicas al estilo del New Deal de Franklin D. Roosevelt con el objetivo de contribuir de la mano de reformas, leyes, programas de inversión pública, y a través de la intervención inteligente en los sectores más débiles.

Una de las alternativas mediante las cuales el Estado puede inyectar recursos de forma directa en la economía, que no solo tengan como fin la eventual recuperación de esta, sino que busquen el crecimiento de la misma a nivel nacional. Es decir, mediante la cual el Estado no solo logre la recuperación del comercio, sino que después de la “nueva normalidad” el país crezca económicamente para superar las pérdidas que ha dejado la crisis, es la contratación estatal. Esta es fundamental para lograr los fines esenciales del Estado y representa una parte importante de la economía del país debido al peso que tiene con relación al PIB y al gasto del gobierno. Solo en Colombia, según Fedesarrollo, la contratación pública corresponde al 12,5% del PIB y al 35,7% del gasto público.

Estos porcentajes de por sí ya son bastante altos, lo cual resalta su importancia. Al incrementarlos estamos aportando directamente recursos a la economía dando lugar al crecimiento de la vida productiva del país. A su vez, es una de las formas en las que es posible combatir la recesión económica, siendo muy cuidadosos con fenómenos como la inflación o el déficit fiscal. El Fondo Monetario Internacional elabora recomendaciones en la misma línea, pues exhorta al gobierno nacional a aumentar el gasto público para compensar la recesión actual. Una herramienta ideal para que esto suceda durante la crisis es la propia contratación pública, pues mediante el incremento del gasto permite que el Estado como actor económico sea un gran generador de empleo y actúe como una fuente de ingresos y crecimiento para las empresas colombianas.

Siendo así, es fundamental que los procesos de contratación relacionados con toda clase de obras y proyectos inicien tan pronto como sea posible, pues esta actividad está actualmente limitada y dirigida a priorizar la adquisición de bienes y servicios relacionados con la mitigación de la pandemia. Si bien debe mantenerse como prioridad la satisfacción de las necesidades que surgen de la crisis, no puede dejarse de lado la importancia de reactivar la economía en todos los sectores del comercio para superar las dificultades que prevén múltiples estudios en un futuro muy próximo, entre las que están la pobreza extrema y el incremento del desempleo.

La tramitación de nuevos contratos que no estén relacionados con la urgencia manifiesta es completamente posible a través de la celebración de audiencias públicas virtuales que permitan mantener el mercado de compras estatales; y mediante el uso de la plataforma del Sistema Electrónico para la Contratación Pública. Las entidades del sector público deben estimular estos procesos y agilizar la celebración de nuevos contratos que puedan ser ejecutados en un futuro cercano. Pues, aunque las medidas tomadas por el decreto legislativo número 440 de 2020, a través del cual se modifican leyes en temas contractuales, incluyen la no paralización de los pagos a contratistas, la contratación directa para la adquisición de bienes y servicios relacionados con la pandemia, el aumento presupuestal de las compras directas en grandes superficies, la contratación por urgencia manifiesta, y demás; estas no estimulan nuevas contrataciones que impulsen la economía por proyectos u obras no relacionados con la pandemia.

Si nuestro fin es superar la crisis económica, desde ya es primordial tomar las medidas necesarias. La contratación estatal es una herramienta ideal y por lo tanto es imprescindible que se elimine toda limitación a la tramitación de nuevos contratos públicos no relacionados con la pandemia y que se fomente el inicio de nuevos procesos en todos los sectores a partir de las plataformas tecnológicas existentes. Así podrá iniciar el proceso de ejecución de estos, que dará lugar a una etapa de reactivación en la economía liderada por el Estado.

*Miembro Dirección de Contratación Pública 

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