Por: Gustavo Hernández

Mediante la innovación y la creatividad las startups han buscado, a partir de una plataforma tecnológica, solucionar problemáticas comunes. Son emprendimientos con potencial de crecimiento exponencial, que por lo general buscan su retribución por medio de la masificación de sus servicios. Por los beneficios que estos suponen, sería útil contar con un ambiente propicio para que participen en la solución de problemáticas relacionadas con el servicio público.

En Colombia hay ejemplos de cómo algunas startups han logrado, en coordinación con la administración pública, contribuir en la prestación del servicio público. Uno de estos es Moovit: una startup que, por medio de una aplicación, le apostó a mejorar el transporte público en Bogotá al otorgar información y planeación de las rutas. El éxito de Moovit se dio por la complejidad del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP), que pudo apoyarse en la aplicación para ofrecer un servicio más amigable al usuario. Actualmente, Bogotá y Barranquilla – ciudades en que se encuentra presente Moovit en Colombia – representan el 8.7% de los usuarios que semanalmente utilizan la aplicación, que ya cuenta con más de 800 millones a nivel global. Para un sistema de transporte como el de Bogotá, que movilizó antes de la pandemia 2.5 millones de personas diariamente, podría considerarse que una gran mayoría de los usarios del sistema acuden a la aplicación para planear sus rutas. A Moovit se le atribuye que mejoró la satisfacción de los usuarios en un 70% y redujo la percepción de complejidad del sistema en un 50%, según YanHaas. No obstante lo anterior, la alianza entre la aplicación y el Distrito no tuvo costos, ni se contempló en la estructuración del SITP.

Otro caso que vale la pena mencionar es el acuerdo entre la startup Truora con el Gobierno Nacional y con la administración de Barranquilla para el registro de las personas que se encuentran dentro de las excepciones contempladas en las normas sobre aislamiento preventivo. La plataforma permitió que los particulares que deban ejecutar actividades exceptuadas se inscriban, de tal forma que las autoridades puedan verificar la información. 

Aun cuando se han presentado acuerdos como los anteriores entre startups y la administración, existen otras formas en que estos emprendimientos podrían contribuir a solucionar problemáticas del servicio público. Por ejemplo, estos podrían participar en procesos de selección públicos, tener un rol más activo en la estructuración de proyectos de infraestructura e, incluso, ser originadores de APPs de iniciativa privada. En todo caso, para que eso ocurra será necesario implementar medidas que mitiguen las barreras que actualmente dificultan la vinculación de las startups en estos mecanismos de contratación. 

En el caso de procesos de selección públicos existen una serie de requisitos habilitantes, que pueden convertirse en barreras para que las startups participen. Así, es posible que su bajo índice de formalidad sea un obstáculo para acreditar el requisito de la capacidad jurídica. Igualmente, debido a su estructura de ingresos y costos, la forma en que se conciben estos negocios podría no estar acorde con los índices de capacidad financiera y organizacional que suelen solicitarse en los procesos de selección. Además, dichos emprendimientos podrían presentar dificultades al momento de solicitar apalancamiento financiero y pólizas de seguros.

Por otro lado, sería importante promover la participación de startups en la estructuración de proyectos de infraestructura. Ello permitiría que desde la concepción del proyecto se prevea el aporte que pueden suponer estos emprendimientos, al generar una mayor eficiencia entre los esfuerzos del sector público y privado. El caso de Moovit representa una lección para el futuro, en la medida en que la contribución de esta aplicación no se tuvo en cuenta al estructurar el proyecto y, durante la implementación del SITP, supuso un beneficio importante para este.

Finalmente, sería deseable que las startups pudiesen fungir como originadores de APPs de iniciativa privada. En este esquema el particular (originador) estructura y propone un proyecto que el ente público evalúa en dos etapas (prefacibilidad y factibilidad) y, de ser aprobado, este sería ejecutado. Es un mecanismo que, además de contar con las barreras enunciadas para la contratación de startups vía procesos de selección públicos, supone el reto adicional de ser un procedimiento costoso y demorado. De superarse estos obstáculos, las APPs de iniciativa privada podrían ser utilizadas para desarrollar proyectos del sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones, para lo cual hubo un avance normativo mediante el Decreto 1974 de 2019. 

Si bien algunas de las barreras a las que se enfrentan las startups tienen un origen normativo, ello no es un impedimento para que las entidades públicas las tengan en cuenta en sus procesos de contratación. El conocimiento de las características de las startups mediante estudios del sector permitiría la planeación de procesos de selección que propicien la participación de estos emprendimientos como contratistas o como colaboradores mediante convenios y acuerdos marco. Con el incentivo correcto las startups podrían involucrarse en la prestación de servicios públicos mediante los mecanismos anunciados, sobre todo si se tiene en cuenta que en muchas ocasiones no persiguen una contraprestación directa de la administración pública. En su lugar, buscan una plataforma que pueda llegar a un gran número de personas, generar recursos vía publicidad o tener exclusividad en relación con el servicio que prestan. 

Aun cuando en el país hay antecedentes en los que startups se han involucrado en la prestación del servicio público, como los mencionados anteriormente, existen varias actividades en las que una mayor participación de las startups generaría beneficios para los ciudadanos. Puede pensarse, por ejemplo, en la seguridad vial, la conectividad, el saneamiento básico, los modos alternativos de transporte público (como patinetas y bicicletas), la salud, la educación, las energías renovables, el parqueo en vía y los sistemas portuarios. En este último caso existe un antecedente internacional importante que vale la pena resaltar: en el puerto de Brisbane (Australia), en conjunto con DHI y Force Technology, se ha implementado un software que pronostica las condiciones ambientales, lo que ha generado mayor capacidad del puerto, así como eficiencias en el dragado. 

De la misma manera en que plataformas como Rappi, Uber, Spotify o Airbnb generaron soluciones a problemáticas del común, se debe propiciar que startups similares puedan hacerlo con aquellas inherentes al servicio público. Indudablemente la prestación de dichos servicios por emprendimientos tecnológicos y, en general, el relacionamiento de entidades públicas con particulares presenta retos que conviene revisar para que se generen ambientes propicios de inversión en startups. 

*Columnista Invitado