Por: Luis Felipe Ayala

Frente al debate que no parece terminar en cuanto a la forma como se debe abordar el tema de erradicación de cultivos ilícitos, principalmente en los territorios más afectados por el conflicto, el Gobierno Nacional insiste en el uso de la erradicación forzada como complemento al Programa Nacional Integral de Sustitución de cultivos ilícitos (PNIS) y presiona por retomar las aspersiones con glifosato. En contra parte, los campesinos han manifestado reiteradamente su descontento con la implementación del PNIS, el uso de la erradicación forzada y además, su preocupación ante la intención del Gobierno Nacional de volver a utilizar las aspersiones con herbicida, lo cual va en contravía de las sentencias de la Corte Constitucional en cuanto a este tema. Se convierte entonces en un tema preocupante, más aún cuando en plena crisis por la pandemia del COVID 19, se sigue realizando la implementación de PNIS con un fuerte componente en erradicación forzada, arrebatándole el sustento a muchos campesinos a quienes aún no se les cumple lo pactado.

El Gobierno Nacional ha manifestado su compromiso en el cumplimiento del Punto 4 del Acuerdo de Paz, principalmente con la implementación del PNIS, en el cual se busca ofrecer oportunidades de desarrollo socioeconómico alternativo a través de la erradicación voluntaria; también ha incentivado proyectos de otros productos a través de la presencia institucional del Estado mediante un mecanismo de construcción conjunta y participativa; sin embargo, en los territorios se han evidenciado confrontaciones entre las comunidades campesinas y la fuerza pública que lleva a cabo trabajos de erradicación forzada. Esto en gran parte debido a la falta de armonización entre los programas de erradicación forzada y de sustitución voluntaria. Parece que la estrategia del uso de ambas como complemento, con el objetivo de tener una mayor cantidad de áreas erradicadas, termina siendo contraproducente, especialmente frente al hecho de que se ha realizado erradicación forzada en zonas donde previamente se había acordado la erradicación manual. 

Un componente fundamental en el PNIS es la construcción comunitaria, participativa y concertada para la transformación integral del desarrollo. Sin embargo, es evidente la poca participación que están teniendo las comunidades y los campesinos en el momento que llega la fuerza pública, muchas veces con el ESMAD, a realizar los programas de erradicación forzada en sus territorios por ordenes ejecutivas. Si bien la participación directa de las comunidades afectadas por el conflicto es un principio defendido transversalmente en todo el Acuerdo de Paz, a este acontecimiento de baja participación se le suman varios casos de familias expulsadas del PNIS, 2.097 familias en estado de suspensión y, 2.806 familias que aún no han sido atendidas. Estas familias se encuentran en condiciones altamente vulnerables al ser este el único medio de sustento que tenían, además de por supuesto, presentar una vulneración de sus derechos fundamentales. Adicionalmente, los pocos espacios de interlocución directa entre comunidades y Gobierno Nacional agravan la situación, debido a que estos fueron llenados por varias organizaciones y Juntas de Acción Comunal, que además han tenido varios problemas de transparencia.

Uno de los lugares en los que se han registrado enfrentamientos entre la fuerza pública y los campesinos es la zona del Guayabero ubicado entre el Meta y Caquetá. Varios medios han registrado como estas disputas han generado varios heridos y parecen estar lejos de mostrar voluntad de diálogo con los campesinos que se oponen a los programas de erradicación forzada en la zona. Las Fuerzas Militares señalan, a través de un comunicado de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega, que la población puede estar siendo obligada por las disidencias de las FARC a oponerse a las labores de erradicación en la zona. Dicho comunicado muestra un desconocimiento o un desinterés para entender la situación en la que viven muchos campesinos en el país. La resiembra de coca se esta presentando, entre otros factores, porque esta sigue representando para muchas familias campesinas el principal medio de subsistencia. 

Por otro lado, la insistencia del Gobierno Nacional en retomar las aspersiones de glifosato como estrategia complementaria en la erradicación de cultivos ilícitos, pareciera ser no más que un capricho por revivir las épocas del Plan Colombia que inició con el ex presidente Pastrana y se intensificó durante los dos periodos del ex presidente Uribe. No obstante, es importante recordar que estas protecciones van en contra de la jurisprudencia constituida por la Corte Constitucional mediante fallos de tutela a favor de comunidades étnicas y campesinas afectadas directamente por el uso de aspersiones con glifosato. Al ser concebido como un producto tóxico que afecta directamente a los cultivos lícitos, de pancoger, a la salud, al medio ambiente y en general, al entorno de las comunidades, se debe realizar de manera obligatoria una consulta previa con las comunidades étnicas. 

Tal como se ha expuesto anteriormente, la estrategia que ha venido implementando el Gobierno Nacional en la lucha contra los cultivos ilícitos va en posición contraria a lo pactado en el Acuerdo de Paz, específicamente con el PNIS del Punto 4 del Acuerdo. Como bien se sabe, el gobierno se ha ufanado al mostrar como resultado un cumplimiento del 95% de la erradicación voluntaria según el ultimo informe de la UNODC, pero esta estadística no se compadece con la situación de inconformidad que están viviendo los campesinos. El PNIS además de ser un programa que tiene como objetivo erradicar cultivos ilícitos, también pretende brindarles la oportunidad a familias campesinas de pasar a la legalidad con productos lícitos mediante un enfoque alternativo y no punitivo o de criminalización a los cultivadores. A pesar de esto, la persistencia en usar la erradicación y presionar para reutilizar las aspersiones con glifosato muestra el nuevo enfoque que el gobierno actual le ha dado a la estrategia de erradicación de cultivos ilícitos, completamente opuesta al enfoque de participación directa y de salud publica que se establece en los Acuerdos de Paz.

De esta forma, cabe considerar que los problemas que se han venido presentando con la implementación del PNIS por parte del gobierno no pueden ser ocultados o disimulados con cifras que muestren las áreas erradicadas o sumas de dinero entregado a familias campesinas. La sustitución voluntaria establecida en los Acuerdos de Paz requiere de un mensaje político de respaldo por parte del gobierno nacional, donde se privilegien enfoques alternativos y de salud pública y no un enfoque punitivo o criminal. ¿Por qué la insistencia en perseguir al campesinado, el cual representa el último eslabón en el negocio del narcotráfico? ¿Es realmente efectivo atacar el cultivo de coca con una demanda internacional constante del estupefaciente? 

Es necesario que se reconozca al campesinado como población vulnerable bajo dinámicas de economías ilegales y no como un actor criminal. Mientras no se entienda que el PNIS y en general todo el Acuerdo de Paz requiere presencia estatal en los territorios asistiendo con más bienes y servicios públicos, junto con gobernanza comunitaria, la implementación de los Acuerdos de Paz seguirá en amenaza.

Por último, es importante aclarar que al mencionar la necesidad de ejercer presencia estatal, no se hace referencia a llevar fuerza pública para hacer cumplir los programas de erradicación forzada, sino llevar a estas regiones afectadas por el conflicto mejores condiciones de vida dentro del marco de la legalidad. De esta forma se logra disminuir la probabilidad de resiembra ilícita y reconstruir las comunidades con posibilidades reales de vida digna rural. 

*Miembro Dirección de Construcción de Paz

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