Por: José A. Hofmann

Los tiempos de redes, nos obligan a ser breves. Así tan simple y sencillo, como dicho en verso. Leer, más allá de 140 caracteres en tiempos actuales es una actividad extraña. En consecuencia los textos -y esta columna no es la excepción-, deben ajustarse a esa nueva realidad.

Así en el presente texto, mencionaré unas breves impresiones sobre la decisión de la Corte Constitucional, en la cual la misma Corporación decidió inhibirse de pronunciarse de fondo sobre el tema del Aborto, considerando que sobre el particular ya había cosa juzgada y manteniendo, en consecuencia, las 3 causales excepcionales para su práctica legal que la opinión pública bien conoce: violación, peligro para la vida de la madre y malformación del feto.

Lo primero, es indicar que es preocupante, por decir lo menos, que los medios de comunicación hablen ya de “bancadas” al interior de la Corte Constitucional y que sus decisiones no se estén dando a conocer por medio del texto de sus sentencias, como es lo correcto en un Estado de Derecho, sino por filtraciones de medios, ruedas y/o breves comunicados de prensa, los cuales aparecen antes que la providencia que los debe originar. Eso hace daño a la democracia y al andamiaje institucional del país. En la República, los jueces como garantes de la paz social, deben ser ajenos al debate público, pronunciarse únicamente por medio de sus providencias y las corporaciones donde laboran, es deseable que sean las únicas instituciones donde no deben existir jefes de prensa. Haría bien el Alto Tribunal Constitucional en retomar esta sana práctica que se dio en el pasado.

Ahora bien, dicho lo anterior, al ser la Corte Constitucional un ente jurídico y no político, su decisión de declararse inhibida para pronunciarse sobre el aborto alegando cosa juzgada sobre el particular, parece ser responsable desde el punto de vista técnico a simple vista, mas sin embargo, como abogado, haría mal en

pronunciarme de fondo sobre la determinación del Alto Tribunal, como quiera que no conozco el texto que la sustentó.

Ese es el problema de las decisiones de las Cortes cuando se dan a conocer por filtraciones y ruedas de prensa, no por sentencias, más aún en tiempos de redes sociales y especialmente en un país de personas ligeras como Colombia, donde por alguna extraña razón, no es mal visto hablar de aquello que se desconoce.

Lo cierto, es que con la decisión de la Corte, las cosas quedaron como antes; que el aborto sigue siendo un tema de palpitante actualidad; que 300.000 mujeres se lo practican en forma clandestina cada año, de las cuales la mitad quedan con secuelas permanentes o mueren; que su prohibición, a la fecha ha sido completamente inefectiva, pues el fenómeno del aborto ilegal, según todos los estudios, continúa expandiéndose y de 5.833 denuncias por el delito de aborto, ninguna ha sido llevada a juicio, habiendo sido el 29% de las procesadas víctimas de abuso sexual; que incluso, en las causales permitidas por la Corte Constitucional, debido a vacíos regulatorios que sólo puede llenar el Congreso en ejercicio pleno de sus atribuciones, han ocurrido grandes abusos, como siempre, en contra de los derechos de las mujeres.

Ante este panorama, basado en la evidencia científica, no en ideologías ni moralismos, sería más que conveniente las autoridades asumieran la regulación del aborto, no para incentivarlo, sino para prevenirlo integralmente desde la educación básica y en última instancia, regular su práctica, partiendo para ello del conocimiento científico y la legislación comparada. Sobre este último particular, quisiera decir, en Uruguay la Ley 18.987 de 2012 prevé claramente que el aborto a) únicamente en las 12 primeras semanas de gestación por entidades de salud autorizadas; b) una vez la mujer ha sido valorada por un equipo interdisciplinar -médico, psicólogo y trabajador social-, y c) cuyo principal objetivo sea superar las causas de diversa índole que pueden llevar a la mujer al aborto y en última instancia, respetando su autonomía, practicarlo, pero en forma segura para su integridad. ¿Suena mejor que los “abortaderos” actuales, cierto?

 

*Miembro Dirección de Justicia y Seguridad

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