Por: Carolina Flechas

Alejandra Monocuco sintió un dolor fuerte en el pecho. Así comenzó. Alejandra llamó al 123, porque necesitaba ayuda. Los paramédicos la miraron y sin examinarla dijeron que era una sobredosis. “No le den agua, ya le va a pasar” dijeron. Alejandra tenía VIH y cuando el camillero se enteró decidió no trasladarla. Alejandra murió ahí.

La red comunitaria, de la cual hacen parte varias de sus compañeras, quiso comunicarse con las autoridades y diez horas después aún no había respuesta. El CTI llegó tarde. Embalaron el cuerpo y la dejaron ahí.

Las versiones de la Secretaría son confusas. Dicen que algunas compañeras de Alejandra firmaron para que no la trasladaran. Cinco días después declararon que mintieron. Tampoco desinfectaron nada, se fueron así no más.

“Fue un error, quizá estigma” dijo Claudia López en un comunicado, y mediante este reconoció que la actuación de las autoridades fue deficiente.  Afirmó que “se va a encargar de que haya justicia”.  Alejandro Gómez, Secretario de Salud, también reconoció el error. Agregó que “están trabajando para que situaciones así no se repitan”. 

Colombia es un país con estereotipos lacerantes, con prejuicios históricos que cuestan vidas. Alejandra era una mujer trans, trabajadora sexual, víctima del conflicto y portadora de VIH. Alejandra era, sobre todas las cosas, una ciudadana, sujeto de derechos que el Estado tuvo que haber garantizado.

El perdón que llega tarde no va a traer de vuelta a Alejandra, pero la implementación de políticas públicas inclusivas que tengan un enfoque interseccional y que tengan en cuenta a mujeres en contextos vulnerables, sí. Hay un largo camino por delante. Sus voces de resistencia deben ser incluidas en políticas públicas que garanticen inclusión y, sobre todo, respeto por sus derechos.

El reconocimiento no viene de documentos y resoluciones, sino que tiene que verse en las prácticas cotidianas. En las respuestas eficientes del sistema de salud, en la inclusión laboral y garantía de todo el conjunto de derechos civiles, políticos, económicos y culturales; porque detrás de todas las prácticas se esconden relaciones de poder que excluyen y marginalizan a muchas personas. 

Los derechos de las mujeres trans y de las trabajadoras sexuales no son negociables. Se deben garantizar. La antropóloga Colombiana María Ochoa utiliza el concepto de “ciudadanías ingratas” para describir casos como el de Alejandra. Con este se refiere a mujeres transexuales que rechazan el contrato que se les ofrece dentro de un sistema que clasifica binariamente – hombre o mujer – y que luego las expulsa y trata con violencia. Esta falta de reconocimiento del género es sumamente problemático para las miles de mujeres trans que viven en el país. 

Alejandra merece una voz y un nombre. Los medios insisten en referirse a ella como “la travesti que murió”. Alejandra, al igual que miles de mujeres trans, merece que se cuente su historia y que esta no quede en el aire. Alejandra y sus compañeras piden justicia. Desde la Dirección de Género de AlCentro nos unimos a este clamor.

*Miembro de la Dirección de Equidad de Género

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