Por: Juan Manuel Borráez

 

El día 16 de mayo del presente año, la Cámara de Representantes, por 135 votos a favor y 22 en contra, aprobó el proyecto que tiene por objetivo que se establezca la cadena perpetua para violadores de niños y niñas en Colombia. A la iniciativa le quedan dos debates en el Senado para convertirse en una norma de carácter constitucional. Es posible predecir que tendrá la misma suerte que en la Cámara de Representantes.

 Las voces a favor, han manifestado que este proyecto busca castigar de manera ejemplar a quienes cometan estos delitos en contra de los menores, haciendo énfasis en los muy altos números de reincidencia. De igual manera, han expuesto el argumento de que, eventualmente, una pena de privación de libertad perpetua generaría una suerte de disuación a quien pensara cometer un delito sexual en contra de un menor.

 Pretender que la cadena perpetua solucione el constante irrespeto a los Derechos de los niños, es querer que el Derecho Penal funcione como la máquina de tapar huecos en la incapacidad del Estado de proteger, a quienes, constitucional y legalmente, se debe cuidar de manera prevalente.  

 Es importante manifestar que el problema no se dirige hacia el monto de las penas, hay una muy clara incapacidad institucional para investigar y judicializar las denuncias sobre agresiones a menores. En Colombia, las tasas de esclarecimientos, imputaciones y condenas sobre delitos sexuales, para 2019 fue del 11,88% (El Tiempo – https://bit.ly/2ZmsudP). Es evidente, entonces, que la propuesta de cadena perpetua, no ataca este muy grave problema de raíz, lo cual implica que a pesar de que pueda ser aprobado por el Congreso de la República, estos deleznables actos en contra de menores seguirán sucediendo.

 En el sistema penal colombiano, ya existen penas lo suficientemente altas para castigar a quienes cometen este tipo de actos en contra de los menores, que pueden rondar los sesenta años, lo que a mi juicio es, prácticamente, una cadena perpetua, teniendo en cuenta que además no cuentan con beneficios penales. El endurecimiento de penas, que ya de por si son largas, de ninguna manera tiene un efecto positivo en la reducción del crimen. Lo que sí tiene un impacto, es una pena efectiva.

En ese mismo sentido, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en su documento sobre Seguridad Ciudadana en América Latina y el Caribe del año 2018, ha expresado que la supuesta  disuasión del crimen, a través del aumento de penas carece de estudios rigurosos. Adicionalmente, indica que en América Latina la baja resolución de casos (menos de la mitad que en los países desarrollados) acompañado de un muy alto grado de impunidad, hacen que los potenciales criminales no observen la amenaza de encarcelamiento como algo probable (Banco Interamericano de Desarrollo – https://bit.ly/2yb5wuK) .

Por otro lado, diversos tratados internacionales en materia de Derechos Humanos suscritos por Colombia, incluyen la prohibición expresa de penas crueles, inhumanas o degradantes, constituyendo la cadena perpetua una pena inhumana, así como contraria a los principios de Derechos Humanos, de acuerdo con la Comisión de Derecho Internacional de la ONU (Summary Records of the 229th Meeting – UN Doc A / CN. 4 / SER. A / 1992).

 Otro punto que no deja de ser relevante en la discusión es el penitenciario. El costo financiero de mantener a una personas privadas de su libertad de manera vitalicia será difícil de afrontar por el presupuesto estatal.  Sumado a esto, se encuentra las dificultades operativas del INPEC, así como la sobrepoblación carcelaria causante de un hacinamiento de cerca del 53% en las cárceles colombianas.  

 Para concluir, este proyecto de Acto Legislativo es inconveniente, innecesario y contrario al Derecho Internacional y la Constitución Política de Colombia, en el cual se deja expuesta la incapacidad del Estado de tener una política pública integral de protección a los menores.

 Es igualmente lamentable el uso que se le está dando a la tragedia de los niños agredidos sexualmente con fines politiqueros. Parece que con el proyecto de cadena perpetua, se piensa más en los votos del futuro que en los Derechos de los menores y como protegerlos de los agresores sexuales.  

 Es por eso que desde esta tribuna, propongo que como ciudadanos le exijamos a nuestros representantes el diseño de medidas integrales, y a largo plazo, que hagan efectiva la Constitución Política en lo que se refiere a la prevalencia de los Derechos de los menores por sobre los de el resto, no con proyectos facilistas que solo buscan acrecentar sus números de aceptación ciudadana. Es momento para darle cadena perpetua al populismo.

*Miembro Dirección Seguridad y Justicia 

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