Cooperación sí, pero no así.

Cooperación sí, pero no así.

Por: Juan Manuel Borráez

En Colombia se ha desatado una polémica por la llegada de, según el Ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, militares de la Brigada de Asistencia a Fuerzas de Seguridad del Comando Sur de los Estados Unidos, con el fin de asesorar y asistir técnicamente a Fuerzas de Tareas Conjuntas de las Fuerzas Armadas de Colombia, en lugares en donde hay incidencia del narcotráfico.

A mi juicio esta situación presenta un profundo debate de carácter jurídico, en donde la pregunta radica en si la rama ejecutiva del poder público, en cabeza del Presidente de la República, debe solicitar al Senado autorización, y éste a su vez otorgarla (no basta solo con informar), para la llegada del Cuerpo Élite del Comando Sur de los Estados Unidos, así sea solo con fines consultivos y de asistencia, más no con el ánimo de que participen en operaciones de manera directa.

No cabe la menor duda de que en caso de que un Estado quiera ingresar o que el Estado colombiano invite tropas extranjeras al país, el Presidente de la República deberá solicitar al Senado su autorización y, éste a su vez, concederla o no. Así lo establece la Constitución en su artículo 173, numeral 4: “Son funciones del Senado permitir el tránsito de tropas extranjeras por el territorio de la República”.  En caso de que el Senado se encuentre en receso, el Presidente deberá contar con el dictamen del Consejo de Estado, según el artículo 189 numeral 7 de la Carta Política.

Cabe recordar, que el Senado de la República no se encuentra en receso, más allá de que se encuentre sesionando por medios virtuales. Entonces, aunque nos encontramos en un Estado de Emergencia, no se podrá obviar este paso obligado por el legislativo.

Adicionalmente, no solo basta con la autorización que deba dar el Senado de la República, de igual manera el Ejecutivo ha debido informar al Consejo de Estado, con el fin de que esta corporación se reúna a estudiar el caso y emita un concepto sobre si la presencia de tropas extranjeras afecta o no la soberanía nacional y cuáles son los límites a este tipo cooperación en materia militar.

La explicación por parte del Ministro de Defensa, ante la no consulta y solicitud de autorización al Senado, radicaba en que «en ningún momento habrá tránsito de tropas extranjeras, ni participarán en operaciones militares. Las operaciones militares las desarrollan exclusivamente las tropas colombianas».

Debo insistir, más allá de que el propósito de la llegada de éste personal sea de asesoría, no son civiles y se deberán cumplir los requisitos, tanto de consulta y autorización por parte del legislativo en cabeza del Senado, así como el estudio del caso por parte del Consejo de Estado. El hecho de que esta asesoría se haga en el marco de un “Acuerdo de Cooperación en materia militar suscrito hace décadas” (Carlos Holmes Trujillo), su puesta en marcha no puede pasar por encima de la institucionalidad, más cuando haciéndolo se viola flagrantemente la Constitución. Estos acuerdos son totalmente válidos, pero se deben cumplir los pasos contemplados en las normas colombianas.

Desde un punto de vista estratégico, no estoy en desacuerdo con la asistencia que se pueda recibir por parte de personal extranjero en materia de combate al narcotráfico. El problema mundial de las drogas, es un reto conjunto de la Comunidad Internacional,  y las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, cuentan con grandes capacidades y con importantes avances tecnológicos. No obstante, las cosas deben hacerse como es debido, y las formalidades que impone la Constitución a la llegada de tropas extranjeras está prevista para que exista un debido control entre las diferentes ramas del poder público a estas decisiones del ejecutivo. Es un pilar básico de la democracia y el Estado de Derecho.

Por ello debo decir, cooperación sí (bienvenida sea), pero no así. Un fin loable, como el combate al narcotráfico, no justifica los medios, es decir, que el ejecutivo pase por encima de los controles institucionales contemplados en el ordenamiento jurídico.

Finalmente, no debo dejar de manifestar que el problema mundial de las drogas ilícitas no requiere solamente ser combatido mediante un enfoque militar, sin duda es una guerra que no se encuentra ni cerca de ser ganada. Al ser problema que atañe a la Comunidad Internacional, los países productores, de tránsito, y consumidores, deben explorar la posibilidad de buscar nuevos enfoques para atacar este flagelo. Colombia, en donde se han sacrificado tantas vidas en la lucha contra el narcotráfico, debería estar liderando este proceso en el ámbito internacional.

*Miembro Dirección de Seguridad y Justicia

Cadena perpetua al populismo

Por: Juan Manuel Borráez

 

El día 16 de mayo del presente año, la Cámara de Representantes, por 135 votos a favor y 22 en contra, aprobó el proyecto que tiene por objetivo que se establezca la cadena perpetua para violadores de niños y niñas en Colombia. A la iniciativa le quedan dos debates en el Senado para convertirse en una norma de carácter constitucional. Es posible predecir que tendrá la misma suerte que en la Cámara de Representantes.

 Las voces a favor, han manifestado que este proyecto busca castigar de manera ejemplar a quienes cometan estos delitos en contra de los menores, haciendo énfasis en los muy altos números de reincidencia. De igual manera, han expuesto el argumento de que, eventualmente, una pena de privación de libertad perpetua generaría una suerte de disuación a quien pensara cometer un delito sexual en contra de un menor.

 Pretender que la cadena perpetua solucione el constante irrespeto a los Derechos de los niños, es querer que el Derecho Penal funcione como la máquina de tapar huecos en la incapacidad del Estado de proteger, a quienes, constitucional y legalmente, se debe cuidar de manera prevalente.  

 Es importante manifestar que el problema no se dirige hacia el monto de las penas, hay una muy clara incapacidad institucional para investigar y judicializar las denuncias sobre agresiones a menores. En Colombia, las tasas de esclarecimientos, imputaciones y condenas sobre delitos sexuales, para 2019 fue del 11,88% (El Tiempo – https://bit.ly/2ZmsudP). Es evidente, entonces, que la propuesta de cadena perpetua, no ataca este muy grave problema de raíz, lo cual implica que a pesar de que pueda ser aprobado por el Congreso de la República, estos deleznables actos en contra de menores seguirán sucediendo.

 En el sistema penal colombiano, ya existen penas lo suficientemente altas para castigar a quienes cometen este tipo de actos en contra de los menores, que pueden rondar los sesenta años, lo que a mi juicio es, prácticamente, una cadena perpetua, teniendo en cuenta que además no cuentan con beneficios penales. El endurecimiento de penas, que ya de por si son largas, de ninguna manera tiene un efecto positivo en la reducción del crimen. Lo que sí tiene un impacto, es una pena efectiva.

En ese mismo sentido, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en su documento sobre Seguridad Ciudadana en América Latina y el Caribe del año 2018, ha expresado que la supuesta  disuasión del crimen, a través del aumento de penas carece de estudios rigurosos. Adicionalmente, indica que en América Latina la baja resolución de casos (menos de la mitad que en los países desarrollados) acompañado de un muy alto grado de impunidad, hacen que los potenciales criminales no observen la amenaza de encarcelamiento como algo probable (Banco Interamericano de Desarrollo – https://bit.ly/2yb5wuK) .

Por otro lado, diversos tratados internacionales en materia de Derechos Humanos suscritos por Colombia, incluyen la prohibición expresa de penas crueles, inhumanas o degradantes, constituyendo la cadena perpetua una pena inhumana, así como contraria a los principios de Derechos Humanos, de acuerdo con la Comisión de Derecho Internacional de la ONU (Summary Records of the 229th Meeting – UN Doc A / CN. 4 / SER. A / 1992).

 Otro punto que no deja de ser relevante en la discusión es el penitenciario. El costo financiero de mantener a una personas privadas de su libertad de manera vitalicia será difícil de afrontar por el presupuesto estatal.  Sumado a esto, se encuentra las dificultades operativas del INPEC, así como la sobrepoblación carcelaria causante de un hacinamiento de cerca del 53% en las cárceles colombianas.  

 Para concluir, este proyecto de Acto Legislativo es inconveniente, innecesario y contrario al Derecho Internacional y la Constitución Política de Colombia, en el cual se deja expuesta la incapacidad del Estado de tener una política pública integral de protección a los menores.

 Es igualmente lamentable el uso que se le está dando a la tragedia de los niños agredidos sexualmente con fines politiqueros. Parece que con el proyecto de cadena perpetua, se piensa más en los votos del futuro que en los Derechos de los menores y como protegerlos de los agresores sexuales.  

 Es por eso que desde esta tribuna, propongo que como ciudadanos le exijamos a nuestros representantes el diseño de medidas integrales, y a largo plazo, que hagan efectiva la Constitución Política en lo que se refiere a la prevalencia de los Derechos de los menores por sobre los de el resto, no con proyectos facilistas que solo buscan acrecentar sus números de aceptación ciudadana. Es momento para darle cadena perpetua al populismo.

*Miembro Dirección Seguridad y Justicia 

El COVID-19: Otro reto para la paz en Colombia

El COVID-19: Otro reto para la paz en Colombia

Por: Juan Manuel Borráez R. 

El 22 de abril del 2020, el Representante a la Cámara del Partido Centro Democrático, Edward Rodríguez, publicó en su cuenta de Twitter (@edr_cd) un video en el cual hace la propuesta de usar fondos destinados para la implementación de los Acuerdos de Paz, en la lucha contra el virus del Covid 19 (https://www.semana.com/nacion/articulo/proponen-usar-fondos-del-proceso-de-paz-para-emergencia-de-coronavirus/665321).

Con seguridad se puede afirmar que la propuesta contará con adeptos y ciudadanos que estarán de acuerdo con ella. No obstante, el Representante Rodríguez olvida que es un deber constitucional y legal, adoptado por todas las ramas del poder público del Estado colombiano, la integral implementación del Proceso de Paz.

Pero más allá de cualquier obligación de carácter jurídico en relación con la implementación del Proceso de Paz, cabe recordarle al congresista que de la correcta y transparente ejecución de los recursos económicos de la paz, depende que muchas de las personas que residen en los diferentes territorios con Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), afronten los efectos de la pandemia. La mejora en la infraestructura de salud pública en estas regiones, especialmente las más alejadas en nuestra geografía nacional, está íntimamente ligada a la implementación de los acuerdos.

Vale la pena profundizar en la importancia que tienen los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET´s). Como es sabido, son un mecanismo para que la Reforma Rural Integral llegue de forma prioritaria a los territorios (170 municipios en 19 departamentos) y buscan sentar las bases para la transformación estructural del campo creando condiciones de bienestar para la población rural. Esta transformación integral se encuentra programada a quince años.

Tomar los recursos de la implementación del Acuerdo de Paz, sin duda atrasaría este fundamental proceso para nuestro país, que implica también, como se ha manifestado previamente, la mejora en el acceso a los sistemas de salud y a infraestructura de este tipo, para las personas residentes en estos territorios, así como a mejores condiciones de vida en general.

Sin duda, el brote del Covid 19 es un muy significativo reto para Colombia, que requiere el absoluto interés de las autoridades, así como una redirección de parte del gasto público hacia su mitigación, pero es claro que la intención de un determinado sector de usar los recursos de la paz para el combate al virus, es una propuesta con el fin de obtener réditos políticos más que una verdadera intención humanitaria.

Si antes era clara, no solo obligatoria, la necesidad de implementar correctamente el Acuerdo de Paz, ahora en el marco de esta pandemia se justifica más que nunca, para que las comunidades que han sufrido de más de sesenta años de conflicto armado y abandono estatal, no sufran más de estos males, sumado al de los catastróficos efectos de una pandemia.

Cada vez que sale una propuesta de este tipo por parte del partido de gobierno, surge la duda si de esto tenía conocimiento el primer mandatario y se estaba “midiendo el aceite” de la opinión pública, o si por el contrario son propuestas individuales que en nada representan al presidente Duque. Espero que sea así, porque en la presentación del último informe de la ONU sobre la implementación del  Acuerdo de Paz, se “acoge con beneplácito que las FARC y el Gobierno “hayan tomado de manera rápida y colaborativa medidas preventivas” con la población de excombatientes, logrando inscribir al 98% en el sistema nacional de salud”. Además, a nivel internacional, se ha reconocido que las medidas tomadas por el gobierno de Colombia, respecto a la lucha contra la pandemia han sido acertadas y consensuadas con expertos en asuntos de salud pública y economía.

Desfinanciar la paz es condenar a quienes han sufrido la guerra, a volver a un pasado de pobreza, abandono, insalubridad, desnutrición, y a una situación tan de vida o muerte como la pandemia: la violencia.

Para finalizar, es importante manifestar que las propuestas populistas con como un camino corto pero a un final incierto, es decir, lucen atractivas y de fácil ejecución, pero cuando se llevan a cabo, su destino final es un abismo.

*Miembro Dirección Seguridad y Justicia.

Denuncia y Justicia

Por: Juan Manuel Borráez Rojas*
@borraezjuan

¿Qué pasa con la seguridad en Bogotá? Es lamentable pero recurrentemente escuchamos de nuestros familiares y amigos cercanos sobre algún conocido que fue atracado, le robaron una parte de su vehículo, que se metieron a robar a una casa, entre otras situaciones que nadie quiere vivir. La sensación de inseguridad no solo es una cuestión de percepción por los casos que se vuelven mediáticos, como el del médico en la calle 123 con carrera 9, o los que se comentan en los círculos de amigos y familia; las cifras de seguridad no son positivas.

Según el informe “Bogotá Cómo Vamos” del año 2019, solo el 27% de los bogotanos se siente seguros en la ciudad. Esta indiscutible sensación de inseguridad que siente el ciudadano del común, quien cada vez que sale a su trabajo o estudio busca como esconder su celular, computador portátil, tableta, reloj y otros artículos personales, se encuentra acompañada de un profundo sentimiento de inoperancia en las autoridades.

El mismo informe, muestra que solo el 42% de los ciudadanos en Bogotá denunció el delito del que fue víctima. Sin duda, se ha instalado la creencia de que cuando una persona sufre un delito, por ejemplo el hurto del celular, el trámite de denuncia puede tomarle uno o dos días laborales, tiempo que para un trabajador o estudiante son imposibles.

Afortunadamente, y aunque falta mucho, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación cuentan con una plataforma de denuncia virtual llamada “¡ADenunciar!”. Esta plataforma ya no solo permite reportar documentos extraviados. En ella se pueden denunciar los delitos de hurtos al comercio, residencias y personas; difusión de material con contenido de explotación sexual infantil, delitos informáticos y extorsión. En general, es de un uso razonablemente sencillo y puede ser usada tanto en celulares como en un computador.

Pese a que las denuncias se incrementaron del 18% al 41%, del 2018 al 2019, es claro que los ciudadanos siguen desconfiando en que las autoridades investigarán y sancionarán los delitos denunciados (el 70% considera que es baja la probabilidad de que un delito denunciado sea efectivamente sancionado), asimismo se desconoce la herramienta virtual de denuncia ya que no ha recibido ni la publicidad necesaria, así como la pedagogía suficiente para su uso.

Este desconocimiento, no solo es frente a la denuncia virtual de ciertos delitos, es frente al hecho de la denuncia como tal. Frente a ciertos delitos, muchos de ellos los que más comúnmente sufren los ciudadanos, según nuestra Ley Penal solo pueden ser investigados cuando media denuncia por parte de la victima. He aquí la importancia de denunciar los delitos sufridos.

La falta de denuncia, no solo está relacionada con el desconocimiento de su importancia o de las herramientas para interponerla más fácilmente, si no también con la falta de credibilidad en la justicia. Como observamos, muchos ciudadanos no creen que un delito denunciado sea sancionado, incluso, el 41% está de acuerdo con “darle una golpiza” a quien atraca a otra persona.

Es claro, que un elemento fundamental de la lucha contra la criminalidad es la justicia, y aunque nuestro sistema requiere profundas reformas e inversiones, los ciudadanos tenemos la responsabilidad de hacer uso de las herramientas que actualmente existen para poner en conocimiento de las autoridades los delitos. De igual manera, las autoridades deben hacer mucha más pedagogía en la importancia de denunciar, así como las herramientas que existen para ello.

No se debe dejar sin mencionar, la imperiosa necesidad de invertir en la justicia para que sea efectiva y se evite así, la reincidencia de los delincuentes. Si no, vamos a ver como sigue creciendo el número de ciudadanos dispuestos a tomar la justicia con mano propia. Si bien los ciudadanos del común debemos poner de nuestra parte, las autoridades también. No dejemos que la gente buena se vuelva mala por la inoperancia judicial.

Según el informe “Bogotá Cómo Vamos” del año 2019, solo el 27% de los bogotanos se siente seguros en la ciudad. Esta indiscutible sensación de inseguridad que siente el ciudadano del común, quien cada vez que sale a su trabajo o estudio busca como esconder su celular, computador portátil, tableta, reloj y otros artículos personales, se encuentra acompañada de un profundo sentimiento de inoperancia en las autoridades. ¿Qué pasa con la seguridad en Bogotá?

*Miembro de número de la Dirección de Seguridad y Justicia de Alcentro.

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