8:00am Inicio mi recorrido en la calle 93 con carrera 10. Camino hacia la calle 95 con carrera 11, lugar donde hay un local comercial que realiza recargas Tullave y el más cercano a la estación de la carrera 7, donde puedo tomar el autobús L82.
8:07am Llego al local para realizar la recarga, sin embargo, me informan que máquina con la que se hace este procedimiento fue retirada. De nuevo salgo, camino hacia la calle 90 con carrera 11 en búsqueda de un punto “Paga Todo” con el mismo objetivo: abastecer mi tarjeta de un pasaje de Transmilenio.
8:15am Luego de caminar 5 cuadras más, llego al siguiente local en la calle 90 con carrera 11, el cual tampoco tiene recargas en el momento. Por último, busco la opción de recarga en mi celular y me entero que los cajeros Servibanca realizan recargas. ¡Haberlo sabido antes!
8:21am Llego al cajero Servibanca más cercano y realizo recarga de $10.000 pesos con una tarjeta del banco BBVA. La transacción tiene un costo de $5.000 pesos, por lo que termino cancelando $15.000 pesos.
8:30am Llego a la estación carrera 7 con calle 94, espero la ruta con la incertidumbre de saber a qué horas pasará.
Fig.1 (Intervención propia, mapa puntos de recarga Tullave).
Esta situación, aunque parezca exagerada, la pueden llegar a vivir los cerca de 1 millón de usuarios diarios del Sistema Integrado de Transporte (Sitp) en lo que sería un mal día para el servicio de recargas de tarjeta Tullave.
Ya son casi 5 años desde que se pudo articular el sistema de recaudo de servicio Sitp en torno a la tarjeta Tullave y aún los bogotanos se confunden y padecen constantes fallas. Algunas de esas, asociadas a una implementación desconectada del comportamiento habitual de los ciudadanos y sobre todo, de las tendencias tecnológicas usadas alrededor del mundo en materia de transporte público.
El pago en el Sitp puede realizarse a través de la tarjeta Tullave, tarjetas bancarias de entidades financieras como Davivienda, Colpatria y/o Bancolombia (aunque con límite de $10.000 pesos diarios) y con carnet universitario de unas pocas instituciones que han logrado realizar acuerdos pese a ser grandes usuarios del sistema.
Según la empresa Recaudo Bogotá (que se encarga de recibir el dinero de los pasajes), las tarjetas Tullave se pueden recargar en cualquiera de las 138 estaciones de Transmilenio que hay en Bogotá, en los 9 portales, o en los más de 2.000 puntos de recarga en establecimientos “PagaTodo” distribuidos en las 20 localidades de Bogotá. Además de otros cientos de cajeros Servibanca y locales comerciales que prestan el servicio de recarga ajustados a determinados costos, horarios y disponibilidad del sistema.
En teoría y con las cifras mencionadas, se creería que la cobertura para realización de recargas estaría bien distribuida y cubierta en toda la ciudad, pero la realidad y el diario vivir de los bogotanos refleja otra situación.
Una encuesta realizada a distintos usuarios del sistema de Transmilenio o Sitp, encontró que más del 40% de ciudadanos encuentra lugares de recarga entre 0 y 500 metros de su paradero, mientras que un 48% manifestó que deben recargar a 500 o 1000 metros de su paradero habitual.
Este resultado demuestra que, si bien hay una gran cantidad de usuarios de Transmilenio que pueden recargar en la misma estación donde utilizan el sistema, hay otro gran porcentaje que debe realizar largos desplazamientos para recargar pasaje a parte del desplazamiento habitual para llegar a su paradero habitual, como demuestra la fig. 1 y 2.
Fig.2 Encuesta propia
Asimismo, los usuarios manifiestan que en ciertos sectores de la ciudad el problema no solo radica en la ausencia de lugares de recarga, sino en los horarios de apertura de los mismos.
Por ejemplo, en los barrios Modelo y José Joaquín Vargas en la Localidad de Barrios Unidos, manifiestan que “el mayor problema que tenemos las personas de este sector para recargar la tarjeta tu llave, no es que el punto de recarga este lejos, es el horario del establecimiento que lo hace. La mayoría de las personas salen a sus actividades diarias antes de las 8am y estos locales abren entre 8:30 am y 9:00 am (…) Igualmente, pasa constantemente que en la noche cuando se va a recargar, los establecimientos no tienen recarga, o se les acabaron y se debe ir al otro barrio para buscar otro Paga Todo.»
Esta situación ocasiona retrasos y molestias en la ciudadanía que, junto a las demás circunstancias negativas que presenta el sistema como la inseguridad, incomodidad y sobre todo la incertidumbre de frecuencias; constituyen incentivos para el uso del automóvil o la motocicleta.
En la encuesta de percepción ciudadana 2018, Bogotá Cómo Vamos evidenció que en el periodo 2017 – 2018, hubo una disminución de usuarios de Transmilenio y Sitp, de 2% en ambas modalidades, mientras que el uso del vehículo particular durante el mismo periodo aumentó 5%. Adicionalmente, Bogotá Cómo Vamos, logró comprobar que la satisfacción de los usuarios con Transmilenio y Sitp, disminuyó 6% y 7% respectivamente durante la misma evaluación 2017 – 2018.
Pese a que esta disminución de uso e insatisfacción no responde únicamente a la ausencia masiva de medios de recarga, solucionar esta problemática -que también logramos constatar por medio de una encuesta propia-, sí podría considerarse como opción de mejora en el corto plazo ante las quejas recurrentes de los usuarios.
Fig.3 Encuesta propia
Extraña por esto, que hoy el sistema de recaudo en Bogotá, no sea un sistema realmente masivo y diverso con múltiples formas de recarga de pasajes como por ejemplo aplicaciones móviles, pagos en línea, masificación en supermercados, corresponsales bancarios, tiendas de barrio, entre otros asociados medios transaccionales que hoy en día están alcance del ciudadano.
En este mismo sentido, se sugiere también tener en cuenta el contexto sociodemográfico de la población bogotana y contemplarse la opción de pago en efectivo de pasajes unitarios directamente en el autobús, considerando un valor un poco más elevado con el propósito de incentivar el hábito de recarga previa, pero que facilite el pago a quien en su momento no disponga de dinero para realizar una recarga.
Imposibilitar el pago en efectivo, mientras no exista un sistema realmente masivo de recarga es contraproducente y desincentiva el uso de transporte público. Inclusive, el impedir pago en efectivo puede ser uno de los principales detonantes de la desorganización de frecuencias y del déficit financiero que hoy vive el sistema integrado de transporte público de Bogotá.
Ante la necesidad de acceder al servicio, usuarios que no cuentan con recarga en Tullave se ven en la obligación de adquirir pasajes a revendedores, los cuales se ubican en las paradas de autobús y aprovechan esta situación para ofrecer los pasajes gratuitos de transbordo que otorgan las tarjetas personalizadas Tullave.
Según recaudo Bogotá, el 13% de los viajes diarios se realiza en esta modalidad de reventa, que consiste básicamente en:
El revendedor vende un primer pasaje ($2.200, algunos lo ofrecen a $2.000 o menos).
Antes de 95 minutos venden los dos transbordos ($2.200 x 2) a los que tiene derecho esa misma tarjeta por $0 pesos en rutas distintas.
En el sistema queda registrado un solo pasajero, pero en realidad son dos adicionales de los que no se tiene ningún tipo de trazabilidad y de los que no se recibió ningún pago y representa al día cientos de millones de pesos perdidos.
Fuente: Publimetro.co
Para algunos usuarios será un momento de suerte contar en el paradero con un revendedor de pasajes, no obstante, en otros casos no se presenta ninguna posibilidad de recarga y se debe acudir a la célebre frase “¿Quién me vende un pasaje?” al ingresar al autobús, con la esperanza de que algún ciudadano preste su tarjeta.
“Algunas veces los conductores del SITP han dejado pasar las personas sin validar pasaje, no porque no tengan dinero para pagar o quieran ser colados, ven el desespero de la gente, porque no les venden un pasaje dentro del bus y no hay donde recargar”, manifiestan usuarios del sistema, cuando en horas de la mañana no encontraron puntos de recarga abiertos en su barrio.
Dar solución a los múltiples problemas que vive hoy el Sitp, demanda de una gran reforma estructural del sistema, no obstante, como respuesta efectiva en el corto plazo, se podría empezar con la masificación de puntos y medios de pago, dado que el auge de las nuevas tecnologías y la cuarta revolución industrial permitirían que los cambios en infraestructura física fuesen mínimos y al contrario la restructuración se hiciera de manera digital con mecanismos ya existentes y usados de manera cotidiana en otros países.
Nota final: Bogotá se ha convertido en el primer destino turístico de Colombia, el octavo destino de América Latina y según revista Forbes la capital colombiana podría convertirse en el primer destino sudamericano. ¿Alguien se ha preguntado lo difícil que puede llegar a ser para un turista acceder al servicio del Sitp o de Transmilenio?
*Columnista Invitado de Tanque de Pensamiento Al Centro
En línea con lo que manifestó Barack Obama en Grecia en uno de sus últimos pronunciamientos como presidente de los Estados Unidos, donde alertó que la desigualdad creada por la globalización es el mayor desafío para la democracia, creo que los colombianos debemos tener un propósito trascendente en nuestras vidas, más cuando nuestro país ocupa, con independencia del analista, uno de los primeros lugares en los rankings de las sociedades menos equitativas del planeta.
Por eso, me veo obligado, antes de hablar de IA o de la Cuarta Revolución Industrial (4RI), a compartir los que en mi opinión son los mayores desafíos de nuestra sociedad. Primero, uno ético, en el que debemos superar el modelo representativo en el que nos victimizamos todo el tiempo en quienes nos representan, para pasar a una ética participativa, en la que asumamos incondicionalmente la responsabilidad de entender que solo cada uno, puede transformarse a sí mismo. Luego, el reto educativo, en el que nos corresponde el rol de evangelizar a nuestra sociedad, para entender que la denominada cuarta revolución industrial, es tal vez, la última oportunidad que tenemos los colombianos, para cerrar la brecha de equidad en nuestro país.
En una nueva economía, la economía de la abundancia, en la que la posesión de activos se vuelve irrelevante y en la que compartir es la clave para acceder a recursos que no son de su propiedad, la información se ha convertido en el más importante de los activos. En la sociedad exponencial, la de la Ley de los rendimientos acelerados de Kurzweill y en la que los aceleradores de la exponencialidad son la IA, la robótica, la biotecnología y la ciencia de datos, tener propósitos de transformación trascendentes, masivos y éticos, resulta clave para nuestra sociedad.
En 2013, David Brooks habló del Dataísmo como la filosofía emergente y se refería al Big Data que ahora se convierte en ideología y hasta en religión. Byung-Chul Han en su libro Psicopolítica (Herder) ve a esta como el nuevo poder del capitalismo neoliberal, en la medida en que se sirve del Big Data, para apoderarse de los datos que le entregamos voluntariamente, como en Facebook, para luego predecir nuestro comportamiento y condicionarnos a nivel pre – reflexivo, además de vigilarnos y lograr hasta controlarnos. Han observa una segunda Ilustración, como el “tiempo del saber puramente movido por los datos”. Yuval Noah Harari, en Homo Deus (Debate) ve el dataísmo como una religión y advierte que después de haber adorado a Dioses y hombres, la adoración a los datos amenaza al humanismo y a la libertad.
Parece que enfrentamos un gran dilema. Es lo que Marina Garcés llama en su libro Nueva Ilustración Radical (Anagrama), la anti ilustración o en analfabetismo ilustrado, en el que lo sabemos todo, o eso creemos, pero no podemos nada. Franc Berardi ha dicho que “lo más preocupante del tiempo actual es la muerte del pensamiento crítico” y propone “crear solidaridad entre los cuerpos de los trabajadores cognitivos del mundo y construir una plataforma de colaboración tecno poética entre ellos que nos permita liberar el conocimiento del dogma económico”.
Propone entonces crear una nueva clase revolucionaria que llama cognitariado. Garcés y los demás autores citados, ven una próxima rendición de los humanos respecto a la tarea de aprender, porque lo sabemos todo a partir del Big Data, y eso amenaza la opción de vivir más dignamente con el avance tecnológico. Por eso propone Garcés, una nueva ilustración radical que afirme la libertad y la dignidad de la experiencia humana en su capacidad para aprender de sí misma. Yo comparto su propuesta.
Bernardi, ve una posibilidad de una inteligencia colectiva, con un uso igualitario y social de la tecnología, pero que necesita una potencia cultural, psíquica y política que parece no existir aún.
Mi propuesta es entonces, construir una nueva filosofía, a partir de una conciencia ética participativa que nos permita transformar las amenazas del caos en oportunidades de igualdad y prosperidad, a partir del uso ético de los aceleradores disruptivos. En esta búsqueda, desde Everis hemos decidido apoyar al BID, para que junto con NTT, Google, Microsoft y Telefónica lancemos en Octubre fAIr LAC, una iniciativa en la que gobiernos y empresas de consultoría y tecnología trabajemos para buscar cómo la IA puede contribuir al bienestar social.
El concepto japonés del Keidanren, denominado la Sociedad 5.0, puede ser la base de esta nueva filosofía. Este concepto, pone a la sociedad y no a la industria en el centro de la revolución digital. La idea es formar una sociedad super – inteligente con igualdad. En la Sociedad 5.0 se integran el espacio digital y el espacio físico, en aquello conocido como Phygital. En las sociedades anteriores, la creación del conocimiento la hacían los humanos, mientras que en la Sociedad 5.0 lo harán las máquinas, a través de la inteligencia artificial (IA), pero al servicio de las personas. Y se producirán los que he llamado Augmented Humans.
Hoy, las personas investigan usando la informática, acceden y analizan la información en la nube y logran producir a través de robots que los humanos controlan. En la Sociedad 5.0, serán sensores sobre múltiples dispositivos, en lo que conocemos como Internet de las Cosas, IoT, los que harán la investigación, usando la IA y el Big Data y harán recomendaciones a los humanos, para que finalmente la producción la hagan de manera autónoma los robots en las fábricas.
Oficialmente, la Sociedad 5.0 “es una sociedad centrada en lo humano que equilibra el progreso económico con la resolución de problemas sociales mediante un sistema que integra de forma avanzada el ciberespacio y el espacio físico”. ¿No será esta la sociedad que necesitamos en Colombia, para romper la brecha de equidad? Una sociedad de la imaginación y la creatividad, la de la economía naranja, pues solo en esto los humanos superaremos a las máquinas y lograremos ser los Augmented Humans.
Creo firmemente que el desafío está en la educación. La IA no solo debe sustituir el trabajo, sino que lo debe mejorar y aumentar. Los trabajos de menor valor desaparecerán, entonces debemos educar y reeducar para esta nueva sociedad del bienestar.
Para aterrizar estos conceptos, hemos desarrollado desde hace cerca de 20 meses, con un piloto en el Departamento del Cauca, una alianza público-privada y abierta, con el SENA, para crear el ecosistema de cierre de la brecha digital en Colombia. En este, estamos transformando radicalmente el modelo educativo colombiano, vinculando la oferta con la demanda a través de la IA, y logrando el pleno empleo a cerca de 70.000 colombianos por año, creando el concepto de cloud sourcing, a través del cual exportaremos el talento colombiano de la economía naranja para el mundo, usando nubes de talento. Bienvenidos a la Sociedad 5.0.
Actualmente, en Colombia, solo el 28% de la población mayor de 60 años se encuentra cubierta por el sistema pensional (datos del observatorio fiscal de la Javeriana) y los subsidios a las pensiones se le entregan a la población con pensiones más altas: Según el Ministerio del Trabajo (2012), se subsidian hasta 1.000 millones a quienes cotizaron hasta 25 SMLMV y solo 90 millones a quienes cotizaron el mínimo.
Además, el 46,9% de la población ocupada es informal, es decir, no se va a pensionar; el pasivo pensional equivale al 108% del PIB, el gasto pensional equivale al 20% del Presupuesto General de la Nación, y según el Departamento de Planeación Nacional, “uno de cada cinco adultos mayores se encuentra en condiciones de pobreza en Colombia”.
Es decir, el sistema pensional parece generar más impactos negativos que soluciones y herramientas para la igualdad, la cobertura y la sostenibilidad fiscal del país. Además, para tener una cobertura tan baja, demanda una cantidad muy elevada de los recursos del fisco.
Es evidente que el sistema pensional en Colombia necesita una reforma estructural, que replantee desde lo más profundo su modelo. Racionalmente se esperaría que el Gobierno Nacional proponga políticas encaminadas a garantizar que el sistema pensional cumpla con los objetivos que plantea la literatura basada en casos exitosos:
a. Garantizar aseguramiento y cobertura a la población. b. Redistribución de la riqueza. c. Erradicación de la pobreza. d. Promover un consumo estable en el mediano y largo plazo.
Sin embargo, hasta ahora, el Gobierno propone el aumento de la cobertura a partir de permitir que quienes ganan menos de un salario mínimo, puedan cotizar en el programa de Beneficios Económicos Periódicos – BEPS y accedan a sus “beneficios”.
Si bien esto aumentaría la cobertura del sistema pensional, continúa siendo un modelo de reparto, que se basa en que los trabajadores actuales financian la pensión de los pensionados actuales; este es el modelo tradicional de Colpensiones que nos ha traído este déficit y reparto inequitativo de subsidios. Actualmente los trabajadores de uno o dos salarios mínimos pagan los millonarios subsidios de quienes cotizaron 25 salarios mínimos, incluso sin que los de menos ingresos lleguen a pensionarse.
Por otro lado, encontramos el régimen de ahorro individual – RAIS, en el que las personas ahorran toda su vida, sus ahorros son invertidos en el mercado de capitales, y basado en los rendimientos y el capital que se logre acumular, recibe un monto mensual. Dado que la mitad de la economía es informal, muy pocas personas, que han cotizado en el RAIS, logran pensionarse. Por la inestabilidad laboral, la informalidad y los bajos salarios, este sistema es financieramente sostenible, pero no garantiza cobertura, consumo en el largo plazo, ni disminución de la desigualdad y la pobreza; solo quienes han tenido trabajo formal toda su vida logran pensionarse, y este privilegio solo lo tienen unos pocos en este país.
Debemos exigirle al gobierno una reforma estructural, que sea financieramente sostenible, y que garantice el ahorro de la población; el Régimen de Prima Media de Colpensiones genera déficit y no genera ahorro dado que lo que se les retiene a los trabajadores se gasta inmediatamente en las pensiones actuales. El nuevo modelo que se debe proponer no puede ser de competencia entre el Régimen de Prima Media y el Régimen de Ahorro Individual, dado que nunca el sector público podrá competir con el sector privado.
Tal y como lo recomiendan los expertos, se propone un modelo de pilares en el que quienes cotizan hasta 2 o 3 salarios mínimos, reciban un subsidio pensional, y que se pensionen bajo el modelo de régimen de prima media; y que quienes cotizan más de 2 o 3 salarios, coticen en un modelo de ahorro, en el que ellos sean los dueños de sus pensiones y se pensionen una vez alcancen el monto que se requiere para lograrlo, y que quienes tienen los ingresos más altos subsidien parcialmente a los de menos recursos.
Además de una reforma estructural que garantice sostenibilidad fiscal y reparto equitativo de la riqueza, es necesario que el gobierno elimine las barreras que tienen los empleadores para entrar a la formalidad. Se tiene que exigir una revisión de la tasa efectiva de tributación, que según el Doing Business alcanza el 72%, una barrera que no genera ningún incentivo a que los empleadores se formalicen y garanticen el pago de parafiscales de sus empleados.
*Columnista Invitado de Tanque de Pensamiento Al Centro
A decir de un proverbio chino, Colombia vive tiempos “interesantes”, es decir momentos de crisis. Tal crisis, se manifiesta en la incredulidad y el pesimismo que los colombianos manifiestan ante sus instituciones. Según los últimos sondeos hechos al respecto, el poder ejecutivo tiene una imagen positiva del 27%; el poder judicial, otrora uno de los más aprestigiados, tiene una credibilidad de sólo el 23%; le sigue el legislativo con un 20% y los partidos políticos tradicionales con un 16%. Tal escenario, donde reina la desconfianza y la falta de programas concretos para solucionar los problemas reales de los ciudadanos, constituye, a decir del politólogo Hernando Gómez Buendía en su columna del diario El Espectador fechada el pasado 02 de Agosto del corriente año, “el vacío perfecto para que cualquier aventurero o demagogo arrastre a la opinión tras la promesa dorada de algún futuro ilusorio”, bien sea que éste provenga de la extrema izquierda o de la extrema derecha. Por eso, hoy, más que nunca surge la necesidad de reivindicar el centro político como garantía de la permanencia de la democracia y los contenidos de la Constitución de 1991.
En efecto, la Carta de 1991, al ser resultado de la experiencia histórica y la participación de los más diversos sectores sociales, plasmó por vez primera en nuestra historia constitucional un claro contenido programático y una serie de equilibrios entorno a diversos temas en aras de lograr la convivencia pacífica entre los colombianos. En otras palabras, alejándose del extremismo que ha caracterizado nuestra historia, optó por ser una constitución cuyos mandatos buscan circunscribir el ejercicio del poder, en la práctica, al centro polìtico. Así, incluyó un amplio catálogo de derechos, pero también fue clara en indicar que todos ellos comportaban el cumplimiento correlativo de un deber –inciso 1º, Art. 95-; reconoció la propiedad y la libre iniciativa privada, pero dentro de los límites del bien común –art.333-; proclamó inequívocamente el carácter unitario del estado colombiano, pero dentro del reconocimiento a la autonomia de las entidades territoriales que lo conforman –art.2- y asi sucesivamente respecto de los principales asuntos que fueron sometidos a su regulación, entre ellos el derecho a la huelga establecido en su artículo 56, objeto del presente artículo.
Este asunto es de especial relevancia y actualidad, como quiera que Colombia enfrenta una conflictividad social creciente. En efecto, a Abril del presente año, de los 261 días transcurridos en el gobierno del presidente Iván Duque, 98 habían registrado algún tipo de protestas o manifestaciones. Ante esta situación, la derecha exige medidas de carácter meramente coercitivo y la izquierda, muchas veces en forma irresponsable, juega a crear caos para debilitar al Gobierno de turno. Es en ese escenario y desde una perspectiva de centro, donde ambas opciones lucen claramente inadecuadas a las preocupaciones de los ciudadanos, siendo indispensable en consecuencia, estructurar una alternativa para responder en forrma simultánea a sus necesidades y los requerimientos de una sociedad cada vez más compleja e interconectada en el marco del acatamiento estricto a la Constitución de 1991.
En este ejercicio, sea lo primero señalar que pese a el carácter creciente del fenómeno y que la Corte Constucional desde sus primeros pronunciamientos, ha reconocido en la huelga “(…) uno de los más valiosos derechos e instrumentos jurídicos con que cuentan los trabajadores para solucionar sus conflictos laborales de carácter económico (…)” –Sentencia C-548/94-, el ordenamiento jurídico colombiano carece de una ley, la cual debería ser estaturia, es decir de rango superior, donde se contengan las directrices específicas necesarias para enfrentar desde una perspectiva de Estado la conflictividad social. Por ello, la Sentencia C- 691 de 2008, indicó, “Constata la Corte que después de tres lustros, el Congreso no ha desarrollado el artículo 56. Por eso se exhortará respetuosamente al Congreso para que lo desarrolle (…)”.
Esa ley, debería tener como puntos esenciales los siguientes: 1) la definición de qué se entiende por servicio público esencial, donde se deberìan incluir no sólo los catalogados por la Organización Internacional del Trabajo, sino también aquellos definidos así por la Corte Constitucional, dentro de los cuales se encuentran servicios como la banca central, el transporte en sus diversas modalidades, las telecomunicaciones; la explotación, refinación, transporte y distribución de petróleo y los servicios públicos domiciliarios; 2) el fortalecimiento de los Medios Alternativos de Resolución de Conflictos en el ámbito colectivo e individual del trabajo, donde incluso deberían incluirse a las Centros de Conciliación de las Cámaras de Comercio; 3) la creación de un registro y un procedimiento para la organización de las huelgas, por medio del cual el estado pueda tener información sobre los responsables de las mismas y el término espacio – temporal en el cual se van a desarrollar las mismas; 4) la creación al interior del estado colombiano de una institucionalidad permanente para gestionar el diálogo social y 5) la definición clara de aquellas conductas que no pueden entenderse como válidas dentro de la protesta social.
El debate está sobre la mesa y como se ve, es de inmensa actualidad. Ojalá en el mismo se imponga la razón, el consenso y el sentido común. Es decir, el centro del espectro político.
*Columnista Invitado de Tanque de Pensamiento Al Centro
Con la expedición de la Ley 1882 en enero de 2018, el Congreso de la República de Colombia encargó al Gobierno Nacional la labor de adoptar pliegos de condiciones tipo que permitieran la estandarización de los procesos de selección en la contratación de obras públicas, interventoría para obras públicas, interventoría para consultoría de estudios y diseños para obras públicas y consultoría en ingeniería para obras.
Esta medida se implementó con el propósito de incrementar la transparencia en los procesos de compra pública, necesidad que surgió en virtud de los altos índices de corrupción y colusión que se presentan a diario en estos escenarios y que, en últimas, son un reflejo de la desafortunada cultura política instaurada en Colombia.
Desde su entrada en vigencia, los documentos tipo han logrado los objetivos propuestos con su puesta en marcha. En efecto, las entidades contratantes, sobretodo en el nivel territorial, han sido testigos del aumento en el número de proponentes en los procesos de selección y la desconcentración de la contratación en un reducido y repetitivo número de empresas oferentes.
Así mismo, se ha suscitado la sana competencia e igualdad de oportunidades entre los participantes de los procesos de selección, se ha logrado mayor organización en los mismos y, en definitiva, se han gestado medidas cruciales en la lucha anticorrupción.
Debido a estos resultados, como era de esperarse, se impulsó –y actualmente se encuentra en curso– una iniciativa legislativa que busca obligar al Gobierno Nacional a adoptar pliegos de condiciones tipo en todo proceso de selección que deba adelantarse mediante licitación pública, es decir, ya no solo en materia de obras públicas.
No obstante, con gran preocupación y desatino, llama mi atención la disposición que los ponentes del Proyecto incluyeron como parte del artículo 2° para la última ponencia en la Plenaria de la Cámara de Representantes.
A su tenor se lee que para la creación de pliegos tipo se constituirá una mesa técnica integrada no solo por el organismo técnico idóneo, que es Colombia Compra Eficiente, sino también por diversos agentes políticos, entre ellos, dos senadores y dos representantes de la comisión primera de ambas corporaciones del Congreso Nacional. También la mesa incluiría a la Federación Nacional de Municipios y a la Federación Nacional de Departamentos, quienes paradójicamente fueron los entes que mas se opusieron al trámite de la Ley 1882.
No se entiende cómo es posible que pretendan politizar una medida cuyo propósito especialísimo y principal es promover la transparencia, imparcialidad y objetividad en los procesos de selección de contratistas. Con esta disposición pretenden convertir la evolución más importante en los últimos años en materia de contratación pública, en la principal herramienta de corrupción.
Debe advertirse que de expedirse esta Ley bajo los términos señalados, el Congreso será responsable de aniquilar el único instrumento capaz, en el tiempo reciente, de hacer más competitiva, transparente y eficiente la contratación pública en Colombia y, dicho sea de paso, de entorpecer el avance que hasta ahora el país ha logrado en el cumplimiento de estándares y buenas prácticas internacionales.
*Director de Contratación Pública Transparente del Tanque de Pensamiento Al Centro
Cuando escuchamos la palabra “juego”, pueden venir a nuestros pensamientos ideas como diversión, disfrutar, entretenerse y tal vez recordemos esos momentos de infancia donde experimentábamos dinámicas que nos hacían sorprendernos con nuestro entorno, donde la curiosidad y el sentido de competencia sana se activaba. Nuestro cerebro empezaba a desarrollarse, y existían juegos que nos exigían un nivel de razonamiento mayor como Monopolio, que nos forzaba a simular la toma de decisiones en inversiones. Por los años 90 no se contaba con mucha información en línea y tu decisión se basaba en tu experiencia y en los consejos que recibías.
Hoy seguramente si volviéramos a jugar pudiésemos consultar en Google: ¿Cómo ganar en monopolio? Y seguir las instrucciones que allí nos recomienden. Este cambio en las dinámicas actuales implica una diferencia en las emociones que transitas: en el primer caso pudieses sentir “ansiedad” e “incertidumbre” por querer jugar y ganar, en el segundo caso la incertidumbre seguirá existiendo, pero tu emoción será de “tranquilidad” ya que tendrás en tus manos una posible receta que te hace lograr el objetivo.
Hoy nos enfrentamos a unas nuevas dinámicas, la revolución 4.0 ha traído un mundo de interconectividad donde los nuevos negocios surgen del poder de la información y de la data disponible para decidir dónde, cuándo y cuánto invertir. Hoy jugamos un monopolio donde los datos tienen un papel diferenciador, y aquel actor que los posea tiene mayores probabilidades de éxito en su futuro. Las empresas GAFA (Google, Amazon, Facebook, Apple) a través de las diferentes apps que nos ofrecen han sabido acumular y capitalizar uno de los bienes más preciados para la nueva era del emprendimiento: “Las emociones detrás del dato”. Información como nuestros nombres, direcciones, teléfonos, correos son fáciles de conseguir y si seguimos explorando encontramos nuestros gustos, los lugares que frecuentamos, los sueños que tenemos, los hábitos que desarrollamos. Este poder puede ser utilizado de manera negativa o positiva, encontramos casos como los de Cambridge Analytics donde a través de los datos gestionaron la manera de pensar de los votantes para inducirlos a tomar una decisión.
Existen otras empresas como Netflix que utiliza nuestros patrones de consumo para generar contenido que impacte emocionalmente al espectador, un claro ejemplo es la serie Casa de Papel donde exponen la mayoría de los arquetipos del ser humano para generar una conexión contigo. Y así pudiésemos continuar encontrando ejemplos del poder que tienen los datos en esta nueva era.
El emprendedor puede tomar dos caminos: hacer uso de este nuevo poder o continuar emprendiendo sin usarlo. Mi recomendación: utilizarlo.
Los datos permiten identificar necesidades no cubiertas de una manera rápida, y a partir de allí realizar productos mínimos viables para un mercado especifico. Colocaré el ejemplo de Rappi, una empresa que inicio en el 2015 por 3 emprendedores colombianos, donde conectan una oferta de productos y servicios con una demanda de usuarios, todo por medio de una aplicación. Lo interesante de este caso es que en tan solo tres años han llevado su emprendimiento a la categoría de Unicornio, una empresa valorizada en 1000 millones de dólares. Y la pregunta es ¿por qué vale tanto Rappi? Mi hipótesis es por el “PODER DE LOS DATOS” que están acumulando. Hoy cuentan con más de 13 millones de usuarios que entregan gratuitamente su información, acerca de qué comen, qué compran, qué favores necesitan y con esta información unida a los puntos de geolocalización que también entregamos pueden desarrollar mapas de calor donde en una ciudad como Bogotá esto termina siendo “oro” para nuevos emprendimientos. Un ejemplo son las dark kitchen o cocinas ocultas, donde dependiendo del patrón de consumo se abre o no un punto.
Ahora imaginemos el poder de los datos en otras dimensiones como utilizar esta información para generar otras franquicias, dado que conoces profundamente a tu cliente y le puedes ofrecer algo que se ajuste a su perfil. Esta manera de actuar no es solo de Rappi, las empresas GAFA son expertas en eso, el reto esta en como crear una consciencia del juego emocional que empieza a existir detrás de la posesión de la información. Esta es la nueva era del emprendimiento, un juego de monopolio donde los actores que más datos tengan tendrán la posibilidad de lanzar los dados con una emoción de “tranquilidad”, ya que podrán predecir el comportamiento del tablero.
¿Con qué emoción juegas?
*Columnista Invitado del Tanque de Pensamiento Al Centro
