Por: José Pacheco 

Después de la devastación producida por la Segunda Guerra Mundial, el concierto internacional se ha preocupado por diseñar mecanismos tendientes a garantizar y perpetuar en el tiempo la Seguridad Alimentaria, que según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), únicamente “se consigue cuando todas las personas, en todo momento, tienen acceso físico y económico a suficiente alimento, seguro y nutritivo, para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias, con el objeto de llevar una vida activa y sana”.

En concordancia con estos presupuestos, los países del Primer y Tercer Mundo (Colombia incluido) han realizado un gran ejercicio legislativo encaminado al fortalecimiento del sector agrícola (y otros sectores conexos), con el cual han querido generar condiciones que propicien una transformación en la producción. Una transformación en la producción agrícola tendría el doble impacto de contribuir de manera importante a la consecución del objetivo de la Seguridad Alimentaria y de potenciar la industria agrícola como principal motor de las economías. 

No obstante, pese a la contundencia y pertinencia del objetivo anterior, en Colombia la realidad del campo y del campesinado indica que nos encontramos lejos de lograr la anhelada Seguridad Alimentaria y del posicionamiento de la producción agrícola como principal fuente de generación de ingreso. Prueba de ello es la poca participación de este sector en el total del Producto Interno Bruto, que, a diciembre de 2019 según el DANE, se ubicó en el 6,8% y, particularmente en el departamento del Magdalena, esta cifra llegó al 16, 2%.

Colombia debe incluir dentro de la agenda post COVID estrategias para reconducir los esfuerzos en aras de garantizar la Seguridad Alimentaria y la potencialización de la producción agrícola como fuente principal de ingresos. 

Una estrategia puntual para lograr este propósito, consiste en el desarrollo de un Comercio Agroalimentario Regional, el cual, según Oscar Fernández Guillen, Profesor Investigador de la Universidad de Los Andes, consiste en la consolidación de un sólido intercambio interregional de alimentos a través de la disminución  de  barreras comerciales entre países de la Región, con lo cual se facilita el acceso a ellos y se propiciaría una mayor disponibilidad de alimentos a  menores  precios. Este mecanismo puede resultar idóneo no sólo para garantizar el acceso a alimentos sanos y nutritivos, sino que también podría abrir la puerta a nuevas oportunidades de desarrollo económico, laboral e industrial.

En el marco de esta estrategia, el departamento del Magdalena, en particular, gracias a sus suelos aptos para el agro, unido a una disponibilidad “potencial” a importantes extensiones de tierra cultivable, tiene un gran potencial para consolidarse como el exportador número uno de productos agrícolas y agroindustriales a Centro América y el Caribe. 

Según el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, el departamento del Magdalena es la cuarta entidad territorial con los mejores y más extensos suelos cultivables: de las 2,3 millones de hectáreas de la extensión total del departamento, cerca de 1,72 millones, es decir, un poco más del 51,4%, son tierras arables con potencial agropecuario. 

Estas condiciones naturales son favorecidas por factores logísticos determinantes para una consolidación del territorio como exportador de productos alimenticios: dos terminales portuarias multipropósito; una vía férrea que actualmente no es utilizada para el transporte de alimentos; un aeropuerto; cuatro zonas francas. 

El problema que hoy enfrenta el departamento es la poca diversidad en la producción agrícola. Al respecto, el IGAC ha calculado que el 65% de los suelos del Magdalena presentan un uso inadecuado, desaprovechando su potencial. La Encuesta Nacional Agropecuaria (2019) realizada por el DANE, evidenció que, del total del terreno arable del Magdalena, el 80.7% está destinado al ganado, la ganadería, o temas relacionados con ellos; solamente el 11.5% tiene uso agrícola; el 5.0% en bosques y el 2.8 restante se destina otros usos. 

El IGAC informó en el año 2016 que el desordenado desarrollo productivo del departamento había rebasado el 51% de suelos capaces de soportar la ganadería y la agricultura, para ocupar zonas que deberían ser dedicarse exclusivamente a la conservación ambiental. 

La inconveniente diversidad en la producción agrícola y la estéril dinámica agroindustrial descrita, debería ser el punto de partida para el planteamiento y desarrollo de una ambiciosa política pública regional y nacional post COVID que permita un mayor aprovechamiento de ese potencial agrícola que tiene el departamento del Magdalena. Y pueda, en virtud del desarrollo de un Comercio Agroalimentario Regional, contribuir para que el país y la región garanticen una Seguridad Alimentaria a sus poblaciones, sino que, al hacerlo, garantice igualmente el incremento de los ingresos de la población y de su calidad de vida.  

*Miembro Dirección Temática del Magdalena