Los sistemas impositivos y su incapacidad para garantizar la anhelada progresividad fiscal

Los sistemas impositivos y su incapacidad para garantizar la anhelada progresividad fiscal

Por: Ernesto Forero

Desde hace unos años se han empezado a escuchar voces en distintos idiomas que demandan la revisión y el ajuste del “contrato social” actual, tema sobre lo cual tuvimos oportunidad de referirnos en este mismo espacio el 14 de enero de 2020, antes de que el Covid-19 se convirtiera en pandemia. Durante el Covid-19, estas demandas revisionistas se han exacerbado, pues los efectos de la pandemia desvelaron la fragilidad de los sistemas de salud, la falta de conectividad de las personas, y en general, evidenciaron desigualdades entre la población.   

Quienes demandan la revisión del modelo político, económico y social actual (todo lo cual resumen con el término “contrato social”) coinciden, de manera consciente o inconsciente, en los siguientes tres puntos que resumimos a continuación: una mayor intervención de los Estados en las economías, mayores exigencias a los particulares (especialmente las empresas) para redistribuir los beneficios obtenidos por virtud del modelo actual y un respeto por los límites del planeta. Estos tres elementos parecen ser, hasta el momento, los pilares que determinarán los contornos del nuevo “contrato social”. 

Pese a lo interesante del tema, en esta oportunidad no nos referiremos a los reparos y exigencias de la población al contrato social actual, sino a cómo esas exigencias, todas las cuales conllevan un incremento de las erogaciones estatales (para funcionamiento, inversión y/o gasto social), podrán hacerse realidad. Es decir, no nos enfocaremos en lo que los contadores denominan “los usos” (educación gratuita, salud gratuita, ingreso básico universal, etc.) sino en sus “fuentes”. 

La fuente que se menciona de manera más recurrente, aunque con poca profundidad son los impuestos “a los más ricos”. Sin embargo, pretender obtener los recursos suficientes para atender las exigencias de la población a través de impuestos, con base en los sistemas impositivos actuales, es una fantasía. Ojo. No queremos dejar la sensación de que la idea de apalancar mayores inversiones o gasto social con impuestos progresivos sea mala, lo que queremos señalar es que no es una idea realista con los sistemas impositivos actuales. 

Los sistemas impositivos actuales tienen, en nuestro concepto, dos tipos de problemas que no permiten que sea razonable esperar la concreción de la anhelada progresividad fiscal. En primer lugar, se encuentran los problemas “de forma”, que se relacionan con la eficiencia de los sistemas impositivos, y que hacen referencia a las plataformas tecnológicas que utilizan los Estados para el funcionamiento de sus respectivos sistemas impositivos. Es impostergable que los sistemas impositivos funcionen sobre plataformas tecnológicas dinámicas, fáciles y modernas. En relación con este tipo de problema, Colombia parecer estar dando los pasos correctos pues la ley aprobatoria del Plan Nacional de Desarrollo (Ley 1955 de 2019) creó el denominado “Fondo DIAN para Colombia”, el cual será un patrimonio autónomo que se encargará de administrar los recursos para la modernización tecnológica de dicha entidad. 

En segundo lugar, están los problemas “de fondo”, que se relacionan con la eficacia de los sistemas impositivos, y que hacen referencia a que tales sistemas tengan como sujetos pasivos a quienes tienen mayores capacidades y como objeto de tributación a las operaciones generadoras de ingreso y riqueza. Los problemas que podrían incluirse bajo esta descripción son muchísimos; sin embargo, en esta oportunidad nos referiremos a aquellos problemas “nuevos” que han surgidos por la incapacidad de los sistemas impositivos de entender e interiorizar el impacto de la revolución tecnológica en la realidad actual, lo cual ha traído como consecuencia el otorgamiento de exenciones de facto. Ahí estamos grave. Mencionaremos a continuación solo un par de ejemplos que nos servirán para ilustrar el punto.

En la actualidad la información es el commodity más valioso. La tecnología ha permitido a las empresas generar ingresos a partir de la recolección, administración y procesamiento de nuestra información, haciéndonos más propensos a consumir, consumir, consumir. Sin embargo, ninguna de estas actividades ha sido incorporada como hecho gravable en los sistemas impositivos actuales. 

Con el ánimo de ilustrar aún más este punto, vale la pena preguntarse qué resulta más valioso (en el sentido de su capacidad de generar riqueza), digamos, para Google, ¿una base de datos con la información de nuestros gustos o una isla en el Caribe? La respuesta, claramente, es la información. Sin embargo, los sistemas impositivos actuales no han asimilado el surgimiento y el valor de la información, por lo cual solo hacen objeto de tributación a la propiedad en el Caribe. 

Un ejemplo más son los negocios basados en nuevas tecnologías. Muchos Estados han preferido cerrar sus ojos y sus sistemas legales ante las nuevas formas de hacer negocios con base en nuevas tecnologías. Colombia es un buen ejemplo; suspendió los servicios de Uber, sancionó a Rappi, prohibió las criptomonedas (las cuales están en máximos históricos), etc. Este negacionismo no impide, de ninguna manera, que las nuevas formas de hacer negocios se sigan desarrollando, lo que sí logra es que las nuevas formas de hacer los negocios pasen a ser ilegales y no puedan ser objeto de tributación. 

Como era de esperarse (y no es una crítica), el Gobierno ha empezado a anunciar una nueva reforma tributaria. Ojalá se aproveche esta oportunidad, post Covid-19, para realizar una verdadera reforma estructural que presente soluciones definitivas a los problemas de forma y de fondo de nuestro sistema impositivo actual, en lugar de estar improvisando propuestas que no logran más que exprimir la misma base y a los mismos sujetos de tributación de siempre, manteniendo nuestro sistema ajeno a las nuevas realidades.

El Covid-19 ha dejado en evidencia la necesidad de tener Estados más presentes, más eficientes y mejor administrados, por lo cual, el replanteamiento y modernización de los sistemas impositivos con base en los cuales se puedan obtener los recursos necesarios para atender las exigencias actuales de la población, es una necesidad urgente e impostergable.   

 

*Director Temático del Departamento del Magdalena

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El Covid-19, una oportunidad para ser felices y vivir en la ciudad de los sueños

Por: Ernesto Forero

En el presente artículo analizaremos cómo el Covid-19 ha obligado a los profesionales a cambiar la forma en que prestan sus servicios y cómo este cambio permitirá a las personas vivir en la ciudad de sus sueños. Así mismo, mencionaremos cómo esta posibilidad representa una oportunidad para las ciudades, la cual obliga a las administraciones locales a implementar estrategias para su materialización.  

Antes del Covid-19, la prestación de servicios tenía una importante dependencia en el contacto físico entre proveedores y clientes. Una reunión, un café, un trago, un estrechón de manos, una palmada en la espalda, una mirada a los ojos, eran indispensables para ofrecer y contratar los servicios de un profesional. No quiere decir que antes del Covid-19 no existiera algún tipo de virtualidad en la relación proveedor/cliente, claro que la había. Todos habíamos utilizado algún sistema de videoconferencias antes. Sin embargo, no existía el convencimiento real de la virtualidad como estrategia para un crecimiento comercial.

La virtualidad en la prestación de servicios antes de la pandemia se veía todavía lejana. Inminente sí, pero lejana. El Covid-19 desvirtuó esa lejanía, y lo que iba a ser, hoy ya es. En la actualidad, la mayoría de los profesionales (por no decir todos) están prestando sus servicios desde la distancia, reemplazando el contacto físico por el contacto virtual, superando así esa vieja dependencia en lo físico. Hoy las personas pueden prestar servicios y atacar mercados en ciudades distintas al de su residencia desde la comodidad de su estudio u oficina.

Esta situación ha empezado a redibujar la relación entre las personas y la ciudad de su residencia. Antes del Covid-19, la mayoría de las personas escogían la ciudad de su residencia basados en un aspecto meramente profesional o laboral. Las personas decidían vivir en determinada ciudad porque allí estaban las oficinas de la empresa empleadora, de su clientela, o del negocio familiar. Salvo el caso de las poblaciones flotantes propias de las ciudades turísticas, la presencia física de una persona en una ciudad dependía de un elemento laboral o profesional.

Gracias a la virtualidad impuesta a la fuerza por la pandemia, las personas podrán escoger el lugar de residencia con base en criterios distintos al laboral o profesional. Ahora las personas podrán vivir en el lugar que los haga felices. Al haber eliminado el contacto físico como requisito sine qua non para ofrecer o prestar servicios profesionales, nada impide a una persona prestar sus servicios a un cliente ubicado en Manizales, encontrándose físicamente en La Guajira, en Santa Marta o en Barú. Su cotidianidad puede incluir actividades que lo llenen de felicidad. La conexión que existía entre las personas y las ciudades de residencia podrá estar hecha de un material distinto al profesional. Las personas podrán vivir en el lugar de sus sueños sin que ello implique renunciar a sus metas profesionales.

Es revolucionario. ¿No?

Esta nueva realidad representa una oportunidad muy interesante para todos los profesionales, naturalmente; pero también se presenta como una gran oportunidad para las ciudades, especialmente para aquellas que por sus condiciones naturales tienen vocación de ser consideradas como lugares de residencia permanente. Ciudades pequeñas y medianas con poca actividad industrial y/o comercial pueden resultar siendo destinos predilectos de ejecutivos y profesionales que antes del Covid-19 solo podían conformarse con visitarlas unas pocas semanas al año. Esta potencial fuga de profesionales (y sus familias) hacia ciudades pequeñas y medianas se presenta como una oportunidad para insertar en sus respectivas economías a un nuevo segmento de la población con buen nivel de ingresos y buena capacidad de gasto, que demandará bienes y servicios.   

Ni los Planes de Ordenamiento Territoriales ni los Planes de Desarrollo pre-Covid podrían haber previsto esta posibilidad. Pero una vez identificada, no pueden desconocerla. Es deber de todos los gobiernos regionales, e incluso del Gobierno Nacional, adelantar metodologías tendientes a identificar potencialidades como ciudades-residencia y diseñar estrategias para materializarlas.

Si bien esta oportunidad es nueva para nuestras ciudades, existen muchos ejemplos de estrategias implementadas por distintos gobiernos de diferentes partes del mundo para atraer nueva población a sus ciudades de las cuales podremos nutrirnos[1]. La invitación a los gobiernos es a ser creativos y aprovechar esta nueva oportunidad que se asoma.

*Director Temático de Magdalena

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La fuerza bruta del Estado.

Por: Ernesto Forero

 

George Floyd fue la víctima fatal de una mala estrategia de estrangulamiento con rodilla ejercida por un oficial de policía de Minneapolis (Estados Unidos). Su muerte desató multitudinarias marchas por todo el país, las cuales han terminado con daños a propiedades públicas y privadas, así como en enfrentamientos violentos entre conciudadanos. En Colombia también hemos sido testigos de cómo la fuerza pública se ejerce con espantosa frecuencia de manera extralimitada. Todavía tengo en la retina la siniestra llave con la que fue sometido un vendedor ambulante en la ciudad de Bogotá por un oficial de la Policía.

Este tipo de situaciones siempre me han generado sentimientos encontrados, pues por un lado entiendo que en determinadas circunstancias las instituciones que ejercen la fuerza pública deben acudir a la abominable fuerza bruta, y por el otro, entiendo y comparto la frustración que sienten quienes expresan su reclamo por el resultado nefando del uso excesivo de la misma.

En el presente artículo haremos una reflexión sobre el nacimiento de la fuerza pública, así como del compromiso y la responsabilidad con que ésta debe ser ejercida, con el propósito de proponer algún camino de solución que permita conciliar el interés de todos.

El nacimiento de la fuerza pública está íntimamente ligado al concepto de nacimiento del Estado como un ente distinto de los ciudadanos, resultado del hoy tan nombrado Contrato Social. En virtud de dicho contrato, los ciudadanos se comprometen entre sí a reconocer la existencia de un ser distinto de ellos, en quien depositan derechos y prerrogativas individualísimas, de las cuales se desprenden en virtud de tal depósito. Uno de esos derechos y prerrogativas es la de procurar la seguridad y defensa individual.

En el principio de los días, en un mundo sin Estado, la salvaguarda de la seguridad y defensa personal era ejercida por las mismas personas de manera directa. En un escenario familiar, esta salvaguarda era ejercida a través del padre, del tío, del abuelo, o de cualquier otro miembro de la familia que, por alguna circunstancia de poder, esencialmente la fuerza, era llamado a ejercerla. Así, si la hija del padre era ofendida por alguna otra persona de la tribu, pues aquel se batía a golpes con éste hasta que la ofensa quedara saldada. Los demás miembros de la tribu probablemente pensaran que así debían ser las cosas.

El nacimiento del Estado implicó un traslado por parte de los ciudadanos de ese deber de salvaguarda, aun incluso, en perjuicio de las mismas personas que lo realizaron. Así, en el ejemplo anterior, el padre ya no podía batirse a golpes con el ofensor, sino que era el Estado el llamado a ejercer la justicia en su lugar. Si el padre ofendido, aun así, intentaba ejercer la justicia por su propia mano, el Estado tendría que intervenir nuevamente, esta vez para reprender al inicialmente ofendido, quien ya no contaba con la prerrogativa de salvaguardar la seguridad y defensa de su familia por haberla trasladado.

Esta delegación de prerrogativas lleva implícita la expectativa legítima de que la misma será ejercida de manera correcta, oportuna y dentro de los parámetros que el mismo Estado hubiere establecido. Cuando el ejercicio de la salvaguarda de la seguridad y la defensa se ejerce de manera incorrecta por parte del Estado, pues esa expectativa legítima de la comunidad se frustra. Y, cuando la expectativa de quien delegó tal función queda frustrada, se presenta un cisma que invita al reclamo, a la protesta, a la marcha. Es entendible, aunque no justificable, que tal reclamo se haga con la violencia que produce la frustración, y peor aun cuando esta frustración es colectiva.

Ahora bien, dicho lo anterior, resulta procedente preguntarnos qué hacer para que el Estado recupere la confianza de los ciudadanos en que el ejercicio de las prerrogativas delegadas será ejercido, en adelante, de manera adecuada.

Por lo general, ante las frustraciones de la comunidad, los Estados ofrecen excusas y prometen llevar los casos individuales “hasta las últimas consecuencias”. Y, también por lo general, ese tipo de reacciones tiene el efecto contrario de reafirmar la frustración y adobarla con una rabia justificada. El problema, y por ende la solución, podría estar en la formación que están recibiendo las personas que personifican la fuerza pública y la llevan a las calles. Sí, los policías en todos sus niveles.

Realmente dudo mucho que todos los oficiales tengan claro el papel que juegan en el Estado. No cuestiono sus capacidades personales, ni que sean buenos tipos, ni mucho menos que estén bien preparados para el combate; a lo que me refiero es a la formación humanista y sociológica que debe tener todo oficial que ejerza una prerrogativa que la población misma le ha delegado. A la conciencia que deben tener de los deberes que deben iluminar el ejercicio de su cargo.

Un verdadero compromiso de las instituciones encargadas de ejercer la fuerza pública, además de un ofrecimiento de disculpas, sería “llegar hasta las últimas consecuencias”, pero no de una simple investigación sino de la formación humanista de todos los oficiales. Que este compromiso se traduzca en una revisión, ojalá pública, de los pénsum de formación de sus efectivos, de manera que la institución se obligue con la comunidad a graduar oficiales física y moralmente capaces de desenvolverse en situaciones que supongan dificultades físicas y también morales. Que garanticen un comportamiento acorde con la expectativa de los ciudadanos que le han encomendado el ejercicio de la seguridad y la fuerza.

En ningún momento se propone una renuncia al ejercicio de la fuerza por parte del Estado cuando las circunstancias así lo ameriten, lo que se propone es que no sea el mero ejercicio de una fuerza BRUTA.

*Director Temático para el Departamento del Magdalena

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La libertad de expresión en época de crisis

La libertad de expresión en época de crisis

Por: Ernesto Forero

En 1938 el poeta francés André Bretón, proclamado padre del surrealismo, viajó a México con el propósito de visitar a Liev Davídovich, mejor conocido como León Trosky, quien se encontraba exiliado en ese país. La visita del francés tenía como propósito fundamental la elaboración de un manifiesto dirigido a los escritores y artistas revolucionarios con el que llamarían a la creación de una Federación Internacional de Artistas Revolucionarios, para cuya construcción acudía al sabio consejo del revolucionario exiliado.

Un punto sobre el cual estribaron muchas horas de discusión entre Trosky y Bretón fue el de la independencia que debían tener los artistas para desarrollar su arte sin presiones intelectuales y mucho menos materiales. Se clamaba por una libertad dentro de la cual todo estaba permitido en el arte; dicha libertad sería la única salvación, argumentaban. Una de las expectativas que con dicho manifiesto querían satisfacer era la de gritarle al público que el arte podría servir de contrapeso para las organizaciones estalinistas y fascistas que empezaban a pulular en Europa.

Ya se escuchaban en Europa los rugidos de los tanques rusos y alemanes que empezarían a invadir países al este y oeste del conteniente, dando inicio a lo que terminaría siendo la Segunda Guerra Mundial.

Esa libertad que en aquel entonces demandaban los artistas autodenominados revolucionarios es uno de los derechos, tal vez el más importante, sobre los cuales están cimentadas las democracias. Tal libertad no sólo debe extenderse a las expresiones artísticas, sino a cualquier tipo de expresión individual o colectiva. No es posible concebir una democracia real sin libertad de expresión, por incómoda que en ocasiones resulte.

Durante la crisis desatada por la pandemia del coronavirus (COVID-19) no han sido pocas las voces que han llamado a una unidad y a un cese de hostilidades (principalmente mediáticas) contra los gobernantes de turno. El propósito de tal llamado es evitar que los gobernantes se desconcentren y desvíen energías en responder a tales hostilidades en lugar de invertirlas en la adecuada administración de la crisis.

No obstante la intención loable del llamado, debemos tomarlo con guantes de seda ya que puede contener una bomba antidemocrática en su interior.

Un tema coyuntural de la presente crisis es que se desató en una época muy próxima a las elecciones regionales (antes de cumplirse los 100 días) en las cuales los actuales gobernantes resultaron elegidos. Es usual que, durante los primeros meses, incluso durante el primer año, los recién elegidos gobiernen con un aura de gloria y perfección. Los apoyos populares recién ratificados en las urnas crean gobernantes empoderados y casi dictatoriales, quienes, ayudados por audaces asesores mediáticos y de imagen, despiertan aplausos y vítores ensordecedores en redes sociales.

Esta situación crea, per sé, condiciones propicias para que los gobernantes henchidos de apoyo popular trasciendan ciertas fronteras legales o ética (a veces ambas) impuestas por la misma democracia, con el funesto argumento de representar la voz del pueblo; argumento esbozado de manera impajaritable por dictadores de todos los talantes. Si a lo anterior se añade un llamado a la unidad de la comunidad, que lleve implícito un pacto de no agresión contra los gobernantes de turno en virtud del cual la libertad de expresión se auto amordace, estaremos creando el escenario perfecto para la eclosión de ilegalidades o en el mejor de los casos extralimitación de funciones a diestra y siniestra.

Una crisis como la actual exige de los ciudadanos, independientemente de la ideología política que profesen, un cumplimiento estricto de la ley, la cual conlleva el someterse a las decisiones que de manera legal hayan tomado los gobernantes actuales. No es momento de cuestionar su legitimidad, pues esta discusión se realiza a través de las urnas. Sin embargo, no podemos dejar que el buque de la democracia se escore hasta hacer agua, restringiendo cualquier expresión de libertad bajo la égida de la conveniencia de estar unidos.

La opinión en contrario, la crítica, la exigencia a que las cuentas se rindan y en general la supervisión directa de la comunidad a la gestión de los gobernantes, resulta fundamental para la democracia en condiciones de normalidad, y más aun en condiciones de crisis, pues es en condiciones extraordinarias que los mandatarios tienden a relajar su propensión al cumplimiento de la ley. Los gobernantes deben gobernar con la tranquilidad y la legitimidad que les prodiga el haber sido elegidos democráticamente, pero sin desmejorar los derechos de la población que le sirven de contrapeso y equilibrio.

Así como en 1938 los artistas clamaban por una libertad artística que les permitiera desarrollar su arte sin sujeción a los modelos estéticos o de conveniencia partidista, durante el COVID-19 debemos clamar por una protección y sublimación del derecho de libertad de expresión de los ciudadanos.

 

*Director Temático del Magdalena

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La libertad de expresión en época de crisis

El mínimo vital de agua potable

Por: Hugo Escobar Fernández de Castro

En mi calidad de profesor de Derecho Constitucional de la Pontificia Universidad Javeriana, quisiera invitar, en esta breve columna, a reflexionar sobre una necesidad básica insatisfecha: el agua potable. Hace 2 años, tuve la oportunidad de escuchar un elocuente debate de mi abuelo, entonces Senador, Hugo Escobar Sierra (1927-2003), oriundo de Plato, Magdalena, quien reclamaba en el Congreso de la República la atención nacional por falta de agua en algunos municipios del Departamento. Principalmente, le consternaban las “inundaciones del Río Magdalena”, con lo cual hacía hincapié en la paradoja que ocurría con aquellos municipios aledaños a la ribera, ubicados en el sur del Departamento (también conocida como la depresión momposina): en temporada de lluvia o invierno se inundaban por completo sin contar con la posibilidad de contener o recolectar una cantidad desbordante de agua, mientras que, en verano, la sequía y escasez imperaban de forma inhumana.

Me parece inverosímil que, transcurridos más de 30 años desde aquella denuncia pública, todo siga igual…

Es así porque nuestra lamentable realidad -macondiana- evidencia que, muchos samarios y magdalenenses, particularmente los más vulnerables, no tienen acceso al agua pese a la inmensidad del mar Caribe y de los caudales de agua provenientes del macizo litoral más alto del mundo -en amenaza ambiental-. Inclusive, en los actuales tiempos de anormalidad que vivimos cuya convivencia y solidaridad social exige lavarnos las manos constantemente para prevenir la pandemia, muchos no cuentan con el líquido vital.

Es que lavarse las manos es trascendental para prevenir la enfermedad infecciosa que nos ataca, por cuanto lo más común es que el virus COVID-19 entre al cuerpo a través del contacto de las manos con los ojos, la nariz o la garganta. Además de este relevante uso de tipo preventivo, indiscutiblemente, los individuos requerimos de disponibilidad, calidad y acceso al agua potable para el consumo humano (o la supervivencia), el saneamiento, la preparación de alimentos, la higiene (personal y en casa) y el lavado de ropa.

Sin perjuicio de lo anterior y de la conexidad del agua con otros derechos y libertades, mi tesis defiende la existencia de un núcleo duro o esencial del derecho fundamental cuyo contenido sea la garantía de un mínimo vital de agua potable para todos los seres humanos, es decir, el acceso a una cantidad mínima de agua que nos sea suficiente y apta para el uso (personal y doméstico) y prevenir enfermedades.

El fundamento jurídico de esta opinión se deriva de las obligaciones del Estado colombiano por la adhesión y ratificación del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, así como de precedentes de la Corte Constitucional que han establecido la continuidad del servicio público de agua para personas especialmente protegidas por la Constitución (por ejemplo, niños, adultos mayores, personas en condición de discapacidad, mujeres cabeza de familia, población desplazada por el conflicto armado, etc.), que por fuerza mayor o necesidad no pueden hacer frente al pago de la factura mensual o se conectan irregularmente al sistema.

Ahora bien, la propuesta que hago en mi obra pretende incluso ir más allá, en el sentido que, progresiva y gradualmente, empezando por las personas más vulnerables, todos podamos acceder a un mínimo vital y gratuito de agua potable (establecido en 50 litros/diarios por persona según la OMS) el cual nos permita, al menos, subsistir como especie humana y prevenir enfermedades infecciosas. Este propósito implica pasar a entender el mínimo vital de agua como un bien común, público y, al menos, sustraerlo del comercio o de los intereses privados.

Aunque hoy, después de más de 30 años, estamos lejos de disfrutar de esta garantía básica de rango constitucional, como ciudadanos/usuarios tenemos derecho de exigirle permanentemente al distrito o municipio y a las empresas de servicios públicos domiciliarios, la adecuada y efectiva distribución y cobertura de agua apta para el consumo humano, bien sea desde tanques de almacenamiento o plantas de tratamiento hasta las acometidas domiciliarias. Para lo anterior, también debe responder de forma concurrente el Departamento y la Nación.

Independientemente de las múltiples causas que ocasionan la vulneración del derecho humano al agua potable en Santa Marta y el Magdalena, no sobra recordar que, en razón del inclemente calor del Magdalena, es inevitable que las personas demanden recursos adicionales de agua. Así, todas las autoridades responsables deben formular y ejecutar mancomunadamente una estrategia o plan de acción que reconozca este derecho humano, siendo especialmente rigurosos en: abarcar todos los aspectos del derecho al agua y las obligaciones correspondientes; definir objetivos claros; fijar metas y plazos para su consecución, políticas adecuadas con base en niveles de referencia e indicadores estándar. En adición, las autoridades ambientales deben aunar esfuerzos en verificar las concesiones por extracciones de agua insostenibles, desvíos a los cauces, reducción de la contaminación de las cuencas hidrográficas y de ecosistemas relacionados con el agua y protección de las reservas de agua, entre otros.

El fenómeno del cambio climático registra graves predicciones para el Magdalena. Se estima por el IDEAM que el incremento en la temperatura en nuestra región, para el periodo 2011-2040, conllevará a una reducción ostensible en las precipitaciones de agua en un -18 %. Con mayor razón como samarios y magdalenenses deberíamos interesarnos en participar en los procesos de decisión que puedan afectar nuestro derecho al agua, como parte de una política, programa o estrategia pública con respecto a este líquido vital. Para ello, podemos acceder a la información sobre el agua: el servicio público y el medio ambiente que esté en posesión de las autoridades públicas o de terceros.

Que esta crisis no nos quiebre la voz para reclamar la vigencia de este derecho fundamental y pedir que se tomen todas las medidas en orden a conservar las principales fuentes de agua en la región, concretamente me refiero a la estricta protección del agua que corre por la Sierra Nevada, el Río Magdalena y el Mar Caribe. ¡Aquí esta la vida del Magdalena!

*Columnista invitado Dirección del Magdalena. 
Hugo es abogado y profesor de Derecho Constitucional de la Pontificia Universidad Javeriana. Máster en Derecho Público y doctorando en Derechos Humanos en la Universidad Carlos III de Madrid (España).

 

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Economía Naranja, exenciones tributarias y ductilidad regulatoria

Por: Ernesto Forero

 

 

El presidente Iván Duque ha expresado, tanto en campaña como en ejercicio, que su Gobierno implementará medidas para impulsar el segmento de la economía conformado por las economías o industrias creativas, denominadas genéricamente como Economía Naranja.

 

Existe la percepción que las medidas se traducirán en subvenciones, entendidas éstas como entregas de dinero o bienes por parte del Gobierno sin la obligación de reembolsarlas. No obstante, las medidas que hasta el momento se han implementado no encajan dentro de esta modalidad, lo cual es un acierto pues los esquemas subvencionales no resultan convenientes cuando lo que se pretende es activar un sector productivo en búsqueda de su sostenibilidad en el largo plazo.

 

El pasado 26 de febrero el Gobierno profirió el Decreto No. 286 de 2020 mediante el cual estableció el marco legal para que las empresas creativas puedan acceder a una exención del impuesto de la renta por un periodo de 7 años.

 

El esquema para acceder a dicha exención es similar al esquema implementado para obtener la calificación como usuario de zona franca, en virtud del cual una persona podía acceder a una tasa reducida del impuesto de la renta a cambio del compromiso del beneficiario de ejecutar unas inversiones determinadas y generar nuevos empleos dentro de un plazo establecido.

 

En esta oportunidad, la empresa de la industria creativa que desee obtener la exención del impuesto de la renta deberá, igualmente, tomar la forma de sociedad, comprometerse a realizar inversiones mayores a $157.000.000 y a generar al menos 3 nuevos empleos, todo lo cual deberá formularse a modo de proyecto y obtener previamente la aprobación del denominado Comité de Economía Naranja del Ministerio de Cultura.

 

Este tipo de esquemas no subvencionales son interesante para el sector creativo y para la economía en general, pues exige a quienes pretendan beneficiarse de él, iniciar un camino hacia una formalización empresarial sin que se le exija requisitos absurdos o incompatibles con la naturaleza misma de dicha industria.

 

No obstante, el impulso a las industrias creativas no se agota con beneficios tributarios exclusivamente, sino que exige del Estado una seria capacidad de reacción regulatoria, lo cual es un reto en sí mismo. Las industrias creativas, por su naturaleza, rompen esquemas tradicionales y demandan de la institucionalidad una capacidad de reaccionar con regulación adecuada, procurando siempre el balance entre la libertad de empresa y el interés general.

 

Por ejemplo, una empresa creativa en ocasiones no necesita más que una sola persona frente a un computador generando contenido; de hecho, ni siquiera es necesario el computador, su celular puede ser suficiente. Es probable que esa persona ni siquiera tenga cuenta bancaria en Colombia, o cuenta bancaria en ninguna parte distinta de la misma red, o que su remuneración sea en bitcoins. Su red de colaboradores probablemente conste de personas sentadas en su cuarto o en un parque, o desde su celular, sin que de hecho se conozcan personalmente.

 

Situaciones como las descritas desquician las formas tradicionales con base en las cuales se ha legislado hasta la fecha, lo cual exige del Estado una adecuada ductilidad regulatoria con el objetivo de formalizar estas actividades hoy disruptivas, e insertarlas en la economía nacional. Las exenciones tributarias son atractivas para lograr dicha formalización, pero deben ser acompañadas de otras estrategias.

 

El objetivo es entonces establecer, por un lado, la forma de facilitar y potencializar el crecimiento de esas industrias creativas, y por el otro, ofrecerles seguridad jurídica a través de una plataforma regulatoria adecuada que concilie el interés privado con el interés público.

 

El éxito estará siempre en el balance.

 

Este primer mensaje enviado por el Gobierno a la industria creativa es positivo; sin embargo, se hace necesario enviar un nuevo mensaje en el que dé señales de apertura a las nuevas industrias con el fin de que no se repitan inconvenientes como el sucedido con Uber, en el cual, ante la imposibilidad del Estado de regular una nueva realidad prefirió optar por el popular Ctrl+Alt+Supr y prohibirlo.

 

*Director Dirección Temática del Magdalena