El Covid-19, una oportunidad para ser felices y vivir en la ciudad de los sueños

El Covid-19, una oportunidad para ser felices y vivir en la ciudad de los sueños

Por: Ernesto Forero

En el presente artículo analizaremos cómo el Covid-19 ha obligado a los profesionales a cambiar la forma en que prestan sus servicios y cómo este cambio permitirá a las personas vivir en la ciudad de sus sueños. Así mismo, mencionaremos cómo esta posibilidad representa una oportunidad para las ciudades, la cual obliga a las administraciones locales a implementar estrategias para su materialización.  

Antes del Covid-19, la prestación de servicios tenía una importante dependencia en el contacto físico entre proveedores y clientes. Una reunión, un café, un trago, un estrechón de manos, una palmada en la espalda, una mirada a los ojos, eran indispensables para ofrecer y contratar los servicios de un profesional. No quiere decir que antes del Covid-19 no existiera algún tipo de virtualidad en la relación proveedor/cliente, claro que la había. Todos habíamos utilizado algún sistema de videoconferencias antes. Sin embargo, no existía el convencimiento real de la virtualidad como estrategia para un crecimiento comercial.

La virtualidad en la prestación de servicios antes de la pandemia se veía todavía lejana. Inminente sí, pero lejana. El Covid-19 desvirtuó esa lejanía, y lo que iba a ser, hoy ya es. En la actualidad, la mayoría de los profesionales (por no decir todos) están prestando sus servicios desde la distancia, reemplazando el contacto físico por el contacto virtual, superando así esa vieja dependencia en lo físico. Hoy las personas pueden prestar servicios y atacar mercados en ciudades distintas al de su residencia desde la comodidad de su estudio u oficina.

Esta situación ha empezado a redibujar la relación entre las personas y la ciudad de su residencia. Antes del Covid-19, la mayoría de las personas escogían la ciudad de su residencia basados en un aspecto meramente profesional o laboral. Las personas decidían vivir en determinada ciudad porque allí estaban las oficinas de la empresa empleadora, de su clientela, o del negocio familiar. Salvo el caso de las poblaciones flotantes propias de las ciudades turísticas, la presencia física de una persona en una ciudad dependía de un elemento laboral o profesional.

Gracias a la virtualidad impuesta a la fuerza por la pandemia, las personas podrán escoger el lugar de residencia con base en criterios distintos al laboral o profesional. Ahora las personas podrán vivir en el lugar que los haga felices. Al haber eliminado el contacto físico como requisito sine qua non para ofrecer o prestar servicios profesionales, nada impide a una persona prestar sus servicios a un cliente ubicado en Manizales, encontrándose físicamente en La Guajira, en Santa Marta o en Barú. Su cotidianidad puede incluir actividades que lo llenen de felicidad. La conexión que existía entre las personas y las ciudades de residencia podrá estar hecha de un material distinto al profesional. Las personas podrán vivir en el lugar de sus sueños sin que ello implique renunciar a sus metas profesionales.

Es revolucionario. ¿No?

Esta nueva realidad representa una oportunidad muy interesante para todos los profesionales, naturalmente; pero también se presenta como una gran oportunidad para las ciudades, especialmente para aquellas que por sus condiciones naturales tienen vocación de ser consideradas como lugares de residencia permanente. Ciudades pequeñas y medianas con poca actividad industrial y/o comercial pueden resultar siendo destinos predilectos de ejecutivos y profesionales que antes del Covid-19 solo podían conformarse con visitarlas unas pocas semanas al año. Esta potencial fuga de profesionales (y sus familias) hacia ciudades pequeñas y medianas se presenta como una oportunidad para insertar en sus respectivas economías a un nuevo segmento de la población con buen nivel de ingresos y buena capacidad de gasto, que demandará bienes y servicios.   

Ni los Planes de Ordenamiento Territoriales ni los Planes de Desarrollo pre-Covid podrían haber previsto esta posibilidad. Pero una vez identificada, no pueden desconocerla. Es deber de todos los gobiernos regionales, e incluso del Gobierno Nacional, adelantar metodologías tendientes a identificar potencialidades como ciudades-residencia y diseñar estrategias para materializarlas.

Si bien esta oportunidad es nueva para nuestras ciudades, existen muchos ejemplos de estrategias implementadas por distintos gobiernos de diferentes partes del mundo para atraer nueva población a sus ciudades de las cuales podremos nutrirnos[1]. La invitación a los gobiernos es a ser creativos y aprovechar esta nueva oportunidad que se asoma.

*Director Temático de Magdalena

El Covid-19, una oportunidad para ser felices y vivir en la ciudad de los sueños

Los beneficios de la buena tensión.

Por: Ernesto Forero

Un par de semanas atrás, los magdalenenses fuimos testigos de un debate público sobre la gratuidad de la educación superior y sus fuentes de financiación. Todas las propuestas propugnaban por la gratuidad de la educación superior, sobre lo cual parece haber consenso, situación que nos alegra; sin embargo, las propuestas discrepaban en relación con las fuentes de financiación para garantizar dicha gratuidad.  

Una de las propuestas propugnaba por que la gratuidad se lograra a través de una priorización y racionalización de los gastos e inversiones que actualmente tiene la Universidad del Magdalena, frente a la cual se contrargumentaba que ello resultaba inconveniente dado que se sacrificarían recursos necesarios para la investigación. Otra de las propuestas planteaba que la gratuidad se podría lograr a través de un esquema de cofinanciación por parte de la Gobernación Departamental. En el interregno, se propusieron igualmente alternativas intermedias, como fue la creación de fondo de becas con recursos públicos y privados, así como una cofinanciación por parte del Gobierno Nacional.       

Este debate público mantuvo a todos los magdalenenses atentos al mismo, y resultaba casi imposible no tomar partido en favor de una u otra posición. Esto por supuesto ayudado por los gritos de los megáfonos virtuales de quienes, de manera espontánea o inducida, apoyaban una u otra posición en las redes sociales.

El ambiente estuvo tenso. ¡Claro que lo estuvo! Y no era para menos. El objeto de la discusión, la gratuidad de la educación superior, tiene tanto de largo como de ancho. A diferencia de lo que pueda pensarse, la existencia de tensión es una buena noticia para la democracia. Cuando hablamos de tensión, nos referimos a la buena tensión.     

Independientemente de cuál consideramos resulta ser la mejor propuesta para garantizar la gratuidad de la educación superior en el Magdalena, lo que queremos resaltar hoy es el ambiente de sano debate que se vivió durante las semanas precedentes en relación con dicho tema. Hace mucho tiempo no veíamos que las discusiones se hicieran con base en propuestas, y a quienes las lideraban, defenderlas con argumentos sólidos, llegando incluso a lanzar “mejoras” a sus propuestas iniciales. Este ambiente de tensión llegó a movilizar personas que normalmente permanecen indiferentes a los debates de interés general para la región.

Podrían argumentarse que el debate de la gratuidad de la educación entrañaba un debate político (o politiquero dirán algunos) y de ahí el gran interés. Pues claro que entraña un debate político, ¿y? Qué debate de trascendencia e interés público no resulta siendo un debate político, nos preguntamos.

De todo lo anterior, queremos extraer algunas reflexiones.

La primera, es la conveniencia de que existan tensiones al interior de una sociedad democrática. Sanas tensiones, repetimos. En una democracia, en la que cualquier persona puede intentar ser elegido para cargos de elección popular, es normal (e incluso deseable) que se generen tensiones. Tensiones generadas como consecuencia de las reacciones que tengan en el pueblo las propuestas lanzadas por quienes buscan seducir al electorado con las mismas o con los ideales que ellos representan. Esta tensión garantiza que se dé un adecuado debate, análisis y elección de propuestas, y un balance natural de pesos y contrapesos políticos.

Una segunda y necesaria reflexión es que la tensión no supone la imposibilidad de que exista consenso. El consenso es positivo en la medida en que sea un destino y no un punto de partida, el consenso debe ser la mañana calmada y serena que sigue a una noche intensa de tormenta. El consenso es bienvenido siempre que se hayan analizado todas las alternativas posibles, antes de coincidir en una sola. El consenso resulta perjudicial cuando implica una renuncia implícita al debate y al análisis de alternativas y propuestas, caso en el cual sirve de falso legitimador para someter toda opinión en contrario a lo propuesto por una sola persona. Quienes participan en el debate de propuestas, deben tener la entereza de aceptar otros puntos de vista y reconocer los beneficios de las propuestas alternativas, y poder incluso renunciar a la suya en aras de una mejor.

Una reflexión final es que los beneficios derivados de la sana tensión al interior de una sociedad, pueden desdibujarse por la aparición de tentaciones y vicios que suelen emerger en tales situaciones. La principal tentación en un ambiente de tensión es la de querer vapulear al opositor e intentar vencerlo con mentiras, tergiversaciones, acusaciones personales e instrumentalizando el derecho como arma política. Este vicio es generalmente perfeccionado por profesionales dedicados a elaborar estrategias legales y mediáticas que distorsionan el debate y alejan al pueblo de la realidad, a cambio o por ausencia de honorarios y/o pauta publicitaria. Esto, por supuesto, contrasta con la sana tensión que hemos mencionado.  

Como conclusión, podemos afirmar que la tensión vivida en el Magdalena con ocasión del debate en relación con la gratuidad de las matrículas y sus fuentes de financiación fue positiva, y debe contribuir para mantener despierta la llama de la sana y constructiva crítica al interior de la población. Eso sí, en condiciones de salubridad moral y política, lo cual exige de quienes participan en los debates actuar con el mayor pundonor posible, de manera que puedan controvertir sin renunciar al consenso, y ejercer una oposición sin caer en las tentaciones y vicios mencionados.

 

*Director Temático para el Departamento del Magdalena

El Covid-19, una oportunidad para ser felices y vivir en la ciudad de los sueños

La fuerza bruta del Estado.

Por: Ernesto Forero

 

George Floyd fue la víctima fatal de una mala estrategia de estrangulamiento con rodilla ejercida por un oficial de policía de Minneapolis (Estados Unidos). Su muerte desató multitudinarias marchas por todo el país, las cuales han terminado con daños a propiedades públicas y privadas, así como en enfrentamientos violentos entre conciudadanos. En Colombia también hemos sido testigos de cómo la fuerza pública se ejerce con espantosa frecuencia de manera extralimitada. Todavía tengo en la retina la siniestra llave con la que fue sometido un vendedor ambulante en la ciudad de Bogotá por un oficial de la Policía.

Este tipo de situaciones siempre me han generado sentimientos encontrados, pues por un lado entiendo que en determinadas circunstancias las instituciones que ejercen la fuerza pública deben acudir a la abominable fuerza bruta, y por el otro, entiendo y comparto la frustración que sienten quienes expresan su reclamo por el resultado nefando del uso excesivo de la misma.

En el presente artículo haremos una reflexión sobre el nacimiento de la fuerza pública, así como del compromiso y la responsabilidad con que ésta debe ser ejercida, con el propósito de proponer algún camino de solución que permita conciliar el interés de todos.

El nacimiento de la fuerza pública está íntimamente ligado al concepto de nacimiento del Estado como un ente distinto de los ciudadanos, resultado del hoy tan nombrado Contrato Social. En virtud de dicho contrato, los ciudadanos se comprometen entre sí a reconocer la existencia de un ser distinto de ellos, en quien depositan derechos y prerrogativas individualísimas, de las cuales se desprenden en virtud de tal depósito. Uno de esos derechos y prerrogativas es la de procurar la seguridad y defensa individual.

En el principio de los días, en un mundo sin Estado, la salvaguarda de la seguridad y defensa personal era ejercida por las mismas personas de manera directa. En un escenario familiar, esta salvaguarda era ejercida a través del padre, del tío, del abuelo, o de cualquier otro miembro de la familia que, por alguna circunstancia de poder, esencialmente la fuerza, era llamado a ejercerla. Así, si la hija del padre era ofendida por alguna otra persona de la tribu, pues aquel se batía a golpes con éste hasta que la ofensa quedara saldada. Los demás miembros de la tribu probablemente pensaran que así debían ser las cosas.

El nacimiento del Estado implicó un traslado por parte de los ciudadanos de ese deber de salvaguarda, aun incluso, en perjuicio de las mismas personas que lo realizaron. Así, en el ejemplo anterior, el padre ya no podía batirse a golpes con el ofensor, sino que era el Estado el llamado a ejercer la justicia en su lugar. Si el padre ofendido, aun así, intentaba ejercer la justicia por su propia mano, el Estado tendría que intervenir nuevamente, esta vez para reprender al inicialmente ofendido, quien ya no contaba con la prerrogativa de salvaguardar la seguridad y defensa de su familia por haberla trasladado.

Esta delegación de prerrogativas lleva implícita la expectativa legítima de que la misma será ejercida de manera correcta, oportuna y dentro de los parámetros que el mismo Estado hubiere establecido. Cuando el ejercicio de la salvaguarda de la seguridad y la defensa se ejerce de manera incorrecta por parte del Estado, pues esa expectativa legítima de la comunidad se frustra. Y, cuando la expectativa de quien delegó tal función queda frustrada, se presenta un cisma que invita al reclamo, a la protesta, a la marcha. Es entendible, aunque no justificable, que tal reclamo se haga con la violencia que produce la frustración, y peor aun cuando esta frustración es colectiva.

Ahora bien, dicho lo anterior, resulta procedente preguntarnos qué hacer para que el Estado recupere la confianza de los ciudadanos en que el ejercicio de las prerrogativas delegadas será ejercido, en adelante, de manera adecuada.

Por lo general, ante las frustraciones de la comunidad, los Estados ofrecen excusas y prometen llevar los casos individuales “hasta las últimas consecuencias”. Y, también por lo general, ese tipo de reacciones tiene el efecto contrario de reafirmar la frustración y adobarla con una rabia justificada. El problema, y por ende la solución, podría estar en la formación que están recibiendo las personas que personifican la fuerza pública y la llevan a las calles. Sí, los policías en todos sus niveles.

Realmente dudo mucho que todos los oficiales tengan claro el papel que juegan en el Estado. No cuestiono sus capacidades personales, ni que sean buenos tipos, ni mucho menos que estén bien preparados para el combate; a lo que me refiero es a la formación humanista y sociológica que debe tener todo oficial que ejerza una prerrogativa que la población misma le ha delegado. A la conciencia que deben tener de los deberes que deben iluminar el ejercicio de su cargo.

Un verdadero compromiso de las instituciones encargadas de ejercer la fuerza pública, además de un ofrecimiento de disculpas, sería “llegar hasta las últimas consecuencias”, pero no de una simple investigación sino de la formación humanista de todos los oficiales. Que este compromiso se traduzca en una revisión, ojalá pública, de los pénsum de formación de sus efectivos, de manera que la institución se obligue con la comunidad a graduar oficiales física y moralmente capaces de desenvolverse en situaciones que supongan dificultades físicas y también morales. Que garanticen un comportamiento acorde con la expectativa de los ciudadanos que le han encomendado el ejercicio de la seguridad y la fuerza.

En ningún momento se propone una renuncia al ejercicio de la fuerza por parte del Estado cuando las circunstancias así lo ameriten, lo que se propone es que no sea el mero ejercicio de una fuerza BRUTA.

*Director Temático para el Departamento del Magdalena

La libertad de expresión en época de crisis

La libertad de expresión en época de crisis

Por: Ernesto Forero

En 1938 el poeta francés André Bretón, proclamado padre del surrealismo, viajó a México con el propósito de visitar a Liev Davídovich, mejor conocido como León Trosky, quien se encontraba exiliado en ese país. La visita del francés tenía como propósito fundamental la elaboración de un manifiesto dirigido a los escritores y artistas revolucionarios con el que llamarían a la creación de una Federación Internacional de Artistas Revolucionarios, para cuya construcción acudía al sabio consejo del revolucionario exiliado.

Un punto sobre el cual estribaron muchas horas de discusión entre Trosky y Bretón fue el de la independencia que debían tener los artistas para desarrollar su arte sin presiones intelectuales y mucho menos materiales. Se clamaba por una libertad dentro de la cual todo estaba permitido en el arte; dicha libertad sería la única salvación, argumentaban. Una de las expectativas que con dicho manifiesto querían satisfacer era la de gritarle al público que el arte podría servir de contrapeso para las organizaciones estalinistas y fascistas que empezaban a pulular en Europa.

Ya se escuchaban en Europa los rugidos de los tanques rusos y alemanes que empezarían a invadir países al este y oeste del conteniente, dando inicio a lo que terminaría siendo la Segunda Guerra Mundial.

Esa libertad que en aquel entonces demandaban los artistas autodenominados revolucionarios es uno de los derechos, tal vez el más importante, sobre los cuales están cimentadas las democracias. Tal libertad no sólo debe extenderse a las expresiones artísticas, sino a cualquier tipo de expresión individual o colectiva. No es posible concebir una democracia real sin libertad de expresión, por incómoda que en ocasiones resulte.

Durante la crisis desatada por la pandemia del coronavirus (COVID-19) no han sido pocas las voces que han llamado a una unidad y a un cese de hostilidades (principalmente mediáticas) contra los gobernantes de turno. El propósito de tal llamado es evitar que los gobernantes se desconcentren y desvíen energías en responder a tales hostilidades en lugar de invertirlas en la adecuada administración de la crisis.

No obstante la intención loable del llamado, debemos tomarlo con guantes de seda ya que puede contener una bomba antidemocrática en su interior.

Un tema coyuntural de la presente crisis es que se desató en una época muy próxima a las elecciones regionales (antes de cumplirse los 100 días) en las cuales los actuales gobernantes resultaron elegidos. Es usual que, durante los primeros meses, incluso durante el primer año, los recién elegidos gobiernen con un aura de gloria y perfección. Los apoyos populares recién ratificados en las urnas crean gobernantes empoderados y casi dictatoriales, quienes, ayudados por audaces asesores mediáticos y de imagen, despiertan aplausos y vítores ensordecedores en redes sociales.

Esta situación crea, per sé, condiciones propicias para que los gobernantes henchidos de apoyo popular trasciendan ciertas fronteras legales o ética (a veces ambas) impuestas por la misma democracia, con el funesto argumento de representar la voz del pueblo; argumento esbozado de manera impajaritable por dictadores de todos los talantes. Si a lo anterior se añade un llamado a la unidad de la comunidad, que lleve implícito un pacto de no agresión contra los gobernantes de turno en virtud del cual la libertad de expresión se auto amordace, estaremos creando el escenario perfecto para la eclosión de ilegalidades o en el mejor de los casos extralimitación de funciones a diestra y siniestra.

Una crisis como la actual exige de los ciudadanos, independientemente de la ideología política que profesen, un cumplimiento estricto de la ley, la cual conlleva el someterse a las decisiones que de manera legal hayan tomado los gobernantes actuales. No es momento de cuestionar su legitimidad, pues esta discusión se realiza a través de las urnas. Sin embargo, no podemos dejar que el buque de la democracia se escore hasta hacer agua, restringiendo cualquier expresión de libertad bajo la égida de la conveniencia de estar unidos.

La opinión en contrario, la crítica, la exigencia a que las cuentas se rindan y en general la supervisión directa de la comunidad a la gestión de los gobernantes, resulta fundamental para la democracia en condiciones de normalidad, y más aun en condiciones de crisis, pues es en condiciones extraordinarias que los mandatarios tienden a relajar su propensión al cumplimiento de la ley. Los gobernantes deben gobernar con la tranquilidad y la legitimidad que les prodiga el haber sido elegidos democráticamente, pero sin desmejorar los derechos de la población que le sirven de contrapeso y equilibrio.

Así como en 1938 los artistas clamaban por una libertad artística que les permitiera desarrollar su arte sin sujeción a los modelos estéticos o de conveniencia partidista, durante el COVID-19 debemos clamar por una protección y sublimación del derecho de libertad de expresión de los ciudadanos.

 

*Director Temático del Magdalena

“Con esta crisis llego el momento de que la descentralización deje de ser un simple discurso”

“Con esta crisis llego el momento de que la descentralización deje de ser un simple discurso”

La libertad de expresión en época de crisis

Economía Naranja, exenciones tributarias y ductilidad regulatoria

Por: Ernesto Forero

 

 

El presidente Iván Duque ha expresado, tanto en campaña como en ejercicio, que su Gobierno implementará medidas para impulsar el segmento de la economía conformado por las economías o industrias creativas, denominadas genéricamente como Economía Naranja.

 

Existe la percepción que las medidas se traducirán en subvenciones, entendidas éstas como entregas de dinero o bienes por parte del Gobierno sin la obligación de reembolsarlas. No obstante, las medidas que hasta el momento se han implementado no encajan dentro de esta modalidad, lo cual es un acierto pues los esquemas subvencionales no resultan convenientes cuando lo que se pretende es activar un sector productivo en búsqueda de su sostenibilidad en el largo plazo.

 

El pasado 26 de febrero el Gobierno profirió el Decreto No. 286 de 2020 mediante el cual estableció el marco legal para que las empresas creativas puedan acceder a una exención del impuesto de la renta por un periodo de 7 años.

 

El esquema para acceder a dicha exención es similar al esquema implementado para obtener la calificación como usuario de zona franca, en virtud del cual una persona podía acceder a una tasa reducida del impuesto de la renta a cambio del compromiso del beneficiario de ejecutar unas inversiones determinadas y generar nuevos empleos dentro de un plazo establecido.

 

En esta oportunidad, la empresa de la industria creativa que desee obtener la exención del impuesto de la renta deberá, igualmente, tomar la forma de sociedad, comprometerse a realizar inversiones mayores a $157.000.000 y a generar al menos 3 nuevos empleos, todo lo cual deberá formularse a modo de proyecto y obtener previamente la aprobación del denominado Comité de Economía Naranja del Ministerio de Cultura.

 

Este tipo de esquemas no subvencionales son interesante para el sector creativo y para la economía en general, pues exige a quienes pretendan beneficiarse de él, iniciar un camino hacia una formalización empresarial sin que se le exija requisitos absurdos o incompatibles con la naturaleza misma de dicha industria.

 

No obstante, el impulso a las industrias creativas no se agota con beneficios tributarios exclusivamente, sino que exige del Estado una seria capacidad de reacción regulatoria, lo cual es un reto en sí mismo. Las industrias creativas, por su naturaleza, rompen esquemas tradicionales y demandan de la institucionalidad una capacidad de reaccionar con regulación adecuada, procurando siempre el balance entre la libertad de empresa y el interés general.

 

Por ejemplo, una empresa creativa en ocasiones no necesita más que una sola persona frente a un computador generando contenido; de hecho, ni siquiera es necesario el computador, su celular puede ser suficiente. Es probable que esa persona ni siquiera tenga cuenta bancaria en Colombia, o cuenta bancaria en ninguna parte distinta de la misma red, o que su remuneración sea en bitcoins. Su red de colaboradores probablemente conste de personas sentadas en su cuarto o en un parque, o desde su celular, sin que de hecho se conozcan personalmente.

 

Situaciones como las descritas desquician las formas tradicionales con base en las cuales se ha legislado hasta la fecha, lo cual exige del Estado una adecuada ductilidad regulatoria con el objetivo de formalizar estas actividades hoy disruptivas, e insertarlas en la economía nacional. Las exenciones tributarias son atractivas para lograr dicha formalización, pero deben ser acompañadas de otras estrategias.

 

El objetivo es entonces establecer, por un lado, la forma de facilitar y potencializar el crecimiento de esas industrias creativas, y por el otro, ofrecerles seguridad jurídica a través de una plataforma regulatoria adecuada que concilie el interés privado con el interés público.

 

El éxito estará siempre en el balance.

 

Este primer mensaje enviado por el Gobierno a la industria creativa es positivo; sin embargo, se hace necesario enviar un nuevo mensaje en el que dé señales de apertura a las nuevas industrias con el fin de que no se repitan inconvenientes como el sucedido con Uber, en el cual, ante la imposibilidad del Estado de regular una nueva realidad prefirió optar por el popular Ctrl+Alt+Supr y prohibirlo.

 

*Director Dirección Temática del Magdalena