Por: Ernesto Forero

 

George Floyd fue la víctima fatal de una mala estrategia de estrangulamiento con rodilla ejercida por un oficial de policía de Minneapolis (Estados Unidos). Su muerte desató multitudinarias marchas por todo el país, las cuales han terminado con daños a propiedades públicas y privadas, así como en enfrentamientos violentos entre conciudadanos. En Colombia también hemos sido testigos de cómo la fuerza pública se ejerce con espantosa frecuencia de manera extralimitada. Todavía tengo en la retina la siniestra llave con la que fue sometido un vendedor ambulante en la ciudad de Bogotá por un oficial de la Policía.

Este tipo de situaciones siempre me han generado sentimientos encontrados, pues por un lado entiendo que en determinadas circunstancias las instituciones que ejercen la fuerza pública deben acudir a la abominable fuerza bruta, y por el otro, entiendo y comparto la frustración que sienten quienes expresan su reclamo por el resultado nefando del uso excesivo de la misma.

En el presente artículo haremos una reflexión sobre el nacimiento de la fuerza pública, así como del compromiso y la responsabilidad con que ésta debe ser ejercida, con el propósito de proponer algún camino de solución que permita conciliar el interés de todos.

El nacimiento de la fuerza pública está íntimamente ligado al concepto de nacimiento del Estado como un ente distinto de los ciudadanos, resultado del hoy tan nombrado Contrato Social. En virtud de dicho contrato, los ciudadanos se comprometen entre sí a reconocer la existencia de un ser distinto de ellos, en quien depositan derechos y prerrogativas individualísimas, de las cuales se desprenden en virtud de tal depósito. Uno de esos derechos y prerrogativas es la de procurar la seguridad y defensa individual.

En el principio de los días, en un mundo sin Estado, la salvaguarda de la seguridad y defensa personal era ejercida por las mismas personas de manera directa. En un escenario familiar, esta salvaguarda era ejercida a través del padre, del tío, del abuelo, o de cualquier otro miembro de la familia que, por alguna circunstancia de poder, esencialmente la fuerza, era llamado a ejercerla. Así, si la hija del padre era ofendida por alguna otra persona de la tribu, pues aquel se batía a golpes con éste hasta que la ofensa quedara saldada. Los demás miembros de la tribu probablemente pensaran que así debían ser las cosas.

El nacimiento del Estado implicó un traslado por parte de los ciudadanos de ese deber de salvaguarda, aun incluso, en perjuicio de las mismas personas que lo realizaron. Así, en el ejemplo anterior, el padre ya no podía batirse a golpes con el ofensor, sino que era el Estado el llamado a ejercer la justicia en su lugar. Si el padre ofendido, aun así, intentaba ejercer la justicia por su propia mano, el Estado tendría que intervenir nuevamente, esta vez para reprender al inicialmente ofendido, quien ya no contaba con la prerrogativa de salvaguardar la seguridad y defensa de su familia por haberla trasladado.

Esta delegación de prerrogativas lleva implícita la expectativa legítima de que la misma será ejercida de manera correcta, oportuna y dentro de los parámetros que el mismo Estado hubiere establecido. Cuando el ejercicio de la salvaguarda de la seguridad y la defensa se ejerce de manera incorrecta por parte del Estado, pues esa expectativa legítima de la comunidad se frustra. Y, cuando la expectativa de quien delegó tal función queda frustrada, se presenta un cisma que invita al reclamo, a la protesta, a la marcha. Es entendible, aunque no justificable, que tal reclamo se haga con la violencia que produce la frustración, y peor aun cuando esta frustración es colectiva.

Ahora bien, dicho lo anterior, resulta procedente preguntarnos qué hacer para que el Estado recupere la confianza de los ciudadanos en que el ejercicio de las prerrogativas delegadas será ejercido, en adelante, de manera adecuada.

Por lo general, ante las frustraciones de la comunidad, los Estados ofrecen excusas y prometen llevar los casos individuales “hasta las últimas consecuencias”. Y, también por lo general, ese tipo de reacciones tiene el efecto contrario de reafirmar la frustración y adobarla con una rabia justificada. El problema, y por ende la solución, podría estar en la formación que están recibiendo las personas que personifican la fuerza pública y la llevan a las calles. Sí, los policías en todos sus niveles.

Realmente dudo mucho que todos los oficiales tengan claro el papel que juegan en el Estado. No cuestiono sus capacidades personales, ni que sean buenos tipos, ni mucho menos que estén bien preparados para el combate; a lo que me refiero es a la formación humanista y sociológica que debe tener todo oficial que ejerza una prerrogativa que la población misma le ha delegado. A la conciencia que deben tener de los deberes que deben iluminar el ejercicio de su cargo.

Un verdadero compromiso de las instituciones encargadas de ejercer la fuerza pública, además de un ofrecimiento de disculpas, sería “llegar hasta las últimas consecuencias”, pero no de una simple investigación sino de la formación humanista de todos los oficiales. Que este compromiso se traduzca en una revisión, ojalá pública, de los pénsum de formación de sus efectivos, de manera que la institución se obligue con la comunidad a graduar oficiales física y moralmente capaces de desenvolverse en situaciones que supongan dificultades físicas y también morales. Que garanticen un comportamiento acorde con la expectativa de los ciudadanos que le han encomendado el ejercicio de la seguridad y la fuerza.

En ningún momento se propone una renuncia al ejercicio de la fuerza por parte del Estado cuando las circunstancias así lo ameriten, lo que se propone es que no sea el mero ejercicio de una fuerza BRUTA.

*Director Temático para el Departamento del Magdalena

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