Por: Norma Rodas

En el marco de una charla en noviembre 2020, de Erick Parrado, del Banco Interamericano de Desarrollo, donde sustenta que “… en la búsqueda del crecimiento inclusivo y sostenible, la inclusión financiera se transforma en una obligación…”; deja una interesante reflexión que invita a considerar acerca de los elementos de una verdadera inclusión social y financiera en nuestro país. El Banco Mundial brinda ocho importantes lineamientos para lograrlo: fomento a la diversidad de instituciones financieras, facilitar el uso de tecnologías innovadoras, ampliar actividades bancarias usando canales de bajos costos, optimización de recursos limitados, identificación y vigilancia de riesgos de lavado de activos y financiación de terrorismo, incentivar el uso de productos financieros de bajo costo y la protección al consumidor sobre divulgación, trato justo y recursos. Todo guiado a la facilitación que el Estado debe proporcionar y garantizar en el cumplimiento de su misión de inclusión financiera.

Colombia, no ha sido la excepción en implementar medidas y procesos que fomentan esta inclusión financiera, que tiene una relación directa con el desarrollo económico; y que ha avanzado en tiempo récord en cuanto a la bancarización presentando cifras impactantes; de acuerdo al registro histórico, en el 2013, 21.6 millones de personas estaban bancarizadas, siendo menos de la mitad de la población total de ese año; en contraste, en el 2020, el 83.3 % de la población esta bancarizada, alrededor de 41’899.000 personas. La aceleración indiscriminada que la pandemia trajo se ve reflejada en el programa de subsidios que el gobierno otorgo denominado “Ingreso Solidario” de los que se cuentan llegaron de forma directa a 2.6 millones de hogares colombianos y aproximadamente un millón de personas abrieron nuevas cuentas digitales usando teléfonos celulares; un logro admirable en un corto tiempo que sin duda fueron un alivio para sus beneficiarios. Sin embargo, la bancarización por sí sola, no logra un crecimiento social y económico sostenible a largo plazo. Igualmente, se debe tener en cuenta que, aunque se abren cuentas nuevas; desafortunadamente no hay recursos para ingresarle a estas cuentas una vez se saca el subsidio, y que el intercambio electrónico en medios de pago en esta población es más restrictivo debido a la falta de accesibilidad, costos y educación financiera de los negocios incipientes y las personas.

Estudios han demostrado que, los subsidios son una herramienta de estímulo económico a corto plazo. De acuerdo con el concepto de expertos, satisfacen una necesidad del momento y el dinero depositado en las cuentas tiene la característica de desaparecer del sistema en un periodo corto de días; es decir, su trazabilidad se pierde porque el dinero es retirado en efectivo debido al bajo monto del subsidio y a la falta de un ecosistema transaccional en las comunidades beneficiarias.

De otro lado, y de acuerdo con World Inequality Data Base, la inequidad en Colombia muestra que el 10% de la población obtiene el 50% de los ingresos totales del país y que según el DANE (2019) el índice de pobreza es del 27%; adicionalmente a esta cifra, un 7.2 % de la población se encuentra en pobreza extrema; sumando el 34.2% del total de la población colombiana calificada en situación de pobreza. Por tanto, es necesario apuntarle a un crecimiento económico y social sostenible usando las diferentes herramientas de inclusión social y financiera, con la participación y el compromiso del individuo, empresa privada, Estado y organismos internacionales en un modelo a largo plazo basado en el desarrollo e integración de comunidades sostenibles. 

Estos programas deben ir dirigidos a la población base de la pirámide; en Colombia se consideran el estrato 1,2 y 3 que constituye el 80% de la población, unas 36’400.000 personas; cuya vulnerabilidad ha sido evidenciada con profundidad durante la pandemia siendo la más afectada por desempleo, falta de acceso a servicios educativos, sociales y financieros, discriminación de género, estatus migratorio, madres cabeza de hogar, informalidad, entre muchos otros factores. 

La reconstrucción de un tejido social y económico se hace urgente en esta población que significa el 80% de habitantes en Colombia; es la oportunidad para formalizar empleos, crear emprendimientos que se convertirán en el largo plazo en empresas, incrementar los índices de empleabilidad, ampliar la base de personas que realizan aportes al sistema de  seguridad social, y dinamizar los ecosistemas ya existentes, integrando todos los actores en un compromiso social; teniendo como consecuencia una reactivación económica pertinente, con el objetivo de realizar una verdadera y sostenible inclusión social y financiera. 

Indudablemente existen factores de riesgo inherentes a esta estrategia de desarrollar e integrar comunidades sostenibles a partir de brindar oportunidades de sustento e ingresos; a través del trabajo, y la creación de microempresas, donde se formen economías colaborativas integradas por esas unidades económicas productivas bajo el compromiso comunitario de crecimiento, apoyadas por el mismo individuo, la empresa privada, El Estado y los organismos internacionales generando sinergias dentro de la comunidad y entre las comunidades, instaurando un desarrollo sostenible.

Existe un costo asociado a la incorporación de esta población base de la pirámide al sistema social y financiero formal, pero sin duda y a largo plazo, este costo es revertido en un impacto social positivo para el país y su crecimiento social y económico en forma exponencial. 

La inclusión social y financiera, es un compromiso que los actores del ecosistema del sector público y privado deben asumir de forma inmediata, quitarse los paradigmas del corto plazo, los resultados de inmediatez y los indicadores del hoy, para enfrentar un planeamiento cauteloso que involucra la identificación de necesidades del individuo, hasta la formalización real de personas y empresas al sistema, en una línea de tiempo amplia, con métricas de mejoramiento de calidad de vida, acceso a educación, salud, servicios sociales y financieros, además de un desarrollo económico sostenible de la comunidad. 

*Miembro Dirección de Emprendimiento

Por: Norma Lucia Rodas

Las cifras de inclusión financiera recientes en Colombia presentadas por la Banca de Oportunidades publicada en la edición de La Republica del pasado 14 de enero de 2020, muestran inclusión financiera del 83% de la población; cifra alentadora comparada con los dígitos manejados por varios estudios promediadas en el año 2014, cuando se hablaba de una población bancarizada en nuestro país entre 55% y el 65 %.

La inclusión social y financiera no es una tendencia, es de hecho una necesidad de los países de reducir la brecha de desigualdad en sus habitantes; es un factor determinante que reduce la pobreza. El acceso a productos financieros como cuentas bancarias donde el individuo ahorra, paga y obtiene crédito hacen de la bancarización un factor multiplicador de bienestar poblacional; por ende, repercute positivamente en las cifras globales de crecimiento de los países con economías emergentes.

En el Decreto 222 del 14 de febrero 2020, del Ministerio de Hacienda, se considera que: “la inclusión financiera es determinante para el desarrollo económico del país, ya que cuando la población accede y usa productos y servicios financieros formales aumenta su capacidad de ahorro y de consumo, su potencial de inversión y adquiere mecanismos de protección frente a riesgos, aumentando sus oportunidades económicas y mejorando su bienestar”; constituyéndose entonces, la inclusión financiera como una prioridad para el desarrollo efectivo de los países. Colombia, en el compromiso de un desarrollo sostenible liderado por el Banco Mundial, comprendido dentro del tema de inclusión financiera, realiza programas para mantener crecimiento económico, terminar con la pobreza, ofrecer trabajos decentes, reducir la desigualdad y el hambre, incrementar la inversión en industria, innovación e infraestructura, con el fin de reducir la desigualdad.

Colombia bajo lineamientos del Banco mundial y el plan de desarrollo aprobado en el año 2014, autorizó la creación de organizaciones como SEDPE (Sociedad de Depósitos y Pagos Electrónicos); basados en soluciones tecnológicas que pretenden reducir los costos transaccionales bajo el uso de tecnologías innovadoras. La SEDPE se constituyó en un mecanismo eficiente de inclusión financiera bajo la regulación de la Superintendencia Financiera de Colombia en la cual se hicieron exenciones a las cuentas como el pago del 4 por mil, facilidad de apertura de cuenta vía electrónica o minimización de trámites, se permitio un monto máximo transaccional por mes de 3 SMLMV en las cuentas, que fue incrementado a 8 SMLMV con el último decreto 222 del 14 de febrero del 2020. El objetivo de la SEDPE sigue siendo a hoy, bancarizar la población que no tenía acceso a servicios financieros.

Muchos modelos de negocio han surgido basados en los resultados de los estudios realizados cuyo denominador común sigue siendo: la dificultad de acceso a estos servicios financieros debido a falta de educación financiera, ubicación geográfica remota, población afectada por la violencia, falta de ingresos y la creencia del individuo de asumir que el efectivo es sinónimo de bienestar. Al igual la desconfianza en las plataformas transaccionales juegan un papel importante en la decisión de convertirse en usuario de la SEDPE, bien sea por el factor generacional como la información compartida en estas plataformas.

Seis años han pasado y los retos tanto para el Estado, la SEDPE y el usuario siguen cobrando vigencia, aunque en distintas proporciones y en diferentes maneras. Sin duda, la población está más familiarizada con aplicaciones, información personal y financiera compartida, las opciones del mercado, la facilidad de

realizar transacciones en línea; accesibilidad a internet, integración del territorio colombiano, y el esfuerzo constante en realizar una educación financiera donde se identifiquen oportunidades de acceso al sistema financiero como la manera de mejora de calidad de vida y alternativas de mejores ingresos. Un ejemplo que cabe resaltar, son las madres cabezas de familia quienes al ser incorporadas al sistema financiero tienen un incremento sustancial de sus ingresos mejorando el estilo de vida de sus familias a través del ahorro y crédito, propiciando bienestar y crecimiento económico a su núcleo familiar y a comunidades enteras.

El Estado igualmente hoy enfrenta retos como la normatividad de soporte de las plataformas transaccionales y de servicios ajustables a una tendencia imparable de las nuevas generaciones que buscan la comodidad en su vida cotidiana. Igualmente, necesita tener los instrumentos necesarios para que el uso de tecnología impida prácticas de lavado de dinero o el llamado “pitufeo”; mal uso y robo de información, entre otras tantas amenazas legales, financieras y de mercado.

De otro lado la SEDPE enfrenta el desafío de generar confianza en el manejo y seguridad de la plataforma, el aplicativo como reemplazo de la oficina física, la diversidad al portafolio de productos y servicios accesibles al usuario y mantener un movimiento constante de sus cuentas en un ecosistema propicio. En todas las instancias se enfrenta un reto de transición generacional de quienes prefieren el uso del establecimiento físico, la aproximación personal con el cliente y el soporte tangible de los pagos realizados.

No cabe duda que la necesidad de disponer de productos y servicios financieros como pilar de mejora de la calidad de vida y el crecimiento económico del país han sentado a hablar a los diferentes actores protagonistas de este ecosistema, han trazado una hoja ruta interesante y prospectiva con el uso de tecnologías innovadoras y adaptivas, que en muchas ocasiones vienen de emprendimientos , centros de innovación, proyectándonos como un país clave de desarrollo aproximándonos a un ideal de hub tecnológico y financiero en Latinoamérica.

El ecosistema de la SEDPE, debe estar basado en un bienestar de generación de oportunidades constantes de crecimiento económico para los usuarios; con el soporte en una normatividad ajustable y dinámica que advierte cambios sin sacrificar la transparencia y buenas practicas. Por supuesto seguiremos viendo desafíos en cuanto a legislación financiera, soporte jurídico y el ajuste de todo un sistema interoperable a estas tecnologías innovadoras que más que resarcir una necesidad es una obligación con las tendencias mundiales que enfrentamos como país.

Existen varios retos para los actores involucrados en la inclusión financiera de nuestro país y es que la bancarización del individuo per se no es suficiente, es necesario que esa persona este activa en el sistema financiero, que use sus productos de manera regular y se comprometa con nuevos productos y servicios. La tasa de deserción de productos y servicios financieros es proporcional a la falta de educación financiera al usuario, a esto se le suman malas prácticas, economía informal, falta de normatividad adaptable a los retos que nos plantea la tendencia mundial.

*Miembro Dirección Emprendimiento