No más ELN, No más FARC, No más Gobiernos para la Guerra

No más ELN, No más FARC, No más Gobiernos para la Guerra

Por: Jorge Forero, Daniel Albarracín y Carlos Suárez 

“Las comunidades, queremos y exigimos paz, y esperamos que esa paz que ha sido tan ajena, tan esquiva a nosotros, finalmente pueda contribuir para que las generaciones que estamos ahora, las que viene ahora, y las que están por venir, realmente tengan un país tranquilo, con la naturaleza conservada y en armonía como seres humanos”* Luz Mery Panche Chocué, Indígena Nasa de la Amazonía y Directora de Asuntos Indígenas Al Centro. 

En 1964, nacen las FARC y el ELN, las dos insurgencias activas más antiguas de latinoamérica. El contexto convulsionado y polarizado del Frente Nacional, la persecución a las guerrillas liberales y al pueblo conservador que denunciaba Gaitán en su Oración por la Paz, dieron el contexto para que miles de hombres y mujeres tomaran las armas en contra de un Estado, cerrado a la diferencia política. Apenas en 1991, con otro acuerdo de Paz, porque en Colombia, sabemos de esos procesos de negociación y construcción de salidas negociadas al conflicto armado, con la nueva Constitución Política, se enunció un sueño de país progresista y democrático. A 30 años de expedida, sabemos que nuestra Constitución es hermosa en sus letras y principios, pero sigue con muchos vacíos especialmente en la afirmación de los derechos económicos, sociales, políticos, del medio ambiente y los derechos culturales. 

El proceso de Paz que inicia públicamente en 2012, y que finalmente llevo a la firma del Acuerdo de Paz de 2016, es una continuación de las promesas y demandas incumplidas de la Constitución Política. En ese sentido, Colombia es un país pionero al trazarse un Sistema de Justicia, Verdad, Reparación (Punto 5) al ser el primer país que diseña bajo un principio de condicionalidad, donde las víctimas son el eje principal, un diseño de justicia transicional que se compremete a la no repetición del conflicto interno. Además, Colombia se encuentra en un punto clave para la comunidad internacional, pues hemos puesto a prueba un mecanismo idóneo que se compromete a la reparación integral de las victimas y a la puesta en marcha de compromisos ciudadanos para la no repeticion.

Para resaltar, que este acuerdo de paz es el mejor que ha construido la humanidad que cree en los Estados, dado que los procesos de paz son acumulativos, es decir el último es mejor que el anterior y recoge sus experiencias y análisis. Por eso este Acuerdo en específico tiene enfoque de género, mujer, familia y generación, enfoque con pueblos indígenas, campesinos y afrocolombianos, propuestas concretas de desarrollo de políticas públicas como el Plan Marco de Implementación (2017) e instituciones como la Jurisdicción Especial para la Paz, la Comisión de la Verdad y la Unidad de Busqueda de Personas dadas por Desaparecidas, que están siendo un bálsamo de esperanza para los más de 10 millones de víctimas directas de la guerra iniciada en 1964. Para 1 de cada 10 colombianas/os, aunque víctimas somos todas y todos, aún los despojadores de tierras y quienes accionan los fusiles, que tienen que contribuir con la verdad y la reparación para sanar ellos mismos. 

 A 5 años del proceso de implementación de ese histórico Acuerdo, la sociedad colombiana ha cambiado profundamente. Las elecciones presidenciales y regionales  sirven de testigos para demostrar que existe un nuevo electorado, jóven, soñador y esperanzador. La generación de la paz que esta transformando a Colombia, que incluye desde los niños a los ancianos y mayores, ha salido a las calles a defender el Acuerdo, y más allá del Acuerdo. Han salido a las calles a exigir que trascendamos la larga noche de los 500 años de violencias, entre rupturas, dolores y  desplazamientos , sumado a la destrucción de la naturaleza y los megaproyectos que han significado lo que es la guerra en Colombia desde tiempos coloniales.  

Escuchar ese nuevo electorado,y las voces de las nuevas ciudadanías y sus luchas por las diversidades sexuales, de género, de defensa de la naturaleza y los ríos y los páramos le da sentido a nuestro momento histórico. Claramente le están diciendo al Estado Colombiano, que cumpla con lo acordado para construir paz, que se tiene que modificar y que los gobiernos pro-guerra, no dan más en el país, ni el mundo. Ahí en el vecindario esta también los caso s de Tump y Bolsonaro, claramente impopulares por su corte dictatorial.

Por eso las elecciones de 2022 van a retomar y profundizar la agenda de paz y para nuestra fortuna completaremos 10 años, mambeando y empujado la paz con justicia social y ambiental en Colombia. También claramente en las marchas, centros de pensamiento, en la prensa alternativa y la masiva, en las universidades, ek sector productivo, los obreros y las desempleadas donde esa generación de paz estamos impulsando el fin de la guerra en Colombia, le estamos exigiendo junto con las comunidades en los territorios que no vamos a permitir más guerra, ni más destrucción de la naturaleza, ni más privatización de lo público.

Le decimos con contundencia a los narcotráficantes, a las FARC y sus “disicencias”, al ELN y los que todavía se llaman EPL, al Ejército de Nacional y la Policía, que no vamos a darle un centrímeto más a la narrativa y prácticas de la violencia y la guerra en Colombia. Que su tiempo señores de la guerra ya pasó! Y que Ven-Seremos Paz!, y no una paz que niegue los conflictos, naturales al ser humanos y la naturaleza como díce Estanislao Zuleta, sino que parafraseando al maestro “Somos un pueblo escéptico de la guerra y maduro para el conflicto, somos es un pueblo también maduro para la paz”.  

* COMO VA EL ACUERDO DE PAZ, EL CAPITULO ETNICO Y SU IMPLEMENTACIÓN Informe Luz Mery Panche Chocué Vocera Nacional IEANPE, CENPAZ y CONPI https://m.youtube.com/watch?v=nfvxpE7jUTU 

*Dirección de Construcción de Paz

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Series digitales y Justicia Transicional: Patria (Parte 3)

Por: Daniel Albarracín

La última serie con la cual cierro este tríptico de reflexiones y recomendaciones, se desarrolla en un contexto mucho más cercano en tiempo y espacio al contexto Colombiano. “Patria”, disponible en HBO, es la adaptación para televisión –streaming- de la novela del mismo nombre escrita por Fernando Aramburu, y en ella se hace un relato sobre el impacto del conflicto armado y político en el País Vasco.

La historia se desarrolla en la localidad de Guipúzcuo en la “Euskadi profunda” en la cual el grupo armado ETA tenía una amplia actividad militar y acogida social. Esta historia aborda un elemento que las anteriores series no habían tratado (ciertamente no lo pueden abordar todo), y son los lazos comunales y familiares que se transforman a calor de los conflictos armados. Esta vez, la amistad entre las familias protagonistas se ve rota por las amenazas y posterior asesinato de Txato Lertxundi (transportista) y la captura de Joxe Mari (integrante del ETA).

El relato inicia con la declaración en 2011 de ETA en la que anuncia el cese definitivo de su actividad armada, lo cual permite a Bittori –viuda de Txato- poder buscar la verdad sobre la muerte de su marido. El egreso de Bittori a Guipúzcio, no es bien recibido por los habitantes del pueblo, incluido el párroco y su antigua amiga (Miren) por miedo a abrir la heridas del pasado. En su proceso de búsqueda de la verdad, se van sumando fragmentos de los “años de plomo” que sacudieron a España.

Si bien esta serie no contó con la participación de la televisión pública en su producción, especialmente al ser la adaptación de una novela (best seller en su momento) deja a la audiencia extranjera una mirada muy especial de las fracturas sociales que generan los conflictos armados, las incoherencias de los grupos armados al largo plazo, la represión institucional sin distinción alguno. Pero sobre todo lo que genera la ausencia de un proceso de negociación que deja en el limbo a las víctimas y los victimarios frente a sus derechos y responsabilidades.

Ciertamente ETA, a pesar de contar en diferentes momentos con representaciones políticas electorales (Herri Batasuna) y de los diferentes intentos  de lograr una negociación política –de casi en todos los gobiernos democráticos-, lo cierto es que ETA tuvo una disolución unilateral. La posibilidad de una victoria armada se fue haciendo cada vez menos posible, y el “tren de la historia” los dejo como un “grupo terrorista” al margen de las posibilidades políticas españolas del siglo XXI.

A las heridas de la dictadura franquista se le suman las de ETA, ambas son una caja de pandora para la política y sociedad española igual o más polarizada que la colombiana; especialmente por grupos de extrema derecha como VOX (admirado por políticos del Centro Democrático) que atacan toda posibilidad de búsqueda de la verdad que no se ajuste a su versión de la historia. En ese contexto una serie como “Patria” puede ser una lección de historia, muy sutil, para quienes no lo vivieron o un recordatorio no tan agradable para quienes vivieron eso años tan difíciles y sangrientos.

Para el contexto Colombiano, esta serie nos permite valorar la importancia de una salida negociada al conflicto armado y sobre todo de contar con un como el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR); que entre sus retos y críticas generará unos aportes fundamentales para las víctimas y la sociedad en general. Elementos que no se aplicaron para los grupos guerrilleros que se desmovilizaron a en vísperas de la Constitución de 1991, y cuyos actos quedaron sepultados en un indulto generalizado.

Actualmente el SIVJRNR y la implementación del Acuerdo son fruto de un cambio en la relación de fuerzas entre las FARC y el Estado colombiano, y de una apuesta por una participación política-electoral por parte de los exguierrilleros. Pero con las disidencias de las FARC, el ELN, los reductos del EPL y otros grupos armados no se ve pronto una salida negociada (elementos de la próxima columna).

Con esta tercera columna cierro un ciclo especial de reflexiones sobre ciertos acercamientos –audiovisuales y comerciales- a partir de tres momentos y contextos especiales por su crueldad y que nos pueden aportar en gran medida como sociedad en un proceso de transición. Ya veremos cuando nos toque la oportunidad de relatar nuestra historia en estos formatos digitales, y la manera en que nos representaremos o nos representarán.

*Miembro dirección de Construcción de Paz

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Series digitales y Justicia Transicional: Black Earth Rising (Parte 2)

Por: Daniel Albarracín 

Si el “Tribunal Militar Internacional para el Lejano Este” nos dejó con una sensación de la complejidad que significo para las naciones aliadas construir un proceso judicial tan novedoso para juzgar a los máximos responsables del imperio nipon en la década de los 40’s, la historia de “Black Earth Rising” es aún más profunda.

Esta serie de 2018, disponible en Netflix, es una coproducción entre BBC two (nuevamente televisión pública) y Netflix, en la que se desarrolla la historia de Kate Ashby, una investigadora legal (abogada investigadora) británica nacida en Rwanda y adoptada por una prestigiosa abogada (o Barrister, en lenguaje jurídico) que se desempeñaba ante la corte penal internacional de La Haya.

En 8 capítulos, muy intensos, se va develando de manera personal los diferentes elementos de la compleja historia del genocidio de 1994. Si bien el pico de la confrontación interétnica duro 100 día con el genocidio de gran parte de la etnia Tutsi (minoría) por parte de los Hutus (mayoría), tras el asesinato del presidente y dictador Juvénal Habyarimana.

El inicio de juicio contra Simon Nyamoya (exjefe militar Tutsi) abre un debate sobre el rol de la Corte Penal Internacional y las críticas a la poca responsabilidad sobre las antiguas metrópolis como Francia o Bélgica ante los horrores de 1994. El asesinato de Eve Ashby, madre de la protagonista, desencadena una búsqueda por parte de Kate sobre la verdad acerca del genocidio y de su historia personal.

Los episodios más dolorosos son personificados por animaciones que permiten representar con una debida sutileza tales momentos, normalmente relatados por los propios sobrevivientes. En cada episodio se va agregando una capa de tensión que mantiene al espectador tratando de comprender el rompecabezas que involucra a ONGs, a Naciones Unidas y a los Estados Unidos; por cierto uno de los pocos países que no ha firmado ni ratificado el Estatuto de Roma.

La búsqueda de la protagonista le permite confrontar los demonios de su historia de vida, abordar las complejidades del posconflicto y las heridas que dejó tanto el periodo colonial como las luchas interétnicas; incluyendo su propio origen en uno de los campamentos de refugiados tras los 100 días del genocidio.

A diferencia de “El proceso de Tokyo” que está centrado en las deliberaciones jurídicas de un tribunal de vencedores, en este caso se trata de la reconciliación y la construcción de una verdad a partir de versiones fragmentadas y dolorosas, con una carga personal importante. No se trata de una visión binaria básica “de blancos contra negros” o “buenos contra malos”, sino de la naturaleza humana y la capacidad autodestructiva que puede lograr.

Vale anotar que Ruanda tras el genocidio vivió (a principios de 1994) inició un proceso de justicia transicional ad hoc a partir del Tribunal Penal Internacional para Ruanda (TPIR), patrocinado por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas desde finales de 1994. El TPIR tiene una estructura y finalidad similar al tribunal para la exYugoslavia, y permitió la condena de 35 militares y políticos vinculados con el genocidio a cadenas entre los 15 años y la cadena perpetua.

El poder de la memoria, en este caso más que el de la justicia tiene un poder de cambio y transformación tanto individual, para la protagonista, como para la sociedad Ruandesa que ha sido ejemplo de una gran capacidad de resiliencia y transformación. La invitación es acompañar a Kate en la búsqueda de la verdad de su pasado, una travesía en la que los relatos de la población tienen voz, protagonismo y muestran de manera humana lo que sucedió. 

Una travesía que en Colombia no es fácil, pues el mecanismo que surge del Acuerdo de Paz la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad ha tenido asignada una labor titánica en muy poco tiempo, y con diferentes dificultades (entre ellas la muerte de dos de sus Comisionados). Por lo cual, al concluir su mandato a final de este año quedará el Centro Nacional de Memoria Histórica en cumplimiento de ley 1448.

Así mismo, el caso de Ruanda destaca por la transformación social que tuvo el país tras el genocidio al punto de ser un referente no solo en temas de posconflicto sino a nivel económico en el continente africano. El lograr una convivencia pacífica que logre gestionar los diferentes conflictos y prevenir las diferentes formas de violencia, es realmente la paz-positiva.

*Miembro Dirección de Construcción de Paz 

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El 2021 en tres temas ambientales

Por: Marcela Ángel y Daniel Albarracín

 

El 2021 inicia con el creciente impacto de la pandemia del COVID-19 y las sucesivas olas de contagios y muertes en todo el mundo. Pero a pesar de las medidas de confinamiento, la desaceleración económica global, y el impacto demográfico de la pandemia los problemas ambientales no se detuvieron. Las imágenes de la breve recuperación de la vida silvestre fueron cosa de unos titulares pasajeros. Desde la perspectiva ambiental, hay tres temas que merecen seguimiento durante este año: a escala nacional, los conflictos socio-ambientales relacionados a la conservación; a escala regional, la deforestación de la Amazonia y otros bosques de gran valor ecológico, cultural y social; y a escala global, las crisis climática y de biodiversidad y la posición de la nueva administración Biden frente a los temas ambientales.

Con la reciente publicación de la “Guía para la Planificación de todas las categorías del SINAP” se dió un paso significativo en la modernización de la política sobre áreas protegidas, las cuáles representan 30 millones de hectáreas (es decir el 16% de la superficie terrestre y 14% de la cobertura marítima de Colombia). La implementación de esta guía, así como la nueva dirección de Parques Nacionales Naturales (PNN), se enfrentan a retos interconectados en el territorio como los conflictos socio-ambientales en ciertos ecosistemas estratégicos (como Santurban o Sierra Nevada), la falta de coordinación entre las entidades territoriales para la planeación, el licenciamiento y control ambiental, las seguridad de los líderes sociales, y las actividades económicas irregulares (minería ilegal y cultivos de uso ilícito), así como la ocupación histórica de comunidades campesinas y otros actores (legales e ilegales) en zonas de estabilización de la frontera agrícola que constituyen importantes focos de deforestación.

La conservación y el uso de áreas naturales no deben ser antagónicas con procesos de aprovechamiento sostenible como el turismo, la agroforestería u otros negocios verdes. Por el contrario, el uso y aprovechamiento puede generar grandes sinergias con la conservación, pero este es un balance delicado que debe estar soportado por la ciencia, el adecuado manejo ambiental, y la participación de las comunidades locales y étnicas, sobre todo indígenas y afrodescendientes que tienen presencia en 26 de estas áreas. Es por esto que en 2021, la implementación de los nuevos lineamientos de áreas protegidas debe estar acompañada de decisiones coherentes con respecto a la aspersión aérea sobre cultivos de uso ilícito con glifosato, los planes piloto de explotación de hidrocarburos vía fracking, y el trámite legislativo frente al Acuerdo de Escazú. 

El segundo tema que no deja de ocupar a investigadores y activistas ambientales es la acelerada deforestación de los bosques del Pacífico, la Sierra Nevada de Santa Marta, y la Amazonía. Particularmente en el frente Amazónico, por la falta de resultados por parte de las autoridades de los países amazónicos y las alertas sobre el riesgo de alcanzar un punto de no retorno ecológico. La presión de ciertos sectores económicos como la ganadería, la agricultura a gran escala, y proyectos de infraestructura continúan depredando el ecosistema. La Amazonía está llegando a un nivel de degradación con el cual se podría alcanzar un punto de inflexión y desencadenar una transformación ecológica. Lo que sucede dentro y fuera de nuestros límites fronterizos tiene impactos sobre el ecosistema que podrían desencadenar circuitos de retroalimentación que llevarían a la transformación de grandes áreas de bosque tropical a sabana.

La falta de un trabajo multilateral por parte de los países amazónicos y las posiciones pro-industriales de presidentes como Jair Bolsonaro, también denominado el capitán motosierra, son alarmantes frete a las necesidades de protección. Lo cierto es que de no reconocer los costos de conservación y el rol de las comunidades locales para detener los procesos de deforestación del bosque Amazónico, los impactos en la región y a nivel global serán sin precedentes en cuanto a la pérdida de biodiversidad, la afectación en los procesos de regulación climática y la pérdida de bienes y servicios ambientales, además del deterioro cultural, social y los medios de vida de las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas del Amazonas. 

El último elemento que merece atención es la nueva presidencia de Estados Unidos, y los cambios que esta traiga a la agenda climática internacional y con respecto a las prioridades de cooperación con América Latina, dónde las agendas internacionales de cambio climático (UNFCCC for sus siglas en inglés) y diversidad biológica (CDB) están estrechamente relacionadas. Ciertamente las metas del Acuerdo de París dependen de la vinculación de los países que generan la mayoría de las emisiones causantes del cambio climático, como el mismo Estados Unidos, y su retorno al acuerdo de Paris es motivo de celebración. La administración Trump significó retrocesos en múltiples procesos de regulación ambiental en pro de una agenda conservadora y populista. Biden, como candidato, propuso una meta de cero emisiones netas para el 2050 y un plan ambisioso para alcanzarla. En sus primeros días en la Casa Blanca, Biden ha comezado a reestablecer muchas de las políticas ambientales a través de un tren de ordenes ejecutivas. 

La necesidad de cumplir los compromisos internacionales frente al cambio climático y las promesas de campaña implicarán transformaciones sin precedentes, lo cual tendrá efectos geopolíticos en las relaciones entre actores como la Unión Europea, China y otros países altamente industrializados y con repercusiones para América Latina. Dejar a un lado la dependencia de hidrocarburos (especialmente los no convencionales vía fracking) así como planear la transición justa hacia una economía baja en carbono es cuestión de tiempo. Los países que se queden atrás se verán privados de las oportunidades económicas y ventajas competitivas de quienes se muevan rápidamente en esta dirección. Además de la clara urgencia del presidente Biden para enfrentar la crisis climática a nivel global, se suman los llamados de un grupo de exfuncionarios de alto nivel para proteger el Amazonas a través de recursos, acuerdos comerciales, regulaciones financieras y compromisos corporativos. En este nuevo panorama, Colombia tiene la oportunidad de consolidar su liderazgo ambiental en la región, pero para lograrlo se requiere fortalecer una serie de alianzas estratégicas y redefinir la agenda de cooperación con el gobierno Biden.

El año que tenemos por delante, podría sentar las bases para un futuro más sostenible, equitativo, regenerativo para los ecosistemas y determinante para la estabilidad climática y la biodiversidad a través de una agenda ambiental robusta a nivel nacional, regional e internacional. Desde la dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de AlCentro le estaremos haciendo seguimiento a estos temas y otras problemáticas ambientales en el 2021 para aportar desde el debate público, la investigación, y la propuesta de alternativas de soluciones a las apuestas por nuevos modelos de prosperidad positivos para la naturaleza y la sociedad.

 

 

*Directora de Medio Ambiente y Sostenibilidad

* Miembro dirección de Construcción de Paz

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No más ELN, No más FARC, No más Gobiernos para la Guerra

El ambiente y territorio también son víctimas del conflicto armado

Por: Daniel Albarracín

El pasado 6 de noviembre se conmemoró el día internacional para la prevención de la explotación del medio ambiente y la naturaleza en la guerra y los conflictos armados, conmemoración que se realiza desde el 2001 por cuenta de la Resolución 56/4 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Adicionalmente en 2016, la Asamblea de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente aprobó la resolución UNEP/EA.2/Res.15, en la que reconoce que unos ecosistemas saludables y unos recursos naturales gestionados de manera sostenible contribuyen a reducir el riesgo de los conflictos armados.

Ciertamente, Colombia no ha sido ajena a la conexión entre el conflicto armado y la explotación del medio ambiente y la naturaleza, y si bien existen ejemplos directos como los cultivos de uso ilícito, la minería ilegal o los atentados a la infraestructura petrolera, la relación va mucho más allá. Se trata de como controlamos, entendemos, y nos apropiamos de nuestros territorios.

Este control y apropiación de nuestros territorios, nos convoca ineludiblemente a tener en cuenta “la lucha por la tierra”. Según el Informe del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) de 2016, “Tierras y conflictos rurales. Historia, políticas agrarias y protagonistas”, la posición institucional frente a la tierra, y su reglamentación, fue algo de poco interés hasta entrado el siglo XX, dado que los grandes propietarios de la tierra eran los mismos políticos y militares en el poder.

Es ciertamente cuando surgen las primeras organizaciones agrarias (como los sindicatos o las ligas agrarias) que se plantea una disputa por la tierra, y con ella la estructura agraria. Sin embargo, sería a finales del siglo XX que la disputa por la tierra y los recursos naturales entre diferentes actores se intensifica. Para comprender estos elementos, acá unos casos ejemplares:

La represa Urra I, en el Alto Sinú, se presentó como un proyecto para el progreso de la región y del gremio ganadero. Sin embargo, la apuesta por controlar el caudal del río Sinú implicó para el pueblo Embera Katío la vulneración de sus derechos a la consulta previa, así como la desaparición, asesinato, y desplazamiento de miembros de la etnia por parte de grupos paramilitares con la justificación de su “accionar contrainsurgente”.

Destaca el caso del líder indígena Kimy Pernia Domico, secuestrado y asesinado por un comando paramilitar en 2001, quien lideraba la lucha contra el proyecto y por la defensa de los derechos territoriales del pueblo Embera Katío. Los impactos ambientales de la represa de Urra I afectaron los ciclos de inundación en el valle del río Sinú y con ello la producción agrícola y piscícola de la región; así como la perdida de tierra cultivable por el espejo de agua de la represa.

Un segundo caso ha sido la explotación de “maderas finas” que se ha vivido en el Chocó biogeográfico, primero por las dinámicas coloniales y más recientemente como una opción de financiamiento de diferentes grupos armados y de ciertos empresarios “de bien”. Cabe destacar el Bloque Elmer Cárdenas de las AUC, liderado por alias “El Alemán”, que facilitó la intervención del Ejército en la Operación Génesis en 1997 (a cargo del Gr Rito Alejo del Rio) y la explotación maderera por parte de Maderas de Darién S.A., filial de Pizano S.A., contraviniendo a las negativas judiciales al respecto.

Tras la desmovilización de las AUC en 2006, la deforestación en el Chocó Biogeográfico se ha mantenido por la prevalencia de diferentes grupos armados (guerrillas y grupos posdesmovilización) y de economías irregulares e ilegales; especialmente la minería. Tan solo en Riosucio (Chocó) se calcula una explotación de maderas finas de 140 mil metros cúbicos por año, lo que se refleja en las 11.457 hectáreas deforestadas en el departamento del Chocó durante el 2019, según cifras del IDEAM.

Estos dos casos, en conjunto, dan luces de la relación que existe entre ciertos grupos armados (como los paramilitares), los intereses de ciertos grupos económicos, y la condición de la naturaleza como víctima, también, del conflicto armado. Los impactos ecológicos de difícil recuperación se suman a las condiciones sociales de pobreza y vulnerabilidad de las comunidades que presiona a realizar prácticas productivas insostenibles, y un modelo económico centrado en el extractivismo.

Reconocer la naturaleza como víctima y como sujeto de derechos, es un paso necesario para plantear una perspectiva integral de nuestros territorios y de nuestro futuro como país. Poder superar las causas estructurales del conflicto social y armado, será un paso fundamental para el desarrollo sostenible y la construcción de una paz con justicia social y ambiental.

*Miembro Dirección de Construcción de Paz y Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible

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El papel de las víctimas, los victimarios y familiares en los procesos de reconciliación

Daniel Albarracín, miembro de la Dirección de Construcción de Paz comparte su nuevo documento.

Descárguelo aquí >> https://www.alcentro.co/wp-content/uploads/2020/09/El-papel-de-las-victimas-victimarios-familias-en-la-reconciliacion.pdf

El-papel-de-las-victimas-victimarios-familias-en-la-reconciliacion

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