Ago 20, 2016 | Carlos Andrés Aguilera, Columnas de Opinión
Por: Carlos Andrés Aguilera
Los ciudadanos no quieren ver habitantes de la calle recorriendo sus barrios, en sus parques, revolviendo las basuras, y se preocupan por afectaciones a la seguridad en sus sectores. Otras personas sin pretender desconocer esa realidad, consideramos que la intervención en el bronx era necesaria para restablecer derechos de menores de edad víctimas de explotación y habitantes de la calle. La cuidad no podía seguir dando la espalda al grave problema social y de seguridad, frente a lo cual resulta pertinente recordar el pronunciamiento de la Corte Constitucional, que sobre la política pública en la materia señala que “las condiciones de los habitantes de la calle resultan ser un buen rasero para evaluar la vigencia real de un Estado social y democrático de derecho, consagrado en el artículo 1º de la Constitución Política” (Sentencia T-043/15).
Las personas sumidas en las inhumanas condiciones en ese sector han sido víctimas del crimen organizado que controlaba sus vidas, víctimas del abandono de las pasadas administraciones de Bogotá y de la discriminación. El Distrito ahora ha asumido el compromiso de acompañar a las personas en sus procesos de rehabilitación e integración a la vida de esta ciudad, pero como ha sido referido en medios, este procedimiento no puede ir en contra de la voluntad de las personas. No pueden ser llevados de forma arbitraria a los centros de los que dispone el Distrito ni realizarles intervenciones terapéuticas forzadas, en cumplimiento de lo dispuesto en la Sentencia T-043/15 Política pública a favor de los habitantes de la calle – Reconocimiento y empoderamiento de un grupo especialmente marginalizado.
Respecto a los tratamientos médicos la Sentencia señala que el consentimiento libre e informado no corresponde a un simple requisito formal, sino que “el mecanismo que permite hacer efectiva la aludida autonomía es el consentimiento previo del paciente para la práctica de tratamientos» y que “solamente en casos excepcionales de urgencia, inconsciencia o riesgo de muerte, es legítimo que los médicos actúen en función del principio de beneficencia buscando la preservación de la vida del consumidor.”
Es necesario tener en cuenta las disposiciones legales bajo las cuales se están adelantando las actuaciones de la administración de la ciudad, y no desconocer la labor que desarrollan funcionarios de la Secretaría de Integración social, quienes se han estado acercando a los habitantes de la calle para informarles de los servicios que ofrece el Distrito en sus centros de atención e invitarlos a iniciar una nueva vida.
De otra parte, tampoco se debe desconocer la importancia del proceso de renovación urbana que anunció el Distrito tras la intervención, y que inició en días pasados. Al recorrer la zona aledaña a la calle del bronx, en el barrio Voto Nacional, se puede observar la necesidad de dotación de infraestructura para mejorar las condiciones para la calidad de vida y las actividades comerciales de habitantes y visitantes del sector, y así mismo, es preciso resaltar la importancia de recuperar para la vida cultural de Bogotá, un lugar que alberga episodios de la historia de nuestra independencia, recordando hechos heroicos de mártires como Policarpa Salavarrieta, Antonia Santos, Camilo Torres y Francisco José de Caldas, quienes murieron defendiendo la causa patriota, y en su honor en 1850 se levantó un obelisco en el lugar donde fueron abatidos; en la actualidad Parque y que junto con la Localidad llevan el nombre de Los Mártires.
Jul 6, 2016 | Carlos Andrés Aguilera, Columnas de Opinión
Por: Carlos Andrés Aguilera
Director Programático Fundación Amor Por Bogotá
La cultura de una ciudad como reflejo de las costumbres y los modos de vida de sus habitantes, abarca un gran recorrido histórico en el cual ciudadanos e instituciones han moldeado un territorio.
A partir de costumbres y modos de vida se determinan dinámicas de las relaciones entre habitantes y con las instituciones en torno a la construcción colectiva de la sociedad, razón por la cual conviene preguntarnos qué tipo de sociedad estamos construyendo en Bogotá y cuáles son esos modos que nos están definiendo, para de inmediato pasar a revisar que cambios se deben realizar y de que forma vamos a participar.
La ciudad no es sólo un territorio, su población y organización administrativa. La ciudad es el resultado de la constante interacción entre sus habitantes y los procesos que se generan, por tanto representa una gran responsabilidad la forma como las personas intervienen, lo cual puede dar lugar a mejorar aspectos relevantes como la movilidad, el uso responsable del espacio público, la participación en la conservación del patrimonio cultural, y cada uno de los temas de ciudad que se benefician del trabajo conjunto de sus actores.
El compromiso que asume la sociedad civil con las iniciativas de gobierno mejoran los resultados. Así se ha demostrado en hechos recientes donde el trabajo conjunto entre el Distrito, los ciudadanos y el sector privado han impactado positivamente en la calidad de vida de la ciudad. Acciones como las adelantadas para mejorar la movilidad mediante el control en las intersecciones de las vías; campañas para la recuperación del centro histórico y el eje ambiental, así como la visión que convirtió el separador de la calle 72 en un jardín urbano, son el resultado del liderazgo y el compromiso por Bogotá.
La transformación de Bogotá es un proceso que requiere cambios en los modos como los ciudadanos asumen los problemas de la ciudad y se hacen parte en el trabajo para solucionarlos, en la decisión de superar predisposiciones contra la gestión pública y entender que el progreso se alcanza mediante acciones conjuntas para mejorar la convivencia y caracterizar una mejor ciudad.
Jun 21, 2016 | Columnas de Opinión
Lao Tse, un filósofo chino que vivió hace más de 2.500 años, fue el fundador de una de las escuelas de pensamiento oriental más influyentes en la historia y a quién se atribuye la idea de que un viaje de mil kilómetros comienza con el primer paso. Sin embargo, su existencia es objeto de debate, debido a la naturaleza genérica de su nombre (Lao Tse es un título honorífico que significa ‘anciano erudito’) y a las deficiencias de información de la época y la distancia que nos separa de su tiempo. De la misma manera, el rol económico de la cultura es objeto de intenso debate desde hace más de tres décadas, a causa del reconocimiento generalizado sobre sus funciones no comerciales y la debilidad de las fuentes de información cuantitativa disponibles para su análisis.
En el largo camino de lograr el reconocimiento de la importancia económica de la cultura, y más importante aún su rol en el desarrollo socioeconómico sostenible, el primer paso se dio en Ciudad de México con Mondiacult 1982, cuando por primera vez una comunidad de naciones destacó la necesidad de considerar los aspectos culturales como elementos clave del desarrollo. Como es frecuente con estas declaraciones, sus efectos de corto plazo fueron decepcionantes. Pocos, si alguno, de los firmantes podría anticipar que tres décadas después la importancia económica de la cultura seguiría siendo invisible para la gran mayoría de los hacedores de política pública, en particular para los economistas.
Los europeos, en particular los británicos han adelantado un trabajo muy importante de validación y desarrollo de las industrias creativas, mientras que desde Asia Corea del Sur lidera en iniciativas de emprendimiento creativo como mecanismo de inclusión.
Desde Latinoamérica, este primer paso fue acompañado por numerosas iniciativas. México y Argentina lideraron en lo académico hasta finales de los años 90s, manteniendo la región a la vanguardia en materia de investigación y análisis de la mano de figuras como Nestor García Canclini y Octavio Getino. Fue entonces que se dio un relevo, producto de las coyunturas económicas de estos dos países que se cruzó con el renovado liderazgo político por parte de Chile y Colombia de la mano del Convenio Andrés Bello para la creación del Proyecto Economía & Cultura a partir del Seminario La Tercera Cara de la Moneda. De este ejercicio se derivaron media docena de estudios, la Geografía Cultural de Chile y la Cuenta Satélite de Cultura de Colombia; primera en el mundo y la base desde la que se desprenden las de Argentina, Chile, Costa Rica, México y Uruguay.
Gracias a este liderazgo, Colombia es hoy visto como un referente regional y con proyección mundial, por el impulso sostenido que se ha dado a diferentes iniciativas. Por un lado, la Ley de Cine ha construido prácticamente de cero una industria cinematográfica que ya no es extraña en los grandes festivales de cine, incluidos los Oscares de la Academia. De igual forma el proyecto Economía & Cultura tomó la forma de Grupo de Emprendimiento Cultural, desde donde se ha consolidado una visión que este año tiene a Bogotá como sede de MICSUR.
A nivel Bogotá es importante destacar el papel de la Cámara de Comercio de Bogotá, que a partir de su apoyo al Mapeo de las Industrias Culturales de Bogotá y Soacha en 2002, asumió un liderazgo que hoy con festivales como ARTBO, BOMM y BAM, se ha consolidado en la apuesta de Bogotá-Región Creativa dentro la Estrategia de Especialización Inteligente que guiará la ciudad a la economía del conocimiento.
Si bien esta Larga Marcha aún está lejos de concluir, Colombia se acerca a otro importante hito en el camino: La Ley Naranja (aprobada en segundo debate el 16 de junio, faltan dos debates a ser surtidos durante el segundo semestre). Se trata de la primera iniciativa legislativa de su tipo, poniendo a las industrias culturales y creativas en el centro del desarrollo económico y social del país. Preparémonos para apoyar esta iniciativa en su fase final, y construir juntos el país con más y mejores oportunidades creativas de Latinoamérica. Únete a La Ola Naranja y #PasaLaNaranja.
Feb 20, 2016 | Carlos Andrés Aguilera, Columnas de Opinión
Carlos Andres Aguilera A.
@Aguilera_Ariza
La oposición en una democracia debe corresponder a la representación de ideas y propuestas que en medio del disenso fortalezcan el debate, y que a su vez promueva la participación de la sociedad civil. Por tanto es desafortunado que se confunda la oposición con la incitación a obstaculizar el ejercicio de gobierno y en medio de la insensatez terminar perjudicando a la ciudadanía; ese tipo de actuaciones desprecian la responsabilidad política y la actuación ética que requiere la sociedad para orientar sus deliberaciones por el camino que conduzca a las mejores decisiones para el interés general.
De acuerdo con nuestra Constitución Política “los partidos y movimientos políticos con personería jurídica que se declaren en oposición al Gobierno, podrán ejercer libremente la función crítica frente a este, y plantear y desarrollar alternativas políticas” (Art. 112). Así mismo señala que “una ley estatutaria reglamentará íntegramente la materia”, en este sentido se esperaría que también de forma explícita se establezcan responsabilidades políticas y disciplinarias de manera que el ejercicio de la oposición no se vea afectado por actores que buscan influir según su conveniencia obstruyendo el normal desarrollo de las instituciones y sus políticas.
La oposición no puede entenderse como el acto de desinformar con montajes en redes sociales y declaraciones en medios de comunicación para incitar y luego utilizar a las personas como si se tratase de objetos para los intereses de quienes siguen viendo a Bogotá como un fortín electoral, pero que en su momento en el poder no actuaron según las exigencias que implica gobernar esta ciudad. Por tanto, resulta irresponsable que caigan en ese tipo de manipulación para afectar el inicio de una administración, con lo cual terminan afectando las actividades de los ciudadanos que habitamos la ciudad y requerimos cada día sus bienes y servicios, que son nuestros bienes y nuestros servicios.
A pesar de ser un tema claro para todos, dados los hechos recientes conviene recordar que problemas como la congestión y fallas en la frecuencia del sistema de transporte público no se generaron en los dos primeros meses del año en curso correspondientes a la nueva administración, así mismo, que el incremento del 11,1% en la tarifa del transporte obedece a que durante los cuatro años anteriores no se realizaron los ajustes graduales. Así las cosas, los antiguos dirigentes tuvieron su periodo para gobernar, ahora no es momento de dar lecciones de gobernanza, eso se demuestra en la planeación, gestión y ejecución correspondientes al servicio público; bienvenida su crítica como representantes de organizaciones políticas y como ciudadanos.
Bogotá necesita por parte de sus actores políticos y civiles el ejercicio propositivo y de control frente a cada una de las instancias de poder, un ejercicio que realmente contribuya al desarrollo de políticas públicas.
Feb 9, 2016 | Carlos Andrés Aguilera, Columnas de Opinión
Carlos Andres Aguilera A.
@Aguilera_Ariza
El ideal para la convivencia en sociedad es la capacidad de los ciudadanos de autoregular sus actos y entender que sus derechos terminan donde comienzan los de los demás; y así mismo, que los derechos implican también deberes. Por tanto, en ausencia de estas premisas, es necesario que la autoridad intervenga, haga cumplir las normas y restablezca las condiciones que garanticen el orden y los derechos colectivos.
La autoridad no se limita a la ostentación del poder en cabeza de una persona o institución con esta facultad, su efecto se debe observar en acciones de gobierno.
En Bogotá se han presentado diferentes formas como han entendido lo que implica gobernar y sus repercusiones. Han habido enfoques pedagógicos como el aplicado por el Profesor Mockus con el cual promovió la cultura ciudadana, el respeto y la convivencia; pero también, se han dado otras formas eminentemente discursivas basadas en desconocer los hechos que afectan a la ciudad, justificar como exclusivos problemas de percepción de los ciudadanos y referirse a la crítica de la opinión pública como ataques personales.
Como consecuencia de la segunda forma de actuación, se puede observar en Bogotá – entre otros temas – como se agravaron los problemas de movilidad, seguridad y el desorden en el espacio público, por la falta de acciones institucionales y la polarización que ha afectado la convivencia ciudadana. En este escenario de inconformidad frente a problemas evidentes, también se observa desinterés de la gente por la ciudad e incluso la indiferencia frente a hechos que contravienen lo dispuesto en la Ley, pero que dada su reiteración y la falta de acciones por parte de las autoridades, los ciudadanos en diferentes grados se acostumbraron a sus adversidades, en perjuicio de la ciudad y su calidad de vida.
Cuando se toma la decisión de restablecer el orden en la ciudad mediante el ejercicio de la autoridad es predecible la reacción por parte de la gente, que en algunos casos desconocen las normas o que una vez informados sobre estas se niegan a cumplirlas. A pesar de ello, la razón de ser de estas disposiciones legales es facilitar la convivencia y ordenar la ciudad, por eso es de imprescindible acatamiento.
Las medidas que adelanta el Distrito como las sanciones a empresas por uso de publicidad en lugares diferentes a los establecidos para esos fines, la recuperación del espacio público y las propuestas para la reubicación de vendedores ambulantes corresponden al cumplimiento de las normas. Así mismo, los servidores públicos son sujetos del cumplimiento de disposiciones legales, por eso como ciudadanos somos veedores para que estos procesos se adelanten en el marco de lo establecido por la Constitución y la Ley, tengan continuidad y se acompañen también de medidas pedagógicas para que Bogotá de nuevo sea reconocida por su cultura ciudadana.
Dic 31, 2015 | Columnas de Opinión
Por: Jaime Rodríguez Azuero
Tomado de la revista El Nogal – Edición noviembre de 2014
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