«Como sociedad debemos garantizar la atención médica a los más vulnerables»

«Como sociedad debemos garantizar la atención médica a los más vulnerables»

Carlos Aguilera, director de Seguimiento a los Objetivos de Desarrollo Sostenible analiza la manera en la que el COVID-19 ha afectado el cumplimiento de los ODS. Carlos, realiza algunas recomendaciones al Gobierno Colombiano acerca de qué aspectos se deben priorizar ante la crisis.

 

‘La década de acción’

Por: Carlos Andrés Aguilera *
@Aguilera_Ariza

Inicia una década de acción para alcanzar los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y las 169 metas de la Agenda 2030. El plan de acción global aprobado en 2015 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, requiere para su implementación, decisiones efectivas de los gobiernos, y la apropiación por parte de la ciudadanía, movilizándonos como sociedad en torno a las personas, el planeta, la prosperidad, la paz, y las alianzas.

Las brechas de desarrollo entre países, así como al interior de sus territorios, continúan acentuando diferencias en la calidad de vida de las personas, su acceso a servicios del Estado y oportunidades de progreso. De acuerdo con el Informe de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (Naciones Unidas, 2019), en el mundo la pobreza extrema en zonas urbanas es de 5,3%, y en zonas rurales es del 17,2%. En Colombia, según cifras del DANE, para el 2018 el porcentaje de personas clasificadas como pobres extremas correspondió al 7,2%; siendo también mayor en los centros poblados y rural disperso (15,4%), que en las cabeceras (4,9%).

También debemos insistir en la necesidad de actuar frente al deterioro de las condiciones para la vida en el planeta. Análisis independientes de la NASA y la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica – NOAA, indicaron que las temperaturas de la superficie global de la tierra en 2019 estuvieron 0.98° C (1.8° F) por encima del promedio de 1951-80, las segundas más cálidas desde que se comenzó el mantenimiento de registros en 1880.

Las actividades humanas continúan afectando el ambiente y generan un efecto bumerán en perjuicio de la prosperidad. Esta es la realidad y sus detractores no la pueden desconocer, cada vez se cuenta con mayor evidencia. Por ejemplo, los indicadores establecidos por NOAA para analizar los efectos del clima en la sociedad y la economía de Estados Unidos, teniendo en cuenta factores climáticos como la temperatura, la lluvia, las nevadas, la nubosidad y los vientos, permiten identificar efectos en los campos de cultivo, el consumo de energía en los hogares, así como en el impacto económico.

De otra parte, como sociedad hemos sido testigos y víctimas de conflictos internos y entre naciones que sólo han dejado destrucción. La construcción de sociedades en paz, con instituciones sólidas y justicia social son la base para el desarrollo. En esta esfera Colombia ha avanzado en medio de posiciones e intereses contrapuestos; por eso, es preciso insistir en la necesidad como país de no retroceder, consolidar los esfuerzos y hacer frente a las nuevas amenazas.

Finalmente, las alianzas no se deben asociar exclusivamente con movilizar recursos económicos a través de la cooperación internacional. Las manifestaciones que invitan a la unión en asuntos esenciales y de interés universal como los derechos humanos y las reivindicaciones sociales, se deben acompañar de otras acciones, reconociéndonos sujetos de derechos, pero también de deberes. Es pasar del asombro e indignación ante la dimensión de los problemas, a asumir compromisos en comunidad -en el barrio, colegio, universidad, o lugar de trabajo-, para liderar acciones en temas como solidaridad, equidad, consumo y producción responsable, disposición de desechos, y la promoción de diálogos ciudadanos para informarse, reflexionar y así contar con más y mejores herramientas para participar en la construcción colectiva de sociedad. Las alianzas son un mecanismo para generar soluciones e inspirar a otros a actuar, son fundamentales para alcanzar el desarrollo en sus dimensiones económica, social y ambiental.

* Director de Seguimiento a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Al Centro

Política pública y fortalecimiento empresarial para la transformación digital

Por Carlos Andrés Aguilera *
@Aguilera_Ariza

La política pública debe generar condiciones para impulsar el mercado digital, pero así mismo, para innovar y competir en este escenario, el sector empresarial requiere desarrollar capacidades para transformarse digitalmente.

La evolución de la economía digital, así como sus dividendos sociales y económicos son el resultado de la interacción de diversos factores y actores del mercado. Un recurso de análisis para abordar el tema es el índice de evolución digital desarrollado por The Fletcher School – Tufts University. Este índice mide la transformación de las economías en el mundo avanzado y en desarrollo, mediante el análisis de los que considera como principales factores que rigen la evolución de un país en una economía digital: Demanda, oferta, entorno institucional e innovación.

De acuerdo con los resultados del índice 2013 y 2017, Colombia es clasificada en la zona de trayectoria donde se encuentran los países que tienen el potencial de desarrollar economías digitales fuertes. No obstante, ocupa la posición 44 del ranking que mide las trayectorias digitales de 60 países en su más reciente edición, en la cual, en los primeros lugares se ubican Noruega, Suecia y Suiza, y de América Latina la mejor posición la ocupa Chile en el puesto 30.

En este contexto, el CONPES 3975 de 2019 Política Nacional para la Transformación Digital e Inteligencia artificial, es un componente a tener en cuenta en el entorno institucional de Colombia para el avance de su economía digital. Entre las acciones definidas se encuentran la inclusión en la oferta del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, de servicios dirigidos a empresarios y emprendedores, para acompañar procesos relacionados con transformación digital, así como la articulación de iniciativas del Ministerio TIC en esa línea. De otra parte, indica que realizaran ajustes normativos para promover y consolidar un ecosistema de pagos electrónicos, así como para la actualización de la normativa relacionada con el surgimiento de modelos de negocios basados en nuevas tecnologías.

Es preciso señalar que el CONPES citado también considera un posible impacto de la transformación digital en la profundización de diferencias sociales e inequidad, teniendo en cuenta que “las industrias basadas en tecnologías de punta superan los niveles de productividad y rendimientos de las industrias tradicionales.

Frente a lo anterior, es necesario resaltar que la oferta nacional hace parte de un mercado global, por tanto, el sector empresarial requiere desarrollar capacidades que le permitan incorporar tecnologías digitales y uso de datos para evolucionar sus modelos de negocio, es decir, optimización de procesos, desarrollo de bienes y servicios, así como la forma de relacionamiento con los grupos de interés. Este escenario de transformación de las organizaciones y su operación implica también la necesidad de realizar ajustes de acuerdo con las normas vigentes y, prepararse para las que eventualmente se introduzcan.

Por su parte el Estado, no puede quedarse rezagado en “la actualización de la normativa relacionada con el surgimiento de modelos de negocios basados en nuevas tecnologías.” Colombia requiere acciones instituciones coordinadas y oportunas, tanto en materia normativa como en la promoción de la innovación, el desarrollo de nuevas industrias y la atracción de inversión en estos sectores fundamentales para el crecimiento y el desarrollo económico. Es estar a la vanguardia en el escenario de la cuarta revolución industrial, identificando cambios e incorporándolos en beneficio de las personas, y así mismo, para promover la generación de valor y oportunidades de mercado.

* Director de Seguimiento a los Objetivos de Desarrollo Sostenible del Tanque de Pensamiento AlCentro

Desarrollo humano y movilidad social

Por Carlos Andrés Aguilera *
@Aguilera_Ariza

El desarrollo humano es el reflejo del grado de responsabilidad del Estado con las personas, el goce de sus derechos, aspiraciones y proyección en cada momento de la vida. Este escenario, aunque pueda apreciarse como idealista, es en realidad el fin de un Estado Social de Derecho, y para ello se requieren acciones de política pública que cambien enfoques para atender situaciones de pobreza, y para garantizar la equidad en el acceso a oportunidades, para que el desarrollo del potencial de las personas en la sociedad no esté determinado por las condiciones socioeconómicas al momento de nacer.

El Informe sobre Desarrollo Humano 2019 presentado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), señala que, a pesar de los avances en la reducción de privaciones extremas, continúan las disparidades, y está surgiendo una nueva generación de desigualdades. Es decir, logros en capacidades básicas como supervivencia en primera infancia, enseñanza primaria y tecnología básica, contrastan con logros en capacidades aumentadas como la esperanza de vida a los 70 años, acceso a atención de salud de calidad en todos los niveles, educación de calidad en todos los niveles y acceso efectivo a tecnologías modernas. Así como hace énfasis el Informe, más allá de los promedios, que ubican a Colombia en la posición 79 -entre 189 países- con un valor de 0,761 de Índice de Desarrollo Humano (IDH), el reto para el país está en mejorar los resultados en las tres dimensiones básicas del desarrollo humano a partir de las cuales es calculado el índice: una vida larga y saludable, el conocimiento y un nivel de vida decente.     

La oferta social del Estado requiere la articulación efectiva de programas basados en transferencias monetarias, con iniciativas que contribuyan al fortalecimiento del tejido social. Las personas requieren capacitación y acompañamiento para la puesta en marcha de actividades productivas que generen ingresos para sus hogares, y así mismo, a través de mecanismos de participación comunitaria, generar opciones para que sean parte frente a retos de convivencia, ambientales y cada aspecto que contribuya a mejorar las condiciones de su entorno. Esta es una vía para reducir la dependencia de subsidios y programas de asistencia para atender privaciones extremas y en el mediano plazo trasladar recursos al desarrollo de capacidades aumentadas, como el mejor acceso y aprovechamiento de las tecnologías, de forma que los cambios en curso no amplíen las brechas, sino que por el contrario potencien las posibilidades de progreso social.

En la medida en que se cambien los enfoques y en consecuencia la destinación de recursos públicos, se evitará el uso de programas sociales con fines populistas a costa de comunidades vulnerables, y en cambio, se lograrán avances para sacar a las personas de esas trampas de pobreza, es decir, de esas condiciones que hacen que a lo largo de la vida empeore su situación y sea persistente en las siguientes generaciones.

Cambiar las dinámicas asociadas a la asistencia social en los territorios es apostarle a la movilidad social, a un ascenso social intergeneracional, entendido como la posibilidad de alcanzar mejores niveles de educación, ingresos y bienestar como resultado del esfuerzo de cada individuo y no sólo de las condiciones heredadas. En el nivel actual de movilidad intergeneracional, de acuerdo con el informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico – OECD (2018) – ¿Un ascensor social descompuesto? Cómo promover la movilidad social -, se necesitaría en promedio en los países de la OECD de cuatro a cinco generaciones para que la descendencia de una familia de bajos ingresos alcance un nivel medio de ingresos, y en el caso de Colombia sería de 11 generaciones. Esto llama la atención sobre el ritmo al cual avanza cada persona en la sociedad y hasta dónde puede llegar, es una reflexión sobre la efectividad del Estado para garantizar la igualdad de oportunidades. Este es el contexto del descontento social, de voces cada vez más apartadas de sofismas ideológicos detrás de los cuales actores en extremos disonantes sólo persiguen sus intereses, es la ciudadanía que cada día se reconoce mejor como nación, para dar los siguientes pasos y promover objetivos comunes en las instancias democráticas de participación y representación.

*Director de Seguimiento a los Objetivos de Desarrollo Sostenible del Tanque de Pensamiento AlCentro

Bogotá la ciudad cumbre

Por: Carlos Andrés Aguilera

Bogotá, la ciudad sede de la 5º Cumbre Mundial de Lideres Locales y Regionales de la UCLG, sigue siendo referente y avanza en su posicionamiento internacional como resultado del reconocimiento que han recibido iniciativas adelantadas en áreas como movilidad y cultura ciudadana, ideas que han sido en diferentes momentos objeto de críticas, pero que hoy vista su implementación y sus resultados en beneficio de las personas y la ciudad, han pasado a replicarse en otras ciudades de Colombia y el mundo.

Ideas como desarrollar un sistema de transporte público con carriles exclusivos, ha permitido mejorar los tiempos de desplazamiento y generado destacados impactos en el desarrollo urbanístico. No obstante, los términos en los que fue planteado el sistema, así como su implementación no tuvo la continuidad que necesitaba para que su cobertura y capacidad fuera la que requiere la ciudad en la actualidad, esta afectación fue -como ha sucedido en otros casos- generada por los cambios de gobierno, pero el sistema de transporte de nuevo tiene la oportunidad de continuar su adecuada implementación con el regreso a la administración de la ciudad de quien en su momento echó a andar este proyecto. Invitados internacionales a la Cumbre de la UCLG y quienes vivimos en la ciudad, resaltamos la importancia de Transmilenio como servicio de transporte masivo y de menor costo comparado con otros sistemas en el escenario internacional, y confiamos en que la actual administración retome lo planteado para superar los rezagos generados en los últimos años.

Hoy también hay otras ideas, a las que la crítica no propositiva sólo se dedica a atacar, desconociendo la importancia de propuestas presentadas para atender temas de la ciudad, que son determinantes de la calidad de vida y la sostenibilidad. Entre estos temas se encuentran la recuperación del Río Bogotá y la definición de la forma en la que debe crecer la ciudad y las áreas colindantes de los municipios vecinos.

Devolverle la vida al río y su ronda es una responsabilidad de la ciudad, es el compromiso con el resarcimiento al daño causado a este importante ecosistema, compromiso que ha manifestado de forma reiterada el Distrito en espacios como la Cumbre mencionada, y que ofrece la oportunidad de disfrutar el paisaje que ha trazado el río en su recorrido y apropiarlo como un escenario para el desarrollo de nuevas actividades en sociedad.

Respecto el desarrollo urbanístico en áreas colindantes de la ciudad, teniendo en cuenta que un número importante de ciudadanos de municipios vecinos acuden cada día a Bogotá por diversas razones -entre esas estudio y trabajo-, abordar el tema desde el Distrito no se debe tomar como injerencia en asuntos propios de esos municipios, sino por el contrario, se debe tener en consideración el impacto en la movilidad tanto por la congestión del tráfico en los accesos a la ciudad, como por la demanda en el servicio de transporte público de Bogotá. Por tanto, asuntos como estos necesitan la coordinación de los respectivos entes territoriales y la definición desde el Gobierno Nacional de políticas públicas para que la expansión urbana sea planificada y en su definición se tengan en cuenta los impactos y responsabilidades compartidas en regiones donde su crecimiento ha dado lugar a la conurbación, lo cual requiere entre otros temas, acceso a un sistema integrado de transporte público.

Bogotá progresa, en medio del escepticismo de algunos que suelen no ser parte en su construcción sino corresponsables de su rezago, y en cambio sí con el apoyo decidido de un mayor número de ciudadanos que creemos en la ciudad y día a día celebramos sus avances, como los grandes proyectos que se encuentran en desarrollo, entre estos la primera línea del Metro. Por tanto, resulta acertada y amplia la referencia utilizada para la pasada Cumbre de la UCLG en los términos de ciudad cumbre, dado que acoge varios aspectos, sus características resultantes de su altura en la geografía nacional, su posicionamiento como escenario de importantes eventos y el reconocimiento a sus avances que la ha hecho merecedora de galardones en el escenario internacional.

Decisiones ciudadanas

Por: Carlos Andrés Aguilera

Entre los colombianos que acudieron a las urnas el 2 de octubre, el 50,21% decidieron No apoyar el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, reflejando la necesidad de seguir trabajando por la unidad de nuestro país para así poder alcanzar la paz y por esta vía mejores niveles de desarrollo. El resultado fue la manifestación del ejercicio democrático y como tal se debe respetar, y así mismo tener en cuenta que los 6.431.376 ciudadanos correspondiente a la mayoría en la consulta realizada, así como los 6.377.482 que dijeron Si y los 257.189 que anularon su voto o lo depositaron sin marcar, representan el 37,43% de los colombianos con el derecho a decidir mediante su voto el destino del país.

Los resultados del plebiscito siguen mostrando a una sociedad que quiere grandes cambios para el país, como lo es alcanzar la paz, pero que requiere de parte de sus ciudadanos asumir la responsabilidad que tienen en la toma de decisiones, actuando de forma libre, informada y a conciencia, mediante los instrumentos de participación del pueblo que permiten a todas las personas hacerse parte en la definición del país que queremos comenzar a construir hoy para las futuras generaciones.

Los colombianos necesitamos unirnos y ponernos de acuerdo en lo que significa un país en paz, en la vía para conseguir este objetivo y sus retos. Alcanzar la paz, en el escenario del conflicto armado que involucra a los grupos ilegales y al gobierno en representación del pueblo, así como comprende el cese de acciones armadas, también comprende la desmovilización y reincorporación a la vida social y política del país de aquellos colombianos que bajo diversas circunstancias y también en diferentes grados de responsabilidad han sido actores del conflicto, de lo segundo se deberá ocupar la justicia transicional y la justicia ordinaria.

Respecto a las circunstancias en medio de las cuales colombianos terminaron en las filas de grupos armados ilegales, deseo referirme a una: niñas y niños reclutados, separados de sus familias y de la oportunidad de educación, cultura, deporte, y de formar también una familia. En este punto también quiero parafrasear parte de la conversación con un amigo: las mujeres y hombres de la guerrilla de hoy, fueron las niñas y niños por quienes años atrás nos faltó decidirnos a sacarlos de la guerra.

El otro escenario de un país en paz, es el de la relación entre sus ciudadanos, para que en medio de las diferencias seamos capaces de dialogar y comprender que cambiar las condiciones que han determinado la historia de Colombia no se encuentra en las manos de un gobierno, un partido político o la invocación de ideologías usadas con frecuencia para justificar posiciones dogmáticas. La Paz es para todos y debemos construirla todos, por eso los retos que afrontamos como país van más allá de argumentos en una u otra dirección; la realidad nos presenta necesidades a las que no podemos dar más espera; como mejorar las condiciones para quienes habitan en las zonas rurales, donde sin duda, sin la presión del conflicto se podrá mejorar la presencia y ampliar la oferta de servicios del Estado, y así mismo los campesinos podrán desarrollar mejor sus actividades productivas.

La participación ciudadana no se limita a la manifestación en las urnas, pero este es un derecho y un deber, una decisión que no conocimos del 62,57% de los colombianos habilitados para votar. Colombia se encuentra en la agenda de la comunidad internacional, desde diferentes escenarios se han recibido manifestaciones y compromisos de apoyo a este proceso para la finalización de la violencia y la construcción de la paz. Por eso, nuestro compromiso como ciudadanos es acompañar este momento importante para el país y la región, proceso que parte del respeto por las diferencias, la reconciliación entre ciudadanos y la decisión de anteponer el bienestar del país, los derechos y la reparación a las víctimas, por encima de cualquier posición ideológica, religiosa o de otra naturaleza. Es prioridad para el país dejar atrás la polarización, trabajar unidos para poner fin a todas las formas de conflicto y ser parte en las decisiones para avanzar por el camino hacia la construcción de una sociedad en paz.