Sep 29, 2019 | Columnas de Opinión, Rodrigo Arenas
Por: Rodrigo Arenas Mayaudon*
@Rodrigoarenasm
8:00am Inicio mi recorrido en la calle 93 con carrera 10. Camino hacia la calle 95 con carrera 11, lugar donde hay un local comercial que realiza recargas Tullave y el más cercano a la estación de la carrera 7, donde puedo tomar el autobús L82.
8:07am Llego al local para realizar la recarga, sin embargo, me informan que máquina con la que se hace este procedimiento fue retirada. De nuevo salgo, camino hacia la calle 90 con carrera 11 en búsqueda de un punto “Paga Todo” con el mismo objetivo: abastecer mi tarjeta de un pasaje de Transmilenio.
8:15am Luego de caminar 5 cuadras más, llego al siguiente local en la calle 90 con carrera 11, el cual tampoco tiene recargas en el momento. Por último, busco la opción de recarga en mi celular y me entero que los cajeros Servibanca realizan recargas. ¡Haberlo sabido antes!
8:21am Llego al cajero Servibanca más cercano y realizo recarga de $10.000 pesos con una tarjeta del banco BBVA. La transacción tiene un costo de $5.000 pesos, por lo que termino cancelando $15.000 pesos.
8:30am Llego a la estación carrera 7 con calle 94, espero la ruta con la incertidumbre de saber a qué horas pasará.
Fig.1 (Intervención propia, mapa puntos de recarga Tullave).
Esta situación, aunque parezca exagerada, la pueden llegar a vivir los cerca de 1 millón de usuarios diarios del Sistema Integrado de Transporte (Sitp) en lo que sería un mal día para el servicio de recargas de tarjeta Tullave.
Ya son casi 5 años desde que se pudo articular el sistema de recaudo de servicio Sitp en torno a la tarjeta Tullave y aún los bogotanos se confunden y padecen constantes fallas. Algunas de esas, asociadas a una implementación desconectada del comportamiento habitual de los ciudadanos y sobre todo, de las tendencias tecnológicas usadas alrededor del mundo en materia de transporte público.
El pago en el Sitp puede realizarse a través de la tarjeta Tullave, tarjetas bancarias de entidades financieras como Davivienda, Colpatria y/o Bancolombia (aunque con límite de $10.000 pesos diarios) y con carnet universitario de unas pocas instituciones que han logrado realizar acuerdos pese a ser grandes usuarios del sistema.
Según la empresa Recaudo Bogotá (que se encarga de recibir el dinero de los pasajes), las tarjetas Tullave se pueden recargar en cualquiera de las 138 estaciones de Transmilenio que hay en Bogotá, en los 9 portales, o en los más de 2.000 puntos de recarga en establecimientos “PagaTodo” distribuidos en las 20 localidades de Bogotá. Además de otros cientos de cajeros Servibanca y locales comerciales que prestan el servicio de recarga ajustados a determinados costos, horarios y disponibilidad del sistema.
En teoría y con las cifras mencionadas, se creería que la cobertura para realización de recargas estaría bien distribuida y cubierta en toda la ciudad, pero la realidad y el diario vivir de los bogotanos refleja otra situación.
Una encuesta realizada a distintos usuarios del sistema de Transmilenio o Sitp, encontró que más del 40% de ciudadanos encuentra lugares de recarga entre 0 y 500 metros de su paradero, mientras que un 48% manifestó que deben recargar a 500 o 1000 metros de su paradero habitual.
Este resultado demuestra que, si bien hay una gran cantidad de usuarios de Transmilenio que pueden recargar en la misma estación donde utilizan el sistema, hay otro gran porcentaje que debe realizar largos desplazamientos para recargar pasaje a parte del desplazamiento habitual para llegar a su paradero habitual, como demuestra la fig. 1 y 2.
Fig.2 Encuesta propia
Asimismo, los usuarios manifiestan que en ciertos sectores de la ciudad el problema no solo radica en la ausencia de lugares de recarga, sino en los horarios de apertura de los mismos.
Por ejemplo, en los barrios Modelo y José Joaquín Vargas en la Localidad de Barrios Unidos, manifiestan que “el mayor problema que tenemos las personas de este sector para recargar la tarjeta tu llave, no es que el punto de recarga este lejos, es el horario del establecimiento que lo hace. La mayoría de las personas salen a sus actividades diarias antes de las 8am y estos locales abren entre 8:30 am y 9:00 am (…) Igualmente, pasa constantemente que en la noche cuando se va a recargar, los establecimientos no tienen recarga, o se les acabaron y se debe ir al otro barrio para buscar otro Paga Todo.»
Esta situación ocasiona retrasos y molestias en la ciudadanía que, junto a las demás circunstancias negativas que presenta el sistema como la inseguridad, incomodidad y sobre todo la incertidumbre de frecuencias; constituyen incentivos para el uso del automóvil o la motocicleta.
En la encuesta de percepción ciudadana 2018, Bogotá Cómo Vamos evidenció que en el periodo 2017 – 2018, hubo una disminución de usuarios de Transmilenio y Sitp, de 2% en ambas modalidades, mientras que el uso del vehículo particular durante el mismo periodo aumentó 5%. Adicionalmente, Bogotá Cómo Vamos, logró comprobar que la satisfacción de los usuarios con Transmilenio y Sitp, disminuyó 6% y 7% respectivamente durante la misma evaluación 2017 – 2018.
Pese a que esta disminución de uso e insatisfacción no responde únicamente a la ausencia masiva de medios de recarga, solucionar esta problemática -que también logramos constatar por medio de una encuesta propia-, sí podría considerarse como opción de mejora en el corto plazo ante las quejas recurrentes de los usuarios.
Fig.3 Encuesta propia
Extraña por esto, que hoy el sistema de recaudo en Bogotá, no sea un sistema realmente masivo y diverso con múltiples formas de recarga de pasajes como por ejemplo aplicaciones móviles, pagos en línea, masificación en supermercados, corresponsales bancarios, tiendas de barrio, entre otros asociados medios transaccionales que hoy en día están alcance del ciudadano.
En este mismo sentido, se sugiere también tener en cuenta el contexto sociodemográfico de la población bogotana y contemplarse la opción de pago en efectivo de pasajes unitarios directamente en el autobús, considerando un valor un poco más elevado con el propósito de incentivar el hábito de recarga previa, pero que facilite el pago a quien en su momento no disponga de dinero para realizar una recarga.
Imposibilitar el pago en efectivo, mientras no exista un sistema realmente masivo de recarga es contraproducente y desincentiva el uso de transporte público. Inclusive, el impedir pago en efectivo puede ser uno de los principales detonantes de la desorganización de frecuencias y del déficit financiero que hoy vive el sistema integrado de transporte público de Bogotá.
Ante la necesidad de acceder al servicio, usuarios que no cuentan con recarga en Tullave se ven en la obligación de adquirir pasajes a revendedores, los cuales se ubican en las paradas de autobús y aprovechan esta situación para ofrecer los pasajes gratuitos de transbordo que otorgan las tarjetas personalizadas Tullave.
Según recaudo Bogotá, el 13% de los viajes diarios se realiza en esta modalidad de reventa, que consiste básicamente en:
- El revendedor vende un primer pasaje ($2.200, algunos lo ofrecen a $2.000 o menos).
- Antes de 95 minutos venden los dos transbordos ($2.200 x 2) a los que tiene derecho esa misma tarjeta por $0 pesos en rutas distintas.
- En el sistema queda registrado un solo pasajero, pero en realidad son dos adicionales de los que no se tiene ningún tipo de trazabilidad y de los que no se recibió ningún pago y representa al día cientos de millones de pesos perdidos.
Fuente: Publimetro.co
Para algunos usuarios será un momento de suerte contar en el paradero con un revendedor de pasajes, no obstante, en otros casos no se presenta ninguna posibilidad de recarga y se debe acudir a la célebre frase “¿Quién me vende un pasaje?” al ingresar al autobús, con la esperanza de que algún ciudadano preste su tarjeta.
“Algunas veces los conductores del SITP han dejado pasar las personas sin validar pasaje, no porque no tengan dinero para pagar o quieran ser colados, ven el desespero de la gente, porque no les venden un pasaje dentro del bus y no hay donde recargar”, manifiestan usuarios del sistema, cuando en horas de la mañana no encontraron puntos de recarga abiertos en su barrio.
Dar solución a los múltiples problemas que vive hoy el Sitp, demanda de una gran reforma estructural del sistema, no obstante, como respuesta efectiva en el corto plazo, se podría empezar con la masificación de puntos y medios de pago, dado que el auge de las nuevas tecnologías y la cuarta revolución industrial permitirían que los cambios en infraestructura física fuesen mínimos y al contrario la restructuración se hiciera de manera digital con mecanismos ya existentes y usados de manera cotidiana en otros países.
Nota final: Bogotá se ha convertido en el primer destino turístico de Colombia, el octavo destino de América Latina y según revista Forbes la capital colombiana podría convertirse en el primer destino sudamericano. ¿Alguien se ha preguntado lo difícil que puede llegar a ser para un turista acceder al servicio del Sitp o de Transmilenio?
*Columnista Invitado de Tanque de Pensamiento Al Centro
Sep 19, 2019 | Columnas de Opinión, Contratación Pública Transparente, Juan David Duque Botero
Por: Juan David Duque Botero*
@jduque
Con la expedición de la Ley 1882 en enero de 2018, el Congreso de la República de Colombia encargó al Gobierno Nacional la labor de adoptar pliegos de condiciones tipo que permitieran la estandarización de los procesos de selección en la contratación de obras públicas, interventoría para obras públicas, interventoría para consultoría de estudios y diseños para obras públicas y consultoría en ingeniería para obras.
Esta medida se implementó con el propósito de incrementar la transparencia en los procesos de compra pública, necesidad que surgió en virtud de los altos índices de corrupción y colusión que se presentan a diario en estos escenarios y que, en últimas, son un reflejo de la desafortunada cultura política instaurada en Colombia.
Desde su entrada en vigencia, los documentos tipo han logrado los objetivos propuestos con su puesta en marcha. En efecto, las entidades contratantes, sobretodo en el nivel territorial, han sido testigos del aumento en el número de proponentes en los procesos de selección y la desconcentración de la contratación en un reducido y repetitivo número de empresas oferentes.
Así mismo, se ha suscitado la sana competencia e igualdad de oportunidades entre los participantes de los procesos de selección, se ha logrado mayor organización en los mismos y, en definitiva, se han gestado medidas cruciales en la lucha anticorrupción.
Debido a estos resultados, como era de esperarse, se impulsó –y actualmente se encuentra en curso– una iniciativa legislativa que busca obligar al Gobierno Nacional a adoptar pliegos de condiciones tipo en todo proceso de selección que deba adelantarse mediante licitación pública, es decir, ya no solo en materia de obras públicas.
No obstante, con gran preocupación y desatino, llama mi atención la disposición que los ponentes del Proyecto incluyeron como parte del artículo 2° para la última ponencia en la Plenaria de la Cámara de Representantes.
A su tenor se lee que para la creación de pliegos tipo se constituirá una mesa técnica integrada no solo por el organismo técnico idóneo, que es Colombia Compra Eficiente, sino también por diversos agentes políticos, entre ellos, dos senadores y dos representantes de la comisión primera de ambas corporaciones del Congreso Nacional. También la mesa incluiría a la Federación Nacional de Municipios y a la Federación Nacional de Departamentos, quienes paradójicamente fueron los entes que mas se opusieron al trámite de la Ley 1882.
No se entiende cómo es posible que pretendan politizar una medida cuyo propósito especialísimo y principal es promover la transparencia, imparcialidad y objetividad en los procesos de selección de contratistas. Con esta disposición pretenden convertir la evolución más importante en los últimos años en materia de contratación pública, en la principal herramienta de corrupción.
Debe advertirse que de expedirse esta Ley bajo los términos señalados, el Congreso será responsable de aniquilar el único instrumento capaz, en el tiempo reciente, de hacer más competitiva, transparente y eficiente la contratación pública en Colombia y, dicho sea de paso, de entorpecer el avance que hasta ahora el país ha logrado en el cumplimiento de estándares y buenas prácticas internacionales.
*Director de Contratación Pública Transparente del Tanque de Pensamiento Al Centro
Sep 15, 2019 | Columnas de Opinión, Sebastián Zapata Callejas
Por: Sebastián Zapata Calleja*
@sebastianzc
Lo que nació a finales del siglo XX como una solución a la disminución del uso del marfil y, por ende, como una medida para la preservación de algunos animales, más concretamente los elefantes, ha encaminado a la humanidad a uno de los flagelos contemporáneos más delicados que ha tenido como especie: la Edad del Plástico.
La Edad del Plástico, como de su nombre se puede inferir, se caracteriza por el uso excesivo por parte de los ciudadanos del planeta de tal material. Uso excesivo que, combinado con la poca contundencia en las medidas tomadas por los gobiernos, entes trasnacionales y multilaterales, ha llevado a que el plástico se convierta en un tema de primer orden en la opinión pública global.
Solo por mencionar algunas cifras, según estudios la problemática es tan preocupante que el 100% de los peces que se consumen en el continente europeo contienen residuos de micro plástico; en el océano hay más de 150 millones toneladas de desechos plásticos; para el 2050 van a existir más plásticos que peces en los océanos; cada persona en el planeta produce en promedio 40 kilos de residuos de plástico al año; y, en la actualidad hay más de 30000 tipos de plásticos de los cuales muchos de ellos no tienen posibilidad de reutilizarse.
Cabe resaltar que un punto de quiebre a la hora de abordar el asunto del plástico, es que existe una tipología del mismo mucho más dañina que el resto, son los plásticos de un solo uso. Estos son más problemáticos porque como su nombre lo indica, son los plásticos que se utilizan una sola ocasión, lo que aumenta per se el detrimento ambiental.
Tal vez es por esto que las mayorías de acciones gubernamentales como ciudadanas van orientadas a la contingencia del plástico de un solo uso. En Colombia, se han puesto en marcha algunas acciones, como es el impuesto de 40 pesos a las bolsas plásticas y el Proyecto de Ley 175 de 2018 que busca prohibir la fabricación, importación, venta y distribución de plásticos de un solo uso. Parecieran estas medidas ser un punto de partida incipiente, pero a la vez positivo para el país que más plástico arroja al mar caribe.
Sin embargo, las gestiones a nivel local, regional y mundial contra el consumo del plástico de un solo uso, y en general del plástico, son limitadas en proporción a la magnitud que representan los daños ambientales que trae consigo este compuesto para la humanidad. Dicha ausencia de acciones se justifica, según algunas interpretaciones, por el falso dilema que se propone entre la economía circular versus la implementación de medidas prohibicionistas.
En este punto, la solución pareciera ser de voluntad política. Basta poner en marcha, por un lado, modelos de economía circular en los escenarios que se prestan para ello– hay plásticos que como se sabe no se pueden reutilizar, mientras otro grupo si–. Por otro lado, deben tomarse medidas drásticas en materia de prohibición, que estén acompañadas de acciones de innovación y alternativas productivas para aquellos sectores y personas que se vean afectados por las prohibiciones.
Para cerrar, por qué no materializar por fin la implementación de un verdadero acuerdo trasnacional -en el que Colombia tome un papel protagónico- que tienda a realizar políticas concretas para revertir las consecuencias negativas que trae consigo la Edad del Plástico. Es hora de que los gobiernos tomen una real consciencia de los daños ambientales, sociales, económicos y de salud que trae consigo la utilización excesiva de tal material, los cuales son incuantificables.
*Columnista Invitado del Tanque de Pensamiento Al Centro
Sep 13, 2019 | Columnas de Opinión, Construcción de Paz, Jorge Andrés Forero
Por: Jorge Andrés Forero González*
@AchioteCo
A pocos meses de los 3 años de la firma del acuerdo de paz entre el Estado colombiano y la guerrilla FARC-EP, hay que reconocer que el país tiene una sociedad civil activa que sueña, exige y está construyendo un mito fundador como nación más allá de la guerra. Las pasadas elecciones presidenciales mostraron el respaldo de la sociedad colombiana al sueño de paz e hicieron presión al presidente electo a comprometerse con la implementación de lo acordado. Por su parte con cerca de 12 millones de votos en la consulta anticorrupción liderada especialmente por jóvenes se dejó claro el momento de cambio político que vive el país. Las organizaciones internacionales respaldan ese cambio en medio de una generación esperanzada en otra Colombia posible.
El acuerdo de paz creó más de 40 instancias nacionales y territoriales, en las cuales 21 tienen la participación directa de organizaciones de la sociedad civil. Acompañado de ese liderazgo activo, hemos vivido como nunca el despliegue territorial de las agencias multilaterales y no existe ningún organismo de cooperación internacional o del sistema de Naciones Unidas que no esté respaldando el proceso.
Para seguir profundizando con un análisis de la oportunidad histórica que tiene el país, este escrito recoge miradas y recomendaciones de la Cumbre de Instancias No Estatales derivadas del acuerdo de paz del pasado 5 de septiembre y del documento ¿En que va el acuerdo de Paz a un año del Gobierno Duque” de la Comisión de Paz del Congreso, publicado en julio con el apoyo del United States Institute of Peace USIP.
Se lee con esperanza en la declaración de la Cumbre de Instancias que “Sin duda la firma del Acuerdo Final de Paz, sus primeros pasos y los impactos políticos e institucionales que ha tenido, ha marcado un viraje profundo en la historia de Colombia abriendo la transición a la terminación definitiva de un largo ciclo de violencia generalizada y conflictos armados”.
Así mismo se resalta el impacto positivo de instituciones derivadas del acuerdo como la Jurisdicción Especial de Paz, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad Convivencia y No Repetición, el Sistema de Alertas Tempranas, la Unidad Especial de Investigaciones de la Fiscalía, el Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia o la Instancia Especial de Mujeres. Solo por mencionar un resultado de la JEP, según la Comisión de Paz “a la fecha se han sometido 11.893 personas, 81% FARC y 18% Fuerza Pública. Hay 7 casos abiertos, incluyendo los de secuestro, falsos positivos, reclutamiento de menores y victimización de la UP”
Ante el incremento de las actividades criminales a nivel regional, la Cumbre de Instancias, que tiene una mirada territorial recomienda la “implementación del punto 3.4 del Acuerdo Final de Paz consistente en las garantías de seguridad para las comunidades. En específico, que se promueva el Pacto Político Nacional con mecanismos obligantes contra el uso de armas y la estigmatización en la política; que se asegure la regularidad de las sesiones de la CNGS de acuerdo al Decreto Ley 154 de 2017 y que se discuta la propuesta de lineamientos de política pública realizada desde la sociedad civil para el desmantelamiento de las organizaciones y conductas criminales que atentan contra defensores/as de derechos humanos y movimientos sociales”.
Este tipo de medidas fortalecería la matriz mediática y de opinión pública que exige la defensa de la vida de los líderes sociales, ambientales de defensores de derechos humanos y de sacar la violencia de la política. Luego de las elecciones presidenciales más seguras en 100 años en las regionales en curso las alertas están disparadas de nuevo.
Los retos incluyen desarrollos normativos y una marcada voluntad política del Gobierno Duque. La Comisión de Paz del Congreso dejó ver como el “57% de las normas requeridas para la implementación del Acuerdo aún están pendientes de trámite en el Congreso de la República” lo que por supuesto retrasa su entrada en vigencia, en puntos fundamentales en materia de participación política y profundización de la democracia como el de las Circunscripciones Especiales de Paz para las regiones más afectadas por el conflicto armado y la reforma política.
Así mismo señala la Comisión de Paz que de las inversiones proyectadas para la paz en la administración Duque en su PND “el 41% de los proyectos de paz incorporan programas de política social general, sin ninguna focalización territorial”. Actualizando este dato Juanita Goebertus puntualizó recientemente que sólamente el 6% de estas inversiones con el título de paz en el PND, está focalizado en los 170 territorios PDET.
Si bien cada gobierno se enfrenta a restricciones presupuestales, el Gobierno Duque tiene la posibilidad de pasar a la historia como el líder de la construcción de Paz en Colombia con una mirada a los territorios. Duque es especialmente importante pues como lo ha señalado el profesor John Paul Lederach del Instituto Kroc, especializado al seguimiento y monitoreo a los acuerdos de paz en el mundo, “el 50% de los países vuelven a la guerra durante los primeros 5 años después de la firma de un acuerdo de paz”. El primer quinquenio es fundamental en la creación de confianza en el proceso, en la inversión en infraestructura en los territorios afectados por la guerra y en la creación de símbolos para la reconciliación.
En la Cumbre de Instancias se discutía que en materia de inversiones para la paz es posible ir a la banca internacional, profundizar el papel de los organizaciones internacionales y liderar nuestro propio plan Marshall, flexibilizar la regla fiscal e incluir una política especial de bonos e impuestos de paz al sector financiero.
Las alertas están sobre la mesa y requieren acciones concretas para ampliar y fortalecer la presencia del Estado en los territorios más afectados por el conflicto armado. No es tiempo de vacilar, si en temas tan importantes como el de la sustitución de cultivos de uso ilícito, de las 99.097 familias vinculadas al programa de sustitución, el 94% cumplió con la erradicación concertada, no es posible que tan solo el 0,7% han tenido acceso a proyectos productivos. Como señala la Comisión de Paz “para lograr la estabilización del territorio y el cumplimiento de las metas del Acuerdo deberíamos estar invirtiendo por lo menos 4,67 billones al año y (…) estamos invirtiendo al año en los PDET, el 1.2% de lo que deberíamos estar invirtiendo”.
Presidente Duque, las propuestas también están sobre la mesa con un pueblo y una generación de paz que que no se rinde y está convencida de las transformaciones profundas que merece el país. Además cuenta usted con el respaldo decidido de la cooperación internacional. Es tiempo de afirmar con acciones que el tiempo de los señores de la guerra terminó!
*Columnista Invitado del Tanque de Pensamiento Al Centro
Fuentes: Declaración final y Balance de la Cumbre de Delegados/as No Estatales de Instancias Derivadas del Acuerdo Final de Paz. Disponible en: https://www.conpicolombia.com/2019/09/declaracion-final-de-la-cumbre-de.html
¿En qué va el Acuerdo de Paz a un año de gobierno de Duque? Disponible en: https://www.justiciaypazcolombia.com/en-que-va-el-acuerdo-de-paz-a-un-ano-de-gobierno-de-duque/
Sep 10, 2019 | Catalina Ceballos Carriazo, Columnas de Opinión, Cultura
Por: Catalina Ceballos Carriazo*
@Catalizate
Bogotá, ha sido históricamente sede de los grandes acontecimientos culturales y artísticos del país.
El históricamente no es un detalle menor porque afortunadamente ciudades como Medellín, Cartagena y recientemente Cali se pelean ese primer lugar alojando al Premio Gabo, el Ficci y el Mec en Cali.
Esta semana Bogotá vuelve a ser el centro de las miradas y lo más interesante es que gracias a recursos públicos y privados la ciudad será una oferta interminable de exposiciones, talleres, charlas, recorridos que exaltan las artes plásticas (visuales, performáticas, instalaciones) del país y del mundo.
Por un lado, el Salón Nacional de Artistas que llega a su versión número 45, después haber sido inaugurado el primer salón en el año 1940 cuando Jorge Eliecer Gaitán era Ministro de Educación y Eduardo Santos (sí, el mismo que inauguró la radio pública para acercar la cultura a la ciudadanía) era Presidente. Para este año, su director Alejandro Martín escogió para esta versión: “El Revés la Trama”, que pretende que a través de las curadurías se vean una serie de relatos construidos por recorridos y que suponen resultados, pero que el recorrido mismo es un laberinto que expresa necesidades, es decir, resulta conceptualmente lo que cada quien quiera y eso lo hace aún más increíble. Desde carátulas de discos, pasando por videos con los sonidos de un volcán, audios que parecen una meditación, pero en realidad son un tutorial (al menos eso pensé yo). Esto se hace totalmente con recursos públicos del Ministerio de Cultura desde su Dirección de Artes y bajo la Coordinación del área de artes visuales y la Alcaldía de Bogotá.
Desde IDARTES está el Premio Luis Caballero en su décima versión “se trata de ocho proyectos concebidos por el mismo número de artistas y colectivos para transformar y resignificar, en esta oportunidad, la nueva Galería Santa Fe, el Museo de Arte Moderno de Bogotá, el Museo Santa Clara, el Monumento a los Héroes y El Parqueadero del Banco de la República.” Dirigido por la Subdirección de Fomento (Jaime Cerón) y liderado por la Gerencia de Artes Plásticas (Catalina Rodríguez) totalmente financiado con recursos públicos. Yo ya fui a dos, el proyecto de Gabriel Zea en el monumento de Los Héroes y al de María Elvira Escallón en el Museo de Arte Moderno. Lo más increíble, lo mejor de todo, tienen un proyecto que se denomina “La Ruta del Caballero”, una serie de misterios que los menores como mi hija Elisa, deben descubrir en cada espacio para luego ganar un premio. Ver la felicidad de una niña de 9 años recorriendo ese sórdido sótano, mientras que yo me hago preguntas sobre la existencia, no tiene precio. ¿Por favor por qué casi nunca se piensa en los niños en estos espacios de la cultura?
Por otro lado, está la apuesta desde lo privado: ARTBO organizado por la Cámara de Comercio de Bogotá y bajo la batuta de María Paz Gaviria, quien sin duda ha impreso su know how en una feria que antes tenía un aroma donde se exaltaba la oferta y la demanda, hoy expande sus alas a proyectos alternos incluido el de la formación y empuja día a día los fines de semana ARTBO que permiten acercarse a las galerías acabando así con ese tabú de la galería o galerista inalcanzable. Asumir el reto de fomentar el coleccionismo es un reto enorme, yo por mi parte, sin ser coleccionista deseo con ansias poder ver los trabajos de arte contemporáneo latinoaméricano que traerán las galerías Herlitzka + Faria de Argentina, la Elba Benitez de España y el Instituto Visión de Colombia.
Todo estos movimientos en torno a las artes plásticas coinciden en varios aspectos: fomentan la producción artística, fomentan la circulación, permiten la apropiación por parte de la ciudadanía, promueven la formación de públicos, construyen diálogos en torno a las artes y la cultura, invitan a la reflexión de problemáticas actuales (políticas, sociales y económicas) permiten el reconocimiento de espacios no habitados de la ciudad (en particular el SNA y PLC), congregan a todos los grupos socio demográficos, plantean preguntas sobre nuestra sociedad actual. Elevan el espíritu, promueven la diletancia y, por supuesto, al tener componentes como la transacción, la tecnología, las relaciones interdisciplinares se insertan en las economías creativas, que a mi manera de ver expresa mejor a la “Economía Naranja” y que en realidad es y siempre ha sido la producción, promoción, circulación, apropiación de las artes, la cultura, el patrimonio tangible e intangible.
La inversión total entre Ministerio de Cultura y Alcaldía de Bogotá es de 3500 millones de pesos. ¿Cuántas personas se benefician? ¿Cuántos espacios son habitados? ¿Qué calles están siendo circuladas? ¿Cuántos recursos entrarán a la ciudad? Y en preguntas más intimas y sensibles ¿cuántos artistas se van a animar a seguir con sus carreras? ¿Cuántos querrán ser artistas? ¿Cuántos artistas se harán visibles? ¿Cuánto tejido social se construye en torno a las artes? Hagan las sumas y las restas, y verán que vale la pena la inversión.
*Directora de Cultura del Tanque de Pensamiento Al Centro
**Opiniones personales: Lleven a niños y niñas a todo lo que puedan, las ciudades habitadas por los niños son más seguras. Las artes plásticas narran las problemáticas contemporáneas sin necesidad de los odios de twitter. Naveguen el sitio del SNA (https://45sna.com) es una puesta en escena per se .
Sep 8, 2019 | Columnas de Opinión, Nicolás Silva, Tecnologías de la Información
Por: Nicolás Silva
@nicolasmsilvac
En la recta final de las campañas que permitirán el próximo 27 de octubre elegir a nuestros gobernantes locales y regionales, recibimos diversa información de medios tradicionales y redes sociales. Usualmente carecemos de la oportunidad o la voluntad de profundizar en las propuestas concretas que los candidatos plantean para atender las diversas problemáticas existentes.
Respecta de Bogotá, ciudad donde resido desde hace 30 años, las discusiones y las propuestas se enfocan en asuntos considerados prioritarios. En concreto, al revisarse el informe Bogotá cómo vamos 2018, se plantean 5 principales desafíos a abordar: seguridad, movilidad sostenible, mercado laboral, hábitat y medio ambiente. Si bien resulta razonable focalizar las propuestas en estos aspectos, los planes que se proponen para solucionar dichas problemáticas se enfocan en soluciones tradicionales, recurrentes y evidentes.
La perspectiva de búsqueda de soluciones debiera entonces articularse con una visión más innovadora. Para ello las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – TIC representan una herramienta indispensable, al complementar y potenciar dichas acciones tradicionales. La relación entre avance tecnológico y bienestar común ha sido abordada a lo largo de los últimos años alrededor del concepto de “ciudades inteligentes”.
Sin duda Bogotá ha avanzado progresivamente en la incorporación de las TIC como factor de optimización de su gestión. Al revisarse los planes de desarrollo de las 3 últimas administraciones de la ciudad, todos abarcan aspectos tales como la incorporación estas tecnologías para la eficiencia de la administración, la implementación de sistemas de información para sectores específicos como salud, educación y seguridad pública, la gobernabilidad electrónica, así como para el cierre de la brecha digital facilitando su acceso y capacitación a la comunidad.
En la medida en que la tecnología ha avanzado, y bajo una aproximación de construir sobre lo construido, los citados planes de desarrollo fueron incorporando otros aspectos, tales como la profundización en investigación TIC, la producción de información para interacción entre la administración y la ciudadanía y la corresponsabilidad de esta última en la creación de soluciones, la promoción del uso de dichas tecnologías para el emprendimiento y la reglamentación para el despliegue de infraestructura. Se destaca de este proceso la creación en 2012 de la Alta Consejería Distrital de Tecnologías de Información y Comunicaciones –TIC, la cual ha mostrado una evolución y una positiva gestión en las materias citadas.
Reconociendo los avances logrados, el uso de las TIC en la administración de la ciudad es un concepto que evoluciona, y seguirá requiriendo significativos esfuerzos a diferentes niveles. Esto se evidencia en diferentes comparaciones que a nivel mundial se realizan entre ciudades, dentro de las cuales menciono la denominada Cities in Motion 2019, la cual muestra que Bogotá ocupaba la posición 117 entre 174 grandes ciudades del mundo, ubicándose por debajo de varias capitales de América Latina. El informe establece también que la posición de la ciudad se debe, entre otros aspectos, a bajos niveles en materia de adopción tecnológica, resaltando a la vez que la capital colombiana muestra un gran potencial, al estar evolucionando positivamente a gran velocidad.
Es evidente entonces, por una parte, la necesidad de dar continuidad y fortalecer muchas de las iniciativas que vienen de tiempo atrás en materia de incorporación y adopción de las TIC, y a la vez exigir la adopción e implementación de nuevas soluciones soportadas en tecnologías avanzadas, como big data, inteligencia artificial, blockchain e Internet de las Cosas – IoT. Al respecto, una revisión general de los programas propuestos por los actuales candidatos a la alcaldía de la ciudad, permite esbozar (en mayor o menor medida) el planteamiento de soluciones alineadas con estas tecnologías, tales como esquemas de policía predictiva, sistemas de reconocimiento facial, ampliación de estaciones de monitoreo del aire, monitoreo y seguimiento en tiempo real del avance de obras de infraestructura y de mantenimientos en vías, planeación dinámica de rutas de transporte y de brigadas de descongestión, y el análisis de datos para la gestión pública.
Debe tenerse en consideración que la implementación de este tipo de tecnologías, que ya de entrada constituye un gran reto, es solamente una parte de la solución a las problemáticas de la ciudad. Esto por cuanto las mismas deben estar acompañadas de la optimización de los procesos internos de las entidades y de la capacitación de las personas involucradas en su operación. Así mismo, se requieren campañas informativas hacia la comunidad, a efectos de lograr su debida apropiación y aceptación.
Lo anterior implicará ajustes en la visión y el funcionamiento de distintas entidades del Distrito, incluidas las alcaldías locales, y muy especialmente en la Alta Consejería de TIC, dependencia que en línea con lo dispuesto en su informe Bogotá Ciudad Inteligente, debería constituirse, a partir de su capacidad técnica, en evangelizador y articulador transversal, debiendo contar con los recursos económicos y humanos necesarios para tal fin.
El reto es lograr que las propuestas de los candidatos no se queden en buenas intenciones, por lo que será necesario formular planes y proyectos para lograr su efectiva implementación y operación. Así mismo, deberá contarse con acompañamiento permanente para la evolución de dichas soluciones en el tiempo, así como para la medición de los resultados derivados de las mismas. Este último factor es crítico, ya que según el informe Smarter Cities 2025 – Building a sustainable business and financing plan publicado por el tanque de pensamiento ESI ThoughtLab, una de los principales obstáculos identificado por las administraciones de ciudades inteligentes es la falta de certeza del retorno de las inversiones en esta materia.
Finalmente, es necesario tener presente que el uso de las TIC en ningún momento debe dejar de lado el objetivo primordial de su uso, el cual se orienta al bienestar de la ciudadanía. En razón de lo anterior, deberán prevalecer también principios tales como el respeto a la privacidad y el adecuado manejo de los datos.
*Director de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones del Tanque de Pensamiento Al Centro
