Muchos años han pasado desde esa primera definición, y a pesar de los avances muchos de esos retos aún siguen vigentes en Bogotá y en el resto del país. Pero durante este tiempo, Cultura Ciudadana se convirtió también en uno de los referentes a nivel mundial cuando se habla de cambio de comportamientos para mejorar la convivencia en las ciudades. Esto se debe a que su aplicación contribuyó de manera importante a lograr resultados que pocas veces se han visto en intervenciones de política pública: desde las campañas de cultura ciudadana en la primera Alcaldía de Mockus, los ciudadanos de Bogotá lograron en solamente 11 años (1993-2004) reducir las tasas de homicidio en 70%, los accidentes de tránsito en 65% y el consumo de agua residencial per cápita en 46%, por ejemplo.
Pero después de tanto tiempo, ¿por qué vale la pena seguir insistiendo en cultura ciudadana? Porque las iniciativas de cultura ciudadana nos benefician a todos. Porque mejoran nuestra calidad de vida y nuestra capacidad de vivir juntos y de cooperar para lograr beneficios comunes. Cultura ciudadana es entender que la causa y la solución de muchos de los problemas de la ciudad y del país dependen de los comportamientos y la cultura de los propios ciudadanos. Problemas tan actuales como las riñas (que según la información disponible son la primera causa de homicidios en el país), el respeto por el espacio público, el consumo de agua y energía, la movilidad, la discriminación, la violencia intrafamiliar y la corrupción, podrían resolverse o disminuirse en gran medida si las personas cambiaran algunos de sus comportamientos diarios. De hecho, ni las mejores leyes, cárceles, subsidios o políticas públicas tendrán impacto si no cambiamos nuestros comportamientos, “la cultura y la conciencia”.
Es también entender que muchas de las cosas que hacemos todos los días para obtener pequeños beneficios o porque “es más fácil” pueden hacerle daño a nuestros vecinos, a los demás ciudadanos que no conocemos, a la sociedad en su conjunto. Hay muchos ejemplos cotidianos de eso. Cuando decidimos no recoger el excremento de nuestra mascota en un parque nos ahorramos unos minutos y un poco de esfuerzo, pero es probable que otra persona tenga un muy mal día cuando lo pise. Cuando ahorramos plata haciendo trampa en la declaración de impuestos le quitamos recursos a los hospitales y colegios. Cuando nos colamos en Transmilenio le quitamos recursos a la mejora del sistema y contribuimos a su congestión. Y lo que es peor, le mostramos a las demás personas y a las nuevas generaciones que está bien hacer trampa, porque “si la mayoría de personas hace trampa yo también puedo hacerlo”…
Para insistir en cultura ciudadana con éxito, las administraciones deben entender que cultura ciudadana no es un tema aislado ni restringido a campañas publicitarias, y los ciudadanos debemos entender que nuestras acciones diarias tienen impacto en los problemas que nos aquejan, y que no es responsabilidad exclusiva del gobierno de turno hacer algo al respecto. Cultura ciudadana debe ser una estrategia integral de política pública para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, que transforme a través de acciones innovadoras y participativas la cultura y el comportamiento de las personas. Que se base en datos detallados sobre el comportamiento y las percepciones de los ciudadanos, en diagnósticos psicológicos y sociales serios, y en los hallazgos y experiencias exitosas en ciencias del comportamiento que desde hace varios años están siendo desarrollados en los mejores centros de investigación y política del mundo (incluyendo por ejemplo la Universidad de Harvard, el London School of Economics, el Banco Mundial, la OCDE, varias agencias de Naciones Unidas y cientos de gobiernos y ONGs).
Pero aunque el poder del estado y las administraciones locales es muy importante para lograr estos cambios, no hace falta esperar a que ellos tomen la iniciativa. Muchas veces, basta que un grupo pequeño de ciudadanos se reúnan y decidan hacer pequeños cambios y a inspirar a otros “una esquina a la vez”. De hecho, alrededor del mundo hay cientos de ejemplos de intervenciones de bajo costo que iremos reseñando en AlCentro y que han logrado transformar los comportamientos de las personas para, por ejemplo, reducir el consumo de agua y energía en casa, reducir el matoneo en los colegios, reducir la basura en la calle, o aumentar el porcentaje de personas que reciclan o pagan impuestos (como experiencias en Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Europa y Australia han mostrado).
Siempre tenemos muy buenas excusas, claro, pero no importa qué tan buenas creemos que sean, o qué tanto oigamos a otros repetirlas también: si no empezamos a pensar más en los demás y a cambiar nuestras acciones diarias, ni las excusas ni la quejadera a las que estamos acostumbrados van a hacer desaparecer los problemas que nos afectan a todos.
Director de Cultura Ciudadana del Tanque de Pensamiento Al Centro
La era digital da para todo y la publicidad no es ajena a ella. Somos muchos los que seguimos en redes sociales a un sinnúmero de personalidades que se convirtieron en el gancho perfecto para el marketing de las empresas. No obstante, el fin no justifica los medios, pues la tendencia de contar con la imagen de famosos para ofrecer productos y/o servicios, estaría conllevando un riesgo de engaño a los consumidores.
¿Sabrán los influencers qué es una propaganda comercial comparativa o una publicidad en tono excluyente? Seguramente que no. Y si ellos no lo saben, tampoco lo sabrá el consumidor, encontrando dos extremos que desconocen el alcance de la norma y al final, una empresa que se beneficia de ambos. Y es que el uso de influencers en el marketing empresarial no es negativo, lo malo es hacer uso de ellos de manera irresponsable, por eso deben las empresas manejar su publicidad garantizando los derechos del consumidor, con el fin de evitar no solo el riesgo reputacional, sino las posibles sanciones de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).
De acuerdo con cifras de la SIC, en el año 2018 se profirieron más de 600 sanciones por casi 43 mil millones de pesos como consecuencia de publicidad engañosa, siendo las empresas que ofrecen planes turísticos, paquetes de telefonía y productos en almacenes de cadena, los más sancionados. Esto demuestra pese a que la regulación sobre publicidad engañosa -contenida en el decreto 3466 de 1982 y la ley 1480 de 2011- es robusta, la llegada de nuevos protagonistas como los YouTubers, Instagramers y Twitteros, pone a pensar en una actualización normativa. Esto, debido a que los influenciadores que actúan a través de las plataformas digitales, estarían desconociendo el alcance de la norma por incrementar las ventas de sus clientes empresarios.
Al respecto, el Superintendente de Industria y Comercio manifestó que para el mes de diciembre se publicaría una guía o código de conducta de influenciadores como mecanismo de autorregulación, tal y como fue aplicado en Reino Unido. Aunque es una buena propuesta no debería ser la única opción, debido a que se requiere no solo de autorregulación sino de regulación, siendo esta última la que le permite a la SIC investigar e imponer sanciones a las empresas que por vía de sus influencers engañan al consumidor final.
Entretanto, las empresas se han mantenido al margen frente al vacío legal, mientras que la publicidad a través de influencers sobre productos regulados (como el tabaco o el alcohol) debe cumplir advertencias legales, otros productos aparentemente “milagrosos”, que no cuentan con pruebas fehacientes de sus resultados, seguirán apareciendo en las plataformas sin mayor control.
En conversatorio con el Alto Consejero para la Presidencia y Ex CEO de NTT Data, Toshio Iwamoto, pudimos concluir que las empresas deben aplicar la tecnología de manera ética, sin embargo, no vemos que ocurra en este caso. Por tal razón, como la tecnología avanza más rápido que la norma, urge la necesidad de crear los mecanismos idóneos donde todos los actores confluyan responsablemente a fin que puedan beneficiarse sin afectar derechos, esto es, que el empresariado pueda obtener ganancias a través del marketing digital, los influenciadores logren más seguidores, el consumidor final pueda recibir información real y la SIC, definitivamente pueda garantizar los derechos de estos últimos.
Así las cosas, y como la esencia de todo negocio está en los clientes, de manera respetuosa invitaría a los empresarios para que hagan uso de la publicidad responsablemente, poniéndose en el lugar de un consumidor racional – persona que interpreta la publicidad en la forma natural en la que le es transmitida-, y de igual manera, esperaría que la Superintendencia de Industria y Comercio junto con la Rama Legislativa, analicen el contexto real y estructuren mecanismos regulatorios para fortalecer la protección de los derechos del consumidor “digital” que en últimas sería el único afectado. David Ogilvy lo resumía de la siguiente manera: “Lo que realmente lleva al consumidor a decidir si compra o no compra es el contenido de la publicidad, no su forma”.
Directora de Empresa, Industria y Competitividad en Al Centro
La noticia de la reactivación del transporte ferroviario desde Santa Marta hasta el municipio de La Dorada en el departamento de Caldas, y viceversa, es sin duda la noticia más importante de las últimas décadas para el sector logístico nacional y local. No obstante, ha sido tanto el tiempo que ha pasado sin este medio de transporte, que nos cuesta trabajo siquiera imaginarlo y mucho menos hallar las bondades asociadas al mismo.
En el presente artículo recorreremos brevemente los factores que contribuyeron al desuso del transporte ferroviario, señalaremos algunos de los retos que deben ser superados para un feliz retorno del tren, y concluiremos con la identificación de factores que en la actualidad invitan a creer en un renacimiento de este modo de transporte y de las oportunidades relacionadas con su regreso.
La historia del transporte ferroviario en Colombia se remonta a finales del siglo XIX cuando el Gobierno de entonces quiso que el país estuviera a la altura de los países desarrollados que veían en el tren su entrada a la era industrial. A partir de entonces iniciaron múltiples iniciativas para la construcción de ferrocarriles por toda la geografía colombiana, muchas sin lograr el éxito esperado. No obstante, sobre dichas estructuras de piedra y hierro se movilizaron todo tipo de bienes y cantidades importantes de personas. Para hacernos una idea del auge que tuvo este medio de transporte, las toneladas de carga transportadas por el Ferrocarril de Antioquia y por las empresas adscritas al Consejo Administrativo pasaron de 773.366 anuales a un máximo de 6.409.000 en 1958 y los pasajeros aumentaron de 3.518.687 a 16.837.351.
Pese a lo anterior, a partir de la década de los 70´s diversos factores afectaron el uso del transporte de carga y personas por ferrocarril, lo cual significó una disminución progresiva de su utilización hasta llegar a un desuso prácticamente total. Entre los factores que impactaron negativamente el modo de transporte ferroviario se encuentran, entre otros: la inconclusa red de ferrocarriles, la prelación que de manera sistemática dieron los Gobiernos a la construcción de carreteras, el poder político y económico adquirido por los transportadores de carretera, la popularización del transporte aéreo, la administración ineficiente del Estado a la empresa encargada de la administración de la red férrea (Ferrocarriles Nacionales) y un equipamiento férreo inconveniente e ineficiente.
Las circunstancias anteriores dejaron a Colombia postrada en la unimodalidad, situando a los productores y comercializadores de bienes a la merced del transporte por carretera, salvo para quienes transportan su carga por tubería o quienes, como las empresas exportadoras de carbón, transportan su carga por tren, pero bajo condiciones de usuarios/propietarios. El desuso del transporte ferroviario y la consecuente falta de utilización de la infraestructura asociada al mismo, trajo consigo la aparición de nuevos problemas que hoy representan verdaderos retos a solucionar.
Los problemas generados por el desuso del transporte ferroviario pueden resumirse en:
Problemas de hecho, dentro de los cuales resaltamos fundamentalmente el problema de asentamiento irregular de poblaciones enteras al margen de la vía férrea, el cual es conocido como “el municipio más largo de Colombia”, y cuyo efecto principal es la permanente interacción del tren con las comunidades;
Problemas regulatorios, los cuales se traducen en una deficiente regulación respecto de las condiciones de acceso y uso de la vía ferroviaria, así como de su régimen tarifario; y
Problemas comerciales, los cuales resumimos como la inexistencia de la ecuación financiera del negocio ferroviario. Al no existir una demanda actual, los inversionistas no están dispuestos a realizar inversiones en infraestructura y equipamiento por temor a no obtener el retorno de su inversión.
Si bien es cierto todos los problemas anteriormente relacionados son reales y representan verdaderos retos, también lo es el hecho de que en la actualidad existe una coyuntura distinta a la de años anteriores, que invita a creer nuevamente en el renacimiento del transporte ferroviario en Colombia.
Desde el punto de vista institucional, el Gobierno actual ha expresado su compromiso con el modo de transporte férreo, el cual se ha traducido en:
La inclusión de estrategias para “la reactivación del transporte ferroviario como motor de desarrollo de las regiones” en las Bases del Plan de Desarrollo 2018-2022, en las cuales se comprometieron recursos no inferiores “al 5% del Presupuesto General de la Nación”;
La Financiera de Desarrollo Nacional se encuentra estructurando la licitación pública para otorgar en concesión en el año 2020 el tramo Chiriguaná-La Dorada y terminar así con la interinidad que ha existido en dicho tramo; y
La Agencia Nacional de Infraestructura entregó al actual contratista del tramo Chiriguaná-La Dorada un área para la transferencia de la carga en el municipio de La Dorada, así como un material rodante de propiedad del Estado, lo cual permitirá iniciar operaciones de manera inmediata sin necesidad de adquirir y/o importar dicho material.
Por el lado de los particulares también hay buenas noticias que contribuyen a aclarar el panorama del tren; por ejemplo, las dudas que existían sobre la capacidad de la vía en el tramo Chiriguaná-Santa Marta está superado gracias al avance de las obras de la segunda línea en el departamento del Magdalena y a la implementación del sistema de supervisión, trazabilidad y control implementado por el concesionario de dicha vía. Las condiciones anteriores han despertado el interés por el negocio ferroviario, al punto que todos los actores que participan en la logística de transporte ferroviario desde Santa Marta hasta La Dorada y viceversa, han ratificado su compromiso de prestar servicios de manera permanente y en condiciones de competitividad y eficiencia, lo cual garantiza que las tarifas del modo de transporte ferroviario resulten competitivas frente a las del transporte carretero.
No todos los problemas están resueltos; claro que no. Debemos ser conscientes que, a diferencia de un proyecto completamente nuevo en el que simplemente se gira la llave y se echa andar, en el caso del tren se está intentando resucitar un ser a punto de perecer, así que el tratamiento es completamente distinto. La fórmula es iniciar y hacer todo lo posible porque la operación se mantenga. En el camino deberán mejorarse las condiciones, contando por supuesto con el compromiso del Estado y de los particulares.
Del otro lado de la moneda están las oportunidades que la reactivación del transporte ferroviario trae consigo, que no son pocas. Para los gobiernos locales, esta reactivación representa una oportunidad para enriquecer sus planes de gobiernos con estrategias que el día de mañana se traduzcan en obras de infraestructura tanto social como de transporte, en proyectos para la activación y reactivación de zonas urbanas y rurales, en nuevas oportunidades de empleo y en general en fuente de riqueza para la población y una mayor tributación para las entidades públicas. Para empresarios e inversionistas, el tren representa oportunidades para mejorar su cadena de suministro, para acercar la Costa Atlántica con el centro del país, para incursionar en nuevos negocios con gran potencial como es el negocio de la operación ferroviaria. Para la población en general, la reactivación del tren representa oportunidades de trabajo calificado y no calificado, así como oportunidades para incursionar en nuevos emprendimientos relacionados con el sector logístico y relacionados, como el sector de tecnologías.
El ferrocarril arrancó nuevamente y sus vagones vienen cargados de grandes retos e infinidad de oportunidades. Tal como lo expresara el General Rafael Uribe Uribe el 29 de julio de 1914 en la inauguración de la línea del ferrocarril en Chirocal, Tolima, “Señores: ¡paso al progreso, derribe a quien derribare!”
Director Temático para el Departamento del Magdalena del Tanque de Pensamiento Al Centro.
Dos semanas después de los ataques en contra de dos instalaciones de producción de petróleo en Arabia Saudita el precio internacional del petróleo se ha estabilizado, volviendo a un valor similar al que estaba antes de los ataques (WTI USD$ 56,18).
Adicionalmente, Arabia Saudita ha logrado demostrar por qué es considerado un líder internacional en la producción de hidrocarburos, gracias a la rápida recuperación que el Gobierno prevé para los próximos meses. Y finalmente, la ofensiva militar que el presidente de los Estados Unidos Donald Trump, dijo “tener lista” en contra del principal sospechoso de los ataques, Irán, al parecer no se va a manifestar. Sin embargo, ¿Qué significa este ataque? Y sobretodo, ¿puede escalar?
Arabia Saudita es uno de los principales productores de petróleo del mundo. Este país produce aproximadamente 12% de la oferta mundial de petróleo, en un mundo que consume a diario 100 millones de barriles. En este ranking, Arabia Saudita es precedido actualmente por Estados Unidos, y su capacidad de producción le ha dado algunas ventajas como ser uno de los países que lidera la toma de decisiones sobre la oferta de barriles de petróleo al interior de la Organización de Países Exportadores de Petróleo – OPEC, y ser el “protegido” de Estados Unidos en el Medio Oriente.
Así las cosas, el pasado ataque contra las productoras de petróleo, era un ataque al segmento de bienes raíces más valioso del mundo y al pedazo de infraestructura crítica más importante del mundo. ¿Se podía evitar? Si. Incluso, Arabia Saudita es un país cuyo gasto en armamento domina su presupuesto nacional, y este rubro cuenta con este movimiento debido a la responsabilidad que tiene el país de proteger su industria de petróleo. Adicionalmente, el país no es ajeno a los intentos de ataque contra las productoras de petróleo o contra el país en sí.
Este ataque es la gota que reboza la copa, dentro de una creciente ola de ataques contra la cadena de valor del petróleo, la cual a su vez ha ido en aumento en los últimos meses. Recordemos los ataques contra las tanqueras en el estrecho de Ormuz durante el verano de este año. A su vez, el ataque responde a las crecientes tensiones que se han vivido en el Medio Oriente desde principios de 2019, o, mejor dicho, desde 2015 cuando Estados Unidos decidió comenzar a poner sanciones económicas a Irán, como una manera de disuadir a este país de aumentar su inversión en la industria nuclear o atómica. Es un ataque que se le puede atribuir a un Irán que se enfrenta a un cercamiento económico y que se siente ahogado y presionado. Es un llamado de emergencia.
¿Qué significa este ataque? Que contrario de lo que cree Estados Unidos, su camino a la independencia petrolera no lo aleja de las consecuencias de los acontecimientos que se desarrollan en el Medio Oriente. El mercado de hidrocarburos es un mercado internacional e interdependiente. Como consecuencia, mientras más crece la participación de este país en dicho mercado, más cuidado se le debe prestar a los intereses energéticos de todos sus actores.
Ahora, frente a la última pregunta, ¿puede escalar? Sí. En este gran siglo XXI con la importancia que juega la tecnología en las relaciones entre países, no se puede descartar la posibilidad de un nuevo ataque cibernético a esta misma cadena de valor o algo peor. Claramente, este ataque con drones de alta tecnología nos deja pensando que Irán si tiene la capacidad tecnológica para escalar de forma virtual y presencial, su presión sobre Estados Unidos y sus Aliados. Dos semanas después, incluso después de que ha concluido la Asamblea de Naciones Unidas, Estados Unidos no se reunió con los líderes de Irán que asistieron al evento, nada parece indicar que va a haber repercusiones armadas sobre este ataque, y las sanciones contra Irán van en aumento.
¿Qué significa para América Latina? El incremento del barril del petróleo dejo unas ganancias inesperadas sobre los países de la región que comercializan este commodity. Brasil, México y Colombia, fueron grandes ganadores, mientras Venezuela, que tiene un tipo de petróleo más difícil de procesar, y además se enfrente a sanciones económicas propias, no enfrentó cambios durante este ataque.
Directora de Geopolítica del Sector Energético del Tanque de Pensamiento Al Centro.
Por: Gabriel Cifuentes y Laura Herrera @Gabocifuentes @Laura_herrera
Estamos a menos de un mes de las elecciones locales. Por estos días algunas campañas están dando brincos y otras entraron en estado de alerta y empezaron a redefinir estrategias como consecuencia de los resultados que han arrojado las encuestas en las principales ciudades del país.
Las encuestas electorales son una herramienta poderosísima para influir en la decisión final del votante, incluso, pueden llegar a tener mayores efectos persuasivos en comparación con las activaciones de una campaña política. Las encuestas realmente orientan el voto de los ciudadanos, son armas electorales, por eso su trato debe darse de la manera más delicada y responsable tanto en su metodología como en su interpretación.
Su importancia radica en que pueden dirigir el voto: hay ciudadanos que votan por el candidato que va encabezando las encuestas para sentir que su decisión es ganadora. En otros casos, las encuestas permiten tomar la decisión de optar por el voto útil, es decir votar basándose en el miedo de que gane determinado candidato y votar por quien tiene más posibilidades de vencerlo, así no sea su opción favorita.
Otro elemento que merece ser destacado, es que esta clase de mediciones pueden ser el reflejo del sentimiento de los ciudadanos frente a los candidatos y sus campañas. Además de ser elementos claves para la definición del voto, son también un termómetro social en el marco de los procesos electorales.
A pesar de que las encuestas son una fotografía de un momento muy particular, cuyo resultado, lejos de ser definitivo, está condicionado tanto por las coyunturas específicas en las que se realizan, así como también la metodología de medición, hay elementos importantes que pueden ser tenidos en cuenta en el análisis político. Es así que, por ejemplo, en el caso de Bogotá, hay una serie de conclusiones claras que se pueden desprender de las últimas encuestas publicadas, a saber:
Claudia López ha perdido el liderazgo claro con el que contaba al inicio de la contienda y ha cedido terreno frente a los demás candidatos;
El número de indecisos y de personas que optarían por el voto en blanco ha disminuido, estos electores se han ido decantando en tres candidatos: Galán, Uribe Turbay y Morris;
La imagen negativa de ciertos candidatos, en particular la de Claudia López, está haciendo que llegue a su techo electoral, lo cual limita enormemente su posibilidad de aumentar el número de apoyos y paralelamente, por efecto del voto útil, aumenta las posibilidades de Galán, especialmente, de tener serias opciones de luchar por la alcaldía;
Así sea de manera paulatina, se van ya identificando los dos candidatos que disputarán el palacio Liévano (López y Galán), y eso tendrá un efecto enorme en indecisos y en general en los electores de Uribe y Morris que, en uso del voto útil, optarán por la opción de López o de Galán, aumentando así las diferencias entre los punteros y los coleros;
El electorado está castigando la polarización y premia la independencia. Las narrativas de odio y los constantes ataques personales, típicas de las estructuras partidistas, están pasando factura de cobro.
Finalmente, un hecho cierto es que Bogotá seguirá repitiendo su historia y el alcalde o alcaldesa resultará elegido con menos del 35% de la votación total, situación que se reflejará también en el Concejo con una sola consecuencia: una gobernabilidad precaria que obligará a hacer acuerdos políticos para poder avanzar cualquier programa de gobierno.
No obstante lo anterior, la carrera hacia la alcaldía está aún abierta. Falta ver en estas últimas semanas cómo los candidatos harán uso del arsenal publicitario, así como también del apoyo de figuras del orden nacional (Mockus, Fajardo, Uribe, Vargas, Petro).
Desde AlCentro hacemos un llamado para que, al momento de analizar las encuestas y sus resultados, este ejercicio se haga con el mayor grado de transparencia y responsabilidad, justamente por lo anotado anteriormente, es decir, porque a estas alturas de la campaña la percepción producto de las encuestas es un factor determinante en la decisión de los electores.
También, resaltamos los esfuerzos de las encuestadoras que ayudan a combatir el fenómeno de las fake news, desmintiendo todas aquellas piezas gráficas falsas que de manera malintencionada quieren orientar el voto de los electores.
Así las cosas, y sin desconocer su valor, las encuestas deben ser tenidas en cuenta con moderado optimismo. Ya hemos visto en elecciones anteriores las pifias de ciertas encuestadoras y los graves efectos que esto puede tener en el resultado final de una contienda. Por ahora, por lo menos en Bogotá, la campaña esta abierta.
Director de Seguridad y Justicia y Directora de Comunicación Política del Tanque de Pensamiento Al Centro, respectivamente.
A pocos meses de los 3 años de la firma del acuerdo de paz entre el Estado colombiano y la guerrilla FARC-EP, hay que reconocer que el país tiene una sociedad civil activa que sueña, exige y está construyendo un mito fundador como nación más allá de la guerra. Las pasadas elecciones presidenciales mostraron el respaldo de la sociedad colombiana al sueño de paz e hicieron presión al presidente electo a comprometerse con la implementación de lo acordado.
Por su parte con cerca de 12 millones de votos en la consulta anticorrupción liderada especialmente por jóvenes se dejó claro el momento de cambio político que vive el país. Las organizaciones internacionales respaldan ese cambio en medio de una generación esperanzada en otra Colombia posible.El acuerdo de paz creó más de 40 instancias nacionales y territoriales, en las cuales 21 tienen la participación directa de organizaciones de la sociedad civil. Acompañado de ese liderazgo activo, hemos vivido como nunca el despliegue territorial de las agencias multilaterales y no existe ningún organismo de cooperación internacional o del sistema de Naciones Unidas que no esté respaldando el proceso.
Para seguir profundizando con un análisis de la oportunidad histórica que tiene el país, este escrito recoge miradas y recomendaciones de la Cumbre de Instancias No Estatales derivadas del acuerdo de paz del pasado 5 de septiembre y del documento ¿En que va el acuerdo de Paz a un año del Gobierno Duque” de la Comisión de Paz del Congreso, publicado en julio con el apoyo del United States Institute of Peace USIP.
Se lee con esperanza en la declaración de la Cumbre de Instancias que “Sin duda la firma del Acuerdo Final de Paz, sus primeros pasos y los impactos políticos e institucionales que ha tenido, ha marcado un viraje profundo en la historia de Colombia abriendo la transición a la terminación definitiva de un largo ciclo de violencia generalizada y conflictos armados”.
Así mismo se resalta el impacto positivo de instituciones derivadas del acuerdo como la Jurisdicción Especial de Paz, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad Convivencia y No Repetición, el Sistema de Alertas Tempranas, la Unidad Especial de Investigaciones de la Fiscalía, el Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia o la Instancia Especial de Mujeres. Solo por mencionar un resultado de la JEP, según la Comisión de Paz “a la fecha se han sometido 11.893 personas, 81% FARC y 18% Fuerza Pública. Hay 7 casos abiertos, incluyendo los de secuestro, falsos positivos, reclutamiento de menores y victimización de la UP”Ante el incremento de las actividades criminales a nivel regional, la Cumbre de Instancias, que tiene una mirada territorial recomienda la “implementación del punto 3.4 del Acuerdo Final de Paz consistente en las garantías de seguridad para las comunidades.
En específico, que se promueva el Pacto Político Nacional con mecanismos obligantes contra el uso de armas y la estigmatización en la política; que se asegure la regularidad de las sesiones de la CNGS de acuerdo al Decreto Ley 154 de 2017 y que se discuta la propuesta de lineamientos de política pública realizada desde la sociedad civil para el desmantelamiento de las organizaciones y conductas criminales que atentan contra defensores/as de derechos humanos y movimientos sociales”.
Este tipo de medidas fortalecería la matriz mediática y de opinión pública que exige la defensa de la vida de los líderes sociales, ambientales de defensores de derechos humanos y de sacar la violencia de la política. Luego de las elecciones presidenciales más seguras en 100 años en las regionales en curso las alertas están disparadas de nuevo.Los retos incluyen desarrollos normativos y una marcada voluntad política del Gobierno Duque.
La Comisión de Paz del Congreso dejó ver como el “57% de las normas requeridas para la implementación del Acuerdo aún están pendientes de trámite en el Congreso de la República” lo que por supuesto retrasa su entrada en vigencia, en puntos fundamentales en materia de participación política y profundización de la democracia como el de las Circunscripciones Especiales de Paz para las regiones más afectadas por el conflicto armado y la reforma política.Así mismo señala la Comisión de Paz que de las inversiones proyectadas para la paz en la administración Duque en su PND “el 41% de los proyectos de paz incorporan programas de política social general, sin ninguna focalización territorial”.
Actualizando este dato Juanita Goebertus puntualizó recientemente que sólamente el 6% de estas inversiones con el título de paz en el PND, está focalizado en los 170 territorios PDET. Si bien cada gobierno se enfrenta a restricciones presupuestales, el Gobierno Duque tiene la posibilidad de pasar a la historia como el líder de la construcción de Paz en Colombia con una mirada a los territorios.
Duque es especialmente importante pues como lo ha señalado el profesor John Paul Lederach del Instituto Kroc, especializado al seguimiento y monitoreo a los acuerdos de paz en el mundo, “el 50% de los países vuelven a la guerra durante los primeros 5 años después de la firma de un acuerdo de paz”. El primer quinquenio es fundamental en la creación de confianza en el proceso, en la inversión en infraestructura en los territorios afectados por la guerra y en la creación de símbolos para la reconciliación.
En la Cumbre de Instancias se discutía que en materia de inversiones para la paz es posible ir a la banca internacional, profundizar el papel de los organizaciones internacionales y liderar nuestro propio plan Marshall, flexibilizar la regla fiscal e incluir una política especial de bonos e impuestos de paz al sector financiero.
Las alertas están sobre la mesa y requieren acciones concretas para ampliar y fortalecer la presencia del Estado en los territorios más afectados por el conflicto armado. No es tiempo de vacilar, si en temas tan importantes como el de la sustitución de cultivos de uso ilícito, de las 99.097 familias vinculadas al programa de sustitución, el 94% cumplió con la erradicación concertada, no es posible que tan solo el 0,7% han tenido acceso a proyectos productivos.
Como señala la Comisión de Paz “para lograr la estabilización del territorio y el cumplimiento de las metas del Acuerdo deberíamos estar invirtiendo por lo menos 4,67 billones al año y (…) estamos invirtiendo al año en los PDET, el 1.2% de lo que deberíamos estar invirtiendo”.Presidente Duque, las propuestas también están sobre la mesa con un pueblo y una generación de paz que que no se rinde y está convencida de las transformaciones profundas que merece el país. Además cuenta usted con el respaldo decidido de la cooperación internacional. Es tiempo de afirmar con acciones que el tiempo de los señores de la guerra terminó!
*Director de Construcción de Paz del Tanque de Pensamiento Al Centro.
