Sep 15, 2019 | Columnas de Opinión, Sebastián Zapata Callejas
Por: Sebastián Zapata Calleja*
@sebastianzc
Lo que nació a finales del siglo XX como una solución a la disminución del uso del marfil y, por ende, como una medida para la preservación de algunos animales, más concretamente los elefantes, ha encaminado a la humanidad a uno de los flagelos contemporáneos más delicados que ha tenido como especie: la Edad del Plástico.
La Edad del Plástico, como de su nombre se puede inferir, se caracteriza por el uso excesivo por parte de los ciudadanos del planeta de tal material. Uso excesivo que, combinado con la poca contundencia en las medidas tomadas por los gobiernos, entes trasnacionales y multilaterales, ha llevado a que el plástico se convierta en un tema de primer orden en la opinión pública global.
Solo por mencionar algunas cifras, según estudios la problemática es tan preocupante que el 100% de los peces que se consumen en el continente europeo contienen residuos de micro plástico; en el océano hay más de 150 millones toneladas de desechos plásticos; para el 2050 van a existir más plásticos que peces en los océanos; cada persona en el planeta produce en promedio 40 kilos de residuos de plástico al año; y, en la actualidad hay más de 30000 tipos de plásticos de los cuales muchos de ellos no tienen posibilidad de reutilizarse.
Cabe resaltar que un punto de quiebre a la hora de abordar el asunto del plástico, es que existe una tipología del mismo mucho más dañina que el resto, son los plásticos de un solo uso. Estos son más problemáticos porque como su nombre lo indica, son los plásticos que se utilizan una sola ocasión, lo que aumenta per se el detrimento ambiental.
Tal vez es por esto que las mayorías de acciones gubernamentales como ciudadanas van orientadas a la contingencia del plástico de un solo uso. En Colombia, se han puesto en marcha algunas acciones, como es el impuesto de 40 pesos a las bolsas plásticas y el Proyecto de Ley 175 de 2018 que busca prohibir la fabricación, importación, venta y distribución de plásticos de un solo uso. Parecieran estas medidas ser un punto de partida incipiente, pero a la vez positivo para el país que más plástico arroja al mar caribe.
Sin embargo, las gestiones a nivel local, regional y mundial contra el consumo del plástico de un solo uso, y en general del plástico, son limitadas en proporción a la magnitud que representan los daños ambientales que trae consigo este compuesto para la humanidad. Dicha ausencia de acciones se justifica, según algunas interpretaciones, por el falso dilema que se propone entre la economía circular versus la implementación de medidas prohibicionistas.
En este punto, la solución pareciera ser de voluntad política. Basta poner en marcha, por un lado, modelos de economía circular en los escenarios que se prestan para ello– hay plásticos que como se sabe no se pueden reutilizar, mientras otro grupo si–. Por otro lado, deben tomarse medidas drásticas en materia de prohibición, que estén acompañadas de acciones de innovación y alternativas productivas para aquellos sectores y personas que se vean afectados por las prohibiciones.
Para cerrar, por qué no materializar por fin la implementación de un verdadero acuerdo trasnacional -en el que Colombia tome un papel protagónico- que tienda a realizar políticas concretas para revertir las consecuencias negativas que trae consigo la Edad del Plástico. Es hora de que los gobiernos tomen una real consciencia de los daños ambientales, sociales, económicos y de salud que trae consigo la utilización excesiva de tal material, los cuales son incuantificables.
*Columnista Invitado del Tanque de Pensamiento Al Centro
Sep 13, 2019 | Columnas de Opinión, Construcción de Paz, Jorge Andrés Forero
Por: Jorge Andrés Forero González*
@AchioteCo
A pocos meses de los 3 años de la firma del acuerdo de paz entre el Estado colombiano y la guerrilla FARC-EP, hay que reconocer que el país tiene una sociedad civil activa que sueña, exige y está construyendo un mito fundador como nación más allá de la guerra. Las pasadas elecciones presidenciales mostraron el respaldo de la sociedad colombiana al sueño de paz e hicieron presión al presidente electo a comprometerse con la implementación de lo acordado. Por su parte con cerca de 12 millones de votos en la consulta anticorrupción liderada especialmente por jóvenes se dejó claro el momento de cambio político que vive el país. Las organizaciones internacionales respaldan ese cambio en medio de una generación esperanzada en otra Colombia posible.
El acuerdo de paz creó más de 40 instancias nacionales y territoriales, en las cuales 21 tienen la participación directa de organizaciones de la sociedad civil. Acompañado de ese liderazgo activo, hemos vivido como nunca el despliegue territorial de las agencias multilaterales y no existe ningún organismo de cooperación internacional o del sistema de Naciones Unidas que no esté respaldando el proceso.
Para seguir profundizando con un análisis de la oportunidad histórica que tiene el país, este escrito recoge miradas y recomendaciones de la Cumbre de Instancias No Estatales derivadas del acuerdo de paz del pasado 5 de septiembre y del documento ¿En que va el acuerdo de Paz a un año del Gobierno Duque” de la Comisión de Paz del Congreso, publicado en julio con el apoyo del United States Institute of Peace USIP.
Se lee con esperanza en la declaración de la Cumbre de Instancias que “Sin duda la firma del Acuerdo Final de Paz, sus primeros pasos y los impactos políticos e institucionales que ha tenido, ha marcado un viraje profundo en la historia de Colombia abriendo la transición a la terminación definitiva de un largo ciclo de violencia generalizada y conflictos armados”.
Así mismo se resalta el impacto positivo de instituciones derivadas del acuerdo como la Jurisdicción Especial de Paz, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad Convivencia y No Repetición, el Sistema de Alertas Tempranas, la Unidad Especial de Investigaciones de la Fiscalía, el Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia o la Instancia Especial de Mujeres. Solo por mencionar un resultado de la JEP, según la Comisión de Paz “a la fecha se han sometido 11.893 personas, 81% FARC y 18% Fuerza Pública. Hay 7 casos abiertos, incluyendo los de secuestro, falsos positivos, reclutamiento de menores y victimización de la UP”
Ante el incremento de las actividades criminales a nivel regional, la Cumbre de Instancias, que tiene una mirada territorial recomienda la “implementación del punto 3.4 del Acuerdo Final de Paz consistente en las garantías de seguridad para las comunidades. En específico, que se promueva el Pacto Político Nacional con mecanismos obligantes contra el uso de armas y la estigmatización en la política; que se asegure la regularidad de las sesiones de la CNGS de acuerdo al Decreto Ley 154 de 2017 y que se discuta la propuesta de lineamientos de política pública realizada desde la sociedad civil para el desmantelamiento de las organizaciones y conductas criminales que atentan contra defensores/as de derechos humanos y movimientos sociales”.
Este tipo de medidas fortalecería la matriz mediática y de opinión pública que exige la defensa de la vida de los líderes sociales, ambientales de defensores de derechos humanos y de sacar la violencia de la política. Luego de las elecciones presidenciales más seguras en 100 años en las regionales en curso las alertas están disparadas de nuevo.
Los retos incluyen desarrollos normativos y una marcada voluntad política del Gobierno Duque. La Comisión de Paz del Congreso dejó ver como el “57% de las normas requeridas para la implementación del Acuerdo aún están pendientes de trámite en el Congreso de la República” lo que por supuesto retrasa su entrada en vigencia, en puntos fundamentales en materia de participación política y profundización de la democracia como el de las Circunscripciones Especiales de Paz para las regiones más afectadas por el conflicto armado y la reforma política.
Así mismo señala la Comisión de Paz que de las inversiones proyectadas para la paz en la administración Duque en su PND “el 41% de los proyectos de paz incorporan programas de política social general, sin ninguna focalización territorial”. Actualizando este dato Juanita Goebertus puntualizó recientemente que sólamente el 6% de estas inversiones con el título de paz en el PND, está focalizado en los 170 territorios PDET.
Si bien cada gobierno se enfrenta a restricciones presupuestales, el Gobierno Duque tiene la posibilidad de pasar a la historia como el líder de la construcción de Paz en Colombia con una mirada a los territorios. Duque es especialmente importante pues como lo ha señalado el profesor John Paul Lederach del Instituto Kroc, especializado al seguimiento y monitoreo a los acuerdos de paz en el mundo, “el 50% de los países vuelven a la guerra durante los primeros 5 años después de la firma de un acuerdo de paz”. El primer quinquenio es fundamental en la creación de confianza en el proceso, en la inversión en infraestructura en los territorios afectados por la guerra y en la creación de símbolos para la reconciliación.
En la Cumbre de Instancias se discutía que en materia de inversiones para la paz es posible ir a la banca internacional, profundizar el papel de los organizaciones internacionales y liderar nuestro propio plan Marshall, flexibilizar la regla fiscal e incluir una política especial de bonos e impuestos de paz al sector financiero.
Las alertas están sobre la mesa y requieren acciones concretas para ampliar y fortalecer la presencia del Estado en los territorios más afectados por el conflicto armado. No es tiempo de vacilar, si en temas tan importantes como el de la sustitución de cultivos de uso ilícito, de las 99.097 familias vinculadas al programa de sustitución, el 94% cumplió con la erradicación concertada, no es posible que tan solo el 0,7% han tenido acceso a proyectos productivos. Como señala la Comisión de Paz “para lograr la estabilización del territorio y el cumplimiento de las metas del Acuerdo deberíamos estar invirtiendo por lo menos 4,67 billones al año y (…) estamos invirtiendo al año en los PDET, el 1.2% de lo que deberíamos estar invirtiendo”.
Presidente Duque, las propuestas también están sobre la mesa con un pueblo y una generación de paz que que no se rinde y está convencida de las transformaciones profundas que merece el país. Además cuenta usted con el respaldo decidido de la cooperación internacional. Es tiempo de afirmar con acciones que el tiempo de los señores de la guerra terminó!
*Columnista Invitado del Tanque de Pensamiento Al Centro
Fuentes: Declaración final y Balance de la Cumbre de Delegados/as No Estatales de Instancias Derivadas del Acuerdo Final de Paz. Disponible en: https://www.conpicolombia.com/2019/09/declaracion-final-de-la-cumbre-de.html
¿En qué va el Acuerdo de Paz a un año de gobierno de Duque? Disponible en: https://www.justiciaypazcolombia.com/en-que-va-el-acuerdo-de-paz-a-un-ano-de-gobierno-de-duque/
Sep 12, 2019 | Columnas de Opinión
Por: Laura Patricia Torres Moreno*
Las normas que se han expedido sobre animales en Colombia no son pocas ni recientes. Desde la pasada década de los 70 el país cuenta con regulaciones que tratan diversos temas relacionados con animales, tanto desde un punto de vista ambiental, al categorizarlos como un recurso natural que debe ser preservado pero que a la vez se encuentra a disposición del hombre para su uso y goce, como desde la perspectiva de su entendimiento como seres individualmente considerados y la necesidad de establecer medidas de protección contra su maltrato.
Sin el ánimo de hacer un recuento exhaustivo de toda la normativa con que cuenta el país en la materia de animales, a continuación, se señalan aquellas que pueden revestir una mayor relevancia para conocer el camino recorrido, entender el punto en el que estamos, y dilucidar cuál puede ser el camino a seguir.
En 1972 se expide la Ley 5, que crea las Juntas Defensoras de Animales en cada municipio del país, las cuales tienen a su cargo “promover campañas educativas y culturales tendientes a despertar el espíritu de amor hacia los animales útiles al hombre y evitar actos de crueldad, los maltratamientos y el abandono injustificado de tales animales”, así como solicitar a los alcaldes municipales la imposición de multas a los responsables de actos de crueldad, maltrato o abandono. Esta Ley fue reglamentada mediante el Decreto 497 de 1973, que contiene un listado de 21 conductas que considera malos tratos hacia los animales, facilitando así la aplicación de las disposiciones de la Ley.
El año inmediatamente siguiente fue expedido el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables (Decreto Ley 2811 de 1974) que incluye a los animales dentro de la fauna como recurso natural renovable y en esa medida, la mayor parte de las disposiciones relacionadas con esta se centran en las actividades de caza y pesca. Así, prohíbe métodos como el uso de explosivos, sustancias venenosas o agentes químicos que causen paralización permanente de los animales, excepto (paradójicamente) cuando se trate de métodos para capturar animales vivos. Igualmente, contiene disposiciones relacionadas con la salud animal, orientadas principalmente a evitar la propagación de enfermedades, animales y humanas.
Ya en 1989 fue expedida la Ley 84 que contiene el Estatuto Nacional de Protección de los Animales, que pretende brindarles una especial protección contra el sufrimiento y el dolor causados directa o indirectamente por el hombre. Sus disposiciones se refieren principalmente a su bienestar, la erradicación y sanción del maltrato y los actos de crueldad, el desarrollo de programas educativos que promuevan su respeto y el cuidado; y establece que toda persona tiene el deber de respetar y abstenerse de causar daño o lesión a cualquier animal y denunciar todo acto de crueldad de que tenga conocimiento. Adicionalmente, contiene apartes dedicados a las diversas actividades en las que se emplean los animales, tales como el sacrificio de animales, su uso en experimentos e investigación, transporte, caza y pesca; y finalmente asigna competencias y crea un procedimiento para investigar y sancionar las conductas allí establecidas como contravenciones.
Posteriormente, se expidió el Código Nacional de Tránsito Terrestre en 2002, llamativo por sus aparentes contradicciones, ya que considera los Vehículos de Tracción Animal como un vehículo de transporte más (como un automóvil o un camión), pero que a su vez establece que no deben dejarse animales sueltos en vías públicas, y en el caso de animales abandonados las autoridades deberán conducirlos al coso municipal1 o a asociaciones sin ánimo de lucro encargadas de su cuidado. Asimismo, señala que cada municipio del país debe contar con su respectivo coso, que debe estar dotado con lo necesario para el alojamiento adecuado de los animales que allí se encuentren.
En 2013, se expide la Ley 1638 que prohíbe el uso de animales silvestres en circos fijos e itinerantes, dando un plazo para aquellos empresarios para adecuar sus espectáculos sin el uso de estos animales, así como entregar aquellos que estuvieran bajo su custodia al momento de expedición de la Ley.
Finalmente se encuentra la Ley 1774 de 2016, que ha marcado un hito en la protección animal en Colombia por distintas causas. En primer lugar, porque define 3 principios rectores que plasman el conjunto de conductas deseables hacia los animales: protección al animal, que incluye el trato respetuoso, solidaridad, compasión, prevención del sufrimiento, erradicación del cautiverio y el abandono, entre otros; bienestar animal, que contiene los mínimos de cuidado que el responsable o tenedor debe proporcionarles2; y la solidaridad social, que es la obligación para el Estado y la sociedad de asistir y proteger a los animales en situaciones que pongan en peligro su vida, su salud o su integridad física.
En segundo lugar, porque eleva a la categoría de delito las conductas relacionadas con el maltrato animal e incluye circunstancias de agravación punitiva al modificar el Código Penal y el Código de Procedimiento Penal, y modifica las competencias y el procedimiento establecidos ya en la Ley 84 de 1989. Adicionalmente, porque crea la aprehensión material preventiva como una medida que permite retener al animal que ha sido víctima (o que se presume lo sea) de maltrato para evitar que se vulnere su bienestar. Y, en tercer lugar, porque modifica el Código Civil, añadiendo un parágrafo que reconoce la calidad de seres sintientes a los animales, aunque sigan estando sometidos al régimen de bienes.
De este modo, en cuanto a normativa se refiere, se puede afirmar que directa o indirectamente el ordenamiento jurídico colombiano ha venido reconociendo a través de los años una serie de deberes de los ciudadanos y el Estado hacia los animales, que reflejan algunos conceptos que cada vez toman más fuerza y se hacen reiterativos: vida, salud, integridad, bienestar, respeto y solidaridad.
Esto se refleja en el actual Plan Nacional de Desarrollo (Ley 1955 de 2019) que ordena al Gobierno Nacional, bajo el liderazgo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible con la participación de otros ministerios y entidades del orden nacional, formular la Política Nacional de Protección y Bienestar de Animales Domésticos y Silvestres, antes de noviembre de 2019. Esta deberá fijar lineamientos para el bienestar de los animales de granja, los que se encuentran en situación de calle, los maltratados, los que son objeto de tráfico ilegal, entre otros, y definirá estrategias, programas y propuestas de normas para la protección animal, que tendrán que versar sobre tenencia responsable, esterilización, centros de bienestar, rehabilitación de fauna doméstica y silvestre, sustitución de vehículos de tracción animal, “con el fin de erradicar en el país toda forma de violencia, crueldad, tráfico y comercio ilegal de animales”.
El reto ahora es grande. El Gobierno Nacional deberá en tiempo récord expedir un documento que dé cumplimiento al mandato de la Ley del Plan Nacional de Desarrollo y que recoja las temáticas que durante los últimos 47 años se han venido plasmando en las normas aquí mencionadas, y todas aquellas que por falta de voluntad política o por exceso de otros intereses han quedado plasmadas como meras excepciones a todas las normas sobre protección animal en el país.
Pero el reto no acaba al expedir un buen documento de política pública. Es necesario que para afrontar de forma integral los problemas en nuestro relacionamiento con los animales converjan las 3 ramas del poder público: el Legislativo ha puesto de su parte al expedir normas que protegen a los animales contra situaciones de maltrato, el Ejecutivo ha apoyado esta labor normativa y ahora debe expedir la política ordenada por el PND, pero es indispensable que el Judicial haga lo propio mediante una correcta ejecución de las funciones a su cargo en esta materia, atendiendo tanto a la normativa vigente como a los pronunciamientos que sobre el particular han hecho algunas de las altas cortes.
De este modo, aunque los avances del país en esta materia pueden parecer insuficientes ante algunos ojos, vale destacar que hoy el debate se encuentra en altas instancias de decisión jurídica, contamos con normas que nos brindan un marco legal que permite proteger a los animales, y hay cada vez más actividad ciudadana para aportar soluciones, aumentando así el número y diversidad de actores interesados en la protección animal. No es un punto de llegada ni una victoria, es un avance, un paso más en la construcción de un Derecho en favor de los animales.
*Columnista Invitada del Tanque de Pensamiento Al Centro
Fuentes:
Coso municipal: Los cosos municipales son establecimientos destinados al albergue o tenencia transitoria de animales callejeros, y su esencia es facilitar el cumplimiento de la función policiva de competencia de los municipios para la vigilancia sobre uso de las vías y del espacio público. Tomado de: https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/SA/lineamiento-funcionamiento-centros-zoonosis-territorio-nacional.pdf
Este principio contiene lo que en 1965, a partir de la Comisión Brambell en Reino Unido, se denominaron “las 5 libertades”: los animales deben vivir libres de hambre, de sed y de desnutrición; libres de temor y de angustia; libres de molestias físicas y térmicas; libres de dolor, de lesión y de enfermedad; y libres de manifestar un comportamiento natural. Pueden consultarse en https://www.oie.int/es/bienestar-animal, y en https://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20121010012427/http://www.fawc.org.uk/freedoms.htm
Sep 10, 2019 | Catalina Ceballos Carriazo, Columnas de Opinión, Cultura
Por: Catalina Ceballos Carriazo*
@Catalizate
Bogotá, ha sido históricamente sede de los grandes acontecimientos culturales y artísticos del país.
El históricamente no es un detalle menor porque afortunadamente ciudades como Medellín, Cartagena y recientemente Cali se pelean ese primer lugar alojando al Premio Gabo, el Ficci y el Mec en Cali.
Esta semana Bogotá vuelve a ser el centro de las miradas y lo más interesante es que gracias a recursos públicos y privados la ciudad será una oferta interminable de exposiciones, talleres, charlas, recorridos que exaltan las artes plásticas (visuales, performáticas, instalaciones) del país y del mundo.
Por un lado, el Salón Nacional de Artistas que llega a su versión número 45, después haber sido inaugurado el primer salón en el año 1940 cuando Jorge Eliecer Gaitán era Ministro de Educación y Eduardo Santos (sí, el mismo que inauguró la radio pública para acercar la cultura a la ciudadanía) era Presidente. Para este año, su director Alejandro Martín escogió para esta versión: “El Revés la Trama”, que pretende que a través de las curadurías se vean una serie de relatos construidos por recorridos y que suponen resultados, pero que el recorrido mismo es un laberinto que expresa necesidades, es decir, resulta conceptualmente lo que cada quien quiera y eso lo hace aún más increíble. Desde carátulas de discos, pasando por videos con los sonidos de un volcán, audios que parecen una meditación, pero en realidad son un tutorial (al menos eso pensé yo). Esto se hace totalmente con recursos públicos del Ministerio de Cultura desde su Dirección de Artes y bajo la Coordinación del área de artes visuales y la Alcaldía de Bogotá.
Desde IDARTES está el Premio Luis Caballero en su décima versión “se trata de ocho proyectos concebidos por el mismo número de artistas y colectivos para transformar y resignificar, en esta oportunidad, la nueva Galería Santa Fe, el Museo de Arte Moderno de Bogotá, el Museo Santa Clara, el Monumento a los Héroes y El Parqueadero del Banco de la República.” Dirigido por la Subdirección de Fomento (Jaime Cerón) y liderado por la Gerencia de Artes Plásticas (Catalina Rodríguez) totalmente financiado con recursos públicos. Yo ya fui a dos, el proyecto de Gabriel Zea en el monumento de Los Héroes y al de María Elvira Escallón en el Museo de Arte Moderno. Lo más increíble, lo mejor de todo, tienen un proyecto que se denomina “La Ruta del Caballero”, una serie de misterios que los menores como mi hija Elisa, deben descubrir en cada espacio para luego ganar un premio. Ver la felicidad de una niña de 9 años recorriendo ese sórdido sótano, mientras que yo me hago preguntas sobre la existencia, no tiene precio. ¿Por favor por qué casi nunca se piensa en los niños en estos espacios de la cultura?
Por otro lado, está la apuesta desde lo privado: ARTBO organizado por la Cámara de Comercio de Bogotá y bajo la batuta de María Paz Gaviria, quien sin duda ha impreso su know how en una feria que antes tenía un aroma donde se exaltaba la oferta y la demanda, hoy expande sus alas a proyectos alternos incluido el de la formación y empuja día a día los fines de semana ARTBO que permiten acercarse a las galerías acabando así con ese tabú de la galería o galerista inalcanzable. Asumir el reto de fomentar el coleccionismo es un reto enorme, yo por mi parte, sin ser coleccionista deseo con ansias poder ver los trabajos de arte contemporáneo latinoaméricano que traerán las galerías Herlitzka + Faria de Argentina, la Elba Benitez de España y el Instituto Visión de Colombia.
Todo estos movimientos en torno a las artes plásticas coinciden en varios aspectos: fomentan la producción artística, fomentan la circulación, permiten la apropiación por parte de la ciudadanía, promueven la formación de públicos, construyen diálogos en torno a las artes y la cultura, invitan a la reflexión de problemáticas actuales (políticas, sociales y económicas) permiten el reconocimiento de espacios no habitados de la ciudad (en particular el SNA y PLC), congregan a todos los grupos socio demográficos, plantean preguntas sobre nuestra sociedad actual. Elevan el espíritu, promueven la diletancia y, por supuesto, al tener componentes como la transacción, la tecnología, las relaciones interdisciplinares se insertan en las economías creativas, que a mi manera de ver expresa mejor a la “Economía Naranja” y que en realidad es y siempre ha sido la producción, promoción, circulación, apropiación de las artes, la cultura, el patrimonio tangible e intangible.
La inversión total entre Ministerio de Cultura y Alcaldía de Bogotá es de 3500 millones de pesos. ¿Cuántas personas se benefician? ¿Cuántos espacios son habitados? ¿Qué calles están siendo circuladas? ¿Cuántos recursos entrarán a la ciudad? Y en preguntas más intimas y sensibles ¿cuántos artistas se van a animar a seguir con sus carreras? ¿Cuántos querrán ser artistas? ¿Cuántos artistas se harán visibles? ¿Cuánto tejido social se construye en torno a las artes? Hagan las sumas y las restas, y verán que vale la pena la inversión.
*Directora de Cultura del Tanque de Pensamiento Al Centro
**Opiniones personales: Lleven a niños y niñas a todo lo que puedan, las ciudades habitadas por los niños son más seguras. Las artes plásticas narran las problemáticas contemporáneas sin necesidad de los odios de twitter. Naveguen el sitio del SNA (https://45sna.com) es una puesta en escena per se .
Sep 8, 2019 | Columnas de Opinión, Nicolás Silva, Tecnologías de la Información
Por: Nicolás Silva
@nicolasmsilvac
En la recta final de las campañas que permitirán el próximo 27 de octubre elegir a nuestros gobernantes locales y regionales, recibimos diversa información de medios tradicionales y redes sociales. Usualmente carecemos de la oportunidad o la voluntad de profundizar en las propuestas concretas que los candidatos plantean para atender las diversas problemáticas existentes.
Respecta de Bogotá, ciudad donde resido desde hace 30 años, las discusiones y las propuestas se enfocan en asuntos considerados prioritarios. En concreto, al revisarse el informe Bogotá cómo vamos 2018, se plantean 5 principales desafíos a abordar: seguridad, movilidad sostenible, mercado laboral, hábitat y medio ambiente. Si bien resulta razonable focalizar las propuestas en estos aspectos, los planes que se proponen para solucionar dichas problemáticas se enfocan en soluciones tradicionales, recurrentes y evidentes.
La perspectiva de búsqueda de soluciones debiera entonces articularse con una visión más innovadora. Para ello las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – TIC representan una herramienta indispensable, al complementar y potenciar dichas acciones tradicionales. La relación entre avance tecnológico y bienestar común ha sido abordada a lo largo de los últimos años alrededor del concepto de “ciudades inteligentes”.
Sin duda Bogotá ha avanzado progresivamente en la incorporación de las TIC como factor de optimización de su gestión. Al revisarse los planes de desarrollo de las 3 últimas administraciones de la ciudad, todos abarcan aspectos tales como la incorporación estas tecnologías para la eficiencia de la administración, la implementación de sistemas de información para sectores específicos como salud, educación y seguridad pública, la gobernabilidad electrónica, así como para el cierre de la brecha digital facilitando su acceso y capacitación a la comunidad.
En la medida en que la tecnología ha avanzado, y bajo una aproximación de construir sobre lo construido, los citados planes de desarrollo fueron incorporando otros aspectos, tales como la profundización en investigación TIC, la producción de información para interacción entre la administración y la ciudadanía y la corresponsabilidad de esta última en la creación de soluciones, la promoción del uso de dichas tecnologías para el emprendimiento y la reglamentación para el despliegue de infraestructura. Se destaca de este proceso la creación en 2012 de la Alta Consejería Distrital de Tecnologías de Información y Comunicaciones –TIC, la cual ha mostrado una evolución y una positiva gestión en las materias citadas.
Reconociendo los avances logrados, el uso de las TIC en la administración de la ciudad es un concepto que evoluciona, y seguirá requiriendo significativos esfuerzos a diferentes niveles. Esto se evidencia en diferentes comparaciones que a nivel mundial se realizan entre ciudades, dentro de las cuales menciono la denominada Cities in Motion 2019, la cual muestra que Bogotá ocupaba la posición 117 entre 174 grandes ciudades del mundo, ubicándose por debajo de varias capitales de América Latina. El informe establece también que la posición de la ciudad se debe, entre otros aspectos, a bajos niveles en materia de adopción tecnológica, resaltando a la vez que la capital colombiana muestra un gran potencial, al estar evolucionando positivamente a gran velocidad.
Es evidente entonces, por una parte, la necesidad de dar continuidad y fortalecer muchas de las iniciativas que vienen de tiempo atrás en materia de incorporación y adopción de las TIC, y a la vez exigir la adopción e implementación de nuevas soluciones soportadas en tecnologías avanzadas, como big data, inteligencia artificial, blockchain e Internet de las Cosas – IoT. Al respecto, una revisión general de los programas propuestos por los actuales candidatos a la alcaldía de la ciudad, permite esbozar (en mayor o menor medida) el planteamiento de soluciones alineadas con estas tecnologías, tales como esquemas de policía predictiva, sistemas de reconocimiento facial, ampliación de estaciones de monitoreo del aire, monitoreo y seguimiento en tiempo real del avance de obras de infraestructura y de mantenimientos en vías, planeación dinámica de rutas de transporte y de brigadas de descongestión, y el análisis de datos para la gestión pública.
Debe tenerse en consideración que la implementación de este tipo de tecnologías, que ya de entrada constituye un gran reto, es solamente una parte de la solución a las problemáticas de la ciudad. Esto por cuanto las mismas deben estar acompañadas de la optimización de los procesos internos de las entidades y de la capacitación de las personas involucradas en su operación. Así mismo, se requieren campañas informativas hacia la comunidad, a efectos de lograr su debida apropiación y aceptación.
Lo anterior implicará ajustes en la visión y el funcionamiento de distintas entidades del Distrito, incluidas las alcaldías locales, y muy especialmente en la Alta Consejería de TIC, dependencia que en línea con lo dispuesto en su informe Bogotá Ciudad Inteligente, debería constituirse, a partir de su capacidad técnica, en evangelizador y articulador transversal, debiendo contar con los recursos económicos y humanos necesarios para tal fin.
El reto es lograr que las propuestas de los candidatos no se queden en buenas intenciones, por lo que será necesario formular planes y proyectos para lograr su efectiva implementación y operación. Así mismo, deberá contarse con acompañamiento permanente para la evolución de dichas soluciones en el tiempo, así como para la medición de los resultados derivados de las mismas. Este último factor es crítico, ya que según el informe Smarter Cities 2025 – Building a sustainable business and financing plan publicado por el tanque de pensamiento ESI ThoughtLab, una de los principales obstáculos identificado por las administraciones de ciudades inteligentes es la falta de certeza del retorno de las inversiones en esta materia.
Finalmente, es necesario tener presente que el uso de las TIC en ningún momento debe dejar de lado el objetivo primordial de su uso, el cual se orienta al bienestar de la ciudadanía. En razón de lo anterior, deberán prevalecer también principios tales como el respeto a la privacidad y el adecuado manejo de los datos.
*Director de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones del Tanque de Pensamiento Al Centro
Sep 4, 2019 | Columnas de Opinión, Diana Pérez, Empresa e Industria
Por: Diana Pérez Forero*
@dianamperezf
¿Sabía usted que los corruptos nos roban cerca de 50 billones de pesos al año?
Según reporte de la Contraloría General de la Nación, esta es la cifra que anualmente se pierde por causa de la corrupción, una cifra que alcanzaría a cubrir el rubro de inversión por 40 billones de pesos del presupuesto general de nación para el 2019.
Casos como Odebrecht, Interbolsa, el cartel de las frutas y pañales, el Plan de Alimentación Escolar, la Ruta del Sol, entre otros, se volvió común en nuestro país, pues es normal ver en el sector público y privado, que sus directivos sean investigados o sancionados penal, fiscal o disciplinariamente por la indebida y deshonesta administración de recursos en detrimento de terceros (nosotros) y del Estado. Sin embargo, lo más preocupante, es que nos estamos acostumbrando a ello, ya que el rechazo social nos dura poco y no se asoman vientos de cambio como sociedad. Esto en sí mismo, debe ser un motivo para hacer frente a este fenómeno, pues en muchos casos se aplica la lógica de la reciprocidad entre ambos sectores para que el “negocio” funcione.
El panorama no es alentador. Por un lado, la corrupción en el sector público no disminuye, y se corrobora con el informe de Transparencia por Colombia 2018, en virtud del cual, el Índice de Percepción de la Corrupción -IPC- que publica cada año Transparencia Internacional, señala que Colombia mantiene desde hace 4 años una calificación de 37 sobre 100 puntos, “siendo 0 (muy corrupto) y 100 (muy limpio)”, esto indica que no ha cambiado la imagen que grupos de expertos tienen sobre el sector público colombiano en cuanto a corrupción. El país cayó 6 puntos desde la última medición, pasando del puesto 90 al 96 entre 180 países, un lugar muy deshonroso pero real. Por otro lado, la corrupción en el sector privado crece a pasos agigantados, según cifras de la Procuraduría, actualmente el 9% de la corrupción es privada, esto implica que se está afectando la competitividad del país e incrementando la desigualdad en el acceso a las oportunidades de mercado por la falta de ética empresarial. Sobre el particular, el Procurador General de la Nación señaló el pasado 5 de septiembre de 2019 en el foro empresarial para los lideres 4.0 lo siguiente: “la corrupción en lo público está estudiada, está diagnosticada, casi que digo que está sobre diagnosticada”, mientras que “la corrupción privada ha sido de alguna manera ignorada y subvalorada”. Al respecto, ¿será que hay más reglas para controlar la corrupción en lo público? Y si así fuese, ¿porqué los índices de percepción de la corrupción en el sector público se mantienen?
La lucha de la ética contra la corrupción no es fácil, algunos consideran que el incremento de la corrupción, se debe a la insuficiencia de leyes para que estos actos sean castigados con severidad, no obstante, la solución no es expedir leyes para garantizar su erradicación definitiva. Con esto, no estoy demeritando los esfuerzos del legislador de atacar este mal social, se requiere además una verdadera aplicación de la misma mediante procesos expeditos a fin que los agentes del estado puedan investigar y sancionar de manera efectiva estas conductas, teniendo en cuenta que los corruptos sofistican rápidamente sus métodos para eludir la justicia, a través de artimañas jurídicas, financieras y políticas. Adicional a lo anterior, debemos considerar que gran parte de la corrupción se debe a la ausencia de valores tales como la honestidad, justicia y respeto por el otro, ya que no podemos concebir una sociedad por más educada que sea, si no ha sido formada con valores.
El “ideal” sería que no existiera la corrupción, sin embargo, la tendencia es global y como el mal sigue creciendo, se debe hacer frente a esta situación desde el punto de vista legal, razón por la cual, los órganos de control y la rama legislativa están haciendo grandes esfuerzos para ello, por ejemplo, el proyecto de ley sobre probidad administrativa comenzará a debatirse en el mes de noviembre, y el proyecto de ley de control fiscal que ya fue aprobado. Adicionalmente, se hace necesaria la actualización del régimen de competencia, así como poner en marcha la interoperabilidad que permita compartir la información entre entidades públicas y privadas, de cara a que las entidades de control puedan actuar con diligencia y eficiencia.
Ahora bien, no todo puede quedar en manos del Gobierno esperando que las ramas del poder actúen de manera reactiva, sino que se requiere además del compromiso de los empresarios, sus órganos de dirección y demás stakeholders de actuar con transparencia y ética empresarial. Por lo tanto, es indispensable la correcta implementación del programa de compliance, el cual no se agota con un código de ética o código de buen gobierno corporativo (que resultan copia de otras), ni publicando sus informes de gestión en las páginas web, pues solo sería un saludo a la bandera. El adn del compliance está en el buen comportamiento interno de toda empresa de cara a sus stakeholders, y debe estar alineado con la ética como factor fundamental de la competitividad. En ese orden, se deberían incrementar los mecanismos de control independientes, contar con regímenes de prevención y sanción, hacer uso de la tecnología aprovechando la transformación digital para detectar esas personas con tendencia a la corrupción, empoderar a los grupos de interés a que denuncien sin miedo, entre otras prácticas y procesos para que los hechos de corrupción no se filtren al interior de las empresas.
Por último y sin ser menos importante, como ciudadanos también debemos aportar en esta lucha, dejando atrás conductas indebidas como colarse en una fila o sobornar a un policía de tránsito, que afectan el entorno en sociedad, y nos impide exigir transparencia de los demás. El debate está abierto, y el llamado es a reflexionar sobre nuestro actuar, e invitar a no tolerar y denunciar cualquier acto considerado indebido o corrupto. En palabras de Matthai Quelle, filosofo alemán, “El verdadero problema ético no es la moral, sino la acción individual”, es decir, también está en nuestras manos hacer que las cosas pasen, con el fin de fortalecer las instituciones y evitar que se siga afectando el desarrollo y crecimiento de la economía del país por culpa de la corrupción.
*Directora de Empresa e Industria del Tanque de Pensamiento Al Centro
