Nuevo enfoque regulatorio para las plataformas tecnológicas

Nuevo enfoque regulatorio para las plataformas tecnológicas

Por: Germán Dario Arias Pimienta

La Comisión Europea define las plataformas tecnológicas como “Empresas que operan en mercados de dos o múltiples partes, que utilizan Internet para facilitar las interacciones entre dos o más grupos de usuarios distintos pero interdependientes, a fin de crear valor al menos para uno de esos grupos”, lo que implica nuevos modelos de negocio y sustitución de algunos existentes como ha pasado a lo largo de la historia.

Los nuevos mercados digitales se sustentan en tres elementos: Unos usuarios que demandan uno o varios servicios, unos proveedores que ofrecen uno o varios de ellos y una plataforma que se encarga de unir oferta con demanda a cambio de un precio que puede ser cero, una comisión, o cualquier otro tipo de remuneración que se acuerde entre las partes, como es por ejemplo el uso de datos de usuario.

Estas nuevas dinámicas implican grandes retos para hacedores de política y reguladores, dado que los modelos de intervención tradicionales construidos sobre una teoría económica clásica, parecen no funcionar en la economía digital. Este fenómeno ha sido estudiado por prácticamente todos los organismos multilaterales como la OCDE, la UIT, el Banco Mundial, la CEPAL, etc., quienes coinciden en varios elementos, de los cuales quiero resaltar los siguientes:

  • Es necesario revaluar los modelos de intervención en la economía dado que las dinámicas de las plataformas digitales son distintas a las de los negocios tradicionales. Ejemplo de ello es la definición de precio que puede ser incluso cero, cuestión que podría despertar sospechas desde la óptica de la regulación tradicional (Subsidios cruzados, precios predatorios, etc.), sin embargo, el análisis de los precios ha llevado a construir nuevas metodologías de definición de mercados relevantes y poder de mercado, entre otros aspectos.
  • Los Gobiernos no pueden pretender regular las plataformas basados en normas existentes, por lo tanto es necesario crear nuevas reglas que privilegien la innovación, los nuevos modelos de negocio, la transparencia y la protección de los intereses de los consumidores.
  • Históricamente el desarrollo tecnológico ha tenido efectos en la economía, sin embargo, la respuesta no puede ser frenar la innovación por proteger intereses particulares. Es necesario buscar el equilibrio y mecanismos de transición que minimicen los posibles efectos negativos.
  • El aprovechamiento de la cuarta revolución industrial comienza por un cambio cultural, en especial en el gobierno, dado que finalmente es el gobierno quien define las políticas públicas.
  • La economía digital es global por naturaleza, lo que implica que se requieran soluciones integrales y coordinación internacional más allá de las fronteras físicas.
  • Las estructuras de intervención de los estados donde prima lo vertical sobre lo horizontal no funciona en la economía digital, que por naturaleza es transversal a todos los sectores, por lo tanto es necesaria la creación de mecanismos de coordinación interinstitucional o incluso de nuevas instancias para la toma de decisiones.

En este sentido, causa un poco de preocupación ver como actualmente en el Congreso de la República cursan sendos proyectos que pretenden regular las plataformas tecnológicas de transporte, donde el elemento común (Con excepción de un proyecto) es pretender aplicar las reglas de los negocios tradicionales a los nuevos negocios, que como lo dije anteriormente, es un error que nos llevaría a conseguir resultados sub-óptimos, freno a la innovación y no reconocimiento de los intereses de los consumidores.

En estos proyectos se pretende que los vehículos que presten servicios de transporte tengan un tratamiento similar a los de los taxis tradicionales, cuando lo correcto sería que los taxis tradicionales tengan un nuevo tratamiento para que puedan competir con los nuevos modelos de negocio. No se consiguen los mejores resultados regulando los nuevos modelos sino desregulando los existentes.

Reconozco que existen retos relacionados con las cargas públicas del servicio tradicional, el pago de cupos, seguridad social, etc., a los que se les debe buscar una solución, pero ésta no puede ser la protección de un sector que por más de 50 años ha podido beneficiarse de las barreras artificiales del negocio, como es el cobro de cupos millonarios por cada carro que pretenda prestar el servicio público de transporte de pasajeros.

Soluciones como el cobro de un porcentaje de los ingresos para la creación de un fondo de modernización parece sano, buscar la desregulación y modernización de las reglas de prestación del servicio de taxis también, incluso la obligación de un registro y contar con seguros para la protección de los pasajeros es necesario, pero pretender que la operación de las plataformas tecnológicas tenga que regirse por las mismas reglas que hoy aplican al servicio de transporte, no solo es anacrónico, sino que riñe con las mejores prácticas y especialmente, no reconoce los intereses de los consumidores, quienes piden a gritos mejores servicios, más accesibles y donde ellos tomen las decisiones respecto de quien les presta el servicio, en que condiciones  y a que costo.

La cuarta revolución industrial ya está aquí, con grandes beneficios para las empresas y en especial para los ciudadanos, por lo tanto pretender frenar el desarrollo con reglas que no reconocen la nueva realidad, nos puede traer graves consecuencias, tanto en términos de crecimiento económico, como en bienestar de la población.

*Columnista Invitado

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Nuevo enfoque regulatorio para las plataformas tecnológicas

La verdad y la justicia, un campo de batalla

Por: Daniel Albarracín

 

«La primera víctima cuando llega la guerra es la verdad», es una frase atribuida al senador Hiran Johnson en 1917 o al dramaturgo griego Esquilo hace 2.500 años. Y en Colombia, dicha frase aplica para tiempos de guerra y parece que también para el post-Acuerdo. En tanto la verdad, y de la mano la justicia –transicional-, la reparación y la no repetición siguen siendo objetivo de quienes les incomoda el actual proceso para la construcción de paz con justicia social.

Para entender esta situación y lo que ha sucedido últimamente, permítanme recorren un poco de historia que nos dé un contexto al respecto, para adentrarnos en las dificultades para la implementación del Punto 5 de Víctima y como tal del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR) con sus dos instituciones clave como la Justicia Especial para la Paz (JEP), la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad (CEV) y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD).

Entonces, si bien han existido ciertas prácticas culturales que regulan los conflictos y establecido rutas para su resolución es con las confrontaciones de los siglos XIX y XX, que la comunidad internacional toma una posición al respecto por medio del Derecho Internacional Humanitario (DIH), en prima instancia. Serían las Naciones Unidas, entre otras organizaciones internacionales, la que se encamine a hacer posible la paz, con desarrollo y el goce efectivo de los Derechos Humanos.

Los tribunales de justicia han tomado relevancia desde Nuremberg con el Estatuto de Roma en 1997 y la Corte Penal Internacional (no confundir con la Corte Internacional de Justicia), que promueven la implementación de mecanismos de justicia transicional que eviten la impunidad y procuren por la verdad. Esto mecanismos pueden tener un complemento extrajudicial, como las Comisiones de la Verdad (de Esclarecimiento o Históricas) que aporten al entendimiento de las causas, dinámicas, actores e implicaciones de los diferentes conflictos (como Sudafrica, El Salvador, Brasil, Perú, etc.)[1].

Por otro lado, las experiencias nacionales sobre el entendimiento del conflicto, desde la academia o la institucionalidad, se siguen realizando en medio del conflicto armado y social; por lo cual una u otra aproximación puede tener cierto sesgo. Y es que no es para menos, la disputa por cómo se registra una situación histórica, más un conflicto como el colombiano, implica profundizar en ciertas interpretaciones dejando de lado otras. Esta profundización debe apuntar a resignificar a las víctimas y dar claridades a la sociedad sobre los casos más significativos.

En Colombia, esta disputa se ha profundizado con la implementación del SIVJRNR y el inicio del gobierno Duque en 2018. Con frases como “volver trizas ese maldito papel que llaman el Acuerdo Final…” o “acaso vamos a permanecer contemplativos frente a una institucionalidad ilegítima originada en unos acuerdos ilegítimos…”[2] de figuras de los partidos de Gobierno, o trinos como “Es que la JEP es la “espada de Damocles” de las guerrillas y sus amigotes contra las Fuerzas Militares de Colombia” del actual Director del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH)[3], se evidencia una oposición a instituciones judiciales (JEP) y extrajudiciales (CEV y UBPD) fundamentales para la construcción de Paz.

El Centro Democrático, con Duque como presidente, ha procurado cumplir con estas banderas de campaña. Lo cual se refleja en que para el 2020, según el portal PACIFISTA[4] la inversión a los diferentes proyectos del Acuerdo es tan solo del 0.8% del PIB, siendo que el compromiso estaba sobre el 10%. Así mismo en el Plan Nacional de Desarrollo (2018-2022), el tema de paz quedo por fuera de las 10 prioridades de inversión. Por otro lado, Alejandro Rodríguez advirtió en 2019 sobre la reducción del presupuesto para la ANT y la ART instituciones fundamentales para el cumplimiento del primer punto[5] de Acuerdo.

En ese sentido, el informe del Instituto Kroc[6] en relación al avance de punto 5 (Víctimas), en el que está la JEP y la CEV, tan solo se han completado el 21% de las disposiciones y el 29% no se han iniciado[7]. Lo cual implica un rezago en el cumplimiento a las víctimas núcleo de los Acuerdos y una apropiación por parte de ciertos sectores políticos para fines electorales.

Pero esta disputa también se da en redes sociales, como Twitter, en dónde según el trabajo de Valeria Cortés (periodista de El Espectador) sobre los bots contra la JEP, “Solo el 5 % de los usuarios produjeron contenido original, el 95 % restante se dedicaron a propagar el mensaje de esta minoría”[8]. Pero la Comisión de la Verdad, también ha sido objeto de calumnias por parte diferentes personalidades, entre ellas el exministro de defensa Juan Carlos Pinzón con acusaciones como que “mayoría de comisionados registran afinidad ideológica o nexos con grupos armados”; sin aportar prueba alguna.

Y ante la solicitud de rectificación por parte de la Comisión, el exministro profundizó en sus ataques a la falta de representatividad, desconociendo el proceso que realizó el comité de escogencia compuesto por designados de la Corte Suprema de Justicia, el secretario general de Naciones Unidas, de las Universidades, del Tribunal Europea de DDHH y el Centro Internacional para la Justicia Transicional[9]. Y no siendo suficiente con las calumnias del exministro, una periodista de la Revista Semana definió la ideología de los comisionados como de izquierda por defender los DDHH[10] (minuto 7:10).

Vale anotar que ante las difamaciones del Exministro y de algunos grupos políticos, se han dado muestras de apoyo y respaldo de víctimas y organizaciones, por destacar una de ella la que hizo la Comisión Interétnica de la Verdad del Pacífico-CIVP, que articula a más de 30 organizaciones étnico-territoriales de pueblos indígenas y afrocolombianos, a favor la JEP y la CEV.

La construcción de paz implica reconocer las causas históricas del conflicto, sus actores y dinámicas, así como el compromiso de los victimarios (institucionales y extra-institucionales

 

[1][1] Se destaca el caso brasileño puesto que al informe de una Comisión no oficial, sobre las violaciones de Derechos Humanos durante la dictadura, que se tituló “Brasil nunca mais” las Fuerzas Militares presentaron su informe Brasil Siempre buscando “justificar su accionar”. (Millan, 2014).

[2] https://www.youtube.com/watch?v=vIRJK2d84-8

[3] https://cuestionpublica.com/trinos-dario-acevedo-director-centro-memoria-historica/

[4] https://pacifista.tv/notas/presupuesto-2020-duque-recursos-paz-implementacion-acuerdo/

[5] http://blogs.eltiempo.com/no-hay-derecho/2019/10/11/una-paz-austera/

[6] Instituto de la Universidad de Notre Dame que hace un segimiento al proceso de implementación del Acuerdo Final

[7] http://peaceaccords.nd.edu/wp-content/uploads/2020/06/200630-Informe-4-final.pdf

[8] https://www.elespectador.com/colombia2020/justicia/jep/hay-una-bodeguita-uribista-contra-la-jep/

[9] https://www.comitedeescogencia.com/#

[10] https://twitter.com/RevistaSemana/status/1283835033422372865

*Miembro Dirección de Contrucción de Paz

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El nuevo chip de la educación

El nuevo chip de la educación

Por: Carlos Ramírez

 

A finales de abril de 2020, Liliana María Guaca, escribía para Al Centro una columna donde presentaba dos claves para el desarrollo en la educación en el país. Primero, educar constantemente a los docentes para que transmitan conocimiento actual a sus alumnos. Segundo, acercar la educación a la población por medio del gobierno y no solo esperar que esta se movilice hacia las enseñanzas.

Posteriormente en junio otras perspectivas llegarían a complementar y ampliar los horizontes entorno a la educación y el mundo digital.

Jairo Gómez, Director de Bienestar Escolar de Al Centro, presentaba en su video-columna los retos a afrontar de cara al regreso presencial de las clases en cientos de colegios privados desde el primero de Agosto, haciendo énfasis en la transformación metodológica de la enseñanza.

Por otro lado, Diego Tovar, presentó varios puntos interesantes sobre las transformaciones empresariales en medio de la pandemia. De las múltiples buenas ideas planteadas, rescato el cambio de la mentalidad victimizadora a la de responsabilidad personal por nuestro propio futuro,  la inequidad como reto primordial que debe superar la civilización y las nubes de Clowdworking, propias de la sociedad 5.0.

Durante el mismo mes, Carlos Avilán, mostró una radiografía reveladora respecto a la situación de conectividad a nivel nacional y global. Para mencionar algunas cifras, cerca de 23.8 millones de colombianos no tienen conexión a internet en el país y aproximadamente 3.700 millones de personas en todo el mundo carecen de acceso a este servicio, que para muchos de nosotros es equiparable en prioridad al agua, la comida o la electricidad.

Ya para Julio, el director de Tecnologías de la Información para Al Centro, Juan José Ramírez, hacía un repaso por las iniciativas del gobierno en términos de cobertura de internet y sus avances, así como el camino pendiente a recorrer para realmente lograr una transformación de impacto por medio de las herramientas digitales.

Todas estas ideas parecen encontrarse en un lugar común y es la necesidad de revolucionar el sistema educativo pensando no solo en cubrir las necesidades esenciales, como enseñar a leer, resolver ecuaciones matemáticas o aprender inglés, sino en ofrecer herramientas para que nuestros ciudadanos compitan, y desde muy jóvenes, a escala global.

Estamos frente a una gran oportunidad para dejar de enseñar cápsulas de conocimiento destinadas exclusivamente a pasar exámenes y subir en los rankings. Es vital evolucionar enseñando ideas contextualizadas que se puedan aplicar, y rápido, en el mundo real dando paso a la experimentación.

Es empezar a premiar los fracasos excelentes y quitarle peso a los éxitos mediocres. Los fallos constantes son la constante del mundo digital y eso lo puede ver cualquiera cuando, frente a su computador, escribe su primera línea de código: hello world.

Ante esto, las universidades tradicionales deben cambiar a velocidades que antes del COVID no hubieran considerado.

Ya no compiten entre sí en las capitales. Compiten con plataformas globales que por una fracción del costo de un semestre universitario enseñan conceptos prácticos y aplicables, que una persona puede dominar en cuestión de semanas. Además te dan certificado.

Colombia es un país tradicionalmente exportador de materias primas. 70% de nuestro PIB depende del petróleo. La industrialización a nivel del primer mundo está lejos de ser el camino más eficaz para hacer de un país pobre pero rico en recursos naturales, un país competitivo.

La respuesta real está en tener ciudadanos educados en herramientas digitales, cuyo mercado abarca el planeta entero ofreciendo soluciones tecnológicas de primer nivel. Un activo, si así se puede considerar, que solo requiere implantar por medio de la educación moderna la semilla que produzca la motivación necesaria para nunca parar de aprender.

Este cambio incluso puede repercutir en la eficiencia del tiempo para los profesores, quienes dejarán de estar de alguna forma presos de las clases sincrónicas, a poder dejar su conocimiento en video y adelantar sus investigaciones y proyectos en paralelo.

Esta no es una columna de indignación, es de esperanza. Esperanza para millones de colombianos en condición de pobreza, que por un costo mínimo y sin incurrir en desplazamientos costosos a las urbes pueden adquirir el conocimiento del mundo y competir a escala global.

Si hay algo bueno que la pandemia produjo en la civilización ha sido acelerar, en todo el mundo, los cambios proyectados en décadas antes de la emergencia.

La diferencia la marcarán entonces las naciones que menos se llenen de excusas y se muevan de forma ágil, pasando de hablar de tendencias, a liderarlas y materializarlas.

 

FUENTES

Guaca, M. (2020) Claves para avanzar en el mejoramiento de la calidad educativa en las regiones.

Recuperado de https://www.alcentro.co/claves-para-avanzar-en-el-mejoramiento-de-la-calidad-educativa-en-las-regiones/

Gómez, J. (2020) Volver a clases después de la pandemia. [Archivo de video]. Recuperado de https://www.alcentro.co/volver-a-clases-despues-de-la-pandemia/

Tovar, D. (2020) Transformación organizacional, retos e impactos después del COVID. Recuperado de https://www.alcentro.co/transformacion-organizacional-retos-e-impactos-despues-del-covid/

Avilan, C. (2020) La brecha digital en Colombia como una oportunidad. Recuperado de https://www.alcentro.co/la-brecha-digital-en-colombia-como-una-oportunidad/

Ramírez, J. (2020) Una nueva visión para la transformación digital. Recuperado de https://www.alcentro.co/una-nueva-vision-para-la-transformacion-digital/

*Miembro Dirección Emprendimiento

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Ruralidad, calidad educativa y reclutamiento forzado

Ruralidad, calidad educativa y reclutamiento forzado

Por: Juanita Peñuela Cadavid

La pandemia por la que actualmente está atravesando el mundo ha puesto en evidencia las realidades de inequidad en distintas esferas de la sociedad. Una de ellas ha sido en la educación, especialmente debido a las dificultades de acceso y conectividad de miles de niños, niñas y adolescentes (NNA) que viven en zonas rurales o cascos urbanos periféricos en el territorio colombiano. Sumado a ello, en el país las dificultades para alcanzar a esta población se profundizan debido a las constantes y cambiantes dinámicas del conflicto armado interno que no ha entrado en cuarentena.

Es necesario aclarar que si bien Colombia ha sido testigo de más de un acuerdo de paz[1] el conflicto armado interno permanece en las regiones, con distintas dinámicas y reconfiguración de actores. Como lo expresa el Centro Nacional de Memoria Histórica, en su documento ¡Basta Ya! Memorias de guerra y dignidad, “desentrañar las lógicas de la violencia contra la población civil es desentrañar también lógicas más amplias de la guerra: el control del territorio y el despojo de tierras (…) la victimización de las comunidades ha sido un objetivo en si mismo, pero también ha sido parte de designios criminales más amplios de los actores de la guerra” (pp. 15)

Por lo anterior, las declaraciones de la senadora Sandra Ramírez sobre las cuales afirma que las FARC-EP no reclutaron menores desconocen el contexto del país y no reconocen a las víctimas ni la realidad de los NNA del campo colombiano. Además, sin mencionar que, en su caso, el ingreso a las FARC-EP fue a la edad de 17 años[2]. Según cifras de la Defensoría del Pueblo, un 87,5% de los departamentos del país presentan alertas de riesgo por reclutamiento de menores [3]. Además, el Registro Único de Víctimas reconoció que desde 1985, la cifra de menores reclutados por grupos armados ilegales es de un poco más de ocho mil menores, una realidad alarmante que no da tregua, pues cifras entregadas por la Coalición contra la vinculación de niñas, niños y jóvenes al conflicto armado en Colombia (COALICO) confirman que solo en el 2019 el número de menores reclutados ascendió a los doscientos.

Entonces, ¿por qué hablar de reclutamiento de menores a la luz de la calidad educativa? Mucho se ha hablado respecto al derecho a la educación en Colombia y hoy se habla sobre la necesidad de llegar con dispositivos y conectividad a quienes no tienen acceso a las clases virtuales que en sus instituciones educativas se han venido adelantando por la situación de emergencia sanitaria que se vive en el país. Y aunque resulta necesario llegar a estas regiones con conectividad, este tipo de medidas deben realizarse dentro del contexto y la realidad en la que viven los NNA que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad en el país.

Las realidades del campo colombiano y de cascos urbanos pequeños o ubicados en límites periféricos contrastan con las de las grandes urbes. Las primeras se caracterizan por ser espacios profundamente impactados por la desigualdad social fruto de la violencia estructural del país y a su vez por dinámicas del conflicto armado interno como desplazamiento forzado, confinamiento y reclutamiento a menores. Ello, dificulta el acceso a servicios cobijados dentro de los derechos fundamentales como el de la educación. De ahí, que iniciativas como el proyecto de Escuelas Radiofónicas adelantada por la Acción Cultural Popular (ACPO) a finales de la década de los 40 en Boyacá sea tan representativa, pues puso en la opinión pública la precariedad educativa en estas zonas del país.

Y aun así, no dejan de surgir interrogantes como ¿por qué los menores están “disponibles” para el reclutamiento? ¿Por qué las cifras que han logrado obtener organismos como COALICO o las llegan a los cientos de niños reclutados en tan solo un año? ¿Cuáles son las condiciones socio-económicas bajo las cuales viven los NNA que terminan enlistados en estos grupos? ¿Podría la educación de calidad contribuir a mitigar el reclutamiento de menores en las regiones rurales y cascos urbanos periféricos de Colombia?

Si bien no se puede desconocer que históricamente las escuelas y su comunidad educativa (especialmente profesores y estudiantes) se han visto afectado por dinámicas propias de la violencia directa como afectaciones físicas y fuego cruzado, generando las condiciones para el desplazamiento forzado y el reclutamiento de menores, no se puede desconocer el potencial que esta tiene como espacio físico y comunitario para la construcción de paz local y el empoderamiento de agentes fundamentales para la misma como lo son los NNA.

Vale la pena analizar casos internacionales como los de Ruanda y Sierra Leona que nos dan indicios sobre como las políticas para el posconflicto le apostaron a calidad educativa (formación docente, estructura curricular y pedagogías contextualizadas) que tuviera en cuenta los contextos locales y los impactos que el conflicto había tenido en cada uno de ellos para contribuir a mitigar las dinámicas violentas. Partieron del reconociendo de la educación como una herramienta de transformación de realidades sociales como la violencia estructural que alimenta los conflictos armados de estos países, así como el colombiano.

Por ejemplo, en Ruanda trabajaron con “4R’s”[4]: redistribución, reconocimiento, reconciliación y representación; cuatro aspectos que le permitieron al Ministerio de Educación diseñar su marco conceptual y teórico para adelantar reformas educativas contextualizadas y tendientes hacia la construcción de paz. Así, la educación rural trascendió del marco curricular académico, no porque este fuera menos importante, sino porque entendieron que debe ir de la mano de una priorización de la agencia del profesorado y los estudiantes, así como de la verdad y la reconciliación como elementos de calidad educativa fundamentales.

Es por esto que las declaraciones de la senadora Ramírez no pueden ser tomadas a la ligera, en especial por las denuncias recientemente realizadas por El Espectador sobre el silencio de los grupos armados ilegales frente al reclutamiento, pese a ser una práctica aún recurrente en el país. Más aún cuando en el artículo 2 del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y duradera se expresa que “los delitos de lesa humanidad (…) la sustracción de menores, el desplazamiento forzado, además del reclutamiento de menores, de conformidad con lo establecido en el Estatuto de Roma” no serán objeto de amnistía o indulto.

Por eso, cuando en el país se habla de mejorar la calidad educativa y se menciona que esta es un derecho de los NNA, no se debe olvidar que este servicio debe estar contextualizado dentro de un marco de posconflicto en medio de un conflicto aún vigente. Se debe entender como una herramienta que tiene el potencial de contribuir a mitigar algunas de las violencias estructurales que llevan a que los NNA terminen en manos de grupos armados ilegales, casi como si no tuvieran otra opción.

 

 

[1] M19 en 1990, en 1991 con el Ejército Popular de Liberación (EPL) y el Movimiento Armado Quintín Lame (MAQL), en 1994 con la Corriente de Renovación Socialista (CRS) y el Frente Francisco Garnica de la Coordinadora Guerrillera, en el 2005 con las Autodefensas Unidas de Colombia y en el 2016 con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP), entre otros.

[2] Al respecto, es importante aclarar que la Corte Constitucional, mediante el auto 251 de 2008 afirmó que jurídicamente la voluntad del menor para el caso del reclutamiento es inexistente, razón por la cual se define como víctima del delito en mención.

[3] Prevención del reclutamiento de niños, niñas y adolescentes. Análisis de la política pública con enfoque étnico. Defensoría del Pueblo

[4] Para más información ver: https://pdfs.semanticscholar.org/3499/e1cffebaa75e899d465d99a1c087c33bcfea.pdf

*Miembro Dirección de Construcción de Paz

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Müüücho trabajo, enfoque y un poquito de terquedad.

Müüücho trabajo, enfoque y un poquito de terquedad.

Por: Raíssa João, Co Fundadora de Vaki.co

3 ingredientes clave en la historia de nuestro emprendimiento con Vaki; hoy plataforma líder del crowdfunding en Latinoamérica.

 

Cuando decides emprender, todos los que están a tu alrededor siempre suelen tener opiniones respecto a cómo lo que estás intentando puede que no funcione, qué deberías hacer mejor, por qué no mejor irte por A o por B.

Los que logran salir intactos de la lluvia de comentarios y sugerencias, coincidencialmente, son los más exitosos. Es así como en nuestro camino con Vaki, confirmamos una máxima: los emprendedores somos tercos y es necesario serlo.

Cuando lanzamos Vaki -antes lavaquinha.com- en 2016, llegamos a disfrutar del éxito con nuestros primeros usuarios en nuestra etapa de retención del producto viable mínimo (MVP).

Sin embargo, seguíamos escuchando en todos los eventos en los que participábamos que el crowdfunding en Colombia no funcionaba. ¨Otros ya lo han intentado y fracasan¨, ¨el problema es que los Colombianos no son solidarios¨, ¨mejor hacer otras cosas ¡esas si funcionan!”, decían.

Mientras tanto, la velocidad de nuestro crecimiento aumentaba, pero incluso los ejemplos (🦄) de emprendimiento y éxito que alimentaban los titulares de los medios de comunicación, nos hacían dudar. Al punto de pensar que algo en efecto estaba mal, que “ellos” tenían razón.

Fueron dos años recibiendo consejos ¨bienintencionados¨ que solo generaron desenfoques y gastos innecesarios. Hasta que decidimos dar un gran paso: escalar nuestro proyecto a un nuevo nivel y finalmente, todo cambió.

Recibimos a nuestros primeros inversionistas ángeles quienes confiaron y decidieron con nosotros apostarle al crowdfunding. De la mano con ellos, en el primer trimestre de 2018, empezamos a trazar un camino contundente con una dirección y objetivos claros.

El crowdfunding se convirtió en nuestro propósito de vida, más allá de un modelo de negocio. Nos dimos cuenta del impacto que Vaki podría generar y no había vuelta atrás. Fue el momento en el que reconocimos aún más, la importancia del poquito de terquedad.

Entramos a un período de prueba significativo lleno de experimentación e interacción, aún así seguimos creyendo y nuestros oídos permanecieron atentos exclusivamente a nuestros usuarios.
Fue aquí cuando llegó nuestro actual nombre Vaki junto al lanzamiento de una nueva versión de nuestra plataforma totalmente enfocada en el crowdfunding de donación y recompensa.

Meses después tuvimos nuestra primera Vaki viral:  #UnaVacaPorDeLaCalle (2018) que hasta hoy sigue siendo una de las campañas con mayor recaudo de financiamiento colectivo en América Latina. Pese al susto que la viralidad nos trajo: How we spent 30k USD in Firebase in less than 72 hours lo que siguió fue una secuencia de Vakis exitosas y confianza en nuestra marca.

#UnaVacaPorDeLaCalle se convirtió en la semilla de Vaki Politics (2019) y la ciudadanía pudo empezar a financiar de forma transparente las campañas políticas de candidatos de todos los partidos de distintas ciudades de Colombia.

Seguidamente lanzamos Vaki Sponsor posibilitando el patrocinio para causas, fundaciones, movimientos ciudadanos y creadores de contenido como Noticias Uno, que lanzó su Vaki #UnaVacaPorLaRedIndependiente y se convirtió oficialmente en la campaña de crowdfunding de donación más grande de América Latina.

Comenzamos a enseñar sobre el crowdfunding de donación y recompensa por medio de talleres y charlas en distintos eventos y con nuestro propio contenido. Del mismo modo, guiamos a cada uno de nuestros Creadores en sus Vakis.

El trabajo que para algunos era tiempo perdido y demasiado dispendioso para valer la pena, hoy está cambiando nuestras vidas y las de miles de personas.

Logramos crear lo que siempre soñamos: una sola plataforma que centralizara distintos tipos de Vakis; que respondiera a las necesidades de cada persona, proyecto, causa, idea, comunidad o sueño; les facilitará sus experiencias; y les ofreciera una opción simple, recursiva y auténtica. 

Actualmente (2020), con la llegada de la pandemia a Colombia, Vaki sigue confirmando su propósito y alcance. Apareció una explosión de solidaridad: müüüchos ciudadanos empezaron a crear Vakis para ayudar a los más necesitados y müüüchos más vakers aparecieron para aportar y apoyar.
Hasta el momento han sido más de 100 mil aportes y 2 millones de dólares recaudados desde que empezó la cuarentena en Colombia. Similar a lo que habíamos vivido con las dos vakis virales, el crecimiento aumentó 10 veces más cada semana y esta vez, con varias vakis recaudando.

El Colombiano SI es solidario, más que todos sus vecinos, y el crowdfunding sí es posible en Colombia. Lo que se necesitaba era que se tradujera crowdfunding a la cultura y costumbres del país y que se encontrara valor en las causas para aportar.

Nuestra comunicación sencilla que cambia la palabra crowdfunding por “vacas en línea”, los años de dedicación en educación y en crear una solución diseñada por y para latinos está dando frutos.
Ahora al momento de querer crear una ¨vaca¨ los Colombianos ya saben a dónde ir 🐮💪.
Hoy nuestro equipo está creciendo, seguimos comprometidos más que nunca e innovando tecnológicamente. Después de todo, podemos decir con certeza: el crowdfunding en Colombia está sólo empezando; el empoderamiento ciudadano y la democratización de fondos puede generar un gran impacto en el país y estamos listos para empezar esta aventura por todos los países de América Latina.

*Miembro Invitado de la Dirección de Emprendimiento

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