¿Todos ponen?

¿Todos ponen?

Por: Juan Andrés Páez

Benjamin Franklin decía que en este mundo solo hay dos cosas seguras: la muerte y pagar impuestos. En Colombia la frase aplica a la perfección, pero habría que agregarle: la muerte, pagar impuestos y otra reforma tributaria. Digo esto porque el jueves pasado el gobierno presentó la décimo segunda reforma tributaria de los últimos 20 años. La décimo segunda reforma que si va a garantizar la sostenibilidad fiscal del país en el mediano plazo. Esperemos que esta vez el mediano plazo sean más de dos años. 

La reforma no había llegado al Congreso y ya las quejas abundaban. Uno de los puntos más debatidos ha sido el de aumentar el impuesto de renta, sobre todo a través de reducir el umbral salarial para que la gente declare. Esta idea, que ya se ha visto en tres de las últimas reformas, ha fracasado rotundamente porque nadie en el Congreso quiere pagar el costo político de enfurecer a los votantes. 

Esta vez la idea también parece nacer muerta. Mucho más en año electoral. Mucho más después de una pandemia.

Uno creería que el impuesto a la renta es una carga que afecta a la mayor parte de la población, pero según la DIAN solo cerca de 3.5 millones de colombianos declaran cada año, y de estos, solo 1.6 millones tienen efectivamente que pagarlo. Esto significa que solo 1 de cada 10 trabajadores en el país paga este tributo. 

El menor número de contribuyentes se explica principalmente por el alto umbral salarial para declarar renta en el país, valor que ronda actualmente los 4 millones de pesos. Entre mas alto el umbral, menor el número de personas que tienen que pagarlo, así de fácil. 

En la propuesta actual, el gobierno propone reducir este umbral a 3 millones en el 2023 y a 2.5 millones desde el 2024. Si el gobierno quiere reducir efectivamente el umbral del impuesto de renta, necesitara el apoyo de la clase media que no viene pagando el impuesto. En otras palabras, estos ciudadanos de clase media que abogan por una Colombia más equitativa y más prospera, tendrán que reconocer su deber en esta causa y también apoyar un impuesto de renta más amplio en el cual contribuyan. 

Un primer paso puede ser reconocer que si uno gana 2.5 millones de pesos en Colombia, más que ser parte de la clase media, hace parte del 20% más rico del país. Varios se asombrarán con ese dato, pero en un país donde cerca de un tercio de la población está en condición de pobreza y donde más de la mitad de las personas ganan menos de un salario mínimo, el dato deja de parecer tan sorprendente.   

Algunos en la clase media argumentan que no quieren pagar renta porque los ricos no pagan los impuestos que deberían. En esto el gobierno parece estar de acuerdo y por eso la reforma también busca más progresividad, es decir, que el que más tenga más pague. La propuesta incluirá un aumento en las tasas para las personas de más altos ingresos y una reducción de las exenciones de las cuales se valen para evitar pagar su parte. Además, incluye un impuesto al patrimonio para aquellas personas con patrimonios superiores a los 5 mil millones de pesos, y la mayoría del recaudo será utilizado para fortalecer los programas sociales como Ingreso Solidario que ahora será permanente. 

Otros argumentan que no quieren pagar más impuestos porque el gobierno es corrupto y cualquier dinero adicional que paguen terminará en los bolsillos de los políticos. Pero, ¿No existe un círculo vicioso negativo con este argumento? Si los ciudadanos no contribuyen con los impuestos, la capacidad del gobierno para proporcionar bienes y servicios públicos se ve mermada. Y debido a que los gobiernos no tienen los recursos para operar de manera efectiva, la desconfianza de los ciudadanos crece y erosiona aún más la capacidad del Estado de demandarles más impuestos. Este es un problema del huevo y la gallina que se puede solucionar si los ciudadanos colectivamente le dan una oportunidad al gobierno de operar con un mejor recaudo. Ahora bien, es importante que los mayores impuestos vengan de la mano de un buen control de los recursos públicos y más transparencia. 

Si la clase media quiere un gobierno fuerte que brinde mejor educación, salud y vivienda, la proporción de personas que declaran renta tarde que temprano tendrá que aumentar. Los asalariados de clase media, los cuales han estado exentos durante tantos años, deberán apoyar la reforma fiscal y abogar por un umbral de impuesto de renta más bajo que los incluya. Eso sí, acompañándolo con una mayor progresividad del sistema para que cada cual contribuya de forma justa de acuerdo con sus ingresos. Cuanto menor sea el umbral y más progresivo sea el sistema, mayores expectativas de una Colombia más equitativa y prospera en el futuro. 

Esquirla:

Hacer una oposición con argumentos justos es importante porque algún día la oposición será el gobierno. El Presidente Duque, que tanta oposición le hizo a las reformas tributarias cuando era Congresista, ahora se ve enfrentado a los argumentos populistas que él mismo uso en el pasado. 

*Director de Finanzas Públicas 

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Construir a múltiples voces la política pública del Magdalena

Por: David Pombo 

Cada vez más en Santa Marta, un grupo indeterminado de personas y no articuladas necesariamente para actuar como red, realizan críticas por distintos flancos al proyecto del «cambio», al de la alternativa a los proyectos políticos tradicionales de la ciudad, al proyecto político de los de «ahora», a Fuerza Ciudadana. Iniciativas que no denotan una articulación como plan estratégico para derribar las pequeñas conquistas del caicedismo y su movimiento naranja, sino como un ejercicio de empoderamiento de la misma ciudadanía que empieza a identificar las grandes falencias y desaciertos de la política pública.

Sin duda alguna, Fuerza Ciudadana es un fenómeno político local con más de una década ejecutando la política pública de Santa Marta y comenzando a delinear la del departamento del Magdalena, con espíritu de crecer regional y nacionalmente, sin embargo, pareciera que su efervescencia y su afán desmedido de creer que la agenda política se traza únicamente desde la comunicación y el marketing institucional, desconociendo la capacidad primaria de relacionarse y conectar con los actores de los territorios en los que despliega esas grandes campañas de mercadeo.

Distantes de la oposición y de los enemigos de políticos del caicedismo, un sector amplio de ciudadanos, mujeres y hombres de diferentes estratos sociales, de manera independiente han expresado sus opiniones sobre la ejecución de la política pública en el Magdalena. Este emergente cúmulo de opiniones, en disonancia con el proyecto de Fuerza Ciudadana, solo demuestra que cada vez más crece el descontento ciudadano, porque luego de casi 12 años de gobierno Santa Marta aún no tiene acueducto, obras inconclusas como el estadio de fútbol, la mega biblioteca, faltantes en puestos de salud, Calle 30 fraccionada su remodelación; aún no se cuenta con colector pluvial, universidad distrital ilusoria, entre otras promesas y obras no entregadas de los que quieren un “Renacer del Magdalena”.

En particular pudiera enumerar el grupo de opinadores y críticos de las actuaciones del gobierno distrital en materia de seguridad, que ciertamente son opiniones a lugar, con conocimiento de causa y con el rigor y el criterio de objetividad que se requiere para darle solución al problema que más aqueja a los samarios hoy en día, incluso por encima de la inclemencia de no contar con agua en sus grifos, la inseguridad. Esto mismo se pudiera repetir en materia de servicios públicos, de movilidad, de gestión social, de reactivación económica, de salud, infraestructura, de la descentralización de los recursos y las administraciones locales, en fin, sobre cada aspecto seguro existen varias voces en disonancia con lo que sucede hoy en Santa Marta y el Magdalena en materia de administración pública.

En este entendido, el llamado de este breve escrito es a que el proyecto político revise los argumentos de este grupo de ciudadanos que constantemente exponen sus comentarios y/u opiniones sobre lo que está sucediendo en el Magdalena y Santa Marta; es un llamado para que el gobernador y su gabinete se atreva a conectarse con las autoridades municipales, con los lideres comunitarios, con quienes hacen y construyen el territorio y deje a un lado esa mezquindad de desconocerlos porque no son súbditos del proyecto naranja, logrando así capitalizar esta “fuerza” de la crítica ciudadana en motor de cambio propositivo en la ejecución de la política pública. 

Por último, es un llamado a la ciudadanía en general a seguir controvirtiendo lo que no veamos bien y respaldar lo que se hace por el bienestar de los magdalenenses, es un llamado a construir a múltiples voces.

*Miembro Dirección Temática del Magdalena

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Campañas políticas en pandemia

Por: Laura Herrera

En menos de un año estaremos ante un escenario electoral en el que, posiblemente, el Covid-19 seguirá presente lo que obligará a las campañas políticas a adecuarse a la nueva realidad.  ¿Cómo serán las campañas en medio de una pandemia? A continuación, algunas claves para tener en cuenta.

Aún más digitales: las grandes reuniones y manifestaciones políticas, el volanteo, e incluso los recorridos políticos, pueden poner en riesgo la salud de los ciudadanos y los equipos de campaña. Las redes sociales, las reuniones digitales y la presencia en la web serán mas que nunca fundamentales para hacer campaña. Twitter, Instagram, Facebook y TikTok serán los canales principales para comunicar mensajes, generar controversias, ganar respaldos y movilizar al electorado.

Protección de datos: el envío masivo de mails, así como las estrategias a través de mensajes de texto o listas de difusión mediante servicios de mensajería instantánea como WhatsApp o Telegram, entre otros, serán de gran apoyo para comunicar hechos políticos, sin embargo, estas estrategias deben tener como eje central la protección y autorización del tratamiento de datos de las personas con las que se interactúa.

La inclusión en bases de datos debe contar con la autorización previa de la persona para que permita el envío de información y el tratamiento de sus datos. Lo mismo ocurre con las listas de difusión y chats grupales por servicios de mensajería instantánea, no hay nada más molesto que recibir montañas de información de figuras políticas que invaden la privacidad en el chat. Antes de enviar información los líderes deben pedir autorización para no correr el riesgo de infringir las políticas de protección de datos y tampoco para que su estrategia tenga efectos contraproducentes como el hastío o una crisis por una posible una denuncia pública ante el incumplimiento.

Medios de comunicación: los medios tradicionales: radio, prensa y, sobre todo, televisión, serán fundamentales para la difusión de noticias sobre determinados candidatos. Serán los medios de nuevo los protagonistas pues a partir de sus publicaciones se darán a conocer los candidatos y, por supuesto, instalarán la agenda a debatir.

Símbolos: la identidad crea comunidad. El uso de símbolos, imágenes, emoticones o canciones que le permitan a los votantes identificarse, unirse y demostrar su apoyo será fundamental. Esta seguirá siendo, con mucha más fuerza, la manera de generar sentimientos de pertenencia, unanimidad y de generar efecto contagio por la presión de pertenecer a determinado grupo.

Vuelven los afiches: el afiche volverá a recobrar su relevancia ya que las grandes manifestaciones en masa serán muy difíciles de realizar. Un edificio o un barrio con afiches en las ventanas volverá a ser una poderosa fuente de demostración de respaldo hacía los candidatos y de los mismos candidatos hacía sus rivales. El reto está en establecer procesos sencillos para hacer llegar el material a la puerta de la casa de la gente por ejemplo a través de solicitud de los kits de publicidad en las páginas web o en redes sociales.

Polémica: la producción de información en redes sociales es cada vez mayor y, dadas las circunstancias, los candidatos competirán por visibilidad. La polémica será la manera de diferenciarse en medio del océano de información, sin embargo, correremos el riesgo de vernos inmersos en campañas con altos niveles de agresividad y pesimismo que son perjudiciales para el clima electoral generando apatías o dificultando los procesos de construcción de consenso posteriores. 

De otro lado, el humor y  contenidos de aspectos personales de los candidatos también serán tácticas que impulsarán las campañas. En estos casos no hay que perder de vista el contenido y la reputación de la figura pública: existe una diferencia abismal entre ser osado y hacer el oso por unos likes. Una vez se instala la idea de ligereza en la imagen de un líder político es muy difícil dar vuelta atrás.

Autenticidad: en definitiva, es fundamental que un candidato tenga propia voz, más allá de su equipo digital, es él quien tiene que dirigir su comunicación y, sobre todo, poder transmitir la mayor autenticidad posible. El electorado quiere lideres reales, no frases de cajón. 

Análisis de datos: nunca antes la comunicación tuvo la oportunidad de mapear de manera más fácil, inmediata y a menor costo la opinión e interacción con los candidatos. Un estudio demostró que a través de una variable de Twitter se pudo medir en tiempo real el respaldo hacía Claudia López y Carlos Fernando Galán dando especio a predicciones más rápidas y económicas que las encuestas. El futuro de la comunicación política está en quienes sepan recolectar y analizar los datos para saber que hacía dónde se debe apuntas y qué se debe ajustar rápidamente sobre la marcha.

Infografías y videos cortos: los usuarios en redes sociales cada vez consumen más información mientras la atención que prestan al contenido disminuye. Las redes sociales dan prioridad al video y a las imágenes, por eso la recomendación es hacerlos cortos de no más de un minuto, con un mensaje claro sin rodeos y con buenos datos.

 

 

*Directora de Comunicación Política

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La reforma tributaria y la negociación de Duque

Por: Freddy Osorio

Duque negocia con los colombianos, como Fox News negocia con quienes no tienen armas en Estados Unidos. La estrategia consiste en que nosotros, individualmente, cambiemos qué consideramos aceptable y qué no. La estrategia consiste en proponer la idea más radical, y luego nosotros decidimos qué es aceptable y qué no.

La “ventana de Overton” es un término fue acuñado por Joseph Lehman (en honor a Joseph P. Overton). Es una forma de definir cuál es la ventana de lo que se considera el alcance aceptable de la intervención del gobierno en los asuntos públicos para una sociedad en un espacio de tiempo y contexto específico. En ese sentido, los activistas de armas y lobbistas de armas del NRA en FOX News proponen ideas radicales (permitir todo tipo de armas de asalto sin restricción de edad), para que luego el público negocie, individualmente, cuál es el punto medio aceptable (disminuir las restricciones y requisitos para comprar armas de asalto).

¿Qué tiene que ver esto con la reforma tributaria? Fácil: Duque nos trata como Fox News trata a quienes no tienen opiniones fuertes sobre las armas: nos pone a negociar individualmente qué estamos dispuestos a sacrificar. Es una estrategia barata y transparente. Por eso mismo, este es el momento en que los partidos políticos, como colectividades, están llamados a establecer una línea roja entre qué es aceptable y qué no lo es.

Todos los partidos políticos tienen razones para oponerse al anuncio de que se harán anuncios sobre el texto futuro de una reforma tributaria. Por ejemplo, tras los anuncios del Ministro de Hacienda que no hay caja y si no se aprueba una reforma tributaria, no podrán girar recursos a “jóvenes en acción”. Los colombianos y los partidos deberían ponerse de acuerdo que, condicionar los auxilios económicos a los jóvenes, -los más golpeados por la pandemia, pues pasaron de un 16,0% de desempleo antes de la pandemia a un 21,6%)- no deberían ser condicionados a aprobar una reforma tributaria. Condicionar esto es un argumento extorsivo e inmoral.

Otro punto en que todos los sectores políticos y sociales deberían poner una raya son las pensiones. Hay que darle fin al argumento de sacar dinero de las pensiones, en un país donde solo el 37% de los colombianos alcanza a pensionarse. Hay que decirle al gobierno que las pensiones, y los pensionados, no son una fuente de ingreso. Condicionar las pensiones a la aprobación de una tributaria es un argumento extorsivo e inmoral.

El gobierno dijo que, si no se aprueba la tributaria, no habrá educación universal. Los partidos de izquierda, que han abanderado la lucha por la educación gratuita, deberían poner una raya y pedirle al gobierno que la educación es un derecho, y no una ficha para negociar. Condicionar esto es un argumento extorsivo e inmoral.

El gobierno anunció que en la tributaria deberá modificar algunos de los beneficios que se habían dado en las tributarias anteriores. Los partidos de centro derecha, que han abanderado los subsidios a las empresas, deberían poner una raya y pedirle al gobierno que los subsidios otorgados no se pueden cambiar año a año. Eso da inseguridad jurídica y fiscal. Condicionar esto es un argumento extorsivo e inmoral.

Es el momento de una acción plenamente colectiva. Todos los colombianos, y todos los partidos políticos, debemos rechazar esta estrategia de negociación, donde cada año el gobierno le pregunta a los colombianos y al congreso “¿hasta dónde están dispuestos a ir? ¿Hasta dónde puedo meterle IVA a la canasta familiar o debilitar el poder adquisitivo de las personas?”. Nos obligan a negociar, mientras el gobierno Duque sigue invirtiendo grandes cantidades de recursos en publicidad (20 mil millones de pesos el año pasado, según la FLIP) Obligarnos a negociar en nuestras cabezas qué estamos dispuestos a sacrificar para una temporada más de “Prevención y Acción” es un argumento extorsivo e inmoral.

El gobierno no ha presentado un balance sobre las últimas reformas tributarias. ¿Sirvieron? ¿Y las ineficiencias del sistema tributario que pide la comisión de expertos? Hoy, vuelven a anunciar que esta semana no radican el texto y nosotros seguimos negociando qué sacrificar. Todo son anuncios que se harán anuncios. Seguimos en un gobierno sin rumbo, que cada día acumula más poder, pero que aún no ha contestado la pregunta “¿el poder para qué?”.

*Miembro Fundador

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La brecha digital en Colombia como una oportunidad

Por: Carlos Avilán 

Para las escuelas, las universidades que llevan a cabo cursos en línea, el personal que trabaja en casa e incluso para el personal de atención médica, el Internet es la respuesta a muchos problemas; entonces, ¿qué pasa con las millones de personas en el mundo que no tienen acceso a una conexión de internet?

El COVID-19 ha expuesto muchas desigualdades, entre estas la brecha digital, que no es solamente una de las más marcadas, sino también una de las más sorprendentes. Esta desigualdad es tan evidente que, incluso en los países desarrollados, el acceso a internet suele ser más bajo de lo que parece.

Por ejemplo, en Australia, la cifra de personas sin acceso a internet es del 13%; en Estados Unidos 21 millones de personas no tienen conexión de alta velocidad, lo que equivale a más del 6% de la población. En síntesis, incluso en los países más ricos del mundo, no todas las personas se pueden mantener conectadas mediante la web.

Si se revisan las cifras de la UNESCO, apenas un poco más de la mitad de la población (el 55%) tiene conexión a internet. Si comparamos los países desarrollados con los que no, el 87% está conectado en comparación con el 47% en los países en desarrollo, y solo 19% en los países menos desarrollados. En Colombia, 21,7 millones cuentan con acceso a una conexión, cerca del 43%. Este segmento se concentra principalmente en estratos 1 y 2.

En total, 3.700 millones de personas en el mundo no tienen acceso a internet, no solamente a causa de la falta de conexión, sino que también por los altos costos de los dispositivos tecnológicos. Las desventajas de esta desconexión es la falta de difusión de información de todo tipo y la exclusión del aprendizaje online (se estima que más de mil millones de niños en el mundo quedaron excluidos de sus clases en esta cuarentena). No importa que muchos profesores estén impartiendo sus clases diarias, muchos de estos niños simplemente no pueden participar.

En contraste, son muchas las ventajas que el mundo conectado ha traído a la población. Un estudio asegura que, por cada punto porcentual que aumentan los índices de conectividad, el PIB se incrementa entre 1,4% y 1,9%.

Trabajar en casa hoy en día es un imperativo. Sin embargo, como muestran las estadísticas, muy pocas personas pueden conectarse. Además, sin una conexión de banda ancha adecuada, las comunidades no pueden iniciar o administrar un negocio moderno, acceder a la telemedicina, tomar cursos en línea, transformar digitalmente su actividad agrícola o un investigar para realizar algún proyecto académico.

Las cifras para acceder a internet pasan de lo absurdo en algunos casos. Por ejemplo, en África subsahariana, un gigabyte de datos, suficiente para una actividad online en un día, cuesta casi un 40% del salario mensual promedio. Esto no solo es un problema de las naciones en desarrollo; por ejemplo, en Australia, casi un tercio de los hogares de menos recursos no tienen conexión a internet. En Colombia, el valor del internet es el segundo más caro de la región después de Brasil, con un costo promedio de US$9,22 y velocidad de descarga de 6,2 Mbps.

Colombia atraviesa diversas dificultades en el tema, siendo una de ellas el mal servicio de Internet. No obstante, en los últimos años se ha hecho un trabajo enorme para aumentar la conectividad (se ha multiplicado en los últimos cuatro años) y, aunque esta no sea la más rápida, puede ser la herramienta y la oportunidad necesaria para superar problemas, aprender, cultivar pasiones y mejorar salarios en las regiones más apartadas.

Son muchos los retos para asumir en esta materia, el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Mintic) de este gobierno se ha propuesto llevar Internet fijo a más de 342.000 hogares de estratos 1 y 2, distribuidos en 404 municipios del país. Uno de los retos que ahora se debe asumir es en el buen uso que se les den a estas conexiones, para que, de manera concreta y real, se mejore la calidad de vida de las personas y no sea simplemente una cifra más.

Referencias

https://theconversation.com/schools-are-moving-online-but-not-all-children-start-out-digitally-equal-134650

https://en.unesco.org/news/new-report-global-broadband-access-underscores-urgent-need-reach-half-world-still-unconnected

https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Sala-de-Prensa/MinTIC-en-los-Medios/100837:La-mitad-de-Colombia-no-tiene-internet

https://reliefweb.int/report/world/coronavirus-school-closures-mean-over-one-billion-children-and-youth-are-now-shut-out

https://mintic.gov.co/portal/inicio/Sala-de-Prensa/Noticias/125603:La-hoja-de-ruta-del-MinTIC-para-el-2020-conectividad-y-transformacion-digital

 

*Miembro Dirección de Tecnologías de la Información 

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La guerra contra las drogas continúa: ¿Importamos las políticas incorrectas?

Por: Mauricio Trujillo

Hace dos semanas el CESED (Centro de Estudios Sobre Seguridad y Drogas de la Universidad de los Andes), junto con varios académicos enviaron una carta1 a la administración del presidente de los Estados Unidos Joe Biden pidiendo que se revoque la decisión de seguir apoyando la aspersión de cultivos ilícitos como herramienta de guerra contra las drogas. La carta señala que Biden está siguiendo los pasos de su antecesor al apoyar esta iniciativa, y justifica su petición en las pruebas científicas que demuestran que la aspersión con este químico es ineficiente para acabar de raíz el problema de las drogas y además tiene consecuencias que pueden acabar con el medio ambiente, más específicamente con una de las áreas más biodiversas en el mundo: la amazonía. 

 

Este debate ha estado en el centro de la discusión en Colombia por muchos años. Desde que comenzó el Plan Colombia durante la presidencia de Andrés Pastrana, la política de drogas ha estado asociada a la ayuda militar de los Estados Unidos y a la aspersión de los cultivos ilícitos con glifosato cómo una herramienta de guerra. Sin embargo, el uso de este químico ha sido cuestionado por científicos y académicos, ya que la guerra contra las drogas se ha concentrado en políticas reactivas y se ha demostrado que la aspersión no soluciona el problema de raíz. El CESED hace énfasis en que los cultivos asperjados con glifosato tienden a ser replantados con una probabilidad del 36% en comparación a la sustitución voluntaria con una tasa de sólo 0.2%. Adicionalmente, se ha demostrado que la aspersión aérea en muchos casos no resuelve el problema sino que lo desplaza hacia zonas en las que la aspersión no es permitida como los parques nacionales, lo que genera otra serie de externalidades ambientales. Desde el punto de vista económico, las aspersiones también son costosas e ineficientes. Las cifras son claras: asperjar una hectárea de coca reduce el área cultivada entre 0.02 y 0.065 hectáreas, y con este mecanismo hay que invertir cerca de $465 mil dólares para reducir la oferta de cocaína en un kilogramo2.

 

Pero la aspersión no sólo es inefectiva, sino que afecta al sector de la población más pobre y vulnerable. Quienes siembran coca suelen ser campesinos que no tienen alternativas para subsistir. El campesino se queda con cerca del 1% de las ganancias totales del tráfico de cocaína, mientras el otro 99% se queda en la distribución logística del producto por medio de los grandes cárteles y el microtráfico en las grandes ciudades3. Así y todo, la siembra de coca es más viable que otros cultivos, ya que los grupos ilegales y armados pagan mejor y el transporte es más fácil. La pasta de base de coca se vende por alrededor de 2 millones de pesos por kilo. Esta cifra sigue siendo baja para el campesino promedio, pues los costos del cultivo son altos debido al tiempo que este demora y la cantidad de productos que el cultivo necesita y que no son subsidiados ni por los grupos que trafican la droga ni por ninguna entidad. El cultivo de coca es más viable que otros como el tomate, sandía o cacao, en los cuáles los costos en tiempo y transporte son más altos debido al mal estado de las vías y las ganancias son menores4

 

Organizaciones de campesinos como COCCAM han manifestado que preferirían buscar alternativas al cultivo de coca si tuvieran otra oportunidad mejor para subsistir, pero que la poca presencia del Estado en estas áreas restringe sus posibilidades5. Acabar con el cultivo de un campesino es acabar con su sustento, lo cual genera un problema socio-económico que bien resalta la carta escrita por el CESED: si este problema no se soluciona de raíz con presencia del Estado y con otras alternativas, los campesinos no se van a quedar de manos cruzadas cuando acaben con sus cultivos, van a buscar otro pedazo de tierra para poder volver a sembrar. La aspersión puede llevar a los mismos campesinos a talar más bosque incluyendo zonas de parques naturales para plantar sus cultivos. 

 

El uso del glifosato como sustancia ha sido cuestionado y restringido en otras partes del mundo debido a sus efectos ambientales y para la salud de las personas. Hace poco en Alemania decidieron ponerse la meta de prohibir todo uso de glifosato para 2023. Esto debido a que dicho herbicida ha estado ligado a la contaminación de las aguas, la erosión del suelo y la disminución de especies polinizadoras como las abejas y las mariposas6. Además de esto, Bayer-Monsanto ha pagado cerca de 10 billones de dólares para llegar a un acuerdo con cerca de 90,000 demandas que vinculan el uso del herbicida con problemas de salud como cáncer7.

 

Por último, la carta hace propuestas alternativas a la aspersión con glifosato como la sustitución voluntaria de cultivos que está funcionando desde la implementación del acuerdo de paz, ya que la misma es más costo-efectiva. Aunque las cifras siguen siendo disputadas, se estima que asperjar una hectárea cuesta 72 millones en contraste con 42 millones en el programa de sustitución voluntaria8. En el programa de sustitución, se le transfiere a cada familia cerca de 10 mil dólares. En la carta se hace énfasis en lo importante que es seguir lo pactado en el acuerdo de paz en relación con la política de drogas, pues este tiene un enfoque comprensivo de lo económico, lo social y lo ambiental. También señala que toda política de erradicación debe estar acompañada de programas sociales de desarrollo en las regiones más afectadas, y del acompañamiento a los campesinos para que puedan encontrar alternativas viables para subsistir. Este es un paso fundamental para acabar con las políticas prohibicionistas y dar paso a visiones más humanas y que solucionen el problema de raíz. La decisión de la administración de Biden de seguir apoyando las aspersiones aéreas con glifosato puede ser un retroceso en materia de política de drogas, pues se ha demostrado que esta misma no ha dado los resultados en costo-eficiencia que se esperaban y que hay alternativas ya probadas que tienen un enfoque más humano y ambiental, consecuente con las políticas que el mismo presidente está promoviendo en Estados Unidos. 

 

Esta decisión no sólo demuestra una doble moral hacia los países menos desarrollados, si no que es una continuación a lo que Estados Unidos ha entendido como guerra contra las drogas por mucho tiempo, ya que se ha tenido y se sigue teniendo un enfoque punible, prohibicionista, sin soluciones de raíz y poco beneficioso para el desarrollo sostenible e inclusivo del país. Esto importa más aún, cuando el país norteamericano ha tenido tanta incidencia histórica en las políticas implementadas en Colombia y en la región. 

 

Referencias

 

  1. CESED (2021). Carta a Joe Biden y Kamala Harris. Recuperado de Carta de académicos al Presidente Joe Biden y a la Vicepresidenta Kamala Harris
  2. Mejía, Daniel, Pascual Restrepo y Sandra Rozo (2015). On the effects of enforcements of illegal markets, Evidence from quasi-experimental in Colombia. Policy Research Working Paper 7409, World Bank.
  3. Los narcos utilizan al campesino y le pagan 0,50 por gramo de coca
  4. La realidad detrás de la coca, la vida campesina en la cordillera de Nariño
  5. Coca, principal sustento económico de más de 230.000 familias campesinas | Economía
  6. Germany set to ban glyphosate from end of 2023 | DW | 04.09.2019
  7. Roundup Maker to Pay $10 Billion to Settle Cancer Suits (Junio 24, 2020). The New York Times. 
  8. Le dijimos a la Corte Constitucional que la eventual reanudación de la aspersión aérea de glifosato es inconstitucional

 

*Miembro Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible

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