Sep 4, 2019 | Columnas de Opinión, Diana Pérez, Empresa e Industria
Por: Diana Pérez Forero*
@dianamperezf
¿Sabía usted que los corruptos nos roban cerca de 50 billones de pesos al año?
Según reporte de la Contraloría General de la Nación, esta es la cifra que anualmente se pierde por causa de la corrupción, una cifra que alcanzaría a cubrir el rubro de inversión por 40 billones de pesos del presupuesto general de nación para el 2019.
Casos como Odebrecht, Interbolsa, el cartel de las frutas y pañales, el Plan de Alimentación Escolar, la Ruta del Sol, entre otros, se volvió común en nuestro país, pues es normal ver en el sector público y privado, que sus directivos sean investigados o sancionados penal, fiscal o disciplinariamente por la indebida y deshonesta administración de recursos en detrimento de terceros (nosotros) y del Estado. Sin embargo, lo más preocupante, es que nos estamos acostumbrando a ello, ya que el rechazo social nos dura poco y no se asoman vientos de cambio como sociedad. Esto en sí mismo, debe ser un motivo para hacer frente a este fenómeno, pues en muchos casos se aplica la lógica de la reciprocidad entre ambos sectores para que el “negocio” funcione.
El panorama no es alentador. Por un lado, la corrupción en el sector público no disminuye, y se corrobora con el informe de Transparencia por Colombia 2018, en virtud del cual, el Índice de Percepción de la Corrupción -IPC- que publica cada año Transparencia Internacional, señala que Colombia mantiene desde hace 4 años una calificación de 37 sobre 100 puntos, “siendo 0 (muy corrupto) y 100 (muy limpio)”, esto indica que no ha cambiado la imagen que grupos de expertos tienen sobre el sector público colombiano en cuanto a corrupción. El país cayó 6 puntos desde la última medición, pasando del puesto 90 al 96 entre 180 países, un lugar muy deshonroso pero real. Por otro lado, la corrupción en el sector privado crece a pasos agigantados, según cifras de la Procuraduría, actualmente el 9% de la corrupción es privada, esto implica que se está afectando la competitividad del país e incrementando la desigualdad en el acceso a las oportunidades de mercado por la falta de ética empresarial. Sobre el particular, el Procurador General de la Nación señaló el pasado 5 de septiembre de 2019 en el foro empresarial para los lideres 4.0 lo siguiente: “la corrupción en lo público está estudiada, está diagnosticada, casi que digo que está sobre diagnosticada”, mientras que “la corrupción privada ha sido de alguna manera ignorada y subvalorada”. Al respecto, ¿será que hay más reglas para controlar la corrupción en lo público? Y si así fuese, ¿porqué los índices de percepción de la corrupción en el sector público se mantienen?
La lucha de la ética contra la corrupción no es fácil, algunos consideran que el incremento de la corrupción, se debe a la insuficiencia de leyes para que estos actos sean castigados con severidad, no obstante, la solución no es expedir leyes para garantizar su erradicación definitiva. Con esto, no estoy demeritando los esfuerzos del legislador de atacar este mal social, se requiere además una verdadera aplicación de la misma mediante procesos expeditos a fin que los agentes del estado puedan investigar y sancionar de manera efectiva estas conductas, teniendo en cuenta que los corruptos sofistican rápidamente sus métodos para eludir la justicia, a través de artimañas jurídicas, financieras y políticas. Adicional a lo anterior, debemos considerar que gran parte de la corrupción se debe a la ausencia de valores tales como la honestidad, justicia y respeto por el otro, ya que no podemos concebir una sociedad por más educada que sea, si no ha sido formada con valores.
El “ideal” sería que no existiera la corrupción, sin embargo, la tendencia es global y como el mal sigue creciendo, se debe hacer frente a esta situación desde el punto de vista legal, razón por la cual, los órganos de control y la rama legislativa están haciendo grandes esfuerzos para ello, por ejemplo, el proyecto de ley sobre probidad administrativa comenzará a debatirse en el mes de noviembre, y el proyecto de ley de control fiscal que ya fue aprobado. Adicionalmente, se hace necesaria la actualización del régimen de competencia, así como poner en marcha la interoperabilidad que permita compartir la información entre entidades públicas y privadas, de cara a que las entidades de control puedan actuar con diligencia y eficiencia.
Ahora bien, no todo puede quedar en manos del Gobierno esperando que las ramas del poder actúen de manera reactiva, sino que se requiere además del compromiso de los empresarios, sus órganos de dirección y demás stakeholders de actuar con transparencia y ética empresarial. Por lo tanto, es indispensable la correcta implementación del programa de compliance, el cual no se agota con un código de ética o código de buen gobierno corporativo (que resultan copia de otras), ni publicando sus informes de gestión en las páginas web, pues solo sería un saludo a la bandera. El adn del compliance está en el buen comportamiento interno de toda empresa de cara a sus stakeholders, y debe estar alineado con la ética como factor fundamental de la competitividad. En ese orden, se deberían incrementar los mecanismos de control independientes, contar con regímenes de prevención y sanción, hacer uso de la tecnología aprovechando la transformación digital para detectar esas personas con tendencia a la corrupción, empoderar a los grupos de interés a que denuncien sin miedo, entre otras prácticas y procesos para que los hechos de corrupción no se filtren al interior de las empresas.
Por último y sin ser menos importante, como ciudadanos también debemos aportar en esta lucha, dejando atrás conductas indebidas como colarse en una fila o sobornar a un policía de tránsito, que afectan el entorno en sociedad, y nos impide exigir transparencia de los demás. El debate está abierto, y el llamado es a reflexionar sobre nuestro actuar, e invitar a no tolerar y denunciar cualquier acto considerado indebido o corrupto. En palabras de Matthai Quelle, filosofo alemán, “El verdadero problema ético no es la moral, sino la acción individual”, es decir, también está en nuestras manos hacer que las cosas pasen, con el fin de fortalecer las instituciones y evitar que se siga afectando el desarrollo y crecimiento de la economía del país por culpa de la corrupción.
*Directora de Empresa e Industria del Tanque de Pensamiento Al Centro
Sep 3, 2019 | Columnas de Opinión, Emprendimiento, Juan Falkonerth
Por: Juan Guillermo Falkonerth*
@juanfalkonerth
Más allá de establecer quién ganó con la reciente decisión adoptada por el Centro de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), en la cual se le ordenó a Colombia pagar 19,1 millones de dólares a favor de la multinacional Glencore; lo más importante a considerar en este caso, es que estuvo en juego cerca de 600 millones de dólares del erario público y que este inversionista al igual que otros, repetirá la demanda. Por esta razón, propongo abrir un debate nacional entorno a la manera como venimos adquiriendo estas obligaciones a la luz del derecho internacional de las inversiones y su viraje en el control de constitucionalidad.
Para ponernos en contexto con esta problemática, es necesario recordar que estos AII, se adoptaron por parte de los Estados en vía de desarrollo, como un mecanismo para atraer flujo de inversión extranjera directa (IED) y brindar seguridad jurídica a estos nuevos capitales, esto ocurrió con mayor rigor en los decenios de los 80 y 90, y para el 2017 ya se reportaba una cifra récord de 3.322 AII firmados en todo el mundo, según el informe sobre las políticas internacionales de inversión para el desarrollo de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD).
Obsérvese también como las cifras muestran un preocupante incrementó en el número de demandas inversionista – Estado, amparadas en estos AII, el CIADI tuvo para el año 2018, 279 casos, el más alto de su historia, así mismo, reportó a 30 de junio de 2019, un total de 728 casos, datos que complementados con los de la UNCTAD, llegan a los 855 casos. Aunque aún no se conocen los datos de 2019 por estar en curso, Colombia ya hace parte de los Estados que han sido condenados, con el caso Glencore.
Según datos del CIADI, el 60% de estas demandas obedecen a tratados bilaterales de inversión (TBI), 16% a contratos de inversión entre el inversionista y el Estado receptor, 9% al Tratado sobre la Carta de la Energía, 8% a la ley de inversiones del Estado receptor, 3% al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, 3% a otros tratados y 1% a Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos; cifras que sirven para ilustrar lo que esta ocurriendo con estos AII y su impacto en los Estados anfitriones de estas inversiones. Un reporte reciente del Banco Mundial muestra por ejemplo, que América Latina es la segunda región con mayor número de demandas por este concepto.
Colombia tiene actualmente 13 AII vigentes, según informa el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MINCIT), 11 demandas en curso a 31 de agosto de 2018, por los AII suscritos con Suiza, México, Estados Unidos, Canadá, España y Reino Unido, los cuales ascienden en sus pretensiones a un valor de 5.498 millones de dólares, según datos que reposan en la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, así mismo, se conocen 9 intenciones de demanda que están en curso para ser oficializadas en tribunales de arbitramento internacional. ¡Cifras que deberían estar en los encabezados de la agenda nacional para debate!
Y es que, más allá de la efectividad de estos instrumentos internacionales para atraer la IED, la cual es muy cuestionable, el tema clave acá, es reflexionar sobre cómo se están llevando a cabo las negociaciones, las deliberaciones y los controles a estas nuevas obligaciones internacionales asumidas por el Estado colombiano y la capacidad de poder cumplirlas.
Por esta razón, deben evaluarse los parámetros de la fase de negociación de estos instrumentos internacionales, que si bien es cierto, gozan de carácter de reserva y son potestativos del ejecutivo por vía constitucional, parecen no estar obedeciendo al interés nacional; los debates en la construcción de la ley aprobatoria de tratado, que es el vehículo para que ingresen estas obligaciones internacionales al ordenamiento jurídico interno, hechas por el Congreso de la República, tampoco cumplen las expectativas y; la misma responsabilidad podría atribuírsele a la Corte Constitucional quien venía haciendo un control “LIGHT” de estos acuerdos para luego con decisiones posteriores y contrarias, obligar a incumplirlos, varias de estas demandas encuentran su asiento acá.
Sin embargo, aparece una luz al final del túnel, ya que por primera vez tenemos un pronunciamiento “SERIO” por parte de la Corte Constitucional, cuando ejerce el control de constitucionalidad al Acuerdo entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República Francesa sobre el Fomento y Protección Recíprocos de Inversiones, en sentencia C252 de 2019.
En este control de constitucionalidad, se implementa un test de razonabilidad, que permite una verdadera revisión sobre las obligaciones contenidas en el AII a la luz de la constitución política, se revisan las disposiciones normativas adscritas y su interpretación internacional. Esto implica en la práctica que este alto tribunal de justicia condicionó el ingreso de este instrumento internacional a la realización conjunta entre Francia y Colombia, de una declaración interpretativa, sobre los resolutivos del primero al séptimo de la sentencia en comento. Acto sin precedentes en Colombia.
Esta decisión hito, si me permiten llamarla así por su importancia, también obliga al ejecutivo a tener presente lo decidido en esta sentencia para la entrada en vigor de este acuerdo, insta al Estado a construir una verdadera política de negociación internacional y da unos parámetros para el ingreso de obligaciones internacionales de otra naturaleza. Con base en lo esgrimido, podemos decir entonces que, este nuevo punto de partida ayudará a Colombia en la protección de sus intereses nacionales frente a los internacionales, nos permitirá repensar los AII ya existentes con cara a su renovación y la conveniencia de suscribir los que vienen. Vamos retomando el rumbo.
*Director de Emprendimiento del Tanque de Pensamiento Al Centro
Sep 2, 2019 | Columnas de Opinión, Competencias Locales, Natalia Rivera
Por: Natalia Rivera*
@RiveraNat
La política local siempre se ha caracterizado por sus grandes movilizaciones y por los líderes que barrio a barrio buscan votos y consolidan equipos. Las elecciones locales están muy cerca, y siempre me he preguntado en qué se fijan los bogotanos para elegir a quienes van a gobernar.
Hablemos de los candidatos al concejo de Bogotá, una corporación odiada y amada por muchos; Cada cuatro años los más destacados líderes de Bogotá trabajan incansablemente para poder lograr una de las 45 curules –que a partir de este año serán 44 gracias al Estatuto de la Oposición- del Cabildo. Estos candidatos conforman sus equipos de campaña y empiezan a recorrer las localidades para poder conseguir votos.
¿Cómo es la campaña que están haciendo? ¿entienden los candidatos cuál sería su rol como concejales? ¿el electorado sabe qué hace un concejal? Me hice estas preguntas al ver que algunos candidatos llegan a los barrios, hacen reuniones donde ofrecen cosas que difícilmente van a poder cumplir. Por ejemplo, le prometen a los ciudadanos bajar la tarifa del agua, tapar todos los huecos del barrio, poner tejas y hasta ladrillos en las casas, empleo para todo aquel que vote por ellos, cupos universitarios y un sin fin de promesas que se salen completamente de las funciones que como concejales pueden ejercer. No hablan del verdadero rol que podrían tener en el Cabildo, el cual se remite específicamente la actividad normativa y de control político.
La actividad normativa le permite a los concejales presentar, debatir y aprobar proyectos orientados a resolver temas de ciudad como movilidad y transporte, gestión pública, participación ciudadana e integración de la comunidad y salud, temas que según el informe “Concejo Cómo Vamos” representan más de la mitad de los proyectos discutidos en la corporación. Para el segundo semestre de 2018 se discutieron 36 proyectos y se aprobaron 28.
Por otro lado, y no menos importante está el control político. Los cabildantes pueden hacer seguimiento y control a la gestión de la administración distrital, representada en sus 15 sectores. Según el estudio citado, “entre los meses de julio y diciembre de 2018 el Concejo de Bogotá realizó 62 sesiones de control político, lo que corresponde al 44% del total de la agenda de la Corporación”. Gracias al control político quienes representan a los ciudadanos pueden hacer reparos y poner la lupa en la gestión de la administración y sus funcionarios.
Expuesto esto, preocupa que irresponsablemente algunos candidatos basen sus campañas en propuestas sin sustento técnico y peor aún, propuestas que no tienen nada que ver con sus actividades como futuros concejales. Hago un respetuoso llamado a quienes piensan representarnos en el Concejo de Bogotá para que sus acciones y propuestas sean coherentes, técnicas y sensatas.
También extiendo este llamado a los votantes, y los insto a que evalúen muy bien a los candidatos, no se dejen llevar por falsas promesas, y a que ejerzan su derecho al voto convencidos de que esa persona por la cual están votando los va a representar con el rigor y responsabilidad que un cargo de elección popular demanda.
Y aunque en esta columna quise referirme a los candidatos al Concejo, quiero para terminar traer a colación el importantísimo papel que juegan los ediles en lo local. A ellos también les hago este llamado y por supuesto a los ciudadanos para que los elijan de manera informada. No dejemos en malas manos el futuro de nuestras localidades.
Recuperemos la fe en la política local. ¡hagámoslo bien! ¡hagámoslo posible!
*Directora de Competencias Locales del Tanque de Pensamiento Al Centro
Sep 1, 2019 | Columnas de Opinión, Protección Animal, Yira Pérez
Por: Yira Pérez*
@yperezq15
Asesinar a los toros en público está en total decadencia. Nadie pone en duda que las corridas de toros son una tradición con muchos años de historia, pero eso no es argumento suficiente para seguirlas. Son, sin duda, un espectáculo anacrónico para expresar unas ideas y creencias, que no corresponden a la modernidad, pero que atentan contra la vida.
Es un simple costumbrismo que ha perdurado desde el siglo XVIII y que nació en España.
¿Qué tiene de divertido acuchillar a toros en público y ver derramar su sangre? Es un acto morboso, que no está a la altura de los tiempos. Si tenemos en cuenta el proceso de tortura, el daño durante la corrida y la muerte final del toro, a muchos ya nos parece razón suficiente para que estas se prohíban.
Algunas personas que lo defienden dicen que el toreo muestra la trascendencia de la muerte y la lucha por la vida, pero la pregunta de fondo es sencilla: ¿Se dan cuenta, aquellos que apoyan esta fatal afición, que al quitar todos esos raciocinios estéticos lo que queda es un animal asesinado y torturado? ¿Dónde está el arte? Al final, es un ser indefenso utilizado para saciar el amarillismo de otros; el arte construye, este acto destruye la vida y causa dolor. Lo anterior no es una simple falacia, ya que, de acuerdo a la Asociación de Veterinarios Abolicionistas de la Tauromaquia y del Maltrato Animal de España (Avatma), informes científicos demuestran que los toros sufren desorientación, estrés y miedo cuando salen a una plaza o son forzados a tomar parte en espectáculos como las corridas. Es decir, la ciencia también comprueba el nivel de dolor que sienten estos seres.
Colombia es un país de mayorías católicas y hasta la iglesia ha condenado reiteradamente, en varias oportunidades, celebrar eventos en los que hay tortura y muerte. En el año 1567 se promulgó una bula papal por Pío V en la que este tipo de espectáculos eran considerados infortunados y fuera de lugar, amenazando con excomulgar a los principales líderes si lo fomentaban. Hoy esas prácticas, reitero, significan un retrógrado pensamiento en pleno siglo XXI, que además va en contra de las creencias religiosas. Diría muy sabiamente el escritor español Isidro Gomá y Tomás «El toreo es el último escollo de una humanidad sin civilizar.» Y tanta razón tiene que hasta en el país donde se originó esta práctica se está prohibiendo, en el 2017 el Parlamento de las Islas Baleares de España aprobó una ley de protección animal que regula drásticamente las corridas de toros, prohibiendo herir y especialmente matar a los animales.
Por eso digo NO a las corridas de toros, al maltrato animal y a la violación de sus derechos. Aprovecho para hacerle un llamado al Congreso de la República de Colombia y agradecer a los congresistas, que hace unos días aprobaron en tercer debate un proyecto de ley que crea toda una política pública para la protección de los animales y entre sus artículos está la prohibición del uso del patrimonio público para promover estos actos, es decir, de aprobarse la ley por fin se erradicarán las corridas en la Plaza de Toros La Santamaría en Bogotá, y espero, en muchas otras ciudades del país donde aún abren espacio a esta barbaridad; al Gobierno Nacional para que vele por su protección y haga valer sus derechos, y a la Corte Constitucional para que escuche el sentir de las personas que repudian el maltrato animal. Tres sencillas razones para no apoyar las corridas de toros: 1. Porque son una forma cruel de maltrato animal. 2. Porque no solo se tortura el toro, también a los caballos de los picadores. 3. Porque es totalmente cruel criar animales con la única finalidad de torturarles y darles muerte.
*Directora de Protección Animal del Tanque de Pensamiento Al Centro
Ago 31, 2019 | Columnas de Opinión, Mercado Inmobiliario, Sebastian Pérez
Por: Sebastian Pérez*
@perezsarralde
Los problemas de grandes ciudades contemporáneas se parecen unos a los otros, pero los casos de éxito parecen únicos e inimitables. Las metrópolis latinoamericanas del siglo XXI comparten un desafío común y extenso, de gran potencial divisorio entre sociedades y obstáculo a la consecución de su máximo potencial humano: la segregación y desigualdad urbana.
Colombia es uno de los países con mayores niveles de desigualdad urbana en América Latina y Bogotá es una de las capitales con mayores índices de desigualdad de ingresos en el mundo. Mirando el asunto más detenidamente, un grupo creciente de estudios pone la desigualdad habitacional, en las diferencias de cómo y dónde habitamos, en el centro de la conversación como el factor que más contribuye a nuestras divisiones sociales. Habitar es una necesidad básica y el acceso a vivienda de calidad determina nuestra libertad de vivir donde queremos y nuestra habilidad de aprovechar oportunidades de vida a largo plazo.
La relación entre el acceso a vivienda y desigualdad tiene dos frentes en Bogotá. Por un lado, este ha sido el escenario donde la segregación espacial se ha hecho efectiva a través de la estratificación social, formalizando “castas urbanas” que mantienen clases sociales separadas y, con ello, una distribución irregular de acceso a servicios, financiamiento y centros de trabajo. Por otro lado, la tenencia de propiedad ha sido una forma tradicional para la acumulación de riqueza que resulta problemática cuando las restricciones al uso del suelo limitan la oferta y disparan los precios de vivienda. La brecha de riqueza se amplifica porque, mientras los propietarios han asegurado el precio de su vivienda y se benefician de una eventual valorización, los arrendatarios ven sus rentas crecer igual o más rápido que el mercado, sin la seguridad garantizada de un techo ni la posibilidad de acumulación de capital. De esta forma y con estos componentes, el acceso limitado a habitación de calidad es causa y efecto de mayor desigualdad urbana.
En el largo plazo, el desafío parece más complejo si consideramos las necesidades futuras de la ciudad. Según un estudio de IDOM para la Secretaría Distrital de Planeación, Bogotá va a necesitar casi 3 millones de viviendas nuevas en un plazo de 34 años, es decir, el doble de la oferta actual construida. Los impedimentos a la densificación en sectores estratégicos y dentro de los límites de la ciudad empujan la construcción hacia regiones periféricas más laxas en su regulación y menos amigables con el medio ambiente. Simultáneamente, las políticas que subsidian la tenencia de propiedad en este contexto limitado incentivan implícitamente a la clase media a abandonar la ciudad en la búsqueda de lugares que sí resultan asequibles. Con estos ingredientes en conjunto estamos subsidiando la dispersión urbana, junto con los graves costos sociales, ambientales y de movilidad que esto supone.
Volviendo al marco global, la correlación entre urbanización y bienestar de las naciones es casi perfecta: la densidad urbana, con todos sus desafíos, es el camino más claro para transitar de pobreza hacia prosperidad. Y la prosperidad proviene de la capacidad de las ciudades de reinventarse para acoger mano de obra cualificada, pequeños empresarios y generar redes de nuevo conocimiento de manera continua.
Los grandes problemas de Bogotá requieren acciones colectivas de gran escala e innovaciones a diferentes niveles. La articulación de intereses públicos, privados y de la sociedad son claves para modernizar los instrumentos de desarrollo urbano. En este orden de ideas, Bogotá debe encontrar un mecanismo para aumentar la oferta de suelo y edificabilidad en puntos centrales estratégicos y hacer efectiva una densificación cualificada continua, a gran escala y de forma participativa. La vivienda abundante no sólo disminuye los costos de comprar y alquilar para todos los sectores de la población. Una oferta elástica de vivienda hace las economías urbanas más resilientes ante oscilaciones especulativas de precios y crisis económicas.
Existen frentes complementarios a la densificación que vale la pena explorar para lograr este cometido sin ampliar las brechas sociales ni tercerizar el desarrollo hacia municipios vecinos. Primero, es posible fortalecer y fomentar la construcción de desarrollos de usos múltiples y vivienda con oferta para hogares de ingresos mixtos. Al unir vivienda, comercio, oficinas y equipamientos urbanos en un mismo lugar se reduce la necesidad diaria de transporte y desplazamiento, aumentando la productividad laboral. En paralelo, una oferta residencial unificada para hogares de distintos niveles socioeconómicos dinamiza y diversifica economías locales. En segundo lugar, las políticas de subsidio a vivienda deben diversificarse para encontrar soluciones que beneficien directamente a ciudadanos y permitan no sólo la movilidad social sino espacial, aliviando los sufrimientos de la segregación urbana. Este es el caso de los vouchers de vivienda en EE.UU., que permiten a sus beneficiarios escoger cualquier vivienda y pagar sólo el diferencial entre el valor del mercado y el valor del subsidio para la renta. En una línea similar, con suficiente capacidad regulatoria es posible crear un mercado para los incentivos tributarios que reciben los desarrolladores para comercializarlos a descuento previo a la construcción y disminuir con ello el riesgo implícito, costos de capital y consecuentemente, los precios finales de vivienda. En tercer lugar, es clave fortalecer y acompañar el sector de construcción civil para lograr mayores niveles de productividad, formalización, estandarización y reducciones efectivas de costos. Según datos de McKinsey y Camacol, el nivel de productividad del sector de la construcción en Colombia es de los más bajos entre sus pares internacionales y viene contrayéndose, lo que indica que es un frente con mucho potencial para explorar. Finalmente, un ambiente de transparencia y menor volatilidad normativa favorece la inversión, reduce riesgos, tiempos de desarrollo y por ende costos de financiamiento.
Una ciudad con una oferta diversa en sus formas de habitar es una ciudad inclusiva, competitiva y con una economía funcional en donde encontramos vivienda cerca al trabajo y colegios, segura y por un precio justo. Estas iniciativas, en su conjunto, no sólo podrán reducir los precios de la oferta residencial de calidad integral y cerrar brechas de desigualdad habitacional. También ayudarán a dinamizar instrumentos de captura de valor, que a su vez permitirán reinvertir recursos en educación y equipamientos públicos, para así crear un círculo virtuoso de inversión localizada y crecimiento social urbano.
*Director de Mercado Inmobiliario del Tanque de Pensamiento Al Centro
Ago 29, 2019 | Columnas de Opinión, Gabriel Cifuentes, Seguridad y Justicia
Por: Gabriel Cifuentes*
@gabocifuentes
El nombramiento de Luis Alberto Rodríguez, actual vice ministro de hacienda, como nuevo director del Departamento Nacional de Planeación, no sólo pone en duda los criterios técnicos para el nombramiento de altos funcionarios del gobierno, sino que pone en peligro la existencia misma del DNP.
Por dicho Departamento Administrativo han pasado economistas destacados como Armando Montenegro, Juan Carlos Echeverry, Mauricio Cárdenas, Cecilia López, Mauricio Santamaría, Luis Fernando Mejía, Antonio Ocampo, entre muchos otros. Ojalá yo me equivoque, pero hoy llega un profesional, que si bien presenta una hoja de vida meritoria, no está a la altura de la experiencia requerida para un cargo de tanta relevancia.
El DNP cumple un rol central en el Gobierno: aprueba los proyectos de inversión e incide en la distribución de dicho presupuesto entre las Entidades; coordina, elabora y supervisa la creación de políticas públicas del orden nacional; elabora nada más ni nada menos, el Plan Nacional de Desarrollo, hoja de ruta del gobierno nacional cada 4 años; publica importantes informes macro-económicos y evaluaciones de política; supervisa y aprueba los proyectos financiados con recursos de regalías; acompaña diferentes juntas directivas; entre muchas otras funciones.
Adelantar con éxito todas las tareas que le competen al DNP exige que su Director acredite en la práctica una enorme experiencia, equivalente, por lo menos, al grado de responsabilidad que se desprende del cargo. También se espera que tenga la suficiente “cancha” para poder lidiar con los intereses sectoriales del ejecutivo, y los intereses territoriales del legislativo. En otras palabras, más allá de títulos universitarios, se requiere un cayo político suficientemente grueso para no poner en riesgo la inversión estratégica y el direccionamiento de las principales políticas del Estado.
Ahora bien, no me caben dudas sobre las competencias académicas y profesionales del vice ministro, quien, según me informan, es un profesional comprometido y que ha logrado asumir importantes retos a pesar de su no tan larga trayectoria. No obstante, lo que más preocupa no es la capacidad técnica o la falta de experiencia práctica de Luis Alberto Rodriguez, sino las razones que llevaron al Presidente a nombrarlo en tan alto cargo, así como los efectos que dicho nombramiento pueda tener para la Entidad.
El Señor Rodríguez se despeñó como vice ministro de Alberto Carrasquilla, a quien acompañó en el trámite de aprobación del Plan Nacional de Desarrollo. En uno de sus artículos, el Plan proponía unificar el manejo del presupuesto de inversión y de funcionamiento en cabeza del Ministerio de Hacienda. Esta movida no sólo implicaría una enorme concentración de poderes en cabeza del Ministro, sino también el rompimiento del importante balance en el manejo presupuestal que hasta ahora hemos tenido gracias a que los recursos de inversión y funcionamiento no se distribuyen por parte de la misma entidad. Con la reforma que pretendían Carrasquilla y su vice ministro, a costa de dejar sin dientes a Planeación Nacional, se le hubieran otorgado poderes extraordinarios, y poco recomendables, al Ministerio de Hacienda.
Bajarle el perfil al Director del DNP poniendo una ficha del mismo Ministro que ha pretendido eliminar gran parte de sus funciones, es el presagio del fin de la época de oro del único tanque de pensamiento que ha tenido el Estado Colombiano. Esperemos que el Presidente y el Congreso atiendan el llamado de 11 ex directores del DNP para que no prospere el Plan de Carrasquilla. Le exigimos también a su nuevo Director que no sea cómplice pasivo del entierro de una de las entidades más importantes, serias y queridas de Colombia.
*Director de Seguridad y Justicia del Tanque de Pensamiento Al Centro
